El presidente Evo Morales informó la mañana de este miércoles que promulgó, después de cuatro días de ser sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ley que nacionaliza el contrabando de vehículos indocumentados y recomendó a los propietarios de los mismos hacer su registro por internet en los próximos 15 días.
El mandatario, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, reconoció que hubo problemas por eso es que se gestó la norma en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Tenemos un problema en la Asamblea hay que reconocer una vez promulgada (La Ley) tenemos que combatir la internación de autos indocumentados", apuntó el gobernante.
Aseguró que efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía y Aduana, deberán hacer el control respectivo para combatir el ingreso de estos motorizados ilegales. Erbol
Evo promulga Ley de legalización de vehículos indocumentados
Autos chutos: Denuncian a Ávalos y Surco ante la Fiscalía por fomentar el contrabando
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Choferes anuncian paro de 24 horas por la legalización del contrabando de “chutos”
La Paz, 8 Jun (Erbol).- La Confederación de Choferes de Bolivia anunció para el lunes de la próxima semana un paro movilizado de 24 horas en protesta por la promulgación de la ley que legaliza los vehículos “chutos” que ingresaron al país vía contrabando.
Rige la ley de amnistía para los chutos; más de mil ya están en lista de espera
Tras promulgarse la ley que legaliza los vehículos chutos, la Aduana inició ayer el registro masivo de estos motorizados y estableció cuatro restricciones para acceder al beneficio. Al menos 1.380 unidades ya están en espera de su nacionalización.
La norma fue promulgada ayer por el presidente Evo Morales a pesar del rechazo de diversos sectores públicos y privados. Morales remarcó que con la sanción se “cumple” con una ley que fue elaborada “por iniciativa de la Asamblea” Legislativa. “La ley de carros indocumentados ya está promulgada y no hay nada que debatir”, sentenció.
“El Presidente no está tan de acuerdo. No sé cómo lo están convenciendo”, reveló una fuente del gobernante MAS respecto al todavía proyecto de ley de legalización de vehículos indocumentados, más conocido como “ley de chutos”, el cual ya fue sancionado por la Asamblea Legislativa y sólo espera la firma del Jefe del Estado, Evo Morales.
“Hay diferencias en el gabinete sobre este tema, no todos los ministros están de acuerdo; ya lo han discutido y sigue la disidencia; uno de ellos (Luis Arce) ha señalado su desacuerdo públicamente”, indicó otra fuente de Palacio de Gobierno.
Una asambleísta del MAS informó a Erbol que “es inexplicable el retraso (en la promulgación)” debido a que “día que pasa es día que entran más autos chutos al país para ser nacionalizados ¿o será que quieren que haya más autos ilegales para que haya más ingresos?”.
Otra fuente muy allegada al gobierno reveló que el dilema “es la imagen del gobierno, particularmente del Presidente” y aseguró que hay un temor de que “se desgaste el apoyo popular; como sabes, hermano, la ley de chutos incomoda a una gran mayoría; si quieren (los del gobierno) pueden hacer una encuesta sobre este tema, ahora que tienen un equipo de encuestadores”.
De acuerdo con los datos recabados por Erbol en el Puerto de Iquique, Chile, las tiendas de vehículos venden alrededor de 1.000 autos cada día, de los cuales al menos un 80 por ciento entra a territorio boliviano como contrabando con el objetivo de ser legalizado, gracias a la Ley que está a punto de promulgar el Presidente Morales. Erbol
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Denuncian a Ávalos y Surco ante la Fiscalía por fomentar un delito: el contrabando
Sucre, 7 Jun (Erbol).- Los diputados de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro y Elizabeth Reyes, plantearon hoy ante el Fiscal General del Estado, Mario Uribe, una denuncia penal contra los senadores oficialistas Isaac Ávalos y Fidel Surco, por haber impulsado y proyectado la Ley que permite la nueva legalización de autos chutos.
El proyecto de ley que el MAS impulsa para la legalización de los vehículos “chutos”, que pretende recaudar unos 100 millones de dólares, provocó ayer críticas de los empresarios y del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que dijeron que la medida defrauda a los sectores que creyeron que en Bolivia se acabó el incentivo al delito.
Advirtieron que si la amnistía es aprobada, sólo habrá más contrabando y será una acción contradictoria con la misión fundamental de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).
El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, explicó que la determinación de la bancada del MAS en el Senado de promover el “perdonazo” tiene dos facetas, “una de cal y otra de arena”. “Habrá quienes se sientan satisfechos de haber sido premiados por delinquir, mientras que otros defraudados porque en un proceso de cambio se están haciendo lo que los gobiernos neoliberales hicieron en su momento”, apuntó.
Rodríguez agregó que “nacionalizar” más de 50 mil “chutos” diseminados en todo el territorio nacional, representa un premio a los contrabandistas; y sobre todo, un incentivo a continuar cometiendo el delito de contrabando porque el proyecto de ley establecería un tiempo de cinco meses para la regularización, periodo que sería aprovechado para internar al país más vehículos ilegales.
Para el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Carlos Flores, legalizar vehículos “chatarra” sería un grave atentado al medio ambiente y la seguridad ciudadana en carreteras, además de representar un incentivo a la informalidad y un castigo a las empresas importadoras legalmente establecidas.
Situación
Flores indicó que un gran porcentaje de los 50 mil vehículos estimados por el senador Isaac Ávalos, quien impulsa el proyecto de ley, circulan en el trópico de Cochabamba donde no existe control alguno de parte de la Aduana Nacional, el Control Operativo Aduanero (COA) o la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove).
Informó que la Registro Único de Administración Tributaria (RUAT) identificó cuatro zonas en Bolivia donde está la mayoría de los vehículos “chutos”: las provincias de Yungas de La Paz, el trópico cochabambino, poblaciones fronterizas en oriente y la frontera con Chile.
Rodríguez y Flores coincidieron en que detrás del proyecto de ley está la urgencia gubernamental de recaudar para tapar el “agujero” fiscal y recuperar la simpatía de algunos sectores sociales.
Se estima que con la amnistía el Estado podría captar unos 100 millones de dólares.
Recordaron que hace tres años, en noviembre de 2008, la decisión de restringir el ingreso de vehículos con antigüedad mayor a cinco años provocó enfrentamientos entre importadores de autos usados y trabajadores de las zonas francas con el Estado, con el saldo de un muerto.
Justifican la medida
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, que redactó el proyecto de ley para regularizar la situación legal de los vehículos “chutos” rechazó las críticas a la medida.
“Tienen que entender que se beneficiará a gente humilde de la provincias y lo más importante es que será por única vez”, indicó.
El asambleísta informó que ayer entregó el proyecto a la Comisión de Hacienda, Política Económica y Crediticia del Senado para su consideración en la perspectiva de que la próxima semana sea remitido al pleno camaral para su tratamiento. Anunció que se espera la promulgación para dentro de tres a cuatro semanas.
“Se trata de nacionalizar todos los vehículos que hayan en el territorio boliviano, excepto los robados y aquellos chocados que ya no sirven”, señaló Ávalos.
El borrador del proyecto consta de ocho artículos y prevé la “nacionalización” de todos los vehículos en el territorio nacional.
También incluye la participación de la Unidad Operativa de Tránsito, Diprove y la Aduana Nacional de Bolivia.
Los motorizados que sean a motor de gasolina tendrán una multa del 25 por ciento sobre el avalúo que se haga de parte de la Aduana. Mientras que los motores a diésel serán sancionados con un 50 por ciento del total del avalúo, señala el proyecto. LosTiempos.com
El azúcar que sale sin control vale el doble en el Perú
A plena luz del día y sin ningún control, productos bolivianos como azúcar, arroz, soya y harina —cuyas ventas al exterior están restringidas— son comercializados libremente en la frontera con Perú, en la población de Desaguadero.
Cada martes y viernes, en ambos lados de la frontera, se instalan ferias donde se expende todo tipo de productos. En el lado boliviano, decenas de hombres descargan de los camiones azúcar (en mayor cantidad), arroz, soya y harina. Los productos son cargados en los denominados “tricitaxis” y posteriormente trasladados hasta orillas del río Desaguadero.
Para llegar hasta ese lugar se debe cruzar el pueblo. Casi en todas las calles se forman trancaderas de “tricitaxis” llenos de alimentos que trasladan entre 10 y 15 quintales de estos productos. Las personas deben dar paso si no quieren ser atropelladas o recibir un fuerte grito de los jóvenes que llenos de sudor apresuran su marcha.
En el río esperan balsas que hacen cruzar la mercadería al lado peruano. La separación es de apenas unos 60 metros. Una vez en el lado peruano, otros cargueros recogen los quintales y los trasladan hasta otros camiones que reciben la mercadería boliviana.
Prohibición. Los decretos supremos 29460, 29524, 373, 435, 453, 501 y 671 prohíben y/o restringen la exportación de trigo, arroz, azúcar, caña de azúcar, maíz y soya, así como sus derivados. También está restringida la exportación de aceite en bruto de soya, aceite refinado de soya, aceite crudo de girasol y aceite refinado de girasol. A esas restricciones se suman la chancaca y el maíz para la siembra.
Sin embargo, en Desaguadero es muy fácil encontrar almacenes llenos de productos que escasean en La Paz o en otras ciudades capitales. La escasez de azúcar es particularmente crónica en el país. Los ingenios atribuyen el desabastecimiento del producto a la reactivación del contrabando hacia las naciones vecinas.
En la localidad boliviana hay dos estaciones de servicio, aunque sólo funciona una, en la otra reza un letrero que dice “en venta”. Una larga fila de camiones que trasladan los productos así como otra de cisternas rodean la estación. Algunos vehículos de alto tonelaje van “directo a Santa Cruz”, como señalan sus avisos.
En una de las plazas de Desaguadero (Perú) se expenden frutas, como peras, mangos, ciruelos. Las comerciantes dicen que la fruta proviene de Perú. Ahí también se encuentra azúcar, arroz y fideos que se venden por kilo. Algunas comerciantes también venden jugos de frutas de la PIL. De Perú ingresan a Bolivia verduras y otros productos terminados.
Comercio. En la feria peruana hay variedad de productos. Ahí se expenden medias, ropa, bañadores, bidones, mangueras. Además, hay una calle para la venta de películas, música y otro tipo de material en CD. En este lado, los comerciantes bolivianos hacen pasar sus productos por el paso terrestre y a partir de las 15.00 los buses y minibuses retornan a La Paz cargados de mercadería.
Vecinos se organizan
Ingresar con un vehículo particular y desconocido al pueblo genera la curiosidad de los vecinos que se comunican rápidamente e inspeccionan con la mirada los pasos de los extraños que consideran sospechosos de ser informantes.
Ni policías ni militares revisan la mercadería
Después de recorrer 77 kilómetros desde El Alto, los soldados de la localidad de Guaqui piden a los pasajeros que desciendan del vehículo. Las personas bajan y muestran su carnet de identidad. Después de una revisión de segundos, pasan. A algunos ni siquiera les piden el documento.
El siguiente puesto de control está en la tranca de Desaguadero, a 100 kilómetros de El Alto. Allí, los policías controlan de forma discontinua a algunos vehículos, piden la identificación personal, pero no hacen ningún tipo de verificación del interior del motorizado.
Hasta ahí llega la presencia policial y militar. En el pueblo de Desaguadero, a un kilómetro de la tranca no se ve a ningún uniformado, por lo menos en los días de feria. El único control que hay es un par de guardias de uniforme azul que tienen inscritos en sus chamarras el rótulo de “Seguridad Ciudadana” y se ubican en los lugares estratégicos por donde pasa la mercadería. La Razón
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Puerto Acosta, BOLIVIA 28 DIC (ABI).- El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, destacó que fue elegido por el pueblo "con el mandato de servir al país y no para servirse del poder o a otros intereses".
En una concentración pública en esta localidad del altiplano de La Paz, cercano a la frontera con Perú, el Jefe de Estado destacó que "quien no vive para servir, no sirve para vivir".
Héctor Arce ratifica que gobierno de Morales "es profundamente popular"
La Paz, 28 dic (ABI).- El titular de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, ratificó el martes que el gobierno del presidente Evo Morales es "profundamente popular" y que la nivelación del precio de los combustibles no busca dañar a la población, sino resguardar la economía del país.
Evo: fuimos burlados por el contrabando de combustible en burros, llamas y mulas
“Dicen que la política del gobierno ha fracasado y por eso se subió el precio del combustible. No, estamos subiendo para que no se vaya afuera la gasolina, pues con las Fuerzas Armadas (FFAA) hemos intentado controlar el contrabando (…) pudimos agarrar a los que llevaban (el combustible) por cisternas. (Pero) algunos se lo llevan a pie, como en Cobija, en botellas de Coca Cola, con una (botella los contrabandistas) tienen para comer dos a tres días. Tengo la información que se llevan (el carburante) en burro, llama y mula, no se puede controlar”, sentenció el mandatario en la entrega de cheques para proyectos en el municipio de Puerto Acosta del departamento de La Paz.
Comando conjunto incautó mas de 40 mil lts de diesel
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FF-AA y Aduana boliviana arrecian medidas frente a contrabando
29 de marzo de 2010, 17:12La Paz, 29 mar (PL) La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y las Fuerzas Armadas acordaron hoy acciones conjuntas para enfrentar el contrabando en frontera de combustible y alimentos.
La Cámara de Diputados aprobó el jueves, por simple mayoría, el informe del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre el presunto contrabando de 33 camiones con mercadería en Pando que imputa a ejecutivos de la Aduana Nacional y del Comando Operativo Aduanero (COA), que será entregado al Fiscal de la República para los fines pertinentes de ley.
Según el diputado Eduardo Zavaleta, presidente de la Comisión Especial Legislativa que investigó el caso, el informe pasará "a manos de la Fiscalía General de la República para que inicie los procesos correspondientes, sin perjuicio de que esa autoridad amplíe las investigaciones a otros presuntos responsables".
El informe, que fue presentado por los legisladores oficialistas Edgar Valeriano, Ricardo Ayllón, Antonio Sánchez y José Pimentel, se impuso con 56 votos, frente a los 31 que obtuvo el informe de la oposición y 6 para el documento presentado por Zavaleta. Los votos en blanco sumaron 3.
El documento imputa formalmente por la comisión de delitos e incumplimiento de deberes al teniente Cristian Deheza Lugones (COA), al general Cesar López Saavedra, ex presidente de la Aduna Nacional; a Luís Fernando Sánchez, gerente general de la Aduna Regional de La Paz y Mario Vásquez Peñaranda, ex administrador de Aduana de Cobija.
Asimismo, deslinda de toda culpa y responsabilidad al prefecto interino del departamento de Pando, Rafael Bandeiras y a los ministros de Estado, Ramón Quintana, Wálker San Miguel y Héctor Arce, por no existir ningún indicio en contra de ellos.
En el caso del ministro Quintana el informe aprobado en el plenario de la Cámara de Diputados establece que, si bien tomó conocimiento del conflicto aduanero y sostuvo reuniones con comerciantes y autoridades del Gobierno, su posible implicación "sólo pasa por la aseveración del ex presidente de la Aduana, en sentido de que el titular de despacho de la Presidencia habría autorizado el paso de los 33 camiones".
"Esta afirmación no pudo ser corroborada ni demostrada a lo largo de la investigación, ni testimonial ni documentalmente. En consecuencia, no se encontró ningún elemento de convicción que permita concluir en la existencia del indicio de responsabilidad administrativa ni penal en contra del Ministro de la Presidencia", puntualiza el documento.
Sobre la responsabilidad de Sánchez y Vásquez se les establece responsabilidad administrativa por la contravención de la Ley General de Aduanas, el Código Tributario e indicios de responsabilidad penal por el delito de incumplimiento de deberes.
El documento aprobado por la Cámara de Diputados deslinda responsabilidades del Comando Conjunto al señalar que "no se encuentra ningún elemento que constituya indicios de responsabilidad penal o administrativa en contra del comandante y miembros del Comando Conjunto".
La Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara Baja presentó tres informes al pleno camaral, después de casi 8 meses de un proceso investigativo. ABI
El Ministro Quintana adelantó mostrarle al país un informe sobre contrabando en Pando en los últimos años, éste infome era muy esperado porque comprometía a varios senadores, diputados, cívicos, organizaciones no gubernamentales e incluso medios de prensa.
II.
III.(La parte más interesante)
Ministro Quintana pide investigar su patrimonio e invita a opositores hacer lo mismo, pero estos se irritan y voicotean informe de contrabando en Pando.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, renunció este lunes al secreto bancario para que se investigue su patrimonio financiero e invitó a sus detractores que lo vinculan a un supuesto contrabando de mercadería, contenida en 33 camiones en Pando, a asumir una medida similar a fin de transparentar la función pública.
La invitación fue realizada ante la Comisión Especial de la Cámara Baja que investiga ese supuesto ilícito; ocasión en la que hizo pública su decisión de poner a disposición de los investigadores, que por ley corresponda, sus tres cuentas bancarias y todos sus bienes inmuebles.
También expresó su solicitud a la Contraloría General de la República (CGR) para que entregue su declaración jurada y de otorgar a dicha Comisión toda la libertad para que investiguen la procedencia de su patrimonio.
"Como me estoy poniendo a su disposición () quiero pedirle al diputado Arturo Murillo (UN) a que replique este acto de transparencia, pero no solamente a él, también al jefe de su partido político, al señor Samuel Doria Medina", dijo Quintana.
"Le pido Presidente (de la Comisión) que los senadores del departamento de Pando hagan lo propio, que le expliquen al país y que se pongan a disposición de su Comisión para que se investigue sus fortunas", manifestó.
El Ministro de la Presidencia aclaró que esa demanda lo hacía inspirado en los principios que guían el proyecto de ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz que desde hace meses se encuentra congelada en la Cámara de Senadores, controlado por la oposición.
En el acto por el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción celebrado este martes en Palacio de Gobierno, el presidente Evo Morales expresó su molestia con algunos medios de prensa que pretenden vincularlo en un contrabando de 33 camiones en Pando.
El mandatario denunció que los medios de información privados mienten y acusan sin pruebas; sobre las acusaciones de supuestos actos de corrupción en contra de su Gobierno dijo que buscan ocultar el informe de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), sobre la masacre de campesinos en Pando, y expresó su pleno respaldo al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que fue acusado de proteger a contrabandistas.
El Jefe de Estado se refirió a varios casos en los que una gran mayoría de medios de prensa, afín a la oposición publicaban sin sustento sólido acusaciones en contra de su gestión gubernamental.
"Lamentablemente alguna gente corrupta no acepta que el Gobierno Nacional enfrente a la corrupción, acusaciones tras acusaciones, inventar un subteniente detenido en Yacuiba, y qué decían los medios de prensa en primeras planas: ‘Terrorismo de Estado’, "Terrorismo desde el Palacio", recordó.
Se refirió a que durante tres semanas algunos medios publicaron que el "Gobierno es terrorista", pero "cuando los cívicos y prefectos opositores actuaron con violencia y hasta con actos delictivos, no cuestionaron nada esas acciones. Ahí nos podemos dar cuenta quiénes son los verdaderos terroristas, ahí están los periódicos", insistió el gobernante.
Mencionó el caso de la masacre en Pando donde esos medios difundieron una serie de extremos, según el Presidente, para ocultar esos hechos sangrientos así como imágenes que mostraban como los sicarios de la Prefectura pandina masacraron a los campesinos.
En una primera instancia nunca le dieron la voz a los campesinos, huérfanos, viudas, pero sí una amplia cobertura a los que atacaron y masacraron, dijo.
"Cuando Unasur dice, después de una investigación, 12 países por unanimidad, lo que hubo en Porvenir fue genocidio, fue masacre, al día siguiente dicen que el ministro (Juan Ramón) Quintana había autorizado telefónicamente liberar a los contrabandistas, dice, telefónicamente", lamentó.
El Mandatario dijo que los medios publicaron la mentira de que el Gobierno había recibido de Venezuela 6.000 millones de dólares, luego manifestaron que se sacaron de Pando rumbo a Venezuela, soldados venezolanos muertos.
"Semejante acusación era simplemente para desviar la masacre, el genocidio en Porvenir, Pando", develó el Jefe de Estado.
En ese contexto, Morales preguntó: ¿dónde estaban los cinco venezolanos muertos, viudas y huérfanos venezolanos? que supuestamente habían caído en Porvenir, cuando nunca se pudo comprobar ese extremo.
"No encontraron nada, claro, esa oposición acusa y acusa solamente para desviar a la opinión pública", añadió.
A esta sarta de especulaciones, aseguró el Presidente de la República, se sumó el hecho de que los opositores, a través de los medios de prensa que controlan, acusaron al ministro Juan Ramón Quintana de haber entregado 5 millones de dólares al ejecutivo de los campesinos bolivianos, Isaac Ávalos.
Otro caso de manipulación de la verdad que mostró Morales fue cuando apedrearon en Riberalta un avión venezolano con el pretexto de que en su interior transportaba armas.
"Pero la Policía de Brasil dice que en el avión venezolano no habían armas; mentira y tras mentira", recopiló resumidamente las versiones propaladas por la oposición a través de sus medios de prensa.
Además recordó cuando comenzó a gobernar el país el 22 de enero de 2006, permanentemente se decía que hay corralito bancario, hay una corrida de depósitos para asustar a la gente y debilitar a su gestión. "Luego hablaron de inflación y que este año iba a llegar a más del 25 por ciento, cuando se está cumpliendo la meta del 12 por ciento", subrayó.
"Los periódicos qué decían, la inflación va a ser la tumba del indio, de Evo Morales, este año la inflación será de 25 por ciento, qué nos diga la oposición dónde está la inflación de 25 por ciento, de 20 por ciento, ahí están los periódicos, qué mentira", criticó.
"Saben compañeras y compañeros, cuando no pueden, como dicen, hay que tumbar al indio, cualquier cosa inventan", afirmó, al criticar el accionar irresponsable de la oposición "que utiliza a la prensa" para amplificar esas versiones y afectar su gestión gubernamental.
ABI.- La Aduana Nacional de Bolivia incautó este jueves un camión lleno de material bélico que pretendía ser transportado de contrabando hasta la ciudad de Santa Cruz, que según la declaración jurada, el material fue inscrito como equipos para motociclistas y laminas de policarbonato.
El presidente ejecutivo interino de la Aduana, César López, informó en conferencia de prensa, que 184 cascos de guerra y 444 escudos, fueron decomisados en el operativo "estos materiales no pueden ser siquiera utilizados bajo el argumento de material antimotines".
"Hemos convocado a la prensa para hacer una denuncia de contrabando que atenta a la seguridad del Estado; estos materiales son de guerra, son cascos de guerra, ni siquiera podemos comparar con un material que puede ser utilizado como material antimotines", afirmó.
El contrabando bélico llegó desde China -los escudos llevaban la leyenda en español de "Guardia Municipal"- el 1 de agosto a la Zona Franca Comercial de El Alto. La salida se detectó cuando el importador pasaba por el canal de control amarillo, lo que le obligó a mostrar la mercancía en físico.
El encargado de la transportación, Carlos Quezada, reconoció que ya ingresó un lote de 162 cascos, hecho que se viene investigando.
Según López, es un contrabando que atenta contra la seguridad del Estado. El técnico encargado del control denunció que el importador intentó sobornarle para que autorice la salida debido a que los casos y escudos deberían llegar "para el desfile en Santa Cruz".
Asimismo, solicitó la intervención del Ministerio de Gobierno, Defensa Nacional y Ministerio Público para investigar el contrabando bélico. "Ninguna institución municipal ni civil pueden armar su propia fuerza paramilitar o policial, eso es atentar contra la seguridad del Estado", dijo la autoridad.
ENGAÑO A LA FE DEL ESTADO
Por su parte el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, informó que se investigará la ilegal internación de equipos bélicos.
"Se pretendía engañar la fe del Estado al manifestar que se trataba de material para motociclistas y láminas de policarbonato, pero se descubrió que eran equipos bélicos", afirmó el Ministro.
"Las placas o escudos, son los que utiliza la Policía Militar y la Policía Nacional, para brindar seguridad a la comunidad, además de ser utilizada para su propia protección personal", explicó López al aclarar que además no contaba con el permiso del Ministerio de Defensa.
El equipo tenía como destino al Gobierno Municipal de Santa Cruz, además llevan la inscripción de "guardia municipal", según informó la autoridad aduanera, a tiempo de manifestar que las investigaciones correspondientes ya están siendo investigadas por la Policía.
Asimismo explicó que la importación de ese tipo de material de guerra al país, necesita una autorización especial extendida por el Misterio de Defensa, que en este caso no se cumplió, razón por la cual se procedió a su incautación, ya que no tiene destino para el uso policial.
Al respecto, el portavoz de la Presidencia, Iván Canelas, manifestó su preocupación por lo sucedido y señaló que las autoridades policiales realizarán la investigación correspondiente para determinar a quienes estaba dirigido dicho material.
El Poder Ejecutivo instruyó a las Fuerzas Armadas (FFAA) militarizar, a partir del miércoles o jueves de la siguiente semana, todas las vías camineras, fronteras y ríos del territorio nacional para evitar el contrabando de combustibles, Gas Licuado de Petróleo (GLP), y alimentos de primera necesidad. En ocasión de participar de un ampliado con los trabajadores del departamento de Pando, el presidente interino de la República, Álvaro García Linera, reveló que se instruyó a las Fuerzas Armadas de la Nación crear cinco comandos conjuntos que estarán encargados de custodiar carreteras, trancas y las zonas fluviales.
