Polémica decisión judicial en Bolivia suscita rechazo

La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Bolivia de transferir a Santa Cruz la investigación de hechos de terrorismo suscita hoy nuevas manifestaciones de rechazo.

Por su parte, el Ejecutivo ratificó que impulsará un juicio de responsabilidades a esos magistrados.

De acuerdo con Marcelo Sosa, fiscal que sigue el caso de una célula de extremistas neutralizada en abril último, se harán todas las gestiones para que los miembros detenidos de esa banda y sus financiadores respondan ante los tribunales.

Sosa adelantó a Prensa Latina que presentará un amparo constitucional para anular la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Para otros, como el líder del comité cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, la Corte solo cumplió con su papel de pasar a Santa Cruz el juicio por ser el lugar donde se perpetraron los supuestos delitos de terrorismo y separatismo.

Según el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, no es permisible que un proceso tramitado legítimamente en la ciudad sede del gobierno, sea remitido a una instancia departamental.

Subrayó que los hechos investigados estaban dirigidos a escindir el país mediante la creación de un clima de terror y derramamiento de sangre, y por tanto, debían ser analizados en su totalidad en La Paz, como se procedió desde el principio.

El pasado viernes, tres ministros y cuatro conjueces de la CSJ decidieron que el conflicto de competencias planteado sea resuelto por vocales de la instancia departamental de Santa Cruz.

Para Arce la actitud de algunos miembros del máximo órgano judicial está al margen de la ley, con el claro propósito de proteger intereses mezquinos, sectarios y oscuros, lo cual el gobierno no permitirá, dijo.

También el viceministro de Coordinación gubernamental Wilfredo Chávez, impugnó esta decisión que ha asumido la Corte y ratificó el juicio de responsabilidades por prevaricato a sus integrantes.

El Ejecutivo duda de la justicia de Santa Cruz, porque teme que sus letrados diluyan la investigación que prueba la relación de ricos empresarios de derecha de este departamento con el grupo de mercenarios bolivianos, croatas y húngaros.

El grupo armado, liderado por el croata-boliviano Eduardo Rozsa Flores -muerto en el operativo junto a otros dos cómplices- pretendía, desde esa oriental región, desestabilizar y dividir a la nación andina.

Por su parte, la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, dijo que el tribunal sólo cumplió la ley.

"No se tomó ninguna medida de fondo, lo único que se ha hecho es remitir a la Corte que corresponde", acotó.

Es lo que han venido reclamando líderes de Santa Cruz, que las investigaciones judiciales se lleven adelante en la región donde se han producido los hechos, señaló.
Prensa Latina

Dirigencia cruceña satisfecha por que el caso terrorismo va rumbo a la impunidad

Luego que la Corte Suprema de Justicia resolviera delegar las investigaciones del caso terrorismo a la Corte Superior de Santa Cruz, el juez cruceño Luis Tapia Pachi se declaró competente para llevar las investigaciones del caso terrorismo, por su parte el prefecto Rubén Costas mostró su satisfacción ante esta decisión y manifestó que el gobierno debe respetar las leyes y lanzó críticas al gobierno como normalmente lo hace, así mismo el presidente del comité cívico pro Santa Cruz, Luís Núñez, señaló estan satisfechos con la desición de la Suprema y que el caso terrorismo no debió salir nunca de Santa Cruz y también habló sobre un "complot contra las instituciones cruceñas".

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Fiscalía boliviana instruye detención de militar por caso terrorismo

El fiscal boliviano, Marcelo Sosa, que investiga el caso de una célula terrorista neutralizada en abril último, instruyó la detención hoy del teniente Miguel Santiesteban, acusado de suministrar explosivos a la banda.

De acuerdo con Sosa, el viernes último el militar activo no se presentó a declarar en la ciudad de Cochabamba, por lo que emitió la orden de aprehensión.

El uniformado es hijo del general en reserva, Gelafio Santiesteban, que junto a otros militares pasivos fue implicado por testigos con las acciones de terrorismo y los planes secesionistas, explicó Sosa.

Asimismo precisó que el nombre del militar aparece en la documentación encontrada en la computadora del boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, líder del grupo irregular abatido en el operativo del 16 de abril en el hotel cruceño Las Américas.

Soza advirtió que Santiesteban no puede ampararse en su institución, ya que en este caso actuó por sí solo y no a nombre del Ejército.

Santiesteban habría suministrado el explosivo plástico C4 y ofrecido instrucción militar al grupo extremista ista de Rózsa Flores.

"Así como el viernes presentamos fotografías en las que aparece el boliviano-húngaro Rózsa, acompañado del irlandés Michael Dwyer, y los dos húngaros Elót Tóasó y Daniel Gaspar, probablemente contando unos 20 mil dólares, hay varios nombres como el de un español y un paraguayo", reveló.

El español es un técnico en explosivos y el paraguayo, alias el "Paraguas", un proveedor de armas, los mismos son investigados, aseguró.

En el operativo del 16 de abril, también murieron Magyarosi Arpád (húngaro-croata) y Michael Martin Dwyer (irlandés), y fueron detenidos Mario Tadic (boliviano con pasaporte croata) y Elot Toasó (húngaro).

Dos días más tarde apresaron a Juan Carlos Gueder y al paraguayo Alcides Mendoza, miembros confesos de la Unión Juvenil Cruceñista, brazo de choque del opositor Comité Cívico de Santa Cruz.

Por su parte, una comisión investigadora de la cámara de diputados informó que este martes tomará declaraciones del húngaro Elot Toazo y también del ministro de gobierno, Alfredo Rada y el jefe de la Policía Nacional, general Víctor Hugo Cárdenas.
Prensa Latina

Inauguración Tercera fase gasoducto Carrasco Cochabamba - Morales: Confiscarán bienes a empresarios bolivianos vinculados a terrorismo separatista

Evo Morales anuncia la incautación de propiedades de empresarios implicados terrorismo - Bolivia apelará a tribunal de La Haya para que Perú revierta asilo de ex ministros de Sanchez de Lozada.

El presidente Evo Morales anunció el martes la incautación de las propiedades de los empresarios implicados en afanes separatistas, durante un acto de entrega de una red de gasoductos en el centro de Bolivia.

Confiscarán bienes a empresarios bolivianos vinculados a terrorismo

El gobierno boliviano podría confiscar todos los bienes de empresarios vinculados a una banda terrorista neutralizada en abril último en la región de Santa Cruz, anunció Palacio Quemado. De acuerdo con el propio presidente Evo Morales, la decisión será valorada este miércoles en las habituales reuniones de gabinete.

La víspera en Cochabamba, el mandatario señaló que el decreto está avanzado y busca sancionar a los hombres de negocios o medios de comunicación que aportaban recursos financieros para los extremistas con planes de magnicidio.

Morales argumentó que hay que defender la Patria en alusión a las acciones del grupo encabezado por el boliviano-croata Eduardo Rozsa Flores, dirigidas a dividir a la nación andina.

"No podemos permitir, nunca más, que algunas personas, algunos empresarios, puedan estar aportando para que venga gente del exterior a dividir Bolivia", remarcó el dignatario.

El pasado 16 de abril, en la ciudad de Santa Cruz, la Policía desarticuló un grupo terrorista.

En el operativo fueron abatidos Rózsa Flores (boliviano con ciudadanía húngara y croata), Arpad Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michel Martin Dwyer (irlandés), mientras que otros dos fueron detenidos y actualmente están recluidos en el penal de San Pedro de La Paz.

En una entrevista realizada en 2008 y que presentó la fiscalía, Rosza anunció que viajaría a Bolivia para ayudar en la autodefensa de Santa Cruz, incluso, en la proclama de la independencia del oriental departamento.

Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, a base de los testimonios recogidos de los implicados, este grupo fue articulado y era financiado por algunos empresarios, cívicos y políticos, entre los que se encontrarían el prefecto, Rubén Costas y el ex presidente del Comité pro Santa Cruz Branko Marinkovic.

lac/ga
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