Caso terrorismo: Fiscal General rechaza la renuncia de Marcelo Soza

Un audio revela presunta coordinación entre el fiscal Soza y gente del Gobierno

Amparo en La Paz paraliza caso Rózsa en Santa Cruz

La Sala Penal Tercera de La Paz aceptó ayer la demanda de amparo constitucional interpuesta por el fiscal Marcelo Soza, director de las investigaciones en el caso terrorismo. La medida cautelar paraliza cualquier acción de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz para resolver competencias del caso Rózsa.
La noticia fue dada a conocer por el Ministerio Público y el Viceministerio de Justicia. Este recurso fue tramitado ante la Sala Penal Tercera, de los vocales William Alave y Blanca Alarcón, con anterioridad a la resolución emitida en Sucre.
“Esta acción de amparo fue interpuesta por el fiscal Marcelo Soza, quien denunció un indebido proceso a partir de un pedido de inhibitoria que fue planteado por Branko Marinkovic al juez octavo de Instrucción Cautelar en lo Penal de Santa Cruz, Luis Hernando Tapia Pachi, sin ser parte de la investigación”, explicó la viceministra de Justicia, Cecilia Rocabado.(Leer más)

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Branco Marinkovic fue quien suscitó el conflicto de competencia en el caso terrorismo

Polémica decisión judicial en Bolivia suscita rechazo

La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Bolivia de transferir a Santa Cruz la investigación de hechos de terrorismo suscita hoy nuevas manifestaciones de rechazo.

Por su parte, el Ejecutivo ratificó que impulsará un juicio de responsabilidades a esos magistrados.

De acuerdo con Marcelo Sosa, fiscal que sigue el caso de una célula de extremistas neutralizada en abril último, se harán todas las gestiones para que los miembros detenidos de esa banda y sus financiadores respondan ante los tribunales.

Sosa adelantó a Prensa Latina que presentará un amparo constitucional para anular la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Para otros, como el líder del comité cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, la Corte solo cumplió con su papel de pasar a Santa Cruz el juicio por ser el lugar donde se perpetraron los supuestos delitos de terrorismo y separatismo.

Según el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, no es permisible que un proceso tramitado legítimamente en la ciudad sede del gobierno, sea remitido a una instancia departamental.

Subrayó que los hechos investigados estaban dirigidos a escindir el país mediante la creación de un clima de terror y derramamiento de sangre, y por tanto, debían ser analizados en su totalidad en La Paz, como se procedió desde el principio.

El pasado viernes, tres ministros y cuatro conjueces de la CSJ decidieron que el conflicto de competencias planteado sea resuelto por vocales de la instancia departamental de Santa Cruz.

Para Arce la actitud de algunos miembros del máximo órgano judicial está al margen de la ley, con el claro propósito de proteger intereses mezquinos, sectarios y oscuros, lo cual el gobierno no permitirá, dijo.

También el viceministro de Coordinación gubernamental Wilfredo Chávez, impugnó esta decisión que ha asumido la Corte y ratificó el juicio de responsabilidades por prevaricato a sus integrantes.

El Ejecutivo duda de la justicia de Santa Cruz, porque teme que sus letrados diluyan la investigación que prueba la relación de ricos empresarios de derecha de este departamento con el grupo de mercenarios bolivianos, croatas y húngaros.

El grupo armado, liderado por el croata-boliviano Eduardo Rozsa Flores -muerto en el operativo junto a otros dos cómplices- pretendía, desde esa oriental región, desestabilizar y dividir a la nación andina.

Por su parte, la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, dijo que el tribunal sólo cumplió la ley.

"No se tomó ninguna medida de fondo, lo único que se ha hecho es remitir a la Corte que corresponde", acotó.

Es lo que han venido reclamando líderes de Santa Cruz, que las investigaciones judiciales se lleven adelante en la región donde se han producido los hechos, señaló.
Prensa Latina

Marinkovic, Nayar y otros autonomistas cruceños acusados de financiar a presuntos terroristas

Delegados de Human Rights Foundation y de UnoAmérica tenían tratos con Rózsa

El ex presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Branko Marinkovic; el actual vicepresidente cívico y presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz Guido Nayar; el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz Pedro Yovía; y Hugo Achá Melgar, alias "Súperman", representante de la Fundación Human Rights (FHR) en Bolivia, serían los principales financiadores del grupo de extrema derecha desarticulado el 16 de abril en la capital cruceña.

Los activistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza acusaron a Marinkovic, Yovía, Achá y Nayar de colaborar con la presunta célula terrorista, informó el fiscal investigador asignado al caso Marcelo Sosa.

Sosa dijo que la plana mayor del autonomismo cruceño se reunió con los presuntos terroristas de extrema derecha en la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y en el stand de Cotas en el campo ferial de la ciudad. Según Mendoza, Marinkovic aportó 200 mil dólares para comprar armamento.

El presidente de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados que investiga el hecho Cesar Navarro (MAS) afirmó que el grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores es mucho más grande de lo inicialmente se pensaba.

Llama la atención la aparición de nuevos personajes que pudieron haber coadyuvado a la célula irregular, quienes se alojaron en el hotel Asturias días antes del operativo policial en el que perdieron la vida Rózsa, Magyarosi Arpád (húngaro-croata) y Michael Martin Dwyer (irlandés).

La Human Rights Foundation, una organización neoyorquina dirigida por el cubano Armando Valladares y conocida por sus vínculos con la CIA, desmintió enérgicamente las presuntas vinculaciones de su delegado en Bolivia con grupos irregulares, y denunció ante la comunidad internacional la persecución emprendida por el gobierno de Evo Morales contra los "defensores de los derechos humanos".

"Entendemos que el verdadero móvil de la persecución gubernamental es el de ejercer represalias por las reiteradas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que ha hecho públicas nuestra organización ... Estas denuncias, debidamente documentadas y puestas a buen recaudo ante organizaciones de derechos humanos de distintos países, verifican las agresiones contra periodistas, acciones violentas de milicias gubernamentales y diversos atropellos a la legalidad registrados en la actual gestión de gobierno", dijo HRF en un comunicado.

A pesar de ello, el delegado de HRF Hugo Achá Melgar admitió que tuvo relación con Eduardo Rózsa Flores en cuatro o cinco ocasiones.

Otra organización internacional que quiere denunciar al gobierno boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad, la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), también se ha visto involucrada con los presuntos terroristas.

Se conoció que Rózsa mantuvo contactos con el delegado de UnoAmérica en Argentina Jorge Mones Ruiz.

Se descubrió que Luis Hurtado habría pagado el alojamiento de los presuntos terroristas en los hoteles Buganvillas y Santa Cruz. Por otro lado, Ignacio Villapaz alias "El Viejo", un testigo clave, involucró al general retirado Lucio Áñez.
Bolpress


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