El padre Jaime Susly, párroco de la ciudad de Cobija desde hace 23 años, confirmó que las Fuerzas Armadas (Ejercito, Naval y Aérea), se negaron a intervenir antes y durante los sucesos de El Porvenir bajo el argumento que no tenían órdenes superiores de La Paz, para evitar la llegada e ingreso a la capital pandina, Cobija, de cientos de campesinos que iban a tomar esa ciudad el 11 de septiembre de 2008.
El padre Susly hizo esas declaraciones el pasado viernes 30 de noviembre ante el juzgado Sexto de Sentencia de la ciudad de La Paz, donde relató que en los sucesos de Porvenir de septiembre de 2008, el entonces prefecto del departamento de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, enterado de la llegada de una marcha indígena con el objetivo de tomar Cobija, se reunió con los tres jefes militares de Pando, comandante de la Policía, Silvio Magarzo; además del Rector de la Universidad Amazónica de Pando, representantes del Comité Cívico, entre otra autoridades, para pedirles que intervengan antes de la llegada de la caravana.
Susly relató que días antes del 11 de septiembre de 2008, el entonces Prefecto imploró a los comandantes de las tres fuerzas y policía que actúen de manera inmediata y oportuna, para evitar la llegada e ingreso de los campesinos que marchaban desde la población beniana de Riberalta. Los uniformados se limitaron a responder que no tenían instrucciones superiores de La Paz para intervenir, y que se encontraban esperando cualquier novedad, “lamentablemente no hicieron nada bajo el pretexto que no tenía órdenes superiores”.
Posteriormente, el día 11 de septiembre, Susly se enteró de la existencia de muertos y heridos en la población de Porvenir, donde se apersonó para ayudar a los lesionados y orar los fallecidos. Agregó que personalmente pidió al comandante de la policía, Silvio Magarzo, que se quede en el lugar e intervenga con sus uniformados y así eviten que se genere mayor caos; sin embargo, “por instrucciones superiores” esta autoridad policial, se retiró del lugar con todos sus efectivos incumpliendo con su deber de proteger a la sociedad.
Luego Susly, también declaró cómo el exprefecto Fernández fue engañado en sus buenos oficios para la toma armada del aeropuerto de Cobija y posteriormente para ser traído a la ciudad de La Paz, como un prisionero de hechos que trató de evitar que sucedan a toda costa.
Recordó que los buenos oficios de Fernández para que los cívicos dejen de bloquear el aeropuerto de Cobija fueron convocados por la entonces Defensora del Pueblo y un representante de Naciones Unidas entre otros; y, una vez cumplido el cometido nunca llegaron aviones con ayuda humanitaria, al contrario aterrizaron aviones Hércules cargados de soldados que llegaron disparando y matando a un pastor evangélico e hiriendo a una periodista.
Al respecto, y una vez que el juzgado Sexto de Sentencia conoció cómo fue que actuaron las Fuerzas Armadas en ese aciago 11 de septiembre de 2008, por órdenes directas emanadas desde La Paz. Fernández pidió que los entonces comandantes pandinos de las tres Fuerzas cuenten la verdad de todo lo que sucedió, quiénes dieron las órdenes para que no intervengan y cuál fue su verdadero accionar durante esos días, que terminaron trayendo dolor y división en un pueblo que siempre vivió en paz, solidaridad y amistad.
Erbol
lunes, 3 de diciembre de 2012
CN: Párroco de Cobija detalla cómo las FFAA se negaron a evitar sucesos de Porvenir
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viernes, 30 de noviembre de 2012
García Mérida dice que gente de Quintana tenía acuerdos con Mauro Vásquez
El periodista Wilson García Mérida presentó, a través de ERBOL, cuatro audios extractados de una conversación sostenida, supuestamente, por la gente de Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, con el presunto peligroso narcotraficante Mauro Vásquez, durante una reunión llevado acabo en septiembre de 2008 en el hotel Asaí de la ciudad de Cobija.
Según García, estos audios demuestran que el gobierno suscribió un acuerdo con Mauro –detenido por segunda vez en Chonchocoro por narcotráfico y que tendría un grupo de sicarios en Pando– para derrocar a Leopoldo Fernández, Roger Pinto y otros opositores a Quintana.
Primera grabación
En el primer material –sostiene Mérida– Mauro menciona que entregará información sobre todos aquellos vinculados con el entonces prefecto Leopoldo Fernández que cruzaron la frontera para refugiarse en el lado brasileño.
“Mauro proporciona algunos nombres de quiénes serían las personas que participaron en la matanza, en otra parte que no edité, él menciona cómo pueden proceder para capturar a cada una de estas personas a partir de una lista. Él dice que hay que agarrarlos a la hora del almuerzo, es el mejor momento para pillarlos y eso me estremeció, porque entre 2006 y 2008, los sicarios de Mauro ejecutaron a sus víctimas por temas de ajustes de cuentas a la hora del almuerzo con un tiro en la cabeza y otros diez tiros en el cuerpo en los restaurantes, que fueron escenarios de permanentes crimines, en ese periodo de tiempo se registró unos 100 asesinatos y se producían casi dos cada día, después de 2008, sus sicarios se desbandaron a raíz de la matanza de Porvenir”, dijo.
El periodista añadió que el peligroso narcotraficante dice (en el audio) que Ronald Camargo es la persona que organizó la matanza de Porvenir, junto a un sujeto llamado Bayano, que sería en realidad su propio cuñado y ahora trabajaría en la Gobernación de Pando con Luis Adolfo Flores, “coordinando algunas cosas con Quintana”.
Indicó que el otro sujeto que mató gente en Porvenir y no está preso como Leopoldo Fernández, es Esteban "Chito" López, uno de los sicarios de la banda de Mauro, que fue guardaespaldas de Luis Adolfo Flores (actual gobernador de Pando) y posteriormente encontrado muerto con cinco dedos mutilados. “Toda esta gente es la que configuró un régimen de extorsión en Pando”, aseguró.
Segunda grabación
“Este audio demuestra que Mauro pasó una etapa de prueba, que es lo que normalmente se hace para el reclutamiento de agentes de inteligencia, entonces, en esta reunión Mauro demuestra la buena letra que hizo con el Gobierno y (luego) es incorporado como agente informante, como agente de Inteligencia del Comando Conjunto Amazónico, es decir, de los militares que fueron llevados por Quintana a Pando. En el audio también dice él ‘que bien que esté el Comando Conjunto en Pando, está mejor que con la Policía, porque la Policía no me deja en paz’, eso lo dice de manera textual”, afirmó.
Para el periodista García Mérida, está claro que Mauro trabajó desde el "sicariato" para dar supuestas informaciones sobre su propio grupo de matones.
Pero “el acuerdo al que llegan Mauro y gobierno no es precisamente para luchar contra el crimen y narcotráfico, (sino) es para luchar contra Leopoldo Fernández, Roger Pinto y contra toda esta gente que supuestamente es enemiga del señor Quintana, eso está clarísimo”, sostuvo.
De acuerdo a la versión de Mérida, Mauro, sabiendo la “fuerza” de Quintana en Pando, optó por “colaborar” con el Gobierno.
“Pero me espanta la paradoja de que aquellos que mataron gente en Porvenir, como el Bayano y Chito López (supuestos sicarios de Mauro) hayan optado después por trabajar para este gobierno y gozar de ítems de trabajo en la Gobernación de Pando”, apuntó.
Tercera grabación
Dice Mauro que hace este acuerdo con el gobierno por venganza con Leopoldo Fernández, porque fue quien le mandó a Chonchocoro (la primera vez) por cuatro gramos de cocaína. “Ese es el núcleo del acuerdo entre Mauro y Quintana”, enfatizó.
Cuarta grabación
El periodista señaló que en este cuatro extracto de audio, Mauro pide que le entreguen una licencia para portar armas y una credencial del Ministerio de Gobierno. “Y aparentemente el anterior ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, le entregó una credencial del Ministerio de Gobierno y posiblemente para portar armas a fin de que colabore más eficazmente con el Gobierno”, puntualizó.
Datos
La supuesta reunión de Mauro con la gente de Quintana se desarrolló en el hotel Asaí, de propiedad de la actual alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis.
Juan Ramón Quintana tendría una suite en el mencionado hotel y operaría desde ese lugar en Pando.
El encuentro se habría registrado poco después de la masacre de Porvenir.
Wilson García Mérida dijo tener el nombre de la otra persona con la que habla Mauro en el audio, pero no quiso revelar su nombre.
El audio original de la conversación dura más de una hora.
El material habría sido proporcionado a García Mérida por gente del mismo Ministerio de la Presidencia.
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martes, 29 de diciembre de 2009
Anuncian juicio contra ex prefecto Leopoldo Fernández
La justicia boliviana prevé iniciar a mediados de enero próximo el juicio oral contra el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y otros 27 imputados en una masacre de campesinos el pasado año.
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lunes, 14 de septiembre de 2009
Suprema archiva juicio, Fernández irá a juicio ordinario
El juicio de privilegio para el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, que intentaba instaurar su defensa por la masacre de Pando de septiembre del 2008, fue archivado el sábado por la Corte Suprema de Justicia por la falta de una proposición acusatoria de parte de la Fiscalía General de la República, según informaron fuentes judiciales.
Con esa determinación, la Corte Suprema de Justicia avala el juicio penal que le sigue el Ministerio Público a Fernández, imputado por los delitos de asociación delictuosa, terrorismo y asesinato por la masacre del 11 de septiembre en Porvenir, donde al menos fueron asesinados 16 personas tras emboscar y torturar a una indefensa marcha campesina.
Yuri Castro, abogado de Fernández, presentó "un recurso de reposición, a fin de que la Sala Penal de la Suprema reconsidere la decisión de archivar obrados para el juicio de responsabilidades entre el lunes y el martes".
El jurista responsabilizó a la Fiscalía General de no presentar la proposición acusatoria, recurso que fue planteado el 28 de octubre del 2008.
Sin embargo, Castro reconoció que la decisión de la Suprema está ajustada a derecho porque no se cumplió con este requisito, vale decir, faltó de una proposición acusatoria.
Fernández se encuentra recluido desde el 18 de septiembre de 2008 en la cárcel de La Paz, acusado por las muertes ocurridas el 11 de septiembre en Pando.
Los colaboradores del candidato a la Presidencia por el Plan Progreso para Bolivia (PPB), Manfred Reyes Villa y la abogada del ex prefecto pandino, Sandra Almanza, señalaron que la reclusión preventiva no le impide al ex prefecto de Pando postularse porque no existe ni un proceso iniciado en su contra.
Reyes Villa enfatizó que Fernández "es un preso político".
Bolpress
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viernes, 11 de septiembre de 2009
Víctimas demandan cese de impunidad en masacre de Pando
A un año de la masacre de campesinos en el departamento boliviano de Pando, las víctimas exigen justicia contra los culpables de lo que aquí consideran uno de los capítulos más oscuros de la historia de la nación andina.
Según evidencias obtenidas en las investigaciones, más de 64 personas están implicadas en ese suceso, pero el principal acusado es el ex prefecto opositor Leopoldo Fernández, recluido en el penal de San Pedro en La Paz, sin recibir sanción judicial.
Para la abogada, Mary Carrasco, defensora de las víctimas de la matanza en las localidades de Porvenir y Filadelfia, la justicia no alcanza la estatura debida para condenar a los criminales que el 11 de septiembre de 2008 dejaron un saldo de 18 muertos y decenas de heridos.
"Fernández obstruye el proceso penal de la manera más cínica del mundo y esgrime que el dolor de las víctimas no le hace mella", sostiene Carrasco.
Pese a todo intento, subrayó, no prosperará la estrategia trazada para frenar el sumario en su contra.
"Ha utilizado el tráfico de influencias en el poder judicial para obstruir la marcha de la investigación y de sanciones, pero estamos aún dentro del plazo para la instauración del proceso", afirmó.
Como si nada pasara, según analistas, el ex prefecto Fernández ahora se postula como candidato a la vicepresidencia de Bolivia para las elecciones generales del 6 de diciembre próximo.
Fernández, desde la cárcel, aceptó acompañar a otro personero político criticado por su oscuro pasado, Manfred Reyes Villa (ex prefecto revocado de Cochabamba), quien aspira a la presidencia a nombre del opositor Plan Progreso para Bolivia (PPB).
Carrasco agregó que la postulación del principal implicado en el asesinato de labriegos en Pando es otra vía para lograr impunidad sobre los delitos que ha cometido.
Añadió que antes de octubre será instaurado el proceso respectivo con las pruebas recogidas por el Ministerio Público.
Por su parte, representantes de organizaciones de derechos humanos en Bolivia lamentan que los autores intelectuales y materiales de los flagrantes crímenes no hayan sido juzgados aún debido a conductas protectoras de los abogados de estas personas.
Un informe del Capítulo Boliviano de los Derechos Humanos Democracia y Desarrollo afirma que esa postura alimenta la impunidad engarzada en la historia del país y silenciada por los medios de comunicación.
Asevera que los labriegos murieron por el simple hecho de movilizarse junto a sus familiares para reclamar su propiedad sobre la tierra.
Con esas acciones sangrientas, subraya el documento, se violó una serie reglamentaciones nacionales e internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantiza el derecho a la vida, la integridad y la libertad sin distinción alguna.
El pasado miércoles también se levantó la voz del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, quien advirtió que la masacre de campesinos no puede quedar en la impunidad.
"Aquel hecho constituye uno de los capítulos más oscuros y funestos de la historia boliviana, perpetrado por quienes no creen en la democracia", manifestó la autoridad.
Subrayó que aquel acontecimiento es una de las formas más evidentes de la lógica segregacionista de no considerar al campesino originario como un igual.
Días después del ensañamiento, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) determinó, tras ardua investigación, que grupos civiles armados arremetieron contra una marcha de campesinos aliados del gobierno, que se dirigían hacia la ciudad capital de Cobija.
Además de la pesquisa de UNASUR, la televisión estatal transmitió un video, en el cual cívicos pandinos y hasta congresistas opositores aparecen en plena acción, unas veces arengando a los asesinos y otras cuestionando a campesinos heridos de bala o golpiza
La masacre de Porvenir se incluye en el mismo contexto de la toma y saqueo de instituciones públicas, los días 9 y 10 de septiembre de 2008, con la pretensión de derrocar al presidente Evo Morales.
Un año después de aquel deplorable suceso y en homenaje a los acribillados, se levantó una estatua en Porvenir para perpetuar el recuerdo de las víctimas de un hecho que quedará registrado en los anales de la historia boliviana como una de las acciones más cruentas de racismo y discriminación.
Prensa Latina
Vea también:
Informe público de la ONU sobre los hechos de violencia ocurridos en Pando en septiembre de 2008
Informe Unasur confirma crímenes de lesa humanidad en masacre de Pando
Informe del Defensor: Masacre de Pando se consumó contra campesinos indefensos
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A un año de la masacre en Pando - recordando a los caídos en el Porvenir
Documental: 11 de septiembre. La masacre de Pando
Estrenado en el canal 7 de Bolivia y en Telesur, el 24 de enero de 2009, 135 días después de la masacre.
Producido por ANMCLA Bolivia, en homenaje a los caidos.
Tomado de: http://www.medioscomunitarios.org/bolivia
Enlace a la lista de videos en Youtube:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=34885AAF33074850
Vea también:
Informe público de la ONU sobre los hechos de violencia ocurridos en Pando en septiembre de 2008
Informe Unasur confirma crímenes de lesa humanidad en masacre de Pando
Informe del Defensor: Masacre de Pando se consumó contra campesinos indefensos
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Bolivia: a un año de la estrategia escorpión
Desesperados por el avance lento pero sistemático de los movimientos populares, frustrados por los resultados del referendo revocatorio que otorgó más del 67 por ciento de respaldo a la gestión del presidente Evo Morales, consideraron que era el momento adecuado para llevar adelante sus proyectos secesionistas y fracturar el país.
Insólitamente, recurrieron a un plan que pasará a la historia política de Bolivia como un monumento a la estupidez. Organizaron, financiaron y apoyaron hordas de delincuentes cuya tarea fue saquear y destruir instituciones públicas ¡en las propias ciudades controladas por esos grupos de poder!
Más allá del daño económico, calculado en varios cientos de millones de dólares, la campaña acabó por espantar a sectores urbanos que advirtieron la insensatez y falta de escrúpulos de un proyecto dispuesto a arrasar con el patrimonio regional y nacional.
El punto culminante fue la masacre de campesinos cometida el 11 de septiembre en el amazónico Departamento de Pando con el concurso de autoridades locales, terratenientes y sicarios. Provocó la intervención del gobierno central, que decretó estado de sitio en aquella región y encarceló al entonces gobernador, típico representante de los señoríos de horca y cuchillo.
Como nota grotesca, hay que indicar que el sujeto hoy está postulado como vicepresidente en la fórmula de Manfred Reyes Villa, otro personaje ligado al paramilitarismo y al golpismo criollos.
La estrategia del escorpión puede resultar espectacular y dramática, pero es conveniente recordar que sólo conduce a la muerte.
Por estos días, varias organizaciones e instituciones sociales del departamento de Santa Cruz se reunieron para evocar los tenebrosos días de septiembre del 2008, en los que fueron blanco de amenazas y ataques. Fueron convocadas por la Coordinadora Departamental de Derechos Humanos en instalaciones del CEJIS (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social), cuyas oficinas fueron asaltadas hace un año por bandas de saqueadores.
Según testigos oculares, llegaron en tres vehículos con individuos que supervisaron organizadamente el procedimiento. Una parte significativa e irrecuperable del archivo del CEJIS fue quemada, desapareciendo para siempre testimonios escritos inéditos sobre organizaciones indígenas del oriente boliviano.
El representante de la CPESC (Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz) destacó el grado de irracionalidad de las hordas financiadas y entrenadas por los grupos de poder, que no sólo se dedicaron a la rapiña sino que incluso demolieron las instalaciones de esa organización.
El director del CIPCA (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado) relató pormenores de la arremetida contra la oficina de esa institución en la localidad de Ascensión de Guarayos, al norte de Santa Cruz, que fue perpetrado con el concurso y participación directa de autoridades del Comité Cívico y Alcaldía de ese poblado.
La CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) es una sólida organización que nuclea a los pueblos originarios de tierras bajas en siete de los nueve departamentos del país. Sus oficinas centrales también fueron tomadas a la fuerza y saqueadas. Uno de sus dirigentes destacó el fenómeno de la complicidad de medios de comunicación locales, que instalaron antenas de transmisión varias horas antes de los asaltos, en pleno conocimiento de lo que sucedería.
Todos los testimonios subrayaron la inoperancia del aparato judicial de Santa Cruz, que no ha realizado investigaciones hasta el momento. Es parte sustancial del sistema de dominación que pervive, alimentado por el poder económico y patronal que pretende seguir administrando al país como un feudo medieval.
En plena campaña electoral, con la establecimiento atropellado de frentes, alianzas y partidos políticos que son una apología del transfugio y la amnesia, es imprescindible mantener viva no sólo la memoria histórica larga, aquella de la resistencia popular secular, sino también la de las luchas cotidianas, sencillas y heroicas, que suman pasos hacia la emancipación nacional de Bolivia.
ABI/Caminos de Cuba
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miércoles, 24 de junio de 2009
Gobierno califica de poco seria acusación de UnoAmérica contra Evo Morales
Gobierno: denuncia de UnoAmérica carece de legalidad
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, dijo el miércoles que la denuncia presentada contra el gobierno de Evo Morales, por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ligadas a la activista de derechas Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), carece de legalidad y contradice informes coincidentes de organismos internacionales que identificaron una "matanza" de campesinos por civiles armados en setiembre último en Porvenir, Pando (norte de Bolivia).
"(La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH) no tiene ninguna base legal en el marco de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Viene de un grupículo neofascista y existe contradicción con todos los informes de entidades de derechos humanos y de organismos independientes que han investigado sobre lo sucedido en Porvenir en setiembre del año pasado", aseveró la autoridad en Palacio de Gobierno.
La querella no preocupa al Gobierno, dijo, ya que ni siquiera han respetado los mecanismos de la CIDH para sentar una denuncia y "parece que no se han enterado que hay un proceso legal y que las instancias como la Comisión Interamericana no suplantan a las jurisdiccionales de cada Estado y, por tanto, es una denuncia si fundamento".
Enumeró los informes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de la Defensoría del Pueblo, de una Comisión de la Unión de Naciones Suramericanas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros, que "coinciden en que la responsabilidad de lo sucedido en Porvenir es de la Prefectura de Pando y sus funcionarios que actuaron violando los derechos humanos y que lo que se vivió en Pando fue una "masacre" o un "crimen de lesa humanidad".
Asimismo, cuestionó que una de las ONG que presentó la denuncia fuera Human Rigths Foundation, vinculada al terrorismo separatista en Bolivia.
También que UnoAmérica tenga como representante a Alejandro Peña Esclusa, candidato a la Presidencia de Venezuela y fiero opositor del mandatario Hugo Chávez.
En este sentido, dijo darse cuenta que la denuncia de este grupo "neofascista", tiene claras intenciones de rearticularse para "atacar al gobierno boliviano".
Denunció a los representantes de UnoAmérica como "abogados oficiosos" del destituido prefecto de Pando, Leopoldo Fernández y criticó la reaparición del diputado suplente por Santa Cruz, Wálter Arrázol, quien forma parte denunciante y quien hace poco llamaba a tomar las armas para defender Santa Cruz.
"No entiendo qué tipo de defensa de los derechos humanos puede hacer una persona si lo que hace es promover la violencia, el enfrentamiento y el odio", finalizó.
/(ABI)
Notas relacionadas:
Gobierno califica de "poco seria" denuncia contra Evo Morales de Unoamérica ante la CIDH
La Paz, 24 jun (ABI) - El vicepresidente Álvaro García Linera minimizó el miércoles una denuncia contra el mandatario boliviano Evo Morales radicada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), a la que calificó de "poco seria".
UnoAmérica acusa a Evo Morales por delitos de lesa humanidad
Representantes de varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) latinoamericanas adscritas a la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica) acusarán al gobierno boliviano por delitos de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
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miércoles, 25 de marzo de 2009
Informe público de la ONU sobre los hechos de violencia ocurridos en Pando en septiembre de 2008
Lea el informe en versión html en:
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009032510
Vea también:
Informe Unasur confirma crímenes de lesa humanidad en Pando
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viernes, 20 de marzo de 2009
Video muestra como medios de prensa privados manipularon y ocultaron videos de la matanza de campesinos en Pando
I.
II.
Este video muestra como la red Unitel manipuló la información durante los sucesos de la masacre en el Porvenir, también se ve como el periodista Jairo Vallejos, quien se declaró perseguido político, actuó en complicidad con los matones de la prefectura.
Además se hace un análisis del periodismo privado que inició una campaña mediatica que busca desfigurar la masacre del 11 de septiembre.
Crédito: TVB/Programa TRUFI
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7 Joyas medíaticas y una columna
La arremetida mediática se intensifica. Un programa de PAT se estrena y comienza con este titular: “A 271 días de la elección”. Diciembre parece lejos pero está cerca. Los comunarios de Hautajata le hacen la campaña gratis a un candidato semi enterrado. La prensa de derechas aprovecha la bandeja de plata y alista sus baterías tierra-tierra.
Vea también:
Mary Carrasco: Campaña mediática y abuso de autoridad de senadores buscan obstaculizar la investigación de la masacre en Pando
Min. Rada de los detenidos en Pando y el ataque mediático de la oposición
Gobierno denuncia una red corrupta de medios y periodistas en Pando
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martes, 3 de marzo de 2009
Bolivia: La "Masacre de Tahuamanu" y tres nuevos detenidos de una larga lista
Luego de tortuosos tres días de idas y venidas en la justicia, finalmente el sábado 21 de febrero fueron detenidos tres nuevos presuntos autores de la "Masacre de Tahuamanu" ocurrida del 11 al 19 de septiembre de 2008 en Porvenir, Cobija y en el Río Tahuamanu.
Los nuevos detenidos son el alcalde de Porvenir, Evin Ventura Vogth, el oficial mayor de ese gobierno municipal, Roberto Rea Ruiz y el concejal (legislador local de Porvenir) Hernán Justiniano Negrete, todos militantes de ADN-Podemos, grupos políticos que han convertido a Porvenir en zona de prácticas de sicarios al puro estilo del "far west" o "lejano oeste" boliviano, como en el siglo XVIII, en Estados Unidos.
Ventura Vogth, Rea Ruiz y Justiniano Negrete acompañan, desde el sábado 21 a Leopoldo Fernández Ferreira, el "sicario mayor" y ex prefecto de Pando, detenido desde el 16 de septiembre de 2008, cuando se resistió a acatar el urgente Estado de Sitio en esa región, y cuando sus grupos para militares y para policiales actuaban con total impunidad, metrallas y pistolas en mano.
Lenta acción de la justicia
A casi seis meses de la "Masacre de Tahuamanu", es necesario recordar que, si se busca justicia a lo que pasó en septiembre en Pando, estas detenciones muestran que la justicia boliviana sigue lenta y es demasiado concesional para los grupos de poder económico y político de Pando.
De hecho, en la matanza de campesinos, aquel fatídico mediodía y tarde del jueves 11 de septiembre de 2008, participaron más de 250 personas, entre funcionarios del Servicio departamental de Caminos-SEDCAM, encabezados por su director, Julio ("Julito") César Villalobos Aguilar, dirigentes y fanáticos militantes cívico-prefecturales liberados como jauría por el entonces Prefecto Fernández, además de unos pocos sicarios brasileños que ingresaron por Montevideo (Puerto Evo) en el municipio de Santa Rosa del Abuna.
La decisión de la jueza cautelar (de investigación judicial) Betty Yañiquez, de encerrar en la cárcel de San Pedro a tres nuevos participantes de la matanza de septiembre de 2008, es un pequeño paso en la reparación de una injusticia cargada de segregación y discriminación a los campesinos y a los "collas", y de fanatismo cívico-sicario propalado por el discurso del Comité Cívico de Pando, el Colegio Departamental de Abogados, la Fiscalía de Distrito y la propia Corte Distrital de Justicia. De hecho, ningún juez o fiscal pandino participa en las investigaciones de la "Masacre de Tahuamanu" por su probada parcialidad en favor de Leopoldo Fernández y su banda.
Fallas del periodismo
La detención de las siete personas, la madrugada del miércoles 18 fue mostrada por el periodismo boliviano, en general como la extrema violación a los derechos humanos de las personas, sin preguntarse cómo murieron los campesinos aquel 11 de septiembre (hecho que ni siquiera mencionan y menos preguntan).
El alcalde Evin Ventura Vogth, el oficial mayor Roberto Rea Ruiz, los concejales Vilma Benegas Becerra, Hernán Justiniano Negrete y Wilson Da Silva Rivero, así como los periodistas Hugo Mopi Soliz y Marcial Peña Tonia (éste último dirigente de los periodistas de Cobija) fueron detenidos con orden fiscal, como lo ratificó el fiscal general Mario Uribe.
Las primeras páginas y los programas estelares de radio y televisión de las "corporaciones mediáticas" (esas empresas de distracción masiva ciudadana que destila lamento político) se pasaron páginas de páginas y horas de horas tratando de explicar la violación de derechos humanos y fueron bien acompañados por ex "analistas" como (el ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada) Carlos Mesa, cuyo mandato presidencial tuvo que ser interrumpido por la sociedad activa, aquel junio de 2005.
El otro error de los medios, y de los periodistas, es que no se reconoce la extrema debilidad de los periodistas pandinos y bolivianos, porque uno de los detenidos es dirigente de nuestro gremio. Ese llamativo silencio dice mucho de la ausencia de autocrítica y de la falta de visión de periodistas, medios y de los gremios de ambos.
Censura total a FSUTCP y FPMP-BS
Además, desde el 11 de septiembre de 2008 hasta hoy, existe de parte del periodismo boliviano y pandino, una censura total a los dirigentes de la Federación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Pando (cuyo secretario ejecutivo es Antonio Moreno, Cel. 77108446) o de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando "Bartolina Sisa" (cuya secretaria ejecutiva es Doris Domínguez, Cel. 76101370).
Ambos, más otros dirigentes campesinos de las cinco provincias pandinas podrían explicar (en realidad esclarecer) todo lo que se censura por ahora y que más pronto que tarde se conocerá: Del 11 al 19 de septiembre de 2008 hubo una m-a-s-a-c-r-e de campesinos (mujeres y varones, así como se lee) y que los sicarios (metralla en mano) "perdieron todo sentido de solidaridad y de compasión", como ya confesó uno de ellos en rueda de amigos, en Cobija.
Por tanto, los periodistas, el periodismo y los medios, estamos en deuda con la sociedad boliviana. Mientras más pase el tiempo, más grande es esa deuda y peores sus consecuencias. Para remediar aunque sea parcialmente esto, fuera bueno y muy provechoso que los periodistas vean (y se pasen páginas de páginas y horas de horas en sus medios) la inmensa cantidad de testimonios y documentos de la "Masacre de Tahuamanu", en el piso 4 de la Fiscalía de Distrito de La Paz, en la calle Potosí.
Algunos responsables y otros distraídos
Hasta ahora, se tienen detectados ocho "responsables mayores", intelectuales y materiales, de la "Masacre de Tahuamanu", entre ellos Leopoldo Fernández Ferreira (alias "Cacique", ex Prefecto de Pando); Ana Melena Oliver de Suzuki (Presidenta Comité Cívico de Pando); José Ricardo Shimokawa Ramos (alias "Jhusy", Vicepresidente Comité Cívico de Pando); Julio Cesar Villalobos Aguilar (alias "Julito", Director del SEDCAM-Pando); José Sebastián Villavicencio Amuruz (Empresario import-export, y senador pandino por UN. Acusado de "interrogar" a los campesinos, junto a dos sicarios y delante de Unitel y PAT); Roger Pinto Molina (alias "Chonta", senador pandino por ADN-Podemos); Paulo Bravo Alencar (Senador pandino por ADN-Podemos y chofer del preso Fernández); y Ronald Camargo Suzuki (dueño de Unitel-Cobija, diputado pandino por ADN-Podemos).
Junto a ellos, existen varios responsables materiales, como los hermanos Franco Hurtado (Elvis, Franz y Akiito) quienes fueron vistos aquel 11 de septiembre en la volqueta del SEDCAM disparando con metralla, o en un árbol de mango, al lado de la cancha de Porvenir. Los tres "desaparecieron" de Cobija, así como otros, de apellidos Florian Paz, García Hurtado o Gómez Leverenz. Todos ellos saben que la justicia llegará.
Otros, con más perspicacia y asesorados por sus abogados, ya aceptaron someterse a un "juicio abreviado", que significa que admiten culpa y que quieren colaborar con la justicia. Ahí están, entre otros, Hugo Apaza Sahonero, Felipe Bigabriel, Máximo Ayllón Martínez, Rosendo Domínguez Deromedis, Felsín Fernández Medina o los hermanos Mosuko Rodríguez (William y Ronald).
Como podrá verse, pese a que muchos de los culpables se hacen a "los del otro viernes", la lista es larga y crece día a día, a medida que aparecen nuevos testimonios, indicios o aceptaciones de "juicio abreviado".
* Comunicador e investigador social. Autor del libro "aGONIa y Rebelión Social"; la historia de septiembre y octubre 2003 (La Paz, 2004).
chaco.amazonia@gmail.com
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lunes, 2 de marzo de 2009
Min. de Autonomías Carlos Romero, prefectos rompen el diálogo
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Cuestionan en Santa Cruz a Romero porque no tiene rango de Ministro
Santa Cruz, 2 mar (ABI).- La Prefectura de Santa Cruz informó el lunes que recibirá a Carlos Romero como a cualquier ciudadano pero no como Ministro de Estado porque considera que no tiene ese rango establecido en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) y porque fue designado por un Decreto Supremo que vulnera la ley y la nueva Carta Magna.
Diálogo autonómico postergado una semana
La Paz, 2 mar (ABI).- El ministro de Autonomías Carlos Romero anuncio el lunes en La Paz que el dialogo autonómico que debía reiniciarse el próximo 4 de marzo ha sido postergado por una semana a solicitud de las federaciones municipales y otros sectores e instó nuevamente a los prefectos de la oposición a asistir a la cita.
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viernes, 20 de febrero de 2009
Abogada Mary Carrasco: Campaña mediatica y abuso de autoridad de senadores buscan obstaculizar la investigación de la Masacre en Pando
La abogada de las víctimas de la masacre en Pando Mary Carrasco, lamentó la actitud de algunos medios de comunicación sobre los últimos acontecimientos en el departamento de Pando, afirmó que "hay una campaña agresiva, una campaña en algún momento inhumana, una campaña victimizante en contra de las personas que son solamente ya hoy un recuerdo", "la campaña agresiva telivisiva, la campaña de gentes que dicen ser representantes de la sociedad, parlamentarios, la opinión de personas alegres que no conocen ni la tapa del proceso, estan tratando se socabar nuestra fuerza, nuestra voluntad y nuestro ánimo de poder llevar adelante este proceso", continuó.
También se refirió al rol de la oposición en estos días, que en un acto de desesperación quieren evitar que se descubra la verdad sobre los hechos del 11, 12 y 13 de septiembre del pasado año, "no quieren que haya juicios, quieren impunidad", a tal grado que el Senador pandino Roger Pinto irrumpió sin ninguna autorización en la fiscalía, lugar donde estaban los detenidos, lo que fué visto como un claro abuso de autoridad por parte de senadores que obstaculizan la investigación a título de fiscalización, denunció la abogada.
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jueves, 19 de febrero de 2009
Min. Rada habla de los detenidos en Pando y el ataque mediático de la oposición
19/02/09.- Entrevista al Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, habla sobre las nuevas detenciones en Pando, la victimización de los agresores (ahora detenidos), los insultos al Presidente a los que recurren algunos senadores y todo el escándalo mediático montado por la oposición que busca dilatar nuevamente las investigaciones sobre la masacre de campesinos del 11 de septiembre del pasado año.
El Ministro también dijo que si el Senado lo convoca a brindar un informe, con todo gusto estará el 3 de marzo para decir lo poco que tiene que decir además de algunas verdades a esos senadores.
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Senado convocará a ministro Rada por detenciones en Pando
La Paz, 19 feb (ABI).- La Cámara de Senadores convocará en los próximos días, al ministro de Gobierno Alfredo Rada, para que brinde un informe sobre las detenciones en el Porvenir, hecho ocurrido la madrugada del miércoles 18.
Rada califica de "malcriado" a senador Pinto por los ataques de éste a Evo
La Paz, 19 feb (ABI).- El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, calificó este jueves de "malcriado" al senador de la alianza opositora Poder Democrático Social (Podemos), Róger Pinto, quien, a su turno afirmó que el presidente Evo Morales es "un delincuente consumado".
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miércoles, 3 de diciembre de 2008
Informe Unasur confirma crímenes de lesa humanidad en masacre de Pando
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La comisión de Unasur que investiga la masacre de Pando, entregó este miércoles a Bolivia el informe de las pesquisas, donde se confirmó que los 20 campesinos masacrados en Pando fueron crímenes de lesa humanidad.
El documento de 66 páginas fue entregado en el Palacio Quemado por el presidente de la comisión, Rodolfo Mattarollo, quien dio por culminado el trabajo de este grupo de Unasur, después de presentar al gobierno boliviano un documental con imágenes de peritos, testimonios y documentación diversa.
En presencia del dignatario boliviano, Evo Morales, y el vicepresidente de la nación, Álvaro García Linera, Mattarollo procedió a leer el pliego de conclusiones y recomendaciones arrojadas por la investigación de varios meses en la localidad de Porvenir, en Pando (noroeste).
"Despues de haber visto hechos, lugares del suceso, de haber visitado la ciudad de Brasileira, escuchado testimonios, opinión de peritos, compulsado las actuaciones judiciales de los ministerios bolivianos y a organismos independientes como el defensor del pueblo, hay la convicción intelectual y moral de que se cometió una masacre en Pando".
Mattarollo expresó que después de cotejar informaciones e hipótesis con Organizaciones No Gubernamentales y de Derechos Humanos, numerosos actores víctimas y sobrevivientes, médicos y testigos, que de esa masacre fueron víctimas un número no definitivo de 20 campesinos.
"Este hecho reviste por su características una violación grave del derecho a la vida, contra víctimas civiles que fueron objeto de ataques generalizados con conocimiento de dichos ataques", lo cual configura un crimen de lesa humanidad.
El miembro de Unasur explicó que aunque hubo personas que actuaron particularmente, la matanza fue hecha por grupos organizados, que respondían a una cadena de mando al servicio de una empresa criminal.
Según las conclusiones del informe, los cuerpos policiales incumplieron en su deber permanente de preservar la vida, al tiempo que se conoció que estos crímenes se efectuaron con premeditación y alevosía, en los que estuvieron involucradas autoridades locales de Pando.
La comisión de la Unasur calificó como tortura en unos casos y tratos crueles inhumanos y degradantes en otros, los que sufrieron los habitantes de la comunidad de El Porvenir, que fueron sometidos a brutales agresiones físicas y psíquicas cuando eran llevados a los hospitales.
Como las versiones de autoridades y testigos fueron contradictorias, el grupo investigador instó al gobierno de Bolivia a investigar exhaustivamente a los funcionarios de la prefectura pandina, con el fin de esclarecer estos hechos.
De igual forma, instó a Bolivia a la "superación de la impunidad que ha sido una constante en los países de la región y que deslegitima al Estado y aleja a la sociedad del apego al derecho y la justicia".
Recomendaciones de Unasur
Para concluir el informe, Rodolfo Mattarollo recomendó al Estado boliviano desarticular cadenas de mando, organizaciones criminales que tengan por objeto la realización de hechos que violen los Derechos Humanos.
De igual forma, la comisión sugirió elaborar un programa de intercambio de experiencias con otros países, para lo cual ofreció la colaboración técnica de Unasur, que permita esclarecer estos lamentables hechos.
TeleSUR / ff-/IM
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"Masacre en Pando" - video documental revela como cívicos y prefectura ejecutaron una masacre armada
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miércoles, 26 de noviembre de 2008
"Masacre en Pando" - video documental revela como cívicos y prefectura ejecutaron una masacre armada
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Documental muestra realidades sobre masacre de Pando
La producción documental muestra al senador de Unidad Nacional (UN) José Villavicencio y al pastor evangélico Luis Antonio Rivera (armado) como protagonistas de los acontecimientos de los hechos lustrosos, que dejaron 18 víctimas mortales, con impactos de bala y tortura y signos de haber sido torturados.
Un documental de la estatal Televisión Boliviana (Canal 7) presentó este lunes nuevas evidencias de que la masacre de campesinos en el departamento de Pando, el pasado 11 de septiembre, fue perpetrada por los llamados dirigentes cívicos y funcionarios de la Prefectura.
En la cinta se identifica con claridad a los involucrados portando armas de gran calibre, los cuales dejaron un saldo de 18 muertos y más de 100 desaparecidos.
El presidente Evo Morales, acusa al ex gobernador Leopoldo Fernández de ser el responsable de parte de los hechos. Fernández, actualmente está confinado en la ciudad de La Paz.
La producción documental muestra al senador de Unidad Nacional (UN) José Villavicencio y al pastor evangélico Luis Antonio Rivera (armado) como protagonistas de los acontecimientos de los hechos lustrosos, que dejaron 18 víctimas mortales, con impactos de bala y tortura y signos de haber sido torturados.
También se logran identificar a Ricardo Shimokawa, vicepresidente del Comité Cívico y funcionario de la Prefectura; a Akito Franco (armado), funcionario prefectural; a Edberto Mayna Silva secretario general del Comité Cívico y funcionario de la Prefectura; a Hugo Mopi, director de Comunicación, como participantes de la Masacre de Porvenir.
En la represión actuaron José Oliveira, contratista de la Prefectura; Chamaco Soria, cuñado y guardaespaldas del prefecto Leopoldo Fernández; Elías Apuri, presunto narcotraficante de Porvenir; y William Ferreira, primo de Leopoldo Fernández.
Durante el material fílmico, se observa al principio a Ricardo Shimokawa, vicepresidente del Comité Cívico de Pando, quien reaparece a lo largo de la cinta en varias de las escenas junto a funcionarios de la Prefectura.
En las imágenes, instiga a nueve representantes de los campesinos que intentaban cruzar la zanja abierta en el camino a Porvenir, para que vuelvan a sus poblaciones, amenazándolos con tomar otro tipo de medidas, como el uso de armas de fuego si no lo hacían.
Asimismo, desde diferentes ángulos, se ven los autores de la masacre disparando contra vehículos y una columna de campesinos cuando intentaban retirarse de la localidad de Porvenir, al sur de Cobija.
Luego de la publicación del video, una comisión especial de la Cámara de Diputados citó a declarar a varias de las personas aparecidas en el corto de media hora.
El secretario de la Comisión Especial, Jorge Silva (del MAS), anunció que una vez que terminen con las declaraciones, la Comisión verá la necesidad de constituirse otra vez en Pando a fin de atender algunos vacíos legales.
En otro sentido, Silva opinó que en ese departamento las personas no están atemorizadas por la presencia de militares, sino por el posible retorno de grupos violentos.
Mientras, autoridades y legisladores señalaron la importancia de fortalecer la presencia castrense en la zona, tras la decisión del Ejecutivo, de levantar el estado de sitio, a solicitud de la Corte Nacional Electoral.
De acuerdo con el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, la medida busca proteger a la población y la soberanía nacional en ese territorio fronterizo con Brasil y Perú.
TeleSUR - Prensa Latina - Abi / in - PLL
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Documental: "La derecha no pasará" (recoge imágenes de la violencia fascista en Santa Cruz durante el golpe cívico-prefectural)
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martes, 25 de noviembre de 2008
Bachelet recibe informe de la Unasur sobre masacre en Pando


Santiago de Chile, 25 nov (ABI).- La presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, recibió este martes el informe de la Comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que fue creada por la Declaración de la Moneda, de 15 de septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, Bolivia, donde resultaron 18 personas muertas y decenas de heridos y desaparecidos.
La Comisión fue presidida por el destacado jurista argentino Rodolfo Mattarollo y otros reconocidos abogados de los países miembros de Unasur.
Luego de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un Informe que contiene conclusiones y recomendaciones que serán puestas en conocimiento de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur, reportó el Gobierno de Chile.
El informe constituye una importante contribución de la Unión de Naciones Suramericanas al derecho, a la justicia y a la superación de la impunidad en la región.
A la reunión con la Jefa de Estado asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley; el secretario Pro Tempore Unasur, Ángel Flisfisch; y miembros de la comisión especial encabezados por el Dr. Rodolfo Mattarollo.
Además de Mattarollo estuvieron los miembros de la Comisión: Juan Gabriel Valdés y Luciano Fouillioux (Chile), Fermino Fechio (Brasil), Francisco Borja (Ecuador), Guido Toro (Perú), Carlos Pita (Uruguay), Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia) y Nicolás Gutman, Eduardo Zuain y Ciro Annichiarico (Argentina).
UNASUR - MASACRE
El pasado 20 de noviembre en Argentina, Mattarollo presentó un breve informe sobre la masacre en Pando del 11 de septiembre donde ratificó que la muerte de 18 campesinos y la desaparición de al menos otros 70 se trató de una "masacre", sobre la que la comisión pudo establecer que algunas "autoridades locales son judicialmente responsables y logró identificarlas".
Funcionarios de la Prefectura del departamento boliviano de Pando fueron halladas "judicialmente responsables" por la masacre de campesinos del 11 de septiembre, según la Unasur.
Los hechos ocurrieron en las afueras de la localidad de Porvenir cuando indígenas que manifestaban en defensa del gobierno de Evo Morales y fueron emboscados y asesinados a sangre fría por paramilitares y sicarios aparentemente organizados por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz por el caso.
En ese informe también menciona al ex presidente del Senado boliviano, el opositor José Villavicencio, que se pasea ante la cámara a los gritos. "Si Evo quiere sangre, va a haber sangre", arengaba, mientras de fondo una turba corría a tiros a un grupo de indígenas.
Rq ABI.
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Comisión de la Unasur presenta este martes informe sobre masacre de Pando
La comisión de alto nivel de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) presentará este martes a la titular pro témpore de ese organismo y presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el informe de la masacre de Pando que dejó cerca de 18 personas muertas.
Este informe será presentado a las 09.00 horas (08.00 hora boliviana) en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, por el argentino Rodolfo Mattarollo, quien encabezó la investigación en el departamento de Pando.
"La ceremonia estará precedida por una recorrida por el circuito histórico y luego se entregarán las recomendaciones y conclusiones que surgieron de las investigaciones", explicó el argentino, citado por Télam.
En este sentido, dijo que "las recomendaciones son a mediano y largo plazo" e incluyen fundamentalmente, "reformas al sistema judicial, incluidas en un informe final y en varios anexos".
Mattarollo adelantó que se recogieron "testimonios de 47 testigos y lista de víctimas que son enteramente representativos de lo que ocurrió en Pando".
Añadió que "el informe de la Unasur será presentado al presidente de Bolivia y que si éste lo estima el tema puede llegar a ser considerado por la justicia de ese país".
El informe de la Comisión de la Unasur "establece con claridad que lo sucedido el 11 de septiembre en Tres Barracas, cerca de Porvenir, fue una matanza a decenas de campesinos".
Agrega que "los campesinos fueron emboscados y acribillados por civiles armados sin que las fuerzas del orden hicieran algo por impedir esa matanza".
CONSTITUYE UN ELEMENTO COADYUVANTE
El ex canciller de la República, Armando Loayza, señaló que el informe de la comisión de la Unasur será un elemento coadyuvante para el esclarecimiento de los hechos del Porvenir y Filadelfia.
Según Loayza, el documento tendrá una influencia jurídica en el país, no obstante aclaró que "un informe puede ayudar a ser un elemento coadyuvante, pero por encima está la independencia y soberanía de una Nación".
Dio cuenta también que tras la presentación del informe, los presidentes que integran la Unasur se reunirán para evaluarlo y posteriormente extender un criterio uniforme al Gobierno de Bolivia.
Jcch/Pta ABI
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viernes, 21 de noviembre de 2008
Un video muestra el horror en Pando
Expertos de la comisión de Unasur- JULIO MENAJOVSKY - Imagen de ElPais.com
El ex presidente del Senado boliviano, el opositor José Villavicencio, se pasea ante la cámara a los gritos. “Si Evo quiere sangre, va a haber sangre”, arengaba, mientras de fondo una turba corría a tiros a un grupo de indígenas. Las imágenes se suceden como si fuera un documental, mientras el auditorio en la Cancillería argentina observa en el silencio más absoluto. Una mujer indígena relata la masacre de Pando mirando directamente a la cámara.
Con los ojos nublados por las lágrimas recordó cómo un grupo de “hombres de la ciudad” quemó viva a una de sus compañeras el 11 de septiembre pasado. Al lado del cuerpo calcinado, el bebé de la mujer lloraba histérico –relató–. Envalentonados por los gritos y el descontrol, lo agarraron de las piernitas, lo sacudieron y, como no podían callarlo, le dispararon en la cabeza. “Esto ha sido una masacre. No aceptamos la tesis de un enfrentamiento”, concluyó horas después en diálogo con este diario Rodolfo Mattarollo, el abogado y ex funcionario argentino que encabeza la comisión del Unasur que investiga la masacre, en la que murieron al menos 20 indígenas. Aún se desconoce el número de desaparecidos.
Mattarollo presentó ayer ante el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y el ministro de Defensa boliviano Walker San Miguel un adelanto del informe final de la comisión que presentarán formalmente el próximo martes a las 9 de la mañana en el Palacio La Moneda ante la presidenta chilena Michelle Bachelet, quien ejerce la presidencia temporaria del Unasur. La comisión está terminando de redactar el informe final aquí, en Buenos Aires, antes de partir hoy a Santiago.
Hace dos meses los mandatarios de la región le ordenaron investigar qué fue lo que pasó el 11 de septiembre último en el departamento boliviano de Pando. El ex secretario de Derechos Humanos reunió un equipo con profesionales sudamericanos, peritos en balística y el Equipo Argentino de Antropología Forense, y partió hacia el país andino.
Entrevistaron a las decenas de indígenas que sobrevivieron a la masacre, hablaron con los médicos que los atendieron, conversaron durante tres horas y media con el ex prefecto Leopoldo Fernández en su celda de la cárcel San Pedro en La Paz, cruzaron del otro lado de la frontera con Brasil para reunirse con los cívicos opositores que se escaparon después de la matanza y escucharon al gobierno de Evo Morales y a los líderes de la oposición.
Los testimonios no dejan lugar a la duda para Mattarollo. “No fue un enfrentamiento porque la asimetría de fuerzas era evidente”, concluyó. Los indígenas que habían salido a defender el proyecto de Evo Morales tenían piedras y palos para defenderse; los cívicos armas de fuego. “Las fuerzas de seguridad no cumplieron con su tarea. Hay imágenes que muestran a la policía cruzándose de brazos mientras los indígenas son masacrados –dijo Mattarollo y pensó un segundo cómo traducirlo a la experiencia argentina–. Fue sencillamente una zona liberada.”
El ex funcionario argentino no pudo adelantar aún las conclusiones del informe, pero no puede evitar adelantar una de las recomendaciones que le leerá a Bachelet la semana próxima. “Es una contradicción porque, por un lado, pedimos que la Justicia boliviana investigue los crímenes y condene a los responsables; pero, por otro lado, reconocemos que el Poder Judicial allá es débil, no tiene voluntad política ni independencia de los poderes económicos locales –señaló, preparando la mesa para el gran final–. Por eso, recomendamos una reforma judicial de las cortes superiores.”
El video de 20 minutos que se vio ayer en el Palacio San Martín mostraba también el Pando después de la masacre. “Las víctimas todavía están muy conmocionadas, con mucho temor. Esa es una región en donde la presencia del Estado central es casi inexistente. Muchos nos pedían que el estado de sitio se prolongara”, recordó. El gobierno de Morales anunció la semana pasada que levantará el estado de emergencia que impuso el 12 de septiembre este fin de semana. Lo necesita para poder realizar el referéndum constitucional en enero próximo.
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Unasur identifica a colaboradores de ex Prefecto como responsables de masacre
Buenos Aires, 20 nov (ABI/Télam).- Funcionarios de la Prefectura del departamento boliviano de Pando fueron halladas "judicialmente responsables" por la masacre de campesinos del 11 de septiembre, según concluyó la comisión investigadora de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur).
El informe, que será presentado el 25 de noviembre a la mandataria chilena, Michelle Bachelet, quien encargó la investigación en su carácter de presidenta pro témpore, establece "hechos, responsables y recomendaciones", adelantó hoy a Télam el coordinador de la comisión, Rodolfo Mattarollo, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.
La matanza de Pando
Una investigación concluye que decenas de partidarios de Evo Morales fueron asesinados en una provincia boliviana
Según recogerá el informe, lo que pasó en Cobija se encuadra dentro de los enfrentamientos entre el presidente Morales y los grupos opositores autonomistas. Los contrarios al presidente ocuparon oficinas del Gobierno y el Instituto de Reforma Agraria, donde están depositados los títulos de propiedad de las tierras. Desde Filadelfia, una localidad cercana, con alcaldía del partido de Morales, se organizó una columna de unos mil campesinos que iban a asistir a una asamblea en la capital, y previsiblemente, asediar a los ocupantes.
"Sectores cívicos prefecturales [civiles próximos al prefecto de la zona, equivalente a un gobernador, Leopoldo Fernández], se organizaron para impedir que los campesinos llegaran a la ciudad. Se cavaron zanjas con excavadoras propiedad del Estado, con varios metros de profundidad. La columna fue atacada por civiles armados", explica Mattarollo. En su huida, muchos campesinos se tiraron al río y existen vídeos donde se aprecian las dificultades de muchos de ellos para mantenerse a flote. La comisión ha identificado 26 muertos y algo más de 40 heridos por arma de fuego, pero no descarta que en realidad haya habido más víctimas. Entre los muertos identificados figuran tres muchachos que fueron claramente ajusticiados y cuyos cadáveres fueron además mutilados.
Un testimonio recogido habla de un niño pequeño muerto de un tiro, pero no ha sido posible comprobar ese extremo. "La única forma de saber exactamente el número de muertos y posibles desaparecidos sería establecer un censo o investigar denuncias precisas, pero eso es prácticamente imposible. En Pando ha cundido el miedo entre los campesinos. Es una gente tan desposeída que la mera idea de presentar una denuncia les resulta irreal", comenta el experto argentino.
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martes, 11 de noviembre de 2008
Cabildeo: Testimonios de sobrevivientes de la masacre en Pando - Conclusión de la comisión UNASUR
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07-Nov-2008 Cabildeo con Amalia Pando
Entrevista a sobrevivientes de la masacre de Pando.
Nota relacionada:
Terminó su trabajo la comisión investigadora de la masacre de Pando
"Fue una matanza planificada"
El ex subsecretario de Derechos Humanos Rodolfo Mattarollo, quien encabezó la comisión, explica que llegaron a la conclusión de que se trató de una masacre “por la magnitud de los hechos”. Redactarán un informe que entregarán a Bachelet.
Por Adriana Meyer
Era conocido que el asesinato de campesinos el 11 de septiembre en Pando fue una masacre, pero ahora lo afirmó la comisión investigadora de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) “por la magnitud de los hechos”. Así lo planteará en el informe que ya comenzó a redactar y que entregará a fines de este mes a la presidenta pro témpore Michelle Bachelet. Sin anticipar los detalles de su contenido, Rodolfo Mattarollo, que encabezó la comisión, afirmó que esa masacre “fue planificada”, que hubo una “enorme desigualdad de fuerzas” y que en sus recomendaciones al gobierno boliviano podrán énfasis en la necesidad de un “refuerzo institucional a partir de deficiencias detectadas en el funcionamiento de la investigación criminal, la policía y las fuerzas de seguridad, y el sistema judicial.”
–¿Estas deficiencias provocaron que los campesinos quedaran desprotegidos ante sus victimarios? –le preguntó PáginaI12 a Mattarollo.
“Hemos adoptado una actitud de imparcialidad, escuchamos todas las voces, las del sector cívico-prefectural opositoras al presidente Evo Morales, y a los sectores campesinos, que fueron las víctimas principales” de lo ocurrido en las localidades de Porvenir y Filadelfia, comentó el ex subsecretario de Derechos Humanos. “En la matanza, con un saldo de 18 muertos, más de 100 desaparecidos y centenares de heridos, la mayoría eran campesinos”, agregó. Por esas muertes el Ejecutivo responsabiliza al prefecto Leopoldo Fernández, confinado en una cárcel de La Paz. “Estuvimos tres veces en Brasileia, la ciudad que está frente a la capital de Pando, Cobija, donde cientos de personas traspusieron la frontera cuando se declaró el estado de sitio, para tomar conciencia de la dimensión de los hechos, y recogimos unos 60 testimonios de ambos sectores”, explicó Mattarollo.
De la comisión que acaba de terminar su trabajo en Bolivia participaron dos miembros del Equipo Argentino de Antropología, un patólogo chileno y dos peritos en criminalística especialistas en videos que habían trabajado en el caso del intendente de Pinamar, Roberto Porretti. “Hay un video en donde se ve a la gente que huye nadando por el río que atraviesa la capital de Pando, bajo el fuego de armas, y la oposición sostuvo que ese video fue trucado, que la imagen visual es real pero no así el audio de los disparos, por eso dispusimos someterlo a estudio”, indicó Mattarollo. También trabajó con la comisión de la Unasur el responsable de informática de la Secretaría de Derechos Humanos argentina para elaborar una base de datos sobre violaciones a los derechos humanos, de la que el gobierno boliviano carece.
Al momento de fundamentar que se trató de una masacre, el funcionario sostuvo que, si bien las muertes comprobadas son 18, podrían ser más. “Cruzaron el río sin saber nadar, de modo que indudablemente está el peligro de que sean más los muertos, y además tenemos pruebas de que los heridos fueron agredidos en los hospitales, por eso seremos muy precisos al calificar estas graves situaciones”, indicó.
Este diario quiso saber cuáles son los efectos concretos que tendrá el informe. “Rara vez una comisión internacional reacciona a tres días de los hechos, y ahora en Buenos Aires, que es la sede de la coordinación, vamos a redactar conclusiones y recomendaciones para entregar a la presidenta pro témpore de la Unasur, Michelle Bachelet, y al gobierno de Bolivia.”
Por otra parte, la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso boliviano que investiga esa masacre reinició ayer su trabajo con la declaración del director del Instituto de Investigaciones Forenses, Antonio Torres Balanza, quien informó sobre el número de muertos y las causas de esas muertes, de acuerdo a las necropsias realizadas por los peritos. El diputado de esta comisión legislativa Jorge Silva, manifestó que la comisión hará una evaluación de toda la documentación y declaraciones recibidas para definir una agenda de trabajo. Además, el gobierno de Evo Morales iniciará juicio penal contra el ministro de la Corte Suprema José Luis Baptista, por uso indebido de influencias destinadas a liberar al prefecto de Pando, principal acusado de la masacre del 11 de septiembre.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-114554-2008-11-06.html
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