Caravana exige restituir al Gobernador de Beni

El MAS quiere "asaltar" la Alcaldía de Oruro, denuncia el MSM

Un audio revela presunta coordinación entre el fiscal Soza y gente del Gobierno

Fiscal del caso Cossío es investigado por reunirse con el senador Ávalos sin autorización

Fiscal del caso Cossío se contradice al explicar una cita con un senador del MAS

Sorprenden a fiscal del caso Cossío en reunión con el senador del MAS Isaac Ávalos

El fiscal Gilbert Muñoz, encargado del caso Mario Cossío, fue sorprendido en oficinas del jefe de Bancada del MAS en el Senado, Isaac Ávalos. Entró en contradicciones cuando trató de explicar el motivo de su presencia en el lugar. La oposición puso en duda su imparcialidad.

Cerca a las 09.40, un grupo de periodistas se trasladó hasta la oficina del jefe de bancada masista, donde uno de ellos reconoció al fiscal de Tarija, pese a que éste trató inútilmente de pasar desapercibido cubriéndose el rostro leyendo un periódico. Una periodista le cuestionó el porqué de su presencia en la oficina del senador Ávalos.

Muñoz trató de eludir a los periodistas y se levantó abruptamente de la silla en la que estaba sentado. “Les pediría por favor de que no...”, respondió escuetamente en una primera reacción, aunque poco después se vio obligado a responder, y recordó que una de sus funciones es informar a autoridades pertinentes.

“También los informes (del proceso) deben ser explicados a las autoridades que ejercen fiscalización. Si consultan a la Fiscalía General, está autorizada la información que la Fiscalía debe dar”, explicó Muñoz; y añadió que el informe pedido, que fue frustrado, “se ha hecho por conducto regular, vía Fiscalía del Departamento y Fiscalía General”.

Insistió en que se le solicitó un informe detallado del caso Imbolsur, donde está vinculado Cossío. Poco después, sin un documento en mano u objeto que lo contenga, abandonó la oficina del oficialismo.

Ávalos salió de su despacho y en la antesala explicó, a diferencia de Muñoz, que convocó de forma directa al fiscal, quien acudió a la cita, pese a estar en vacaciones. La reunión no llegó a concretarse.

En la tarde, La Razón se comunicó con el fiscal, quien, en contraposición a lo que expresó en la mañana, informó que acudió a la reunión por un pedido, vía teléfono que le hizo un asesor de Ávalos. Dijo que accedió a la solicitud, porque se encontraba en La Paz atendiendo asuntos personales, aprovechando su vacación anual.

“A mí me comunicaron, no sé pues quién será, será el asistente del senador, me dijo que era un asesor, que se había solicitado esa información (del proceso Imbolsur) y que debía dar un informe”, relató vía teléfono celular, mientras esperaba, en el aeropuerto de El Alto, su vuelo de retorno a la ciudad de Tarija.

Muñoz presentó una acusación formal contra el gobernador de Tarija, que provocó, el 15 de diciembre, la suspensión de la autoridad y su posterior huida a Paraguay, donde goza de refugio provisorio hasta tanto se defina su situación.

El presidente Evo Morales fue consultado sobre el tema, y en su opinión un encuentro de estas características no debe entenderse como “que el jefe de bancada del MAS pretendió someter a ese fiscal”. “Una reunión no es un compromiso político”, señaló pocos minutos después de sorprenderse a Muñoz en las oficinas de Ávalos.

Desde la oposición, el ex general de Ejército y senador de Tarija, Marcelo Antezana, afirmó que la presencia del representante del Ministerio Público en oficinas del MAS es una muestra de la injerencia del Gobierno en el caso del gobernador.

“Esto despierta susceptibilidades que motivarán la solicitud de un informe oral al Fiscal General, Mario Uribe, para que explique la presencia de un Fiscal en un tema tan delicado”, anunció el senador, quien afirmó que cualquier comparecencia de autoridad jurisdiccional debe hacerse vía conducto regular.

En Asunción, sectores del Legislativo y Ejecutivo se pronunciaron a favor del refugio. Morales afirmó que respetarán la decisión que se tome, pero insistió en que no se puede proteger la corrupción, y descartó que el tema afecte la relación con su homólogo Fernando Lugo. “No puede haber gobiernos, países, ni organismos internacionales que puedan proteger a corruptos", afirmó.

Muñoz aseguró que no trató de ocultarse. “He ingresado (al edificio de la Asamblea) exhibiendo mi identidad, sin esconder nada”, afirmó.

Misión del Conamaq a Paraguay

Una misión del Consejo de Ayllus y Markas del Qullanas de la Nación Qhapaq Uma Suyu, afiliado al Conamaq, irá al Paraguay para pedir la expulsión de Mario Cossío, dijo el dirigente Carmelo Titirico. El contralor Gabriel Herbas recordó que se presentó contra Cossío cinco procesos judiciales.

La Conare podría emitir su fallo mañana

La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de Paraguay podría otorgar, el viernes, refugio al suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, informó a AFP la senadora oficialista Zulma Gómez, representante del Senado en ese organismo.

“Existe la tendencia para aprobar el pedido de refugio, con más razón después de las declaraciones del presidente de la República (Fernando Lugo), quien admitió que Cossío siente que está perseguido en Bolivia", sostuvo la legisladora.

Lugo cuestionó, el martes, en una entrevista a la cadena CNN, la forma cómo fue suspendido Cossío, y aseguró que si la Conare se inclina por el refugio “no tendremos ninguna dificultad en acogerlo solidariamente”.

La autoridad boliviana solicitó refugio, bajo el argumento de que es un perseguido político de Evo Morales. El Consejo de Gobernadores del Paraguay también pidió se decrete el asilo del boliviano, mientras el gobernador Carlos Amarilla lo declaró Huésped Ilustre. “Por más amigo que sea (Lugo) del presidente Morales, este es un asunto de derechos humanos", afirmó Gómez.

"Ni el presidente ni nadie pueden desconocer la tradición secular del Paraguay de solidaridad con los perseguidos. Eso nosotros lo tenemos muy claro", precisó la senadora. El viernes se reunirá la Conare para analizar el caso Cossío.
La Razón

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Canelas admite que Ávalos cometió error al convocar a Fiscal
El vocero presidencial, Iván Canelas, admitió que el jefe de bancada del MAS en Senado, Isaac Ávalos, cometió un error al convocar al Fiscal Gilbert Muñoz, que investiga el caso Cossío, pero negó que exista una tramoya del MAS. La oposición convocará al Fiscal General para que informe sobre este hecho.

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Juez confirma que esposo de Ministra de Transparencia fue absuelto del caso INALCO; oposición denuncia tráfico de influencias

Jhonny Enrique Antonio Miranda Martínez y otros ocho ex funcionarios de INALCO fueron llevados a juicio por la apropiación de más de medio millón de bolivianos que pertenecían al Instituto Nacional de Cooperativas, el juez Octavio Apaza confirmó que Miranda Martínez esposo de la Ministra de Transparencia Nardy Suxo, fue absuelto del caso debido a que el fiscal Roger Velásquez retiró la acusación.

El presidente del Tribunal de Sentencia explicó que este jueves cuando se lea la sentencia completa, se dará a conocer de forma detallada las causas por las que absolvió a la pareja de la autoridad gubernamental y a los otros sindicados.

Mientras que el senador de la oposición Roger Pinto señaló que en Bolivia hay dos tipos de justicia una implacable para la oposición y otra tolerante para las personas afines al Movimiento al Socialismo, el senador presentó unas diapositivas de documentos que involucran a Miranda Martínez ex director ejecutivo regional de INALCO Santa Cruz, señaló que el ex funcionario se habría apropiado de dineros que deberían ingresar a los fondos públicos de INALCO.   Según la denuncia de Pinto la suma ascendería a más de 500 mil bolivianos, monto que debió ser depositado en una cuenta fiscal para gastos de educación y salud tal como señala la ley de cooperativas.

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Luis Revilla denuncia intrumentalización de la justicia por parte del MAS

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija suspendió temporalmente al gobernador Mario Cossío para que asuma su defensa en varios procesos judiciales abiertos en su contra. En La Paz, el alcalde Luis Revilla fue imputado formalmente por la comisión de varios delitos, y podría ser la próxima autoridad removida de su cargo. Al menos siete alcaldes han sido suspendidos hasta el momento, y es probable que otros dos prefectos corran igual suerte en un futuro próximo. Casi todas las autoridades afectadas pertenecen a partidos políticos de la oposición.

Desde las elecciones municipales de abril de 2010 fueron removidos de sus cargos los alcaldes Héctor Cartagena, Víctor Balderrama, Delfor Burgos, Nyls Carmona, Jhonny Pardo, Jaime Barrón y René Joaquino.

Joaquino y Barrón ganaron las alcaldías de Potosí y Sucre, respectivamente, pero fueron destituidos en cumplimiento de la Ley de Municipalidades que establece que todo alcalde y concejal que tenga en su contra un auto de procesamiento ejecutoriado “será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones (…) durante toda la sustanciación del proceso para asumir su defensa…”.

El artículo 48 de la Ley de Municipalidades dispone que es suficiente que haya una acusación contra un funcionario para apartarlo de su cargo. El acusado puede ser restituido en sus funciones si la sentencia lo absuelve o lo declara inocente.

El ex alcalde potosino René Joaquino fue sentenciado a tres años de cárcel por la compra irregular de vehículos, y en la actualidad enfrenta otro proceso por la presunta designación ilegal de funcionarios. El ex alcalde de Sucre Jaime Barrón fue recluido en la cárcel de San Roque de Sucre, por haber instigado agresiones racistas contra campesinos del MAS el 24 de mayo de 2008.

También son procesados los gobernadores de Tarija Mario Cossío, de Beni Ernesto Suárez y de Santa Cruz Rubén Costas por la comisión de los delitos de Malversación, Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, y desacato, entre otros.

Las Fiscalías de Distrito de Beni y Santa Cruz imputaron formalmente a Suárez Sattori y a Costas por haber convocado, administrado y ejecutado Referéndums Autonómicos ilegales entre mayo y junio de 2008.

El gobernador tarijeño Mario Cossío y otros nueve miembros del Consejo Departamental también fueron imputados formalmente por haber utilizado irregularmente 5,6 millones de bolivianos para la realización de un referéndum autonómico ilegal.

Este miércoles, la Asamblea Legislativa de Tarija controlada por el MAS suspendió al gobernador para que rinda cuentas a la Justicia, y no se decarta que el asambleísta oficialista Lino Condori sea designado como prefecto interino. Cossío se declaró en huelga de hambre junto a los asambleístas de su partido y dirigentes cívicos, los cuales convocaron un paro regional movilizado de 48 horas en defensa del voto ciudadano.

En La Paz, el juez V de Instrucción Cautelar Ricardo Maldonado informó que el alcalde paceño Luis Revilla del partido opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) fue imputado formalmente el 10 de diciembre por los delitos de falsificación de documentos, apropiación de dinero y daño económico al Estado durante su gestión como presidente del Concejo municipal entre 2005 y 2010.

“No esperábamos menos de jueces y fiscales que están abiertamente parcializados y que están siguiendo los lineamientos de intereses que no hacen precisamente a la defensa de la justicia”, dijo Revilla.

Revilla señaló que el 13 de octubre solicitó a la Fiscalía que se le permita presentar una declaración ampliatoria a fin de aportar algunos elementos útiles en la investigación, pero “no se me ha permitido prestar esa declaración ampliatoria hasta el día de hoy, vulnerando mis derechos constitucionales y mi derecho a la defensa, y en lugar de escuchar una declaración ampliatoria del Alcalde, lo que hemos conocido ha sido una imputación”.

Revilla reveló que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sufre un acoso por parte de muchas reparticiones del Estado. “Estamos frente a un concurso de funcionarios públicos para ver quién queda mejor con su partido, quien hace mejor buena letra planteándole acciones, procesos e investigaciones al Alcalde de La Paz. No sé si se habrá ofrecido recompensa de alguna naturaleza, pero hay un concurso, todos los ministros están tras encontrar algo al alcalde, asambleístas departamentales, y ahora tenemos funcionarios judiciales”, aseguró.

En los últimos días la Comuna paceña recibió 13 nuevas solicitudes de la Contraloría, 10 notas del Ministerio de Transparencia y también la declinación de audiencias de Ministros en las que se debían negociar proyectos en beneficio de la ciudad de La Paz.

El Ministerio Público dispara ahora contra la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz Desireé Bravo, imputada por la presunta falsificación de sus libretas de secundaria y su título de bachiller. Bravo presentó un amparo constitucional y evitó que los concejales del MAS la suspendan.

El Concejo Municipal de Santa Cruz decidió no suspender a Bravo, luego de un intenso debate con los concejales del MAS. “Estamos en la legalidad, gracias a Dios, a los concejales y a los vecinos que nos han apoyado durante la semana. Voy a seguir presidiendo el Concejo y principalmente trabajando por los vecinos que más necesitan”, celebró Bravo.

Sin embargo, la bancada del MAS denunció que la determinación quebranta la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que establece una inhabilitación temporal de las autoridades imputadas formalmente ante la justicia, informó la agencia ABI.

Por otro lado, el senador del MAS Eugenio Rojas no descartó el procesamiento de todos los asambleístas opositores de Santa Cruz por aprobar una norma que establece que el Gobernador y otras autoridades departamentales sólo pueden ser suspendidas si tienen sentencia condenatoria, lo que en su criterio vulnera la Constitución Política del Estado y el artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías.

También están en la mira del Ministerio Público los prefectos Ernesto Suárez y Rubén Costas, entre otras autoridades opositoras. “No se animan a llevarme (a La Paz) porque son unos cobardes, prefieren ir desgastando o me quede solo seguramente. Lo que quieren es mi muerte civil o tratan de matarme por inanición”, se quejó Costas.

Costas recomendó a la ciudadanía de Santa Cruz "no atemorizarse y amedrentarse" ante los procesos judiciales contra autoridades electas del país que son un claro intento de “doblegar al pueblo que no conoce otra cosa más que la libertad”.

Judicialización de la política

Hace poco, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay manifestó su preocupación por la falta de un Poder Judicial “independiente” en Bolivia y sobre todo por la violación de los derechos humanos de indígenas y políticos de la oposición.

“Uno de los tres pilares de una sociedad democrática es un Poder Judicial independiente, eso es lo que pongo en énfasis para Bolivia, además del respeto por el estado de derecho y de un juicio justo”, recalcó Pillay, aludiendo directamente a los procesos judiciales que enfrentar varios políticos opositores acusados de corrupción.

“Las acciones tomadas en contra de los miembros de la oposición son sujeto de preocupación y por ello insisto en un debido proceso para que los individuos contra los que se sospecha no sean suspendidos, si no que tengan un debido proceso”, recomendó la comisionada de la ONU.

Varios dirigentes políticos de la oposición denunciaron que los fiscales del gobierno han transformando la justicia boliviana en un instrumento de represión política. “El MAS quiere ganar con chicana judicial lo que el pueblo le negó en las urnas”, comentó el líder cívico cruceño Luis Núñez.

El gobierno intenta anular cualquier opción democrática que gana una contienda electoral mediante la instrumentalización política de la justicia, denunció el alcalde paceño Luis Revilla.

“El gobierno quiere acabar con la oposición, estamos frente a la judicialización de la política, estamos transitando de un régimen democrático a uno dictatorial”, alertó el diputado opositor cruceño Jorge Flores.

“Este gobierno está jugando con fuego, pero no se equivoquen, el pueblo boliviano no admite dictaduras de ningún tipo, ni de izquierda ni de derecha, y va haber una respuesta seguramente democrática en algún momento”, advirtió Costas.

Rechazamos el autoritarismo estatal, la persecución judicial y fiscal de los opositores, las amenazas a los medios de comunicación, la estigmatización de las instituciones de la sociedad y sus portavoces, la represión policial violenta, la manipulación y desintitucionalización de las Fuerzas Armadas y la conversión de las entidades gubernamentales en aparato estatal de coerción, amedrentamiento y vigilancia al servicio del partido gobernante, se pronunció el Consejo Político Nacional del MSM.

El MSM y otras organizaciones políticas coinciden en que es preciso restablecer y defender el pluralismo democrático, las libertades ciudadanas individuales y colectivas y los derechos humanos “frente al accionar gubernamental peligrosamente intolerante con la diversidad, la crítica y la disidencia”.
Bolpress

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Fiscalía interviene depósito de vehículos del empresario Humberto Roca

La Fiscalía intervino esta tarde un depósito de vehículos del presidente de AeroSur, Humberto Roca Leigue, luego que se emitió orden de aprehensión y arraigo en su contra.

Fiscal Mamani renuncia al caso Caranavi luego de revelar que bala asesina salió de la Policía

El Fiscal Luis Mamani confirmó que disparo provino de la policía y luego se desdijo

Luego de afirmar que el proyectil que mató a Mario Hernany era del calibre de un arma usada por la Policía, el fiscal Luis Mamani, uno de los tres representantes del Ministerio Público que investiga las dos muertes en Caranavi, renunció ayer a participar en la investigación.

El lunes 6, Mamani, que investiga las dos muertes acaecidas en Caranavi en un operativo policial de desbloqueo de camino el 7 y 8 de mayo, dijo que el informe de balística era absolutamente claro y que los disparos salieron del lado de la Policía contra los civiles, “a no ser que hubiera existido en el lado de la Policía, un infiltrado”.

El martes 7 admitió que el calibre del proyectil que mató a Hernany correspondía a un arma de uso policial. Sin embargo, ayer, el fiscal Mamani anunció su alejamiento del caso y sostuvo que fue distorsionado en sus declaraciones por la prensa.

“No nos hemos referido a ningún informe que hubiera emitido la Policía en forma completa. La pericia balística era de primera fase y que, en todo caso, cualquier información (se ofrecería) una vez se concluya con el presente caso. Lamentablemente la prensa se ha anticipado, ha distorsionado que ya era un informe conclusivo, aspecto que no lo es”, indicó.

Motivo. “Si el Comandante de la Policia Nacional ha pedido la recusación, quiero anticipar que he decidido alejarme del presente caso en forma voluntaria por razones personales y fundamentalmente de trabajo”, añadió. Al conocer la decisión de Mamani, el comandante de la Policía, general Óscar Nina, opinó que la misma fue producto de una reflexión acerca de las declaraciones que comprometían a la institución del orden.

“Hacer una presunción de esta naturaleza se anticipa a las conclusiones de un proceso investigativo, (lo cual) lo desacreditó totalmente; lo que pasa es que se debe garantizar que la investigación sea imparcial, sin este tipo de perjuicios. Seguramente ha reflexionado. De todas maneras lo íbamos a recusar e iba a salir de este proceso”.

Entretanto, en la Asamblea Legislativa, la oposición atribuyó la renuncia de Mamani a posibles presiones del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y del Comandante de la Policía. “Como tienen que ser sometidos a un juicio de responsabilidades y a la suspensión del cargo, estos dueños del poder lo han presionado, me imagino para que él renuncie”, señaló la diputada Adriana Gil (CN).

La Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene la mayoría, aprobó en la madrugada de ayer el informe elaborado por la Comisión Integrada, dirigida por la asambleísta Marianela Paco (MAS), que deslinda de responsabilidades a autoridades de Gobierno y de la Policía en los hechos de Caranavi y en las muertes de dos personas.

Ampliado en Nor Yungas

Agenda
Hoy se llevará adelante un ampliado de la Federación de Comunidades Interculturales de Caranavi, según informó el nuevo secretario ejecutivo de esta organización, Pedro Calderón. El dirigente no descartó tratar el tema de la investigación de las muertes.

Cámara de Diputados culpa a civiles

El informe de la Comisión Integrada dirigida por la asambleísta Marianela Paco (MAS) acusa a dirigentes de colonizadores y a civiles por la violación de los derechos humanos de los pasajeros durante el bloqueo de caminos en la vía a Caranavi, en mayo, cuando ellos pedían la instalación de una planta procesadora de cítricos en su región.

El punto 12 de las conclusiones del informe citado, que fue aprobado en la madrugada de ayer, establece que “las actuaciones de los bloqueadores y de los estamentos dirigenciales de la Federación Agraria de Colonizadores de Caranavi constituyen actos de violación a los derechos humanos y entraña responsabilidad personal, penal por haber impedido y restringido los derechos humanos de los pasajeros, transportistas y pobladores de Alto Beni y otras regiones del norte de La Paz”.

Este punto fue criticado por la diputada Marcela Revollo (MSM). “Esto es un extravío conceptual, porque nos está diciendo que la sociedad civil violó sus derechos humanos”. El diputado Jaime Navarro (UN) contradice lo expresado por el fiscal Luis Mamani, en sentido de que el calibre del proyectil que causó una de las dos muertes correspondía a armas policiales.

El informe de la comisión libera de responsabilidad a autoridades del Ministerio de Gobierno y a los jefes de la Policía que ordenaron el desbloqueo del camino.
La Razón

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Renuncia el Fiscal del caso Caranavi que reveló que bala asesina salió de la Policia
La Paz, 8 Sep (Erbol).- Luis Mamani, miembro de la comisión de fiscales que investiga las dos muertes y los hechos de violencia suscitados en el conflicto de Caranavi, el 7 y 8 de mayo pasado, resolvió este miércoles alejarse de forma voluntaria del caso.

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Diputados del MAS aprueban su informe sobre los hechos en Caranavi

Aparece un funcionario del Senado y se declara culpable ante el Fiscal por caso Surco

El supuesto funcionario del Senado, Fermín Edgar Torres, se presentó en las pasadas horas ante el fiscal José Villarroel, que investiga el accidente de tránsito en el que se encuentra involucrado el senador Fidel Surco, para echarse la culpa del incidente.

Según las declaraciones exclusivas de Villarroel a la Red Erbol, Torres aseguró ante su autoridad que él conducía el vehículo donde el senador oficialista iba en el momento del accidente, junto a otra persona de sexo masculino, estos dos últimos aprehendidos en estado de ebriedad tras el hecho suscitado en la ciudad de El Alto el pasado 2 de agosto.

“Tenemos algunos elementos que indican de la probable participación de una tercera persona en este hecho, que se identificó como Fermín Edgar Torres y manifestó ser chofer designado del Senado, al asegurar que se encontraba manejando en el momento de la colisión”, dijo el Fiscal.

Sin embargo, los testigos oculares del hecho, como el ciudadano Humberto Quispe, aseguraron que el senador Surco conducía en completo estado de ebriedad el motorizado que chocó a otro vehículo en el segundo rompemuelle de la avenida Julio César Valdés de El Alto, en compañía de otro persona.

Es decir, al menos según la versión de Quispe, no había una tercera persona dentro de ese motorizado en el que iba Surco, sino solamente el legislador oficialista al volante y a su lado (como copiloto) otro hombre; estos dos últimos fueron aprehendidos por efectivos de la Policía en estado de ebriedad tras el accidente y posteriormente conducidos a dependencias de Tránsito de El Alto, donde los medios televisivos lograron captar imágenes de ambos durmiendo en un sofá.

Por eso, hoy, el fiscal Villarroel convocó a todos los vecinos del lugar que vieron el accidente a prestar sus declaraciones en el Ministerio Público.

“Las declaraciones de esta tercera persona que apareció se deben analizar conforme a otros elementos que surgirán de la investigación, porque una sóla declaración de Torres no puede formar para el Ministerio Público una convicción, entonces queremos reiterar nuestra solicitud a los vecinos y testigos presenciales del hecho, para que puedan apersonarse con la mayor confianza al despacho de este fiscal que les habla”, enfatizó.

Agregó que incluso están analizando, junto a los investigadores, la posibilidad de ir a buscar a los vecinos al lugar donde ocurrió el accidente de tránsito, porque piensan que no tienen tiempo o no quieren apersonarse a la Fiscalía.

Más datos

Torres presentó ante el fiscal Villarroel una boleta de designación para certificar que es funcionario del Senado.

Éste chofer aseguró en su declaración que no estaba en estado de ebriedad, aunque reconoció que había tomado unos vasos de cerveza en horas precedentes al accidente.

El funcionario también indicó que no huyó del lugar del hecho tras colisionar el vehículo; porque según su versión, se quedó en inmediaciones y no intervino en el momento de la detención del senador y la otra persona por temor a ser agredido por los vecinos enfurecidos.
Erbol

Funcionario del Senado se declara culpable ante el Fiscal por caso Surco

Allanan oficina de abogados de APDHB en busca de droga

El Fiscal Víctor Vásquez y un Capitán de Policía de apellido Apaza allanaron sorpresivamente el viernes la oficina de los abogados voluntarios de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz y de los familiares de los dos jóvenes muertos en los luctuosos hechos de Caranavi, supuestamente en busca de sustancias controladas.

Fiscalía no tomará en cuenta informe de defensor ni de derechos humanos sobre los hechos Caranavi

La Fiscalía informó que no tomará en cuenta informe del Defensor del pueblo ni el realizado por APDHB sobre los hechos violentos ocurridos durante el desbloqueo de una ruta en la localidad de Caranavi.

Directorio de la FAM analizará la suspensión de alcaldes "vía-fiscal"