Contralor denunció que el PNUD se convirtió en una agencia de empleos de la prefectura de Tarija

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se convirtió en una especie de agencia de empleo de la prefectura de Tarija, por cuya acción recibió una comisión de un millón y medio de dólares, reveló el martes el Contralor interino Gabriel Herbas.

El funcionario informó que esa irregularidad está establecida en una auditoría realizada a la gestión 2006 del prefecto Mario Cossío.

"Los convenios suscritos en la actualidad con el PNUD no se adecuan a los acuerdos de aquellos años, debido a que la prefectura del departamento de Tarija no recibe recursos financieros para la ejecución de sus proyectos; más al contrario la prefectura de Tarija trasfiere recursos al PNUD provenientes de regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)", explicó Herbas.

Agregó que esos recursos entregados por la prefectura fueron para la adquisición de bienes y servicios "actuando el PNUD como agente de compras y administradora de recursos, cobrando para el efecto comisiones del 13,5 por ciento, beneficiándose además con el cobró del valor de los pliegos y pagos del alquiler de sus oficinas por parte de la prefectura".

La Prefectura de Tarija -explicó Herbas- entregó al PNUD un total de 126 millones de bolivianos (1,5 millones de dólares) para la contratación de equipos y personal.

De ese monto, la auditoría estableció que se ejecutaron 36 millones de bolivianos y se ignora lo que sucedió con 80 millones de bolivianos, "los cuales se encuentran en el limbo".

El Contralor interino reveló también que el PNUD se niega a someterse a una auditoría por su condición de organismo internacional y argumentó en una solicitada que cualquier explicación debe ser brindada por la prefectura de Tarija.

Por esta razón, dijo que su despacho inicio los trámites a través de la Cancillería para que el PNUD responda a estas denuncias.

Aunque aclaró que puede ser que no sea el PNUD como entidad la culpable de esta irregularidad, sino la regional que opera en Tarija.
jvv/rsl ABI

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Investigación de atentado dinamitero a gasoducto de Villamontes involucra más a prefecto Cossio

A la cabeza del Fiscal Felix Romano este pasado miércoles se realizó la reconstrucción del atentado a la válvula de la empresa Transierra en villamontes ocurrido el 9 de septiembre del año 2008, los imputados Felipe mosa, cívico de villamontes y los actividas Carlos Alberto Zeballos y Carlos Roda, en calidad de testigos Reynaldo Bayar, Gonzalo Salazar y José Vaca este último fue sindicado de participar directamente en los atentados por los imputados y testigos.

En el transcurso de la reconstrucción los imputados y parte de los testigos volvieron a involucrar al prefecto de Tarija Mario Cossio quién habría dado la orden de volar esta válvula mediante Adrian Oliva asesor de la prefectura de Tarija. El ex presidente del comité cívico de Tarija Reynaldo Bayard involucró mas al prefecto Mario Cossio hasta el punto de que habría existido un compromiso económico para las personas que habrían realizado el atentado.

Los técnicos de YPFB y Transierra coinciden en que se dejó de enviar aproximadamente 60 millones de pies cúbicos por los cuatro días que tomó la reparación de esta válvula que conecta el gasoducto de la planta de san alberto con una planta de compresión para su envío al Brasil.

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Bolivia: Impunidad - Conalde interrumpe el diálogo luego de la detención de activista cívico

La oposición abandonó temporalmente el diálogo con el Poder Ejecutivo instalado hace más de dos semanas en Cochabamba, en protesta por las detenciones de activistas y dirigentes cívicos implicados en asaltos a entidades públicas, tomas de plantas petroleras y otros delitos.

La decisión de los prefectos surgió luego de la captura de aquel dirigente cívico tarijeño acusado por el Gobierno de participar en un atentado contra el gasoducto de exportación de gas perpetrado durante las protestas de septiembre pasado que fueron vinculadas a un proceso conspirativo.

Según Cossío, esa aprehensión “viola” uno de los puntos del acuerdo suscrito con las principales autoridades nacionales, el pasado 16 de septiembre que dio lugar al proceso de diálogo instalado el 18 de septiembre, por lo que solicitó al presidente, Evo Morales, manifestarse al respecto.

Sin embargo, en La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, señaló que Vaca fue detenido en marco de la ley, pues poseen pruebas de la participación de ese ciudadano en atentados terroristas contra gasoductos.

Además, el ministro de Estado ratificó que el apresamiento se realizó de la forma correcta, y no se trató de un “secuestro” como aseguran algunos medios nacionales de prensa.

Pese a esto, el Prefecto tarijeño demandó al presidente Morales cumplir con los acuerdos suscritos, aunque quedó en claro que el Gobierno aseguró, antes de la firma de ese documento, que la ley no será negociada.

El juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Willams Dávila, decidió este jueves recluir de forma preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz al cívico y funcionario de la Prefectura de Tarija, José Germán Vaca Ortiz, acusado principal de atentar al gasoducto Yacuiba - Río Grande.

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