Fiscal limpia la cara de Evo y Álvaro y los excluye del caso TIPNIS

El fiscal general del Estado Plurinacional, Mario Uribe, determinó que no existe materia justiciable para procesar al presidente Evo Morales y el vicepresidente Alvaro García Linera en el caso de la represión policial contra los indigenas del TIPNIS. En base a ese argumento, Uribe archivó obrados y cerró la posibilidad de que ambos mandatarios sean juzgados por los hechos del 25 de septiembre en las proximidades de Yucumo.

"Esto significa archivo de obrados", apostilló el fiscal Uribe en la ciudad de Sucre, horas antes de la posesión de los nuevos magistrados del Poder Judicial. "Mi decisión está referida únicamente al Presidente y Vicepresidente", añadió.

Según Uribe, no existe un solo elemento para señalar que ambos mandatarios ordenaron el operativo policial del 25 de septiembre en San Lorenzo, cerca de Yucumo, donde uniformados actuaron violentamente contra los indígenas de las tierras bajas que se movilizaron para rechazar la construcción de una carretera que atravesaría el corazón del TIPNIS, una de las mayores reservas naturales de Bolivia.

El 8 de octubre del 2010 se promulgó la Ley 044, que fija el procedimiento para "la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público".

Esa ley ha sido la base para la determinación de Uribe. El artículo 14 de la mencionada ley señala lo siguiente.

"La Fiscal o el Fiscal General del Estado, en base a la proposición recibida y con los antecedentes que pudiera acumular, en el plazo máximo de 30 días hábiles, deberá formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, el rechazo de la proposición acusatoria dictaminando el archivo de obrados por falta de tipicidad y de materia justiciable". En suma, aquello significa la extinción de un proceso de responsabilidades contra Morales o García Linera por el caso TIPNIS.

Uribe aclaró que las investigaciones para el caso continuarán sobre todo a las autoridades policiales y al ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien tuvo que renunciar a su cargo como consecuencia de una ola de indignación social por los hechos de Yucumo. Semanas después, Llorenti declaró que el operativo policial fue la consecuencia de una especie de motín de los uniformados .

Hasta el momento ninguna autoridad gubernamental se hizo responsable de la represión policial aunque el vicepresidente en conferencia de prensa reveló que él conocía a los responsables de los hechos del 25 pero que prefería que las investigaciones lo den a conocer.

Los hechos del 25 de septiembre y la indignación social contra los indígenad del TIPNIS provocaron que el hombre fuerte de entonces, Sacha Llorenti, ministro de Gobierno, renunciara a su cargo. Semanas después Sacha Llorenti declaró que el operativo policial fue violento debido a la acción unilateral de algunos jefes policiales.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, declinó hacer un juicio de valor sobre la determinación de Uribe. Se limtó a señalar que "el fiscal seguramente va a rendir cuentas de sus actos".

El Defensor del Pueblo ha sido la única autoridad del estado plurinacional que realizó una minuciosa investigación sobre el conflicto del TIPNIS. Acumuló datos y identificó a las autoridades que fueron parte delentorno de Evo Morales en este conflicto como las personas que deben ser procesadas por la violación de derechos humanos.
Opinión.com.bo

CIDOB anuncia que recurrirá a tribunales internacionales para procesar a Evo

Fiscal General excluye al Presidente y Vicepresidente del caso TIPNIS

El Ministerio Público de Bolivia excluyó al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera del caso investigado por la violenta represión policial a la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), reportó la radio Aclo de la Erbol.

El fiscal General del Estado, Mario Uribe, manifestó que ya remitió la resolución y el informe de las investigaciones correspondientes en el plazo legal establecido ante la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“El suscrito fiscal hizo conocer a la Sala Penal única y exclusivamente en el marco de su competencia (su decisión), mejor dicho, la acumulación de antecedentes en el marco de la proposición acusatoria presentada contra el Presidente y Vicepresidente, cuya resolución es precisamente rechazando ambas proposiciones acusatorias”, dijo.

Esta denuncia contra las autoridades del Estado boliviano por la violenta intervención a la marcha indígena, registrada el 25 de septiembre de 2011, fue presentada ante el Ministerio Público por asambleístas de Convergencia Nacional y por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Uribe ratificó que Morales y García fueron excluidos de este proceso porque no se encontraron pruebas suficientes ni los fundamentos necesarios por los hechos ocurridos en Yucumo, departamento del Beni.

“La decisión que tomó mi autoridad es en el marco de la Ley 44 que es contra el Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ahora con relación a las demás autoridades y personas se establecerá lo que corresponda en el marco del proceso establecido en la ciudad de La Paz (también por el caso TIPNIS)”, aclaró.
Erbol

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La Paz, 12 Dic 2011.- La abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, denunció este lunes que con la instrucción de la Fiscalía General del Estado de unificar los procesos relacionados al caso del Territorio Indígena Parque nacional Isiboru Sécure (Tipinis) se busca la impunidad, dejar en el olvido y “desamparo” a las víctimas y convalidar el sobreprecio que existiría en el contrato de la carretera Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.

“Lo que  estamos viendo es que aquí se quiere propiciar una impunidad respecto a todos los  delitos que se han denunciado (contra indígenas), pero además se quiere  confundir y se quiere propiciar que el tema de la carretera, los sobreprecios y las ilegalidades que se han  cometido se convaliden y no se continúe con la investigación ya que hasta el presente no se ha hecho ningún tipo de investigación respecto al sobreprecio”, dijo Camacho.

Las investigaciones del caso de represión a los  indígenas marchistas, ocurrido el 25 de septiembre, y el supuesto sobreprecio en el contrato de la nueva carretera por el TIPNIS, a cargo del fiscal Ángel Ponce están suspendidas desde la anterior semana a raíz de que la Fiscalía General instruyó la unificación de este caso, denunciado por el MSM el 27 de septiembre, con el proceso del presunto secuestro al Canciller David Choquehuanca, a cargo de la fiscal Patricia Santos.

A criterio de la jurista, el proceso que se ha iniciado por el supuesto secuestro al Canciller, tiene una connotación distinta a la que se ha iniciado por los indígenas víctimas de la represión policial.

“No puede confundirse en un sólo proceso victimas y victimadores, hay una pluralidad de sujetos penales que cada uno tiene que ser tratado de una manera totalmente distinta. No es posible que se lo lleve a la confusión en un sólo proceso cuando no habrá una determinación real y concreta de quiénes son los sujetos procesales que se denominen víctimas y que se denominen agresores”, aseveró.

Según Camacho se recurrirá ante las instancias correspondientes a través de control jurisdiccional, amparo constitucional o vía acciones de cumplimiento para que la investigación continúe.

El pasado 7 de diciembre el comandante de la Policía Nacional, general Jorge Santiesteban, no pudo declarar por dicha instrucción de unificación de casos. Asimismo, el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, se presentó el 6 de este mes  a la Fiscalía, tampoco pudo emitir su declaración informativa.  

La Fiscalía  sólo recibió las declaraciones informativas del ex comandante de la Policía Nacional, general Oscar Muñoz, y del funcionario del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, este último se acogió al derecho al silencio.

La doble demanda

El 27 de septiembre el MSM presentó, al Ministerio Público, una doble demanda penal por “graves irregularidades” en el contrato de construcción de la carretera Villa Tunari y San Ignacio de Moxos y contra autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Policía por delitos cometidos en la “brutal represión” a la marcha en defensa del TIPNIS.

Los delitos cometidos en la intervención a la marcha en Yucumo, son genocidio por desplazamiento violento de niños y adultos; desaparición forzada de personas; privación de libertad; vejaciones y torturas; allanamiento y violación de al menos cinco artículos del Código Niño, Niña y Adolescente.

Los demandados son los ahora ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; ex viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán; el Comandante de la Policía Nacional, general Jorge Renato Santiesteban; el subcomandante de esa institución, general Oscar Muñoz Colodro; el general Edwin Foronda, inspector general; y el jefe de Inteligencia de la institución policial, coronel Víctor Santos.

En el caso de la carretera los demandados son Patricia Ballivián, ex presidenta de la ABC; José Luis Zúñiga Tarifa, gerente administrativo de la ABC; Carlos Méndez Cárdenas, gerente de construcción de ABC; Andrés Castro Kukoch, consultor de ABC; y Gerardo Pereira, representante brasileño de OAS, por los delitos de contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes.
Erbol

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