Gobierno presenta papeles pero no pruebas sobre una infiltración de USAID

Ministro Oscar Coca denuncia infiltración de USAID en organizaciones indígenas

El ministro de la Presidencia, Oscar Coca, no presentó las pruebas que comprometen a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, (USAID), en actividades que buscan desestabilizar al gobierno de Evo Morales a través de una presunta infiltración de esa entidad en las organizaciones indígenas.

El ministro, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, sólo se limitó a presentar a los medios de comunicación algunos folletos y libros, que a juicio de esta autoridad se constituyen en elementos contundentes que no merecen mayor interpretación y que sirven para demostrar que hay infiltración de la agencia estadounidense en las organizaciones indígenas.

Coca afirmó que la presentación de los textos y la serie de cartas documentadas se refiere a la injerencia de USAID en lo que hace la dinámica política y social del país.

Una de las primeras cartas de USAID está fechada el 1 de marzo de 2010, dirigida a la ministra de Planificación, Viviana Caro, y firmada por la responsable de USAID en Bolivia referido a un informe al 31º de diciembre de 2009 sobre los aspectos técnicos y financieros en los que se incluyen actividades bilaterales y unilaterales.

La información sobre actividades unilaterales está referida a las acciones que USAID desarrolla sin contraparte, denominado capacidades económicas con un monto que alcanza a los 24 millones de dólares, de este proyecto sólo se tiene un reporte trimestral, sostuvo el ministro.

Indicó que hay proyectos, que por tener carácter unilateral, simplemente se tiene un reporte trimestral. Una carta oficial del entonces embajador Philip Goldberg del 18 de diciembre de 2007, señala que “hay un pequeño segmento de información específica que la ley estadounidense no permite divulgar.

Coca mostró cartas mediante las cuales comunidades originarias como la Confederación de Pueblos Indígenas de Beni (CEPIB) y de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CEPILAP) cuestionan supuestos programas ecologistas y medioambientales, supuestamente con fines políticos.

El Plan Estratégico Institucional para el período 2008-2012 de la CEPILAP fue financiado por la USAID, agregó, mostrando el documento.

El funcionario también cuestionó programas de esa entidad foránea, bajo el telón de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a las cuales asignan millonarios fondos y sin informar al Estado con qué objetivos.

Al respecto, mencionó la llamada Estrategia de alcance al público o el Programa de atención a gobiernos locales y descentralización, así como el plan de desarrollo de municipios del norte de La Paz o sobre el Parque Nacional Madidi, de los cuales el Estado apenas recibe una información trimestral y muy parcial.

Citó una misiva fechada en diciembre de 2007 y suscrita por el entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg (expulsado en septiembre de 2009), en que éste se remite a una ley del norteño país que prohíbe divulgar información sobre este tipo de colaboración, lo que consideró una irregularidad en los nexos bilaterales.

Entre los folletos, libros y documentos probatorios de la intromisión de la USAID y la incidencia en dirigentes originarios para azuzar demandas anticonstitucionales, el ministro se refirió a programas de preservación de especies, como el lagarto (cocodrilo), o de producción de carbono.

En ese sentido, mencionó la relación de algunas ONG como la WCS y las fundaciones Amigos de la Naturaleza (FAN) y José Manuel Pando, con manifestaciones recientes de organizaciones sociales afines al Ejecutivo, como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), cuyos sueldos de algunos dirigentes eran respaldados por la USAID.

Hace dos días, la CIDOB inició una marcha desde la ciudad de Trinidad (Beni) hacia La Paz, en demanda de plenas autonomías, que el gobierno considera una medida arbitraria.

Coca reiteró el llamado del presidente Evo Morales al diálogo para dar solución a los verdaderos reclamos de los pueblos indígenas.

Respecto a la posibilidad de que estas denuncias contra la USAID afecten la elaboración de un Convenio Marco sobre la ya deterioradas relaciones entre Bolivia y Estados Unidos, señaló que Washington deberá respetar el carácter soberano e independiente de esos nexos y alejarse de acciones de injerencia.

El propio presidente Morales, hace dos semanas, en un encuentro con productores de hojas de coca del Chapare (Cochabamba) advirtió que podría expulsar del país a USAID.

También cuestionó que la actual administración estadounidense propusiera a Mark Feierstein como administrador adjunto de USAID para Latinoamérica y el Caribe.

Morales aseveró que Feierstein fue asesor del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), acusado aquí de genocidio por una represión policial a una manifestación social, y prófugo en Estados Unidos.
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El gobierno boliviano expresó este jueves su molestia por las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y le recordó que está vigente el contrato de compra-venta de gas natural suscrito entre Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El mandatario brasileño dijo que pese a la inminente situación de autosuficiencia energética de Brasil, su país va a continuar comprando gas a Bolivia porque es una nación “pobre” a la que hay que ayudar.

“Dentro de poco vamos a darnos con la mano en el pecho y decir ‘tenemos gas suficiente’. Y vamos a continuar comprando gas a Bolivia porque es un país pobre y tenemos que ayudarlo”, dijo Lula en la inauguración de un gasoducto en Río de Janeiro.

El ministro boliviano de la Presidencia, Oscar Coca, afirmó que más allá de los “sentimientos o pasiones” Brasil tiene la obligación de honrar el contrato que firmó con Bolivia para la provisión de gas natural y de no hacerlo será pasible a las sanciones estipuladas en el documento.

“No es correcto ni es propio (ese tipo de calificativos) cuando hay un contrato de promedio, ellos tienen que cumplir el contrato. Definitivamente Brasil está cumpliendo un contrato que se firmó anteriormente, el no cumplir les va implicar sanciones”, enfatizó la autoridad.

Sobre las expresiones del gobernante brasileño, el ministro Coca sostuvo que será la Cancillería boliviana la que haga conocer, a través de los canales diplomáticos correspondientes, un criterio oficial del gobierno del presidente Evo Morales.

“Hay contratos y nosotros trabajamos con contratos, se ha hecho un ducto que costó más de 2 mil millones de dólares porque había un convenio y eso se tiene que cumplir aquí, no hay sentimientos, no hay pasiones”, remarcó el Ministro de la Presidencia.
Erbol

Gobierno presentará queja formal ante el OEP por el derecho al voto de observados

A 11 días de las elecciones bolivianas el gobierno pidió levantar la amenaza de veto a más de 400.000 bolivianos, cuyo registro electoral fue observado por el Organo Electoral Plurinacional (OEP), por deficiencias en el Registro Civil.

El pronunciamiento oficial se produce dos días después que el OEP observara el derecho a votar de 400.671 ciudadanos anotados en el padrón electoral biométrico y cuya ficha ha merecido, por parte del organismo, observaciones que en la mayor parte de los casos no involucran la voluntad ni acción de los ciudadanos.

El OEP señaló un plazo hasta el viernes 3 de diciembre, es decir 72 horas antes de los comicios, para que los observados puedan reparar las faltas documentales.

Los problemas en las oficinas de Registro Civil y la Policía boliviana son de larga data, pese a las numerosas reformas introducidas al sistema desde la década de los años ’30, del siglo XX, cuando la Iglesia Católica dejó de operar las listas de identidad personal por medio de sus despachos bautismales en Bolivia.

Gobierno pide al Congreso juicio de responsabilidades contra magistrados de Corte Suprema de Justicia

El gobierno solicitó el martes al Congreso el inicio de un juicio de responsabilidades contra tres magistrados y cuatro conjueces de la Corte Suprema de Justicia por el delito de incumplimiento de leyes y prevaricato.

El pedido fue presentado por los ministros de Gobierno, Defensa, Defensa Legal y de Justicia, Alfredo Rada, Walker San Miguel, Héctor Arce y Celima Torrico, respectivamente, en un Memorial que contiene los suficientes justificativos para que la Cámara de Diputados inicie los trámites de sustentación del proceso.

San Miguel dijo que los magistrados deben ser enjuiciados por haber cometido actos contrarios a la Ley y a los procedimientos establecidos en los Códigos de procedimiento Civil y Penal.

El caso se refiere a la determinación de la Corte Suprema de Justicia de pasar el caso de terrorismo, desarticulado a mediados de abril en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a la jurisdicción de la justicia de Santa Cruz, a cargo del juez Luis Hernando Tapia Pachi, cuando comenzó a ser sustentado en La Paz mediante la magistrada Betty Yañiquez.

Las autoridades denunciaron que existieron irregularidades desde la convocatoria a los miembros del Tribunal de la Suprema Corte y los conjueces.

Los cargos presentados para el inicio del proceso son "prevaricato, disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado e incumplimiento de deberes". (Leer más)

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Pacto contra el terrorismo: Organizaciones nacionales condenan unánimemente separatismo y terrorismo en Bolivia

La reunión fue convocada por el presidente Evo Morales, para firmar un Pacto Antiterrorista con las entidades presentes y comprometerlas a luchar sin tregua contra el divisionismo del país.

Organizaciones sociales, políticas , empresariales militares y policiales reunidas la noche del miércoles al jueves en Palacio de Gobierno, en La Paz, condenaron unánimemente el separatismo y el terrorismo en Bolivia, que puso en vilo a todo el país luego del descubrimiento de una banda internacional de mercenarios que se articulaba en el oriente del país.(Leer más)

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Pacto antiterrorista: Proponen considerar al separatismo como traición a la Patria
La Paz, 6 May (Erbol).- El Gobierno del presidente Evo Morales, las organizaciones sociales, los prefectos de cinco de los nueve departamentos, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y otras, acordaron la noche de este miércoles considerar al separatismo y al terrorismo como traición a la Patria, para que ambos delitos sean sancionados con la máxima pena prevista en las leyes vigentes en el país.

Bolivianos exigirán fin de terrorismo con gran marcha
La Paz, 7 may (PL) Los bolivianos se preparan desde hoy para repudiar el terrorismo con una gran marcha, en fecha aún por definir, por los nueve departamentos y con acto central en esta ciudad, destacaron líderes sociales. De acuerdo con Pedro Montes, secretario de la Central Obrera Boliviana (COB), la iniciativa fue ratificada la víspera en un reunión del Ejecutivo y representantes del parlamento, las organizaciones sociales, empresarios y de las fuerzas armadas y la Policía.

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EEUU prohibe a la República Checa venta de aviones de combate a Bolivia

Por: Reuters
Fecha de publicación: 17/03/09

17 Marzo. LA PAZ (Reuters).- Estados Unidos prohibió a la República Checa la venta de seis aviones de combate L-159 a Bolivia, que el Gobierno de Evo Morales pretendía utilizar en labores de seguridad y de lucha contra el narcotráfico, según informó el martes un diario local.

La compra de los aviones L-159 ALCA (sigla en inglés de avión ligero de combate), por 58 millones de dólares, había sido anunciada en enero y destacada por el Gobierno boliviano como la primera renovación importante de material de defensa en más de tres décadas.

Pero Washington, que dijo recientemente que ha puesto en revisión sus relaciones con La Paz, vetó la operación con el argumento de que "esas aeronaves poseen gran cantidad de partes y equipos de manufactura estadounidense", dijo el diario La Prensa, citando a un portavoz oficial boliviano no identificado.

"Como consecuencia de esa decisión (estadounidense), el Gobierno inició la búsqueda de otras opciones para que la Fuerza Aérea Boliviana cuente con nuevas naves", agregó el diario.

Portavoces del Ministerio de Defensa no estaban disponibles para comentar el informe periodístico.

La Prensa dijo que la principal opción que Bolivia considera ahora son los aviones chilenos Pillán T-35 y que incluso el ministro de Defensa, Walker San Miguel, abordó una de esas naves durante una reciente visita a Chile.

Según medios locales, Bolivia tiene apenas unos 15 vetustos aviones de caza y entrenamiento, la mayoría donados por países amigos y actualmente paralizados por falta de repuestos.

El Gobierno de Morales ha anunciado también planes para comprar helicópteros franceses y rusos, para atender situaciones de desastres naturales y suplir eventualmente a helicópteros estadounidenses en el combate al narcotráfico.

El mandatario bolivianio utiliza helicópteros prestados por el Gobierno de Venezuela para la mayoría de sus viajes por el complejo territorio boliviano, de grandes cordilleras y extensas llanuras.

(Reporte de Carlos A. Quiroga. Editado por Silene Ramírez)

Via: http://www.aporrea.org/internacionales/n130875.html

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Corrupción, asalto y un asesinato: El gobierno está ante una prueba de fuego

J. Osvaldo Calle Quiñonez

Después del Referéndum constitucional muchos ya pensaban que construir un otro país era posible en Bolivia, pero un asesinato demostró que es más fácil que el país caiga en manos de una nueva mafia. Contratos lesivos al Estado, corrupción en el manejo de la cosa pública y un asalto que terminó en asesinato han puesto al gobierno de Evo Morales ante su prueba más difícil: combatir a la corrupción dentro del propio gobierno, en casos en los que está involucrado una de los hombres fuertes del Movimiento al Socialismo (MAS). El caso O'Connor se ha convertido en una especie de música para los oídos de la oposición.

El caso, hasta ahora el más grande de corrupción en el gobierno del Morales, se destapó cuando el martes 27 de enero el empresario petrolero Jorge O'Connor fue asesinado en la puerta de un cuñado del influyente ex senador masista y en ese entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez.

Según las investigaciones, O'Connor fue victimado cuando quiso evitar el robo de una maleta con 450 mil dólares que llevaba consigo. La policía aclaró el hecho en 48 horas. Los autores intelectuales resultaron ser personas del mismo entorno del empresario, entre ellos los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdoba Santiváñez, además de los cuñados de Ramírez. La esposa de Ramírez, Giovanna Cristina Navia Doria Medina, está citada en el caso por los fiscales. Pero la captura de los autores materiales no representó el cierre del caso, sino el inicio de un escándalo de corrupción en el que están en juego un contrato por más de 85 millones de dólares.

"Sabemos de dónde salía el dinero, pero queremos saber a dónde iba", dijeron los investigadores del caso. El dinero había salido de una cuenta de YPFB como concepto de un adelanto de pago a la empresa Catler Uniservice, de la que O'Connor era representante.

Las primeras conjeturas acerca el destino del dinero apuntaban a Ramirez como el destinatario. Días atrás Catler Uniservice había recibido un desembolso de 4,5 millones de dólares, el 10 por ciento de los cuales, los 450 mil que estaban en la maleta del malogrado empresario petrolero, deberían -según las suposiciones- ir a parar a manos de Ramírez. El asesinato se convirtió en la punta del ovillo de un escandaloso caso de corrupción.

Intervenida YPFB, los fiscales apresaron a dos ex directores de esa empresa quienes intentaban borrar archivos de las computadores.

En su primera aparición pública después del asesinato de O'Connor, Ramírez intentó negar sus vinculaciones con la adjudicataria de la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande. "YPFB no tiene ninguna relación con ninguna empresa SRL", dijo y dijo tener documentación para demostrar la legalidad de la adjudicación de la obra. Sin embargo, ahora está claro que Ramírez aceptó que el consorcio Catler-Uniservice no presentara las tres boletas de garantía que exigía el proceso de licitación, no envió los contratos con esa empresa a la Contraloría, no están notariados, pero a pesar de todo ordenó millonarios desembolsos en favor de esa empresa.

Por si fuera poco, el Superintendente de Empresas, Rolando Morales, dijo que la empresa Catler-Uniservice no existe en Bolivia.

Morales, quien desde su posesión como presidente de la República, criticó la corrupción de las anteriores autoridades -durante el acto de posesión le encaró al ex presidente Jaime Paz la corrupción durante su gestión de gobierno- apoyó a Ramírez al conocerse las primeras vinculaciones de esa autoridad con el caso, pero tuvo que retractarse unas horas después y cambió al presidente de YPFB e instruyó una investigación "caiga quien caiga", en un intento de despejar las dudas que sembradas en relación a la honestidad de los funcionarios de gobierno.

"No vamos a preguntar apellido, amistad ni color político, el corrupto tendrá que ir a la cárcel, sea quien sea no nos importa, esa es la decisión del Presidente (Evo Morales) y el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir esa decisión del Presidente", dijo el vicepresidente Alvaro García Linera.

Mientras, en la población existe un creciente malestar por el accionar de las todavía consideradas nuevas autoridades que habían ofrecido un "cambio" en la forma de gestión del gobierno, a la par que las cadenas de televisión informan que la casa de Santos Ramírez, está valorada en un millón de dólares. Los periódicos compiten para demostrar habilidades investigativas. En la oposición, falta poco para que celebren el caso, pero forma comisiones de investigación para poner de relieve el caso.

Si hasta ahora el MAS criticaba a los políticos por escudarse en la inmunidad parlamentaria para evitar responder por casos de corrupción, ahora es la esposa de Ramírez, a la vez es diputada suplente del partido de Morales, quien se ampara en la inmunidad parlamentaria para evitar responder en el caso.
Vía: Bolpress



14/07/08. (Archivo de video) Gobierno suscribe con la empresa Catler Uniservice S.R.L. el contrato de construcción de la planta separadora de licuables ubicada en la localidad de Río Grande, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.

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Evo y el CONALDE cierran un ciclo del diálogo y comienza la pugna en el Congreso

Marchistas presionarán a los legisladores para que convoquen al referéndum constitucional "a las buenas o a las malas"

Redacción Bolpress

El 5 de octubre en Cochabamba, el Presidente Evo Morales y los prefectos opositores del Consejo Nacional Democrático (CONALDE) podrían suscribir acuerdos preliminares referidos a la compatibilización de los estatutos autonómicos con la nueva Constitución, a la restitución parcial de ingresos regionales del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y a la elección de autoridades del Poder Judicial. En la reunión del domingo se cierra un ciclo del diálogo político y comienza la pugna por la ley de convocatoria al referéndum constitucional y dirimitorio de la tierra en el Congreso.

El miércoles 1 de octubre, los prefectos Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija) y Savina Cuellar (Chuquisaca) abandonaron "temporalmente" la mesa de diálogo en protesta por la detención del dirigente cívico José Vaca, acusado de dañar un gasoducto.

Los prefectos se quejaron al Presidente por la ola de detenciones "ilegales" y por la persecución a dirigentes cívicos y sociales opositores, en franca violación de un pre acuerdo suscrito por el Ejecutivo y el CONALDE antes de iniciar conversaciones formales hace más de 20 días.

Morales no atendió las quejas del CONALDE y confirmó que esperará a los prefectos el domingo a las 9 horas en Cochabamba para evaluar juntos los avances alcanzados en el diálogo. Los prefectos pidieron al Presidente un plazo hasta este 5 de octubre para que las mesas técnicas lleguen a consensos con miras a mejorar el capítulo de autonomías del proyecto de CPE.

"Con los informes que presenten ambas mesas temáticas (el domingo) se cerrará un primer ciclo de este diálogo, estén o no los prefectos quienes darían una pésima señal si no se hacen presentes", informó el viceministro de Descentralización Fabián Yaksic.

Mientras los técnicos negociaban en Cochabamba, Morales inició diálogos directos con cada uno de los prefectos opositores en la residencia presidencial de La Paz con el fin de encaminar el acuerdo nacional y recoger propuestas de desarrollo regional macros a mediano y largo plazo.

El Mandatario llamó primero a Rubén Costas el domingo 28 de septiembre y le propuso hacer realidad un corredor bioceánico. Costas calificó de positiva la reunión privada y dijo que hay avances en los temas de IDH, autonomías y nueva Constitución. Luego Morales se encontró con el prefecto Cossío y el jueves 2 de octubre con el prefecto de Beni Ernesto Suárez. La prensa informó que ambas reuniones fueron "cordiales y respetuosas". Se prevé que en las próximas horas el Jefe de Estado reciba a la prefecta Savina Cuellar.

Este viernes, el vocero del CONALDE Mario Cossío anunció que sus colegas asistirán a la reunión con el Presidente el domingo, pese a que el gobierno incumplió con casi todas bases del diálogo previamente acordadas.

Cossío recordó que el pre acuerdo establece que se abordaría como temas principales de la negociación el IDH, las regalías, las autonomías y la nueva CPE. Sin embargo, el Presidente y las organizaciones sociales han dicho que no se cambiará ni una coma del texto constitucional.

Cossío dijo que tampoco hay avances en la discusión sobre la necesidad de transparentar el Padrón Electoral, el Registro Civil e Identificación para que en los próximos comicios "no voten los muertos". "Hasta aquí tenemos dos puntos que no están siendo respetados por el gobierno".

Según el prefecto tarijeño, el punto referido al restablecimiento de la paz social y el respeto al estado de derecho tampoco fue cumplido por el gobierno, ya que las regiones levantaron los bloqueos y las medidas de presión para allanar el diálogo, pero miles de campesinos afines al gobierno "mantuvieron un cerco armado a Santa Cruz".

El gobierno se comprometió a suspender la campaña mediática en contra de todas las personas que participaron en las movilizaciones por el IDH y la autonomía, "pero hasta el momento esa campaña se mantiene", reclamó Cossío.

"El gobierno se había comprometido a no impulsar acciones contra dirigentes de departamentos que se movilizaron reclamando los derechos de cada una las regiones, pero no ha cumplido (...) autoridades prefecturales, dirigentes cívicos y ciudadanos opositores al gobierno fueron secuestrados, confinados y ahora son presos políticos en democracia".

Dice Cossío que se violaron los derechos constitucionales del prefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien está siendo juzgado por la justicia ordinaria a pesar de que goza de caso de corte en su condición de autoridad electa.

Cossío se refirió al secuestro y detención del dirigente cívico de Villamontes y de otras personas que son perseguidas. "Se ha visto cómo emcapuchados en vehículos con vidrios oscuros están secuestrando gente violando todos los procedimientos legales. Ayer en forma provocativa se apresó a dos personas más".

El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana negó que se haya desatado una "persecución política", como señalan algunos medios de prensa, y reiteró que son innegociables las investigaciones y los procesos penales contra ciudadanos involucrados en la toma de instituciones públicas. Ningún delito quedará impune ni será objeto de negociación política, afirmó la autoridad.

Cossío coincidió plenamente con el gobierno que sostiene que la ley y los muertos no se negocian: "Estamos de acuerdo en eso, no se negocian los muertos de Pando, ni los de Sucre, ni los de Cochabamba, ni los actos terroristas de Yacuiba por un militar de Palacio de Gobierno (...) Tampoco se negocian las marchas de milicianos armados hacia Santa Cruz y la amenaza de matar gente de estos sectores afines al MAS".

Cossío resaltó que ningún dirigente social afín al gobierno que amenazó con armas a la ciudad de Santa Cruz fue detenido, y tampoco los que mataron a tres personas en La Calancha en Sucre. Tampoco se conoce qué destino tendrán los terroristas de Yacuiba ni los dirigentes del MAS que anuncian un cerco al Congreso.

"No vemos ninguna acción legal del gobierno para proteger al Estado con la misma fuerza con la que se quiere atacar las otras acciones protagonizadas por los adversarios políticos". "Nuestra respuesta es que la Ley no se negocia, pero se aplica a todos los bolivianos que violen la Ley. Y todas las muertes tienen que tener sus responsables, no sólo aquellas que le interesan al gobierno", exigió Cossío.

A pesar de todo, añadió el representante de Tarija, "los prefectos nunca renunciaremos al diálogo y el domingo estaremos en la reunión con el presidente y nuestros equipos de trabajo seguirán definiendo temas hasta el domingo a pesar de que sabemos que no estamos tratando con autoridades serias y responsables".

En campaña por la Constitución

Los movimientos sociales sospechan que la derecha se rearticula y gana tiempo para "descuartizar" el nuevo texto constitucional o botar a la basura un año de trabajo de la Asamblea Constituyente, y luego golpear con más fuerza.

Por esa razón, el gobierno y representantes de 15 movimientos sociales resolvieron iniciar el 13 de octubre una marcha hasta La Paz, desde la comunidad de Caracollo, para presionar al Congreso y lograr la aprobación de la Ley de Convocatoria al Referéndum Dirimitorio y Aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) hasta el 15 de octubre.

El Presidente Morales dijo que la "marcha por la refundación de Bolivia y por aprobación de la nueva CPE va a ser histórica". En un ampliado del Consejo Nacional del Cambio, Morales anunció que la Constitución será llevada al referéndum "de buenas o de malas".

El Vicepresidente Alvaro García Linera advirtió que si fracasa el diálogo en Cochabamba, el oficialismo continuará con el proceso para la aprobación de la nueva Constitución, la cual no será modificada como piden las autoridades departamentales.

Fuente: bolpress

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La oposición abandonó temporalmente el diálogo con el Poder Ejecutivo instalado hace más de dos semanas en Cochabamba, en protesta por las detenciones de activistas y dirigentes cívicos implicados en asaltos a entidades públicas, tomas de plantas petroleras y otros delitos.

La decisión de los prefectos surgió luego de la captura de aquel dirigente cívico tarijeño acusado por el Gobierno de participar en un atentado contra el gasoducto de exportación de gas perpetrado durante las protestas de septiembre pasado que fueron vinculadas a un proceso conspirativo.

Según Cossío, esa aprehensión “viola” uno de los puntos del acuerdo suscrito con las principales autoridades nacionales, el pasado 16 de septiembre que dio lugar al proceso de diálogo instalado el 18 de septiembre, por lo que solicitó al presidente, Evo Morales, manifestarse al respecto.

Sin embargo, en La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, señaló que Vaca fue detenido en marco de la ley, pues poseen pruebas de la participación de ese ciudadano en atentados terroristas contra gasoductos.

Además, el ministro de Estado ratificó que el apresamiento se realizó de la forma correcta, y no se trató de un “secuestro” como aseguran algunos medios nacionales de prensa.

Pese a esto, el Prefecto tarijeño demandó al presidente Morales cumplir con los acuerdos suscritos, aunque quedó en claro que el Gobierno aseguró, antes de la firma de ese documento, que la ley no será negociada.

El juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Willams Dávila, decidió este jueves recluir de forma preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz al cívico y funcionario de la Prefectura de Tarija, José Germán Vaca Ortiz, acusado principal de atentar al gasoducto Yacuiba - Río Grande.

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"Esta claro que el objetivo principal de los prefectos opositores es y será impedir que el nuevo texto constitucional aprobado en Oruro sea sometido a referéndum"


Fuente video: http://www.youtube.com/ContraBalboa

"Media luna" desconoce triunfo de Evo, declara paro cívico y levanta huelga, la autodenominada "media luna" desconoció este jueves el histórico respaldo popular al presidente Evo Morales en el referendo revocatorio de mandato, declaró paro cívico para el 19 de agosto, levantó su huelga de hambre, exigió una auditoria sobre el padrón electoral y advirtió que, entre tanto, no aceptará más procesos electorales.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, dijo que la decisión fue asumida porque los prefectos de oposición y el Gobierno mantienen sus posiciones cerradas respecto al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la adecuación autonomías departamentales al texto de nueva Constitución Política del Estado.
Ante ello, señaló que los cívicos y prefectos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz definieron mantener su posición respecto a las autonomías departamentales, además de apoyar las iniciativas impulsadas por la prefectura de Chuquisaca para concretar su autonomía departamental.

Evo pide a prefectos leer el mensaje de dos tercios del país que exige cambios, el presidente Evo Morales expresó este jueves su compromiso de incluir en toda Bolivia autonomías plenas, pero sobre la base constitucional, y pidió a los prefectos opositores a leer el mensaje del más de dos tercios del pueblo boliviano, que exigió en las urnas en el referendo revocatorio, continuar el proceso de cambio en democracia y paz.
"El Gobierno boliviano va a garantizar autonomías para toda Bolivia, pero en el marco de la legalidad y de la constitucionalidad", afirmó el Jefe de Estado en conferencia de prensa en Palacio Quemado, luego de reunirse con los prefectos ratificados en el referendo del domingo 10.
Morales considera que hay poca voluntad de diálogo de parte de los prefectos de la "media luna" porque solo ven la parte económica y no quieren encarar soluciones estructurales como el país lo demanda.
"Siento que sólo quieren plata(los prefectos opositores) y no tocar otros asuntos sin interpretar lo que piensa el pueblo boliviano", agregó el Mandatario.
El encuentro entre autoridades de Gobierno y prefectos ratificados realizado en Palacio Quemado se instaló a las 06.00 y se levantó a las 09.00, luego de que el Mandatario manifestara que debe cumplir compromisos en su agenda.

Ejecutivo expresa decepción por convocatoria de Costas a elegir subgobernadores, el Gobierno expresó la noche del miércoles su decepción y frustración por la decisión del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, de convocar a elecciones de subgobernadores en momentos en que se inició un diálogo que busca superar la crisis política.
“(El Vicepresidente) ha expresado su decepción y su frustración, porque mientras prefectos vienen a dialogar, surge esos Ardiles que vienen a reiterar ésta actitud soberbia, rabiosa del prefecto Rubén Costas que no se presentó en la reunión pretextando estar mal de salud, pero con su haz bajo la manga acaba de emitir ésta resolución ilegal e inconstitucional”, manifestó el Ministro de Defensa.
El prefecto, Rubén Costas, aprobó este miércoles “una ley electoral” que convoca a elegir legisladores, subgobernadores y corregidores para el 25 de enero del 2009.

Prefectos opositores piden reponer el IDH como condición de dialogo, la autodenominada "media luna" condicionó esta noche al Poder Ejecutivo, el diálogo, a la reforma de la Constitución Política del Estado por el Congreso Nacional "como una opción" y la reposición del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) sin concretar ningún pacto fiscal.
Después de más de cinco horas de reunión reservada en Palacio Quemado el prefecto de Tarija, Mario Cossío, --que ofició como vocero de los prefectos de oposición-- dijo que "lamentablemente" no se llegó a un acuerdo en los temas centrales como la "restitución" del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la reforma constitucional.
El prefecto de Potosí, Mario Virreira, calificó como positivo el inicio del diálogo y expresó su esperanza de que hasta este jueves los prefectos contrarios puedan flexibilizar su posición para la instalación de las mesas técnicas encargadas de tratar el tema de autonomías constitucionales y del IDH a través de un gran pacto fiscal.
Aunque Virreira lamentó la contradicción de criterios que existen al interior de los prefectos de oposición, porque antes de la realización del referendo revocatorio, de 10 de agosto, hablaban de la necesidad de compatibilizar la nueva Constitución Política del Estado con las autonomías y un pacto fiscal, pero que ahora cambiaron de posición.
"Ya no hablan de un pacto fiscal y la nueva Constitución, sino de la devolución del IDH y una reforma constitucional que inviabiliza la aplicación de las propias autonomías, es por eso que veo una posición contradictoria, esperamos que hasta mañana (jueves) cambien de opinión", manifestó.

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Vicepresidente alerta sobre amenaza y llama al pueblo a detener a los “golpistas de traje y camisa” de Santa Cruz

El presidente interino, Álvaro García Linera, advirtió este viernes que se promueve en Santa Cruz desde su autodenominada Asamblea Legislativa un tipo de "golpismo" contra el Congreso Nacional de "traje y camisa".

No hay ningún problema si el grupo de personas autodesignadas como gobernador y asambleístas legislativos del “gobierno autónomo” de Santa Cruz usa esos nombres como una asociación privada. Pero si en algún momento estas personas autonombradas intentan ejercer sus cargos con facultades de derecho público estarán llevando adelante un golpe de estado al Congreso Nacional y se convertirán, “sin tapujos”, en golpistas que intentan asesinar a la democracia, advirtió el Vicepresidente de la República y presidente nato del Congreso Alvaro García Linera.

García Linera opina que la autonomía es una causa justa y no un abuso o destrucción de la institucionalidad.

El gobierno reiteró que no permitirá que ninguna acción ilegal surta efecto y advirtió a quienes actúan al margen de la ley que tarde o temprano, como cualquier autoridad o funcionario público, tendrán que responder por sus actos ante la justicia. “El golpismo congresal no va a pasar y las autoridades garantizaremos el cumplimiento de la CPE”.

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Gobierno congela cuentas de Prefectura cruceña por restringir datos al Sigma

El Gobierno congeló este jueves los recursos financieros de la Prefectura de Santa Cruz y eliminó las transferencias del Tesoro General de la Nación (TGN) debido a que esta institución se desconectó deliberadamente del Sistema de Administración de Recursos Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma), que controla la ejecución presupuestaria.

El ministro de Hacienda, Luis Alberto Arce, indicó que la Prefectura cruceña, sin ninguna explicación hace casi dos semanas, entre el 14 y 15 de abril dejó de suministrar información al Sigma, lo que impidió que el Gobierno Central conozca sus gastos sobre la aplicación de tesorería y ejecución presupuestaria

La tarde del miércoles una comisión del Ministerio de Hacienda se trasladó a la Prefectura cruceña con el objetivo de saber qué era lo que pasaba y a qué se debió la determinación asumida; sin embargo, los funcionarios no tuvieron acceso y no pudieron verificar las razones.

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Sucesos durante y después de los bloqueos de Camiri, Bolivia

Los camireños demandan la construcción de una planta de separación de líquidos, la refundación de YPFB, la instalación y el funcionamiento de la gerencia de exploración y explotación de hidrocarburos en la región, la reversión de 42 campos marginales a la administración de la estatal petrolera, entre otros.

En medio de una concentración de centenas de personas de la población en los predios de la casa parroquial de Camiri y bajo una intensa lluvia, a las 08.55 de este sábado se inició el diálogo entre la comisión gubernamental y dirigentes del Comité Cívico, en busca de una solución a las demandas de los camireños.(more)