Defensoría y DDHH inician investigación de la ‘agresión policial’ a enfermera Boyán

El jefe Nacional de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Gregorio Lanza, informó a Erbol que se inició con el proceso de indagación de la situación de la enfermera Leonor Boyán, quien se encuentra en terapia intensiva, luego de recibir el jueves la agresión de efectivos de la Policía.

“Se trataría de una gravísima violación de los derechos humanos, cabe preguntarse y eso también deben hacerse las autoridades del Ejecutivo, especialmente los del Ministerio de Gobierno que deben responder a las tremendas dudas que existe. ¿Ha sido una orden de ese nivel o de dónde ha salido?, ¿es un caso que corresponde a una agresión de efectivos del orden o de agentes?”, afirmó.

Testimonio de la víctima

La enfermera Boyán este sábado tomó contacto con los medios de comunicación donde contó, entre sollozos, la agresión violenta a la que fue sometida por policías el pasado jueves tras su detención por agentes de inteligencia y uniformados que la llevaron al Comando de la Policía Departamental de La Paz.

“Los policías (…) me trataron muy mal. Estaba como una media hora con los dolores que me estaba retorciendo, estaba casi como dos horas en lugar, luego me trajeron al hospital de Clínicas porque les dije que quiero ir al médico, luego me internaron”, relató la víctima.

Boyán agregó que tuvo que invocar que estaba embarazada para que dejaran de golpearla y agredirla. “Estaba totalmente traumada y no podía entender lo que estaba pasando y no pude identificar (a los policías) porque todos parecían iguales”, sostuvo.

Situación médica

El médico de turno, Carlo Vercosa, señaló que la paciente presenta un cuadro psíquico de estrés post-traumático, que se produce por una situación severa y que físicamente está bajo el diagnóstico de insuficiencia renal aguda secundaria a una rabdomiolisis, que es un trastorno producido por diferentes circunstancias.

Sin embargo, la paciente que está hospitalizada en el Instituto Nacional del Tórax, en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, manifestó que el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, -junto a un fiscal- la visitó aproximadamente a la 01.30 de la madrugada de este sábado, donde le pidió que no magnificara el hecho. “Me dijeron que no haga problemas, pero aquí nadie está mintiendo”, dijo la afectada, entre lágrimas.

Derechos Humanos: Madre y mujer golpeada

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, tras la visita a Boyán, en el Instituto Nacional del Tórax muy consternada señaló que escuchó a la paciente por lo que se encuentra preocupada por el estado de Boyán.

Hemos solicitado una explicación del “extremo de violencia que se ha generado en esta persona, una madre soltera y con un hijo que ha sido golpeada y por esa consecuencia está en terapia intensiva. El ámbito físico es lo que podemos esperar, pero psicológicamente está destrozada y atemorizada”, afirmó Herrera.

"Una mujer y madre fue golpeada y está en terapia intensiva que psicológicamente está muy grave y pedimos a las autoridades del gobierno no presionarla, pero es muy grave lo que ha sucedido. Nadie puede ser sometido a golpes para que se incrimine, pero lo que sí ha sufrido son vejámenes”, sostuvo.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, en declaraciones al canal gubernamental señaló que "no hubo golpes, sino forcejeos" entre la enfermera Boyan los policías que intentaban fotografiarla.

Ministro Romero dijo que es un “teatro”

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre el caso manifestó que “es uno de los casos más sorprendentes de sobreactuación que se ha visto en los últimos tiempos”, que ha sido inventado por la prensa, según informa Oxigeno.

“Es un gran teatro; ella ha sido atendida por los mismos policías, se la ha llevado a una clínica privada donde recibió todas las atenciones después que ha sido la agresora de una autoridad de Gobierno. Ha mentido, dijo que estaba embarazada y resulta que no, todo es un gran teatro”, señaló.

La autoridad agregó que cuando la afectada recibió la visita en el Hospital del Tórax de parte del Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, le dijo que no había declarado lo publicado en la prensa, “ella misma dijo que todo lo habían inventado los periodistas, que ella nunca dijo que fue torturada”, agrega el reporte.
Erbol


Gasificación afecta a niños y adultos


Varios sectores piden abrogación del decreto 1126

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Enfermera Leonor Boyán: Me dijeron perra de mierda, no tuvieron compasión de mí

La enfermera Leonor Boyán vivió las 48 horas más dramáticas de su vida. El jueves 10 de mayo fue víctima de una agresión de la policía, en circunstancias aún no esclarecidas, y el viernes debía asistir a la toma de nombre de la promoción del colegio donde estudia su hijo.

Estas dos jornadas de espanto quedaron grabadas en la retina de esta trabajadora de Salud, ahora con un horizonte y un futuro incierto. Su familia, de escasos recursos, pide se haga justicia, condena la actitud de desalmados uniformados que no respetaron su honra y su dignidad de mujer.

Erbol visitó a su lecho de enferma en el hospital del Tórax de la ciudad de La Paz, para conocer qué sucedió en aquel aciago jueves cuando tuvo al frente a “hombres de verde” que cortaron abruptamente sus sueños e ideales.

Una tarde de espanto

Con los ojosos llorosos, profundamente cansada y con las venas abiertas para recibir el suero, doña Leonor reconstruyó ese momento dramático que nadie quisiera vivirlo en carne propia.

El hecho se produjo en las inmediaciones del céntrico paseo de El Prado de La Paz…

¿Puede contarnos qué sucedió esa tarde?

“Quiero hacer conocer a todo el pueblo que fui golpeada y agredida, en medio de gasificaciones en la plaza del Estudiante. Me confundieron, me agarraron y me llevaron a la PTJ adentro, fui maltratada, me golpearon. Fui verbalmente también tratada mal, con adjetivos que soy una perra, perra de mierda, puta me trataron, me golpearon. No tuvieron compasión de mí.

Después de eso me puse muy mal, hice mucha fuerza y también me golpearon, porque me quisieron sacar fotos y todo, como si yo fuese una delincuente.

Me acusaron que yo hubiese golpeado con una piedra al Viceministro (Jorge Pérez). Entonces me tuve que inventar que estaba embarazada, porque era mucho el maltrato.

¿Qué otras agresiones sufrió?

Luego de golpearme me dolía todo y cuando me estaban sacando en brazos, otro uniformado de afuera me trató muy mal. Me agarró de mis cabellos, indicando que cómo me van a sacar todavía en brazos, si había golpeado con una piedra  al Viceministro.

Ese policía me agarró de mis cabellos, me arrastró y me golpeó.

¿Cuántos policías la golpearon?

Eran muchos. Desde el momento en que me agarraron afuera eran muchos policías. Me arrastraron y me metieron a la fuerza.

Yo no sabía por qué, no me dieron explicación alguna. Adentro me forzaron, me agarraron de mi cabello hacia atrás. Allí es donde sufrí las agresiones.

¿Usted arrojó la piedra de lo que denuncia el Viceministro?

Yo estaba buscando a mis amigas y compañeras que nos habíamos dispersado por el gas. Teníamos que reunirnos en la parte de arriba del Ministerio
Erbol

Denuncian al Estado boliviano ante la CIDH y OIT por violaciones a los derechos humanos

La Brigada Parlamentaria Indígena, comunidades originarias y el Fobomade presentaron una denuncia formal en contra del Estado Plurinacional de Bolivia por violaciones a los derechos humanos contenidos y protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, y otros referidos al atentado a la propiedad colectiva indígena y riesgo de etnocidio de los pueblos Yuracaré, T’simane y Mojeño del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Fiscal General excluye al Presidente y Vicepresidente del caso TIPNIS

El Ministerio Público de Bolivia excluyó al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera del caso investigado por la violenta represión policial a la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), reportó la radio Aclo de la Erbol.

El fiscal General del Estado, Mario Uribe, manifestó que ya remitió la resolución y el informe de las investigaciones correspondientes en el plazo legal establecido ante la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“El suscrito fiscal hizo conocer a la Sala Penal única y exclusivamente en el marco de su competencia (su decisión), mejor dicho, la acumulación de antecedentes en el marco de la proposición acusatoria presentada contra el Presidente y Vicepresidente, cuya resolución es precisamente rechazando ambas proposiciones acusatorias”, dijo.

Esta denuncia contra las autoridades del Estado boliviano por la violenta intervención a la marcha indígena, registrada el 25 de septiembre de 2011, fue presentada ante el Ministerio Público por asambleístas de Convergencia Nacional y por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

Uribe ratificó que Morales y García fueron excluidos de este proceso porque no se encontraron pruebas suficientes ni los fundamentos necesarios por los hechos ocurridos en Yucumo, departamento del Beni.

“La decisión que tomó mi autoridad es en el marco de la Ley 44 que es contra el Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ahora con relación a las demás autoridades y personas se establecerá lo que corresponda en el marco del proceso establecido en la ciudad de La Paz (también por el caso TIPNIS)”, aclaró.
Erbol

Noticia relacionada:
Abogada: Unificación del caso TIPNIS busca impunidad de autores de represión 
La Paz, 12 Dic 2011.- La abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, denunció este lunes que con la instrucción de la Fiscalía General del Estado de unificar los procesos relacionados al caso del Territorio Indígena Parque nacional Isiboru Sécure (Tipinis) se busca la impunidad, dejar en el olvido y “desamparo” a las víctimas y convalidar el sobreprecio que existiría en el contrato de la carretera Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.

“Lo que  estamos viendo es que aquí se quiere propiciar una impunidad respecto a todos los  delitos que se han denunciado (contra indígenas), pero además se quiere  confundir y se quiere propiciar que el tema de la carretera, los sobreprecios y las ilegalidades que se han  cometido se convaliden y no se continúe con la investigación ya que hasta el presente no se ha hecho ningún tipo de investigación respecto al sobreprecio”, dijo Camacho.

Las investigaciones del caso de represión a los  indígenas marchistas, ocurrido el 25 de septiembre, y el supuesto sobreprecio en el contrato de la nueva carretera por el TIPNIS, a cargo del fiscal Ángel Ponce están suspendidas desde la anterior semana a raíz de que la Fiscalía General instruyó la unificación de este caso, denunciado por el MSM el 27 de septiembre, con el proceso del presunto secuestro al Canciller David Choquehuanca, a cargo de la fiscal Patricia Santos.

A criterio de la jurista, el proceso que se ha iniciado por el supuesto secuestro al Canciller, tiene una connotación distinta a la que se ha iniciado por los indígenas víctimas de la represión policial.

“No puede confundirse en un sólo proceso victimas y victimadores, hay una pluralidad de sujetos penales que cada uno tiene que ser tratado de una manera totalmente distinta. No es posible que se lo lleve a la confusión en un sólo proceso cuando no habrá una determinación real y concreta de quiénes son los sujetos procesales que se denominen víctimas y que se denominen agresores”, aseveró.

Según Camacho se recurrirá ante las instancias correspondientes a través de control jurisdiccional, amparo constitucional o vía acciones de cumplimiento para que la investigación continúe.

El pasado 7 de diciembre el comandante de la Policía Nacional, general Jorge Santiesteban, no pudo declarar por dicha instrucción de unificación de casos. Asimismo, el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, se presentó el 6 de este mes  a la Fiscalía, tampoco pudo emitir su declaración informativa.  

La Fiscalía  sólo recibió las declaraciones informativas del ex comandante de la Policía Nacional, general Oscar Muñoz, y del funcionario del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, este último se acogió al derecho al silencio.

La doble demanda

El 27 de septiembre el MSM presentó, al Ministerio Público, una doble demanda penal por “graves irregularidades” en el contrato de construcción de la carretera Villa Tunari y San Ignacio de Moxos y contra autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Policía por delitos cometidos en la “brutal represión” a la marcha en defensa del TIPNIS.

Los delitos cometidos en la intervención a la marcha en Yucumo, son genocidio por desplazamiento violento de niños y adultos; desaparición forzada de personas; privación de libertad; vejaciones y torturas; allanamiento y violación de al menos cinco artículos del Código Niño, Niña y Adolescente.

Los demandados son los ahora ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; ex viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán; el Comandante de la Policía Nacional, general Jorge Renato Santiesteban; el subcomandante de esa institución, general Oscar Muñoz Colodro; el general Edwin Foronda, inspector general; y el jefe de Inteligencia de la institución policial, coronel Víctor Santos.

En el caso de la carretera los demandados son Patricia Ballivián, ex presidenta de la ABC; José Luis Zúñiga Tarifa, gerente administrativo de la ABC; Carlos Méndez Cárdenas, gerente de construcción de ABC; Andrés Castro Kukoch, consultor de ABC; y Gerardo Pereira, representante brasileño de OAS, por los delitos de contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes.
Erbol

Descalifican informe del Defensor, Gobierno dice que hubo acción política armada infiltrada entre bloqueadores

Cuatro ministros y un viceministro salieron este miércoles a descalificar el informe del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, sobre los luctuosos hechos de Caranavi, al asegurar que se trata de un documento sesgado, parcial, subjetivo, incompleto y hasta irresponsable.

El canciller David Choquehuanca dijo que están preocupados por el informe del Defensor, porque consideran que no es objetivo, parcial, debido a que sólo tomó en cuenta algunos testimonios de personas de Caranavi y no a todos los actores.

“Consideramos que una institución como el Defensor de Pueblo tiene que actuar con responsabilidad, porque el gobierno es el más interesado en que se esclarezcan estos hechos de Caranavi, todos tienen derecho a conocer la verdad, hubo muertes y uso de armas de fuego, además atropello a las personas, pero el informe no dice nada de eso, por eso consideramos que es parcial, incompleto y subjetivo”, manifestó.

Por su parte, Rubén Saavedra, ministro de Defensa, reiteró que en el conflicto de Caranavi hubo civiles armados mostrados, lo que a su criterio “significa que hubo una estructura de infiltración, que implicaba una acción política armada de conspiración contra el gobierno de Evo Morales, legal y legítimamente constituido”.

Agregó que ahora el Ejecutivo exigirá que esas “acciones políticas armadas” también sean investigadas por el Ministerio Público, al igual que las dos muertes.

“Pero nosotros no vamos a encubrir bajo ninguna circunstancia ningún acto delictivo, sea de policías o civiles que podrían estar involucrados”, enfatizó.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, uno de los querellados por las muertes, dijo que la Defensoría no valoró la instrucción dada a la Policía para el no uso de armas de fuego en el desbloqueo.

“Esta instrucción clarísima no valoró esta información, ni tampoco las imágenes que los medios de comunicación han mostrado a varios bloqueadores portando armas de fuego, entre ellos revólveres y armas largas”, afirmó Llorenti.

Insistió que el gobierno es el más intensado en que haya una investigación independiente e imparcial para que los responsables de las dos muertes sean identificados individualmente y sean sancionados penalmente.

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, solicitó al Ministerio Público hacer una investigación transparente, oportuna y que vea la totalidad del conflicto, no sólo una parte. El viceministro de Justicia también tachó de sesgado el informe del Defensor.
Erbol

Gobierno descalifica informe del Defensor del Pueblo

Vea también:
El Defensor confirma que la Policía vulneró dignidad de personas en Caranavi

UNASUR concluye fase preliminar en pesquisa de masacre en Pando

La Paz, 2 oct (PL) La misión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que investiga la reciente masacre de campesinos ocurrida en el norteño departamento boliviano de Pando, concluyó la etapa preliminar de su trabajo.

En declaraciones divulgadas hoy por televisoras nacionales, el presidente de esa delegación, el argentino Rodolfo Mattarollo, dijo que el acercamiento inicial sirvió para comprobar la violación de los derechos humanos de muchos labriegos.

El consultor de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Argentina manifestó que el grupo de investigadores ha quedado muy impresionado con los testimonios de sobrevivientes aún conmocionados por los hechos.

Mattarollo anunció que la delegación abandonará este país para organizar las labores y regresar cuanto antes para retomar su faena, de ser posible en los próximos siete días.

UNASAUR decidió enviar esa comisión de alto nivel la pasada semana, en una reunión extraordinaria desarrollada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York con el fin de analizar la crisis política imperante en esta nación andina.

De acuerdo con estadísticas preliminares, la matanza –ocurrida el 11 de septiembre último- arrojó al menos 18 muertos, alrededor de 40 heridos y más de 100 desaparecidos.

/Prensa Latina

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Informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) - Bolivia: racismo, discriminación e impunidad - 11 de septiembre, El Porvenir - Pando
FIDH: Privilegiados impulsan una campaña de racismo en Bolivia - Recomiendan Plan integran Contra el Racismo