"Chutos": prevén recaudar $us 100 millones

El proyecto de ley que el MAS impulsa para la legalización de los vehículos “chutos”, que pretende recaudar unos 100 millones de dólares, provocó ayer críticas de los empresarios y del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que dijeron que la medida defrauda a los sectores que creyeron que en Bolivia se acabó el incentivo al delito.

Advirtieron que si la amnistía es aprobada, sólo habrá más contrabando y será una acción contradictoria con la misión fundamental de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, explicó que la determinación de la bancada del MAS en el Senado de promover el “perdonazo” tiene dos facetas, “una de cal y otra de arena”. “Habrá quienes se sientan satisfechos de haber sido premiados por delinquir, mientras que otros defraudados porque en un proceso de cambio se están haciendo lo que los gobiernos neoliberales hicieron en su momento”, apuntó.

Rodríguez agregó que “nacionalizar” más de 50 mil “chutos” diseminados en todo el territorio nacional, representa un premio a los contrabandistas; y sobre todo, un incentivo a continuar cometiendo el delito de contrabando porque el proyecto de ley establecería un tiempo de cinco meses para la regularización, periodo que sería aprovechado para internar al país más vehículos ilegales.

Para el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Carlos Flores, legalizar vehículos “chatarra” sería un grave atentado al medio ambiente y la seguridad ciudadana en carreteras, además de representar un incentivo a la informalidad y un castigo a las empresas importadoras legalmente establecidas.

Situación

Flores indicó que un gran porcentaje de los 50 mil vehículos estimados por el senador Isaac Ávalos, quien impulsa el proyecto de ley, circulan en el trópico de Cochabamba donde no existe control alguno de parte de la Aduana Nacional, el Control Operativo Aduanero (COA) o la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove).

Informó que la Registro Único de Administración Tributaria (RUAT) identificó cuatro zonas en Bolivia donde está la mayoría de los vehículos “chutos”: las provincias de Yungas de La Paz, el trópico cochabambino, poblaciones fronterizas en oriente y la frontera con Chile.

Rodríguez y Flores coincidieron en que detrás del proyecto de ley está la urgencia gubernamental de recaudar para tapar el “agujero” fiscal y recuperar la simpatía de algunos sectores sociales.

Se estima que con la amnistía el Estado podría captar unos 100 millones de dólares.

Recordaron que hace tres años, en noviembre de 2008, la decisión de restringir el ingreso de vehículos con antigüedad mayor a cinco años provocó enfrentamientos entre importadores de autos usados y trabajadores de las zonas francas con el Estado, con el saldo de un muerto.

Justifican la medida

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, que redactó el proyecto de ley para regularizar la situación legal de los vehículos “chutos” rechazó las críticas a la medida.


“Tienen que entender que se beneficiará a gente humilde de la provincias y lo más importante es que será por única vez”, indicó.


El asambleísta informó que ayer entregó el proyecto a la Comisión de Hacienda, Política Económica y Crediticia del Senado para su consideración en la perspectiva de que la próxima semana sea remitido al pleno camaral para su tratamiento. Anunció que se espera la promulgación para dentro de tres a cuatro semanas.


“Se trata de nacionalizar todos los vehículos que hayan en el territorio boliviano, excepto los robados y aquellos chocados que ya no sirven”, señaló Ávalos.


El borrador del proyecto consta de ocho artículos y prevé la “nacionalización” de todos los vehículos en el territorio nacional.

También incluye la participación de la Unidad Operativa de Tránsito, Diprove y la Aduana Nacional de Bolivia.


Los motorizados que sean a motor de gasolina tendrán una multa del 25 por ciento sobre el avalúo que se haga de parte de la Aduana. Mientras que los motores a diésel serán sancionados con un 50 por ciento del total del avalúo, señala el proyecto.
LosTiempos.com