Juez dispone medidas sustitutivas para ex presidente de El Mutún

El juez primero de Instrucción en lo Penal, Carlos Guerrero, determinó el jueves medidas sustitutivas a la detención preventiva para el ex presidente de la Empresa Siderúrgica El Mutún (ESM), Guillermo Dalence, investigado por un sobreprecio de 1.2 millones de dólares en la compra de terrenos al este de Santa Cruz.

"A pesar de solicitar la detención preventiva para el imputado y la justificación de riesgos procesales de la fuga y la obstaculización, el juez dentro del marco de su competencia determinó las medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del acusado", informó el fiscal, Prudencio Flores.

Después de una audiencia reservada, el Fiscal explicó que el imputado será arraigado, no podrá salir del país, deberá presentar dos testigos y deberá firmar un libro de registro todos los lunes.

También está prohibido de comunicarse con determinadas personas para no entorpecer la investigación de la compra de predios para la concesión de la ESM, con un sobreprecio de 1.2 millones de dólares.

"El juez no tomó en cuenta lo básico de la imputación, que en la compra de los 18 predios existe sobreprecio de 1.2 millones de dólares porque de acuerdo a la Superintendencia Agraria el precio de las 2.500 hectáreas es de 46.000 dólares y no 2.1 millones de dólares", remarcó.

Develó que de la suma total se pago el 80% a favor de los ganaderos de Puerto Suárez que vendieron sus predios.

El Fiscal anunció que citará a más de 32 personas, entre los propietarios afectados, los directorios de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y de la Siderúrgica de El Mutún.
ABI

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Detención de Nelson Vaca supuesto ganadero que es traficante de tierras, madre y organizador de grupos armados en la amazonía

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, reveló el viernes que el supuesto agricultor ganadero, Nelson Vaca Gutiérrez, detenido el jueves por el Ministerio Público, está acusado en la justicia como un traficante de tierras, madera y organizador de grupos armados, que amedrenta a las comunidades campesinas que lo denuncian. "El señor Nelson Vaca no se si en algún lugar pueda ser agricultor o ganadero, lo que nosotros conocemos es que esta implicado desde varios años, en la provincia Marbán del departamento del Beni, en el tráfico de tierras, el cuartoneo o pirateo de la explotación ilegal de la madera".

Vaca fue imputado por sedición y hoy va a medidas cautelares

El Ministerio Público ordenó la aprehensión porque el ´empresario´ no se presentó a declarar en dos oportunidades.

Luego de varias horas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Nelson Vaca Gutiérrez, aprehendido el jueves en Santa Cruz por orden fiscal, fue imputado ayer por la tarde por la comisión de los delitos de destrucción o deterioro de los bienes del Estado, la riqueza nacional y sedición.

El aprehendido fue trasladado a una de las oficinas del cuarto piso de la repartición policial, temprano por la mañana, para evitar el contacto con los medios de comunicación, luego de ser transportado por tierra desde Santa Cruz durante toda la noche del jueves.

El fiscal asignado al caso, Carlos Fiorilo, llegó cerca de las 14.30 horas a la FELCC para tomar su declaración informativa, puesto que el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, presentaron la acusación del caso por tala ilegal de madera y tráfico de tierras. (leer más)

Fiscalía boliviana instruye detención de militar por caso terrorismo

El fiscal boliviano, Marcelo Sosa, que investiga el caso de una célula terrorista neutralizada en abril último, instruyó la detención hoy del teniente Miguel Santiesteban, acusado de suministrar explosivos a la banda.

De acuerdo con Sosa, el viernes último el militar activo no se presentó a declarar en la ciudad de Cochabamba, por lo que emitió la orden de aprehensión.

El uniformado es hijo del general en reserva, Gelafio Santiesteban, que junto a otros militares pasivos fue implicado por testigos con las acciones de terrorismo y los planes secesionistas, explicó Sosa.

Asimismo precisó que el nombre del militar aparece en la documentación encontrada en la computadora del boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, líder del grupo irregular abatido en el operativo del 16 de abril en el hotel cruceño Las Américas.

Soza advirtió que Santiesteban no puede ampararse en su institución, ya que en este caso actuó por sí solo y no a nombre del Ejército.

Santiesteban habría suministrado el explosivo plástico C4 y ofrecido instrucción militar al grupo extremista ista de Rózsa Flores.

"Así como el viernes presentamos fotografías en las que aparece el boliviano-húngaro Rózsa, acompañado del irlandés Michael Dwyer, y los dos húngaros Elót Tóasó y Daniel Gaspar, probablemente contando unos 20 mil dólares, hay varios nombres como el de un español y un paraguayo", reveló.

El español es un técnico en explosivos y el paraguayo, alias el "Paraguas", un proveedor de armas, los mismos son investigados, aseguró.

En el operativo del 16 de abril, también murieron Magyarosi Arpád (húngaro-croata) y Michael Martin Dwyer (irlandés), y fueron detenidos Mario Tadic (boliviano con pasaporte croata) y Elot Toasó (húngaro).

Dos días más tarde apresaron a Juan Carlos Gueder y al paraguayo Alcides Mendoza, miembros confesos de la Unión Juvenil Cruceñista, brazo de choque del opositor Comité Cívico de Santa Cruz.

Por su parte, una comisión investigadora de la cámara de diputados informó que este martes tomará declaraciones del húngaro Elot Toazo y también del ministro de gobierno, Alfredo Rada y el jefe de la Policía Nacional, general Víctor Hugo Cárdenas.
Prensa Latina

Jueza Siles ordena detención para cinco implicados en caso YPFB y Catler

La jueza Marcela Siles ordenó el jueves por la noche la detención preventiva de cinco implicados en el caso de corrupción detectada en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entre ellos un representante de la empresa Catler Uniservice, Miguel O’Connor D’Arlach, contratada para erguir un planta hidrocarburífera en el sudeste de Bolivia.

"Como parte querellante de la estatal petrolera hemos visto con mucha objetividad y equidad la resolución de la jueza, toda vez que estas personas tuvieron una directa participación en el contrato ilícito YPFB-Catler, la coima, el atraco y muerte de Jorge O´Connor D´Arlach Taborga, el 27 de enero", expresó la abogada de YPFB, Mónica Ramírez, en declaraciones a la ABI

El contrato para la construcción de una procesadora de líquidos de gas natural en la localidad de Río Grande, por 86 millones de dólares, fue protestado por la intervención en YPFB, a cargo de Carlos Villegas.

"El representante de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Edward Mollinedo, justificó con mucha objetividad que el dinero estaba destinado a una coima a favor de Santos Ramírez", destituido presidente de YPFB, principal sospechado de corrupción y acusado de peculado, puntualizó Ramírez.

Los cinco imputados por los delitos de contrato lesivo al Estado y cohecho activo son, además de Miguel O´Connor D´Arlach -hermano de Jorge, propietario de Catler Uniservice, asesinado por pistoleros en una calle de La Paz a principios de enero y a quien le fueron arrebatatados 450.000 dólares en efectivo, destinados a un soborno para Ramírez- Mario Cossío Macgalen, Frankin Gonzalo Aramayo Navia, Javier Navia Doria Medina y Fernando Córdova Santibáñez.

La juez Siles determinó la detención preventiva como mecanismo precautorio para que los imputados no obstaculicen o influyan en forma negativa en la investigación en la etapa preliminar, explicó Ramírez.

La abogada de YPFB consideró que la medida tendía, de otra parte, a alejar el riesgo de fuga.
ABI

Bolivia: Impunidad - Conalde interrumpe el diálogo luego de la detención de activista cívico

La oposición abandonó temporalmente el diálogo con el Poder Ejecutivo instalado hace más de dos semanas en Cochabamba, en protesta por las detenciones de activistas y dirigentes cívicos implicados en asaltos a entidades públicas, tomas de plantas petroleras y otros delitos.

La decisión de los prefectos surgió luego de la captura de aquel dirigente cívico tarijeño acusado por el Gobierno de participar en un atentado contra el gasoducto de exportación de gas perpetrado durante las protestas de septiembre pasado que fueron vinculadas a un proceso conspirativo.

Según Cossío, esa aprehensión “viola” uno de los puntos del acuerdo suscrito con las principales autoridades nacionales, el pasado 16 de septiembre que dio lugar al proceso de diálogo instalado el 18 de septiembre, por lo que solicitó al presidente, Evo Morales, manifestarse al respecto.

Sin embargo, en La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, señaló que Vaca fue detenido en marco de la ley, pues poseen pruebas de la participación de ese ciudadano en atentados terroristas contra gasoductos.

Además, el ministro de Estado ratificó que el apresamiento se realizó de la forma correcta, y no se trató de un “secuestro” como aseguran algunos medios nacionales de prensa.

Pese a esto, el Prefecto tarijeño demandó al presidente Morales cumplir con los acuerdos suscritos, aunque quedó en claro que el Gobierno aseguró, antes de la firma de ese documento, que la ley no será negociada.

El juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Willams Dávila, decidió este jueves recluir de forma preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz al cívico y funcionario de la Prefectura de Tarija, José Germán Vaca Ortiz, acusado principal de atentar al gasoducto Yacuiba - Río Grande.

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La Paz, 2 Oct (Erbol).- Un segundo activista cívico tarijeño opositor al gobierno de Evo Morales llegó detenido la tarde de este jueves a la ciudad de La Paz, después de que dos horas antes José Vaca, otro de los implicados en el atentado al gasoducto Yacuiba – Río Grande, fuera encarcelado de manera preventiva en el penal de San Pedro.

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