Defensor del pueblo de Beni exige que policía se aparte de la investigación

El Defensor del Pueblo de Beni en conferencia de prensa mostró las evidencias de la gasificación que realizó la policía en contra de los indígenas, además de una lista de los grupos policiales que fueron trasladados a la zona de Yucumo para cumplir un plan que tenía como objetivo detener a 400 marchistas y trasladarlos a Loreto, San Pedro, Casarave y puente San Pablo en el Beni, de acuerdo a la planificación; también informó que todas estas evidencias serán entregadas a las autoridades correspondientes.

Por otro lado el Defensor del Pueblo del Beni manifestó su desconfianza por la investigación que iniciaron los fiscales que acompañados de policías intentan realizar su trabajo dejando muchas dudas por la participación directa que tuvieron los uniformados convirtiéndose en juez y parte en el conflicto, "no vamos a formar parte de ninguna comisión en la que estén funcionarios de Gobierno, no puede ser que ellos ejecuten la acción y ellos mismos se investiguen", afirmo.

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Los papelitos del Vicepresidente

Iván Égido

Son muchas las cosas que pueden decir del mensaje del señor vicepresidente Álvaro García Linera. No obstante se prestará atención a solo dos de las muchas innovaciones propuestas en materia de funcionamiento del aparato estatal.

García Linera reafirma que la orden nunca salió del Poder Ejecutivo, pese a que las principales autoridades en la materia, Ministro de Gobierno y Ministro de Presidencia, justificaron la misma horas después de acontecer el hecho.Pero el vicepresidente va más allá pues desafía a los medios de comunicación que muestren una orden firmada por alguna autoridad del Ejecutivo, muestren papelitos decía.

De esta manera, el vicepresidente redefine la manera en que las Máximas Autoridades Ejecutivas pueden ser susceptibles de responsabilidades administrativas, civiles o penales.Con esta nueva concepción cabe esperar que hoy en la mañana se liberará a Leopoldo Fernández y que se anularán todos los juicios de responsabilidad a los ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada, obviamente incluido el juicio a esa ex autoridad, pues presumo que ninguna de estas autoridades firmó una orden de asesinato a las víctimas que murieron en esos otros conflictos.

Lo otro relevante, es que el Vicepresidente sentenció que la consulta previa, libre e informada como pertinente solo en casos de explotación de recursos naturales, leyendo un inciso del artículo 30 de la carta magna. Con ello seguramente se resuelve uno de los puntos de la plataforma de demandas de la Marcha, el caso Aguaraüe que seguramente igual que la carretera mediante orden verbal del Presidente emitida por medios de comunicación se paralizará.Felices también estarán las comunidades de CONAMAQ, que durante años han pedido que se paralicen las actividades mineras en sus territorios por no haber sido consultados para su implementación, caso Coro Coro, solo por mencionar uno.

Seguramente Alejandro Almaráz, ahora ya no le aconsejará al vicepresidente que lea la Constitución Política del Estado.Ahora, con seguridad le exigirá que la vuelva a leer pero completa.Así tal vez, encuentre el parágrafo primero del artículo 403 que reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza.

Y si todavía duda sobre la fuerza de este artículo podría volver al capítulo de derechos fundamentales y garantías y leer el parágrafo cuarto del artículo 13: Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno.Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Seguramente luego de que lea este artículo el ministro Romero, experto de derechos indígenas, le prestará el convenio 169 de la OIT y todos sus manuales de aplicación.

Pero siempre existe la posibilidad que para un matemático como es el vicepresindente todavía podría haber hipótesis de falsedad.Por ello, será preciso que el Ministro Delgadillo le preste todos los informes de otras consultas que el Estado boliviano realizó en gobiernos “neoliberales” en proyectos de construcción de carretera.Como ejemplo basta mencionar la Carretera Pailón – Puerto Suárez, con la consulta al pueblo chiquitano, o el más reciente realizado para el proyecto de la carretera bioceánica que afecta los territorios del Norte de La Paz, Beni y Pando.

La cobardía es asunto de los hombres y no de los amantes, canta Silvio; pero en la historia corta de Bolivia jamás presenciamos actitudes tan cobardes como la de la última semana. Por ahora queda esperar que sorpresa nos presentan en las siguientes semanas, pues seguramente se necesita algo de tiempo para construir nuevos culpables e historias de conspiración.
Bolpress

García Linera dice que saben quien instruyó la orden de represión a indígenas

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20 pautas para la investigación internacional sobre el TIPNIS

Policías piden que también se investigue a autoridades que ordenaron la represión

El presidente de la Asociación de Policías en Servicio Pasivo, Cnel. Carlos Camberos, aseguró que no solo los 13 policías que fueron identificados, como los autores de los abusos contra los marchistas deben ser procesados, sino también las autoridades del Ministerio de Gobierno que entregaron la cinta masquín a los uniformados para amordazar a los indígenas. Los policías que participaron en la represión acusaron al Director de Régimen Interior, Boris Villegas; ellos advierten que de lo contrario, los policías se constituirán en "chivos expiatorios" de las decisiones equivocadas del Gobierno.

Juan Carlos Soraide, presidente de la Asociación de Ex Policías, afirmó que los policías se encuentran en estado de emergencia y podrían desobecer alguna orden de intervención de la marcha, según de Soraide "se ha instruido escoltar la marcha" y "venir con nuestros hermanos campesinos hasta la ciudad de La Paz". Esta es la decisión al interior de las tropas policiales aseguró, ya que a través de este canal, el servicio activo estaría haciendo escuchar su voz de protesta para evitar que sean dados de baja.

El malestar al interior de las filas policiales surge después de que se anunciaron procesos en contra de algunos policías identificados durante la represión y no se habla de jefes o de personas encargadas.

Los policías también piden que se conozcan los nombres de los colonizadores y el papel que estos desempeñaron durante la represión a los indígenas, "vamos a esperar la lista de los colonizadores que han llevado los masquines", "ustedes va a ver en las imágenes, manos extrañas, manos de civil, inclusive agiando y golpeándoles, vean en las camionetas, dentro de las camionetas vean manos golpeándoles", afirmo Soraide.

A esto se suma que después de la intervención y el retorno de jefes, la tropa se quedó sin dinero, comida ni agua; mientras tanto los ex policías anuncian un proceso penal contra el ex ministro Sacha Llorenti el cual por estrategia no será presentado por el momento. (ATB)

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Un oficial de la Policía, que estuvo al frente de la violenta intervención de la marcha de los indígenas del TIPNIS, reveló este jueves que cumplieron órdenes superiores emanadas de las primeras autoridades del Gobierno, para reprimir el pasado domingo. Denunció, también que pasaron momentos difíciles en Yucumo, debido a que no tenían agua ni comida.

"Cada gobierno que nos manda nos ordena algo en específico, de acuerdo a eso nosotros cumplimos, esas órdenes tienen que salir específicamente del Ministerio de Gobierno y lo que sabemos es que sale del mismo presidente, o, vicepresidente, ahora están queriendo procesar a mis camaradas es lamentable porque el gobierno nos manda y de paso nos tratan mal los coroneles", relató el oficial a radio Laser 98, quien pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias. (Leer más)

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Gobierno anuncia investigar abusos policiales contra periodistas

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunció que se investigarán las denuncias de abusos en contra de periodistas.

La operación de desbloqueo que efectuó La Policía Nacional en la carretera La Paz Oruro, en el sector de la Apacheta, derivó en violencia y excesos.

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Gobierno: periodistas deben aportar en cualquier investigación pero en el marco de la Ley de Imprenta

El portavoz de Gobierno, Iván Canelas, aseguró el miércoles que los periodistas deben aportar en cualquier investigación pero en el marco de la Ley de Imprenta, que protege la fuente de información.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Canelas se refirió a la citación que emitió la Fiscalía de Distrito de La Paz para que el jefe de prensa de Cadena A, Jhon Arandia, declare en el marco de las investigaciones del nuevo video del caso terrorismo para determinar la procedencia de la cinta, que revela un supuesto soborno al denominado testigo clave de ese caso, Ignacio Villa Vargas, alias "El Viejo", para que huya del país.

"Todos los ciudadanos deben aportar en las investigaciones si tienen conocimiento en este y otros casos, pero también creo que hay que respetar el artículo 8 de la Ley de Imprenta en el caso de un periodista", remarcó.

Recordó que la Ley de Imprenta está en "plena vigencia" y aseguró que los periodistas pueden ampararse en esa norma para "proteger una fuente".

"Hay normas que deben seguirse y en el caso de un periodista si tiene información y confirma que debe proteger esa fuente debe hacerlo porque eso está en el artículo 8 de la Ley de Imprenta", puntualizó.

Consultado si es adecuado o no una investigación a un periodista sobre el caso terrorismo, Canelas indicó que el fiscal debe "definir" a quienes convocar.

"No puedo decir quién debe ir o no a declarar, es el fiscal quien debe tomar la determinación", justificó.

El caso terrorismo es investigado por el Ministerio Público desde abril de 2009, después que la policía desbarató un grupo irregular financiado por grupos de poder de esa región oriental de Bolivia que tenía afanes secesionistas.

ABI

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Periodistas reivindicaron ayer, fecha en que se conmemoró el 86 aniversario de vigencia de la Ley de Imprenta, el derecho y obligación de los trabajadores de la prensa a preservar el secreto de fuente, criterio con el que coincidió el vocero presidencial.

El desagravio pronunciado por periodistas y cinco instituciones que los aglutinan coincidió con la jornada en que el periodista John Arandia debía presentarse ante el fiscal Edward Mollinedo para revelar el origen del video donde se ve a Ignacio Villa Vargas, El Viejo, recibir dinero, supuestamente, en el caso Rózsa.

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Evo cree que no es un funcionario del Estado quien filtró video, ordena investigar

El presidente Evo Morales expresó este sábado su sorpresa por un video donde se muestra a supuestos policías entregando 31.500 dólares al “testigo clave” del caso terrorismo, Ignacio Villa Vargas, alias “El viejo”. En este marco, indicó que personalmente no cree que sea un funcionario público el que filtró el video y ordenó una profunda investigación.

“Una sorpresa el video, será o no verdad, no puedo entender (…) Yo personalmente no creo (que sea un funcionario estatal)”, manifestó el mandatario de Estado en rueda de prensa en Palacio de Gobierno.

Morales dijo que tras conocer la existencia de dicho video ordenó a los ministros del área –de Gobierno y de Defensa– realizar una investigación profunda para comprobar fehacientemente de dónde proviene el mismo.

“Que se investigue, no hay que proteger esto (…) Lo cierto es que hubo un grupo de extranjeros y bolivianos, de Santa Cruz especialmente, que querían dividir Bolivia”, aseveró.

La versión del dignatario surge en contraste a la revelación que hicieran ayer seis fuentes a Erbol, indicando que sería un funcionario civil del Estado quien habría entregado los 31.500 dólares a “El Viejo”, una vez que se difundiera la grabación en la que una persona entrega, en dos partidas, el dinero a Villa Vargas, quien delató a la supuesta banda terrorista en 2009, la misma que era liderada por el húngaro-boliviano Eduardo Rósza Flores.

Según las fuentes, el servidor público que entregó el dinero a Ignacio Villa fue recientemente nombrado en un nuevo cargo, tras haber sido durante un tiempo director de una oficina gubernamental.

Confirmados los datos, este medio intentó sin éxito comunicarse con el funcionario. Una de sus parientes se limitó a decir que el aludido no se encontraba con su teléfono móvil y que tampoco sabía de su paradero.

El implicado “es del equipo” de la autoridad estatal y hace una semana asumió nuevas funciones en La Paz, confirmaron varias fuentes a Erbol. En el video, aquél recomienda al “Viejo” dejar el país en el día. “Entonces, ésta es tu última plata, tú no puedes estar jugando con la plata. Tú ya eres un hombre viejo como para estar haciendo huevadas. Esta tarde te están poniendo medidas cautelares, quieren que te detengan, por eso tienes que cruzar la frontera; si no, estás perdido. No vuelvas hasta dentro de seis meses; o sea, tampoco en seis meses, en seis meses nos contactamos y ahí vemos”.

La entrega del dinero se produjo en un punto de la localidad argentina de La Quiaca, al frente de la capital fronteriza boliviana de Villazón. En el cuestionado operativo participaron al menos tres personas, entre ellos el susodicho, uno que saca fotos y otro que filma el video, aunque en los contactos y otras pesquisas fueron parte otras siete.

La filtración y difusión del video ha despertado distintas reacciones y preocupación en esferas políticas del país. A través del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el Órgano Ejecutivo derivó las investigaciones a las autoridades competentes, aunque no negó ni aceptó la autenticidad de la grabación.

Entretanto, políticos de la oposición consideraron la filtración como una prueba de un supuesto montaje del caso por parte de la administración de Evo Morales. “Quienes son los verdaderos terroristas son los del Gobierno (…). (La filtración del video) es un hecho real”, que devela cómo el Gobierno ha montado un acto contra los opositores, denunció la legisladora Carmen Gonzales.

Por su parte, el diputado de Convergencia Nacional Willman Cardozo se preguntó sobre la intencionalidad del video y sobre quién lo filtró ante los medios de comunicación. “El video puede ser bien utilizado (por los implicados en el caso) para su defensa”, afirmó.

Similar criterio fue expresado por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien durante las pesquisas del caso Rósza, era diputado y presidía una comisión legislativa multipartidaria que investigó los nexos y actuaciones de la banda. “Nos preocupa y sorprende que aparezcan videos de esta envergadura; aparecen más que como aportes a la investigación, como actos sensacionalistas, que desnaturalizan la investigación”, dijo.

El 16 de abril de de 2009, agentes policiales abatieron en el hotel Las Américas de Santa Cruz a Rósza Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi, sindicados entonces de operar una acción separatista en el país. Villa Vargas fue quien delató a los presuntos terroristas. Éste se encuentra desaparecido, aunque se presume que vive en Argentina o España.
Erbol

Evo Morales pide investigar video de supuesto soborno a testigo clave de caso terrorismo

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La Paz, 15 ene (ABI).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió el sábado a la justicia que investigue y esclarezca la procedencia del nuevo video en el caso terrorismo, en el que se observa un supuesto soborno al denominado testigo clave de ese caso, Ignacio Villa Vargas, alias "El Viejo", para que huya del país.

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Caso terrorismo: reacciones del oficialismo y la oposición luego de la difusión de un nuevo video

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Policía dice que perdió un arma en Caranavi

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Después de más de cuatro meses, el subcomandante de la Policía de La Paz, coronel Roberto Tórrez, denunció que en el conflicto de Caranavi, en mayo, se sustrajeron armas de fuego del puesto policial y que una de ellas no fue devuelta.

El informe sale a colación por la muerte de dos jóvenes por disparos de armas de fuego y siete policías heridos, que se dieron entre el 7 y 8 de mayo en la vía a Caranavi, durante una acción policial de desbloqueo de esa ruta que estaba obstruida por dos semanas por parte de los colonizadores.

“En los inventarios que se realizaron cuando quemaron la Policía y la Escuela Básica Policial de Caranavi, existe la pérdida de rifles y escopetas que ellos tenían para capacitar en la Escuela y también para cuidar el penal de Caranavi”, manifestó Tórrez.

Manifestó que las armas que se sustrajeron no fueron devueltas hasta después de los enfrentamientos. Incluso, sostuvo, todavía falta una de las escopetas que desaparecieron.

Ante la pregunta de si esas armas pudieron haber sido utilizadas en contra de las víctimas del enfrentamiento, Tórrez respondió que “las investigaciones van a definir esa situación”. Según un informe preliminar de balística, hecho conocer por el fiscal Luis Mamani, el disparo contra una de las víctimas mortales salió del lado policial. Además, indicó que el arma utilizada sería de calibre 12 mayor, un arma de uso policial.

Para despejar dudas, el fiscal que lleva el caso, Carlos Fiorilo, aseguró que la comisión de fiscales realizará un peritaje balístico e investigativo en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), en la Unidad de Polivalentes y en los Distritos Policiales 1 y 2 que participaron en el operativo con sus uniformados, con el objetivo de saber de dónde se sacó el arma homicida en este caso.

“Si uno obtiene cualquier activo de una institución, ese activo de propiedad de la institución debe estar registrado”, explicó Fiorilo.

Tórrez se presentó ayer ante la comisión de fiscales que investiga las muertes de Fidel Hernani y David Calizaya, para prestar sus declaraciones informativas. Asimismo, declararon los coroneles Cristóbal Ramos, Julio Cruz y Gailer Zurita, quienes también participaron en esa acción policial. Mientras la Policía asegura que en el operativo no se utilizaron armas de fuego, testigos de la intervención aseguran lo contrario.

Luis Achu, dirigente de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCC), identificó al comandante de la Policía departamental, Ciro Farfán, como la persona responsable de la muerte de Fidel Hernani. El jefe policial aludido le llamó “mentiroso” al sindicalista y le retó a que presente pruebas documentales y el instrumento del delito para probar sus denuncias.

Dirigente niega el robo de armamento

El representante de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCC), Gustavo Aliaga, negó que en la toma de la Policía y la Escuela Básica Policial de Caranavi se hubieran sustraído armas de fuego.

“La toma se realizó porque ingresaron los policías a Caranavi. Pero ahí no había armas porque ya ellos conocían con anticipación que esa unidad iba a ser avasallada. Por eso sacaron todo el armamento que tenían y sólo quedaron muebles y algunos utensilios”, informó.

Expresó que si hay alguien que dice que se robó armas, tendrá que demostrarlo e identificar a los culpables. “Es irresponsable decir que hubo robos de armamento de parte de colonizadores, si no presentan pruebas”, añadió. No obstante, recordó que había testigos oculares que vieron que policías dispararon a la población, los que ahora son perseguidos y tienen temor de aparecer muertos.

Aliaga sostiene que el deceso de Mario Hernani y David Calizaya, entre el 7 y 8 de mayo de este año, se produjo luego de las tomas de los recintos policiales. Pero el informe que presentó el Defensor del Pueblo, sobre este caso, señala que el incendio de los puestos policiales fueron en represalia de la primera muerte.

En su “relación de los hechos”, establece que “la noticia de la posible muerte de Hernani se tradujo en el incendio no sólo de las instalaciones del Comando Provincial, la Escuela Básica y la Patrulla Caminera, sino de la residencia del diputado David Quispe, la de un concejal electo y la caseta de la empresa TurBus Totaí, de propiedad del senador Fidel Surco”.
La Razón

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Fiscalía no tomará en cuenta informe de defensor ni de derechos humanos sobre los hechos Caranavi

La Fiscalía informó que no tomará en cuenta informe del Defensor del pueblo ni el realizado por APDHB sobre los hechos violentos ocurridos durante el desbloqueo de una ruta en la localidad de Caranavi.

Gobierno investigará ataque a vivienda de hermana de Evo Morales

El ministro boliviano de Gobierno, Sacha Llorenti, anunció hoy que se investigará el ataque registrado el fin de semana sobre la vivienda de la hermana del presidente Evo Morales.

Gente de la oposición solamente pretende generar estados de violencia, investigaremos los hechos y sancionaremos a los responsables, aseveró.

La víspera, la casa de Esther Morales, hermana del mandatario boliviano, fue atacada por una turba en Oruro (suroeste), en protesta por el supuesto mal accionar en el caso de los policías asesinados en la localidad potosina de Uncía (sur).

Sin embargo, para Llorenti está claro que el trasfondo de esta manifestación violenta es político.

Con intereses político-partidarios, y aprovechándose del dolor de los familiares (de los uniformados ultimados recientemente), se movilizaron algunas personas y provocaron daños materiales a la vivienda, señaló.

Según los demandantes, el gobierno boliviano actuó de manera muy tímida ante la muerte de los efectivos, causada por miembros de las comunidades indígenas de la región aparentemente porque los extorsionaban.
Prensa Latina

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Fiscal del caso terrorismo no imputa a Josué Shiriqui y dispone que se defienda en libertad

Omar Valdez, abogado defensor de Josué Shiriqui, sobrino del alcalde electo de Trinidad, informó el martes que el juez Marcelo Soza, que investiga a la célula terrorista desbaratada en abril del año pasado y sus vínculos, no imputó a su cliente por falta de indicios y decidió que se defienda en libertad.

La familia de Marcelo Quiroga Santa Cruz pide no usar su nombre en la Ley anticorrupción

No quieren comprometerse con posibles acciones judiciales reñidas con la legalidad y los derechos humanos

Familiares de Marcelo Quiroga Santa Cruz solicitaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional que retire el nombre del líder socialista de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas. "No quisiéramos que el nombre de Marcelo acompañe en el futuro acciones judiciales que pudieran estar reñidas con el apego a la legalidad constitucional y los derechos humanos que él profesó", argumentaron María Soledad y Rodrigo Quiroga Santa Cruz en un comunicado público.
Los hijos de Quiroga Santa Cruz no creen que se honrará la memoria de su padre utilizando su nombre en una ley, sino realizando acciones concretas que permitan establecer justicia y verdad.

Recordaron que "el nombre de Marcelo se utilizó en el pasado para otorgar la Medalla al Mérito Democrático a las Fuerzas Armadas, a pesar de que fue en el Estado Mayor de esa institución que Marcelo fue torturado y desaparecido".

Ahora temen que el nombre su padre se utilice en "acciones judiciales que pudieran estar reñidas con el apego a la legalidad constitucional y los derechos humanos".

El proyecto de ley anticorrupción propuesto por el MAS endurece las penas establecidas en el Código Penal para delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. La norma es analizada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores.

En julio de este año se cumplirán 30 años del asesinato y desaparición de Quiroga Santa Cruz, pero el Estado hasta ahora no ha cumplido su responsabilidad de buscar sus restos y enjuiciar a todos los responsables de este grave delito, se quejó la familia.

"Hace casi dos años entregamos una orden judicial al entonces comandante de las Fuerzas Armadas general Trigo para la desclasificación de la información que es de fundamental importancia para esclarecer este crimen, sin que hasta hoy se haya cumplido con esta obligación", denunciaron los descendientes del dirigente político.
Bolpress

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El presidente de la Asamblea Legislativa Álvaro García Linera aseguró hoy, que el proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción, no cambiará de nombre, a pesar del pedido de la familia del extinto líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.

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