Defensoría y DDHH inician investigación de la ‘agresión policial’ a enfermera Boyán

El jefe Nacional de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Gregorio Lanza, informó a Erbol que se inició con el proceso de indagación de la situación de la enfermera Leonor Boyán, quien se encuentra en terapia intensiva, luego de recibir el jueves la agresión de efectivos de la Policía.

“Se trataría de una gravísima violación de los derechos humanos, cabe preguntarse y eso también deben hacerse las autoridades del Ejecutivo, especialmente los del Ministerio de Gobierno que deben responder a las tremendas dudas que existe. ¿Ha sido una orden de ese nivel o de dónde ha salido?, ¿es un caso que corresponde a una agresión de efectivos del orden o de agentes?”, afirmó.

Testimonio de la víctima

La enfermera Boyán este sábado tomó contacto con los medios de comunicación donde contó, entre sollozos, la agresión violenta a la que fue sometida por policías el pasado jueves tras su detención por agentes de inteligencia y uniformados que la llevaron al Comando de la Policía Departamental de La Paz.

“Los policías (…) me trataron muy mal. Estaba como una media hora con los dolores que me estaba retorciendo, estaba casi como dos horas en lugar, luego me trajeron al hospital de Clínicas porque les dije que quiero ir al médico, luego me internaron”, relató la víctima.

Boyán agregó que tuvo que invocar que estaba embarazada para que dejaran de golpearla y agredirla. “Estaba totalmente traumada y no podía entender lo que estaba pasando y no pude identificar (a los policías) porque todos parecían iguales”, sostuvo.

Situación médica

El médico de turno, Carlo Vercosa, señaló que la paciente presenta un cuadro psíquico de estrés post-traumático, que se produce por una situación severa y que físicamente está bajo el diagnóstico de insuficiencia renal aguda secundaria a una rabdomiolisis, que es un trastorno producido por diferentes circunstancias.

Sin embargo, la paciente que está hospitalizada en el Instituto Nacional del Tórax, en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, manifestó que el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, -junto a un fiscal- la visitó aproximadamente a la 01.30 de la madrugada de este sábado, donde le pidió que no magnificara el hecho. “Me dijeron que no haga problemas, pero aquí nadie está mintiendo”, dijo la afectada, entre lágrimas.

Derechos Humanos: Madre y mujer golpeada

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, tras la visita a Boyán, en el Instituto Nacional del Tórax muy consternada señaló que escuchó a la paciente por lo que se encuentra preocupada por el estado de Boyán.

Hemos solicitado una explicación del “extremo de violencia que se ha generado en esta persona, una madre soltera y con un hijo que ha sido golpeada y por esa consecuencia está en terapia intensiva. El ámbito físico es lo que podemos esperar, pero psicológicamente está destrozada y atemorizada”, afirmó Herrera.

"Una mujer y madre fue golpeada y está en terapia intensiva que psicológicamente está muy grave y pedimos a las autoridades del gobierno no presionarla, pero es muy grave lo que ha sucedido. Nadie puede ser sometido a golpes para que se incrimine, pero lo que sí ha sufrido son vejámenes”, sostuvo.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, en declaraciones al canal gubernamental señaló que "no hubo golpes, sino forcejeos" entre la enfermera Boyan los policías que intentaban fotografiarla.

Ministro Romero dijo que es un “teatro”

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, sobre el caso manifestó que “es uno de los casos más sorprendentes de sobreactuación que se ha visto en los últimos tiempos”, que ha sido inventado por la prensa, según informa Oxigeno.

“Es un gran teatro; ella ha sido atendida por los mismos policías, se la ha llevado a una clínica privada donde recibió todas las atenciones después que ha sido la agresora de una autoridad de Gobierno. Ha mentido, dijo que estaba embarazada y resulta que no, todo es un gran teatro”, señaló.

La autoridad agregó que cuando la afectada recibió la visita en el Hospital del Tórax de parte del Viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, le dijo que no había declarado lo publicado en la prensa, “ella misma dijo que todo lo habían inventado los periodistas, que ella nunca dijo que fue torturada”, agrega el reporte.
Erbol


Gasificación afecta a niños y adultos


Varios sectores piden abrogación del decreto 1126

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Enfermera Leonor Boyán: Me dijeron perra de mierda, no tuvieron compasión de mí

La enfermera Leonor Boyán vivió las 48 horas más dramáticas de su vida. El jueves 10 de mayo fue víctima de una agresión de la policía, en circunstancias aún no esclarecidas, y el viernes debía asistir a la toma de nombre de la promoción del colegio donde estudia su hijo.

Estas dos jornadas de espanto quedaron grabadas en la retina de esta trabajadora de Salud, ahora con un horizonte y un futuro incierto. Su familia, de escasos recursos, pide se haga justicia, condena la actitud de desalmados uniformados que no respetaron su honra y su dignidad de mujer.

Erbol visitó a su lecho de enferma en el hospital del Tórax de la ciudad de La Paz, para conocer qué sucedió en aquel aciago jueves cuando tuvo al frente a “hombres de verde” que cortaron abruptamente sus sueños e ideales.

Una tarde de espanto

Con los ojosos llorosos, profundamente cansada y con las venas abiertas para recibir el suero, doña Leonor reconstruyó ese momento dramático que nadie quisiera vivirlo en carne propia.

El hecho se produjo en las inmediaciones del céntrico paseo de El Prado de La Paz…

¿Puede contarnos qué sucedió esa tarde?

“Quiero hacer conocer a todo el pueblo que fui golpeada y agredida, en medio de gasificaciones en la plaza del Estudiante. Me confundieron, me agarraron y me llevaron a la PTJ adentro, fui maltratada, me golpearon. Fui verbalmente también tratada mal, con adjetivos que soy una perra, perra de mierda, puta me trataron, me golpearon. No tuvieron compasión de mí.

Después de eso me puse muy mal, hice mucha fuerza y también me golpearon, porque me quisieron sacar fotos y todo, como si yo fuese una delincuente.

Me acusaron que yo hubiese golpeado con una piedra al Viceministro (Jorge Pérez). Entonces me tuve que inventar que estaba embarazada, porque era mucho el maltrato.

¿Qué otras agresiones sufrió?

Luego de golpearme me dolía todo y cuando me estaban sacando en brazos, otro uniformado de afuera me trató muy mal. Me agarró de mis cabellos, indicando que cómo me van a sacar todavía en brazos, si había golpeado con una piedra  al Viceministro.

Ese policía me agarró de mis cabellos, me arrastró y me golpeó.

¿Cuántos policías la golpearon?

Eran muchos. Desde el momento en que me agarraron afuera eran muchos policías. Me arrastraron y me metieron a la fuerza.

Yo no sabía por qué, no me dieron explicación alguna. Adentro me forzaron, me agarraron de mi cabello hacia atrás. Allí es donde sufrí las agresiones.

¿Usted arrojó la piedra de lo que denuncia el Viceministro?

Yo estaba buscando a mis amigas y compañeras que nos habíamos dispersado por el gas. Teníamos que reunirnos en la parte de arriba del Ministerio
Erbol

Acuerdo entre Gobierno y Comité Interinstitucional de Yapacaní pone fin a conflicto

El Comité Interinstitucional de Yapacaní depuso esta madrugada sus medidas de fuerza tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno que busca esclarecer la muerte de tres civiles y resarcimiento de daños y perjuicios a las personas damnificadas, a raíz de la crisis municipal de la semana pasada y que enfrentó a seguidores del ex alcalde David Carvajal con la población.

La Justicia persigue a los policías que martirizaron a indígenas en Yucumo

El congreso controlado por el MAS "interpela" a los presuntos autores intelectuales de la brutal represión

(Agencias).- El Ministerio Público comenzó a identificar a los efectivos policiales que intervinieron la VIII Marcha Indígena el 25 de septiembre. La Asamblea Legislativa interpelará el viernes a los ministros de la Presidencia Carlos Romero y de Obras Públicas Walter Delgadillo involucrados en la brutal represión policial.

El 25 de septiembre, centenas de policías antidisturbios asaltaron el campamento de los marchistas en proximidades de la localidad beniana de Yucumo, martirizaron a los indígenas, e impidieron al personal médico atender a más de 40 heridos.

Amnistía Internacional y varias otras organizaciones defensoras de los derechos humanos del país y del extranjero exigieron al gobierno de Evo Morales que inicie una investigación inmediata sobre el penoso incidente caracterizado por el uso excesivo de la fuerza contra personas que protestaban de manera pacífica.

Evo Morales esperó un día entero para explicar lo sucedido. Los indígenas fueron apaleados y gasificados el domingo a las 5 de la tarde, pero el Presidente se pronunció recién el lunes por la noche, luego de que renunciaran a sus cargos la ministra de Defensa Cecilia Chacón y el titular de gobierno Sacha Llorenti.

El Mandatario aseguró que él “nunca” autorizó semejante represión “condenable” e “imperdonable”, pero mucha gente se pregunta por qué no ordenó la inmediata liberación de los indígenas detenidos en Rurrenabaque, y por qué esperó hasta la noche del lunes para anunciar la conformación de una “comisión especial” encargada de investigar el asalto policial anti indígena.

El Presidente Morales y su ex ministro Llorenti se lavaron las manos y culparon de todo a la tropa policial, la cual se limitó a cumplir órdenes. Antes de renunciar, Llorenti dijo que publicaría los nombres de los policías responsables de las agresiones a los indígenas.

Este miércoles, la fiscal Patricia Santos declaró: “Dentro de la acción penal que se encuentra bajo mi dirección funcional se ha emitido varios requerimientos a objeto de que los distintos canales televisivos remitan a este despacho fiscal, en un plazo de 48 horas, tras su notificación, todas la imágenes que cursan en sus archivos relacionados al caso TIPNIS”. Explicó que “lo que se quiere es (identificar) tanto el hecho, como a los probables autores”.

“Evo no puede evadir su responsabilidad porque hay demasiadas pruebas de que él autorizó el operativo de traslado forzoso de los marchistas”, recalcó el diputado de Convergencia Nacional Luis Felipe Dorado.

“Para empezar, la carta de renuncia de la ex ministra Chacón, enviada al presidente el lunes, señala: ‘Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender o justificar la misma‘. Ésa es la prueba número 1, el testimonio de su propia ex ministra de defensa”, afirmó Dorado.

“Por si esto fuera poco, tenemos la prueba número 2: las declaraciones del viceministro de coordinación con los movimientos sociales César Navarro, quien también reconoció que la orden salió del gobierno. La prueba número 3 es el envío de un avión Hércules a Rurrenabaque con la intención de llevarse presos a los indígenas, hacia La Paz o quién sabe dónde. Esa movilización de la Fuerza Aérea sólo puede haberse realizado con la anuencia del capitán general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente”, insistió Dorado.

Por todo eso, agregó el diputado opositor, “no aceptamos que el Presidente se lave las manos diciendo que no tiene culpa. Sr. Evo Morales: usted miente y lo hacemos responsable por el atropello a nuestros hermanos indígenas en Yucumo”.

Se pronuncian los policías perseguidos
Los policías que participaron en el operativo de Yucumo revelaron a la red Erbol que fueron eviados a la zona de conflicto con una misión: “evitar que pase la marcha indígena y no tocar a los colonizadores que estaban bloqueando la carretera Beni-La Paz”.

“Por ejemplo, cuando los colonizadores decomisaron alimentos y agua que eran para los marchistas, no nos dieron ninguna orden para hacer gestiones y recuperar los alimentos que eran transportados en una camioneta”, manifestó uno de los uniformados ahora perseguidos por la justicia.

Otro policía narró que la primera orden de intervención se produjo el sábado 23 de septiembre, luego de que el canciller David Choquehuanca fue obligado por mujeres indígenas a marchar unos kilómetros con el fin de romper el cerco policial. “La madrugada del 24 de septiembre llegó a Yucumo el (ex) viceministro Marcos Farfán con la orden de realizar el operativo; a éste le ordenó el (ex) ministro de Gobierno Sacha Llorenti, y a él ya sabemos quién”, explicó un uniformado joven.

“Las órdenes eran claras: no dejar pasar la marcha; y para ello se inventaron otra excusa: evitar un enfrentamiento entre el bando de los indígenas y los colonizadores, a quiénes no podíamos decirles nada”, indicó otra persona a la red Erbol.

Otro grupo de policías que se contactó con Erbol denunció que en el transcurso de las últimas horas retornaron a La Paz con sus propios medios al menos 100 uniformados, y denunciaron que aún permanecen en Yucumo otros 250 efectivos “abandonados”, sin viáticos, sin agua, sin comida. “Nos llevaron a Yucumo, nos pidieron evitar que pase la marcha indígena, nos ordenaron hacer el operativo y luego dicen que no saben quien ordenó, después anuncian procesos contra nosotros y finalmente nos abandonan”, reclamaron acongojados.

Entre tanto, el Vicepresidente Álvaro García Linera y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó a la Vigésima Sesión Ordinaria el viernes de esta semana para interpelar a los ministros de la Presidencia Carlos Romero, y de Obras Públicas Walter Delgadillo sobre la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

La interpelación a los dos ministros fue solicitada por la bancada del MAS con el fin de que expliquen las gestiones del Ejecutivo para solucionar las demandas de los pobladores del TIPNIS. Se descarta que ambas autoridades sean censuradas por la mayoría oficialista que controla el Congreso.
Con información de Erbol y ABI.
Tomado de Bolpress

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Choquehuanca: "No podemos cambiar lo que el Presidente ya ha decidido"

En referencia a la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio

El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, quien encabeza las negociaciones con la marcha indígena canciller comunicó a los indígenas que las autoridades del gabinete ministerial no puede cambiar las decisiones que asume el presidente Evo Morales.

"No podemos cambiar lo que el Presidente (Evo Morales) ya ha decidido", afirmó el canciller en referencia a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en declaraciones que recoge la Fundación Tierra y añadió que no se pueden dejar sin efecto las obras de construcción de los tramos I y III de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuya ejecución arrancó el 3 de junio.

La comisión de gobierno y representantes de los indígenas reiniciaron, luego de cuarto intermedio, un nuevo intento de diálogo en la comunidad de San Isidro de la Embocada donde la marcha permanece. El encuentro entre los marchistas y el gobierno se realiza en medio de la tensión generada por los colonizadores, quienes bloquean desde la anterior semana el ingreso carretero a Yucumo.

El gobierno, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, ratificó su intención de hacer una consulta sobre el proyecto carretero que atravesaría el Isiboro Sécure pero los indígenas insisten en que la consulta es "extemporánea" porque el camino ya está en ejecución.

"Llevaremos adelante el proceso de la consulta, en el marco de las leyes nacionales (Constitución Política del Estado), y las leyes internacionales", afirmó Choquehuanca según Tierra.

Al respecto, Fernando Vargas presidente de la subcentral TIPNIS respondió que el proyecto ya está en ejecución y aún no se cumplió con la consulta. El dirigente recordó que la construcción de los tramos I y III ya han comenzado, "a pesar de que la consulta se debe realizar de manera previa".

Uno de los momentos más tensos que vivió el diálogo, que podría prolongarse aún por varias horas, fue cuando el Canciller señaló que: "todas las carreteras provocan un impacto en la Madre Naturaleza, ya sea que pasen por el TIPNIS o no" ante esta declaración el ex presidente de la Subcentral TIPNIS, Adolfo Moye, respondió: "No pueden traernos ese tipo de respuestas, los indígenas merecen respeto".

La Comisión Ministerial está integrada, además, por los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y Obras Públicas, Walter Delgadillo.
ANF

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El canciller David Choquehuanca admitió frente a los indígenas que la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro – Secure (TIPNIS), ya está definida por el presidente Evo Morales y que el trazo del mismo no puede ser cambiado.

Gobierno acusa e insulta a dirigentes y envía a ministros para dialogar con marchistas

Por cuarto día consecutivo, el gobierno continuó su acusación a los dirigentes indígenas, primero de estar en contubernio con la embajada de Estados Unidos, luego de ser traficantes de tierra y madera, y este miércoles de recibir un millonario financiamiento de la agencia estadounidense USAID, sin embargo, en reunión de gabinete, el gobierno decidió enviar una nueva comisión de Ministros para dar encuentro a la marcha y entablar el diálogo.

El ministro de Comunicación, Iván Canelas, informó que la decisión gubernamental busca iniciar el diálogo con los indígenas, que marchan rumbo a la ciudad de La Paz, pese a la oposición de su dirigencia.

“La comisión está conformada por dos ministros, uno de Desarrollo Rural y otro de Medio Ambiente, de manera que esta comisión está viajando lo más antes posible hasta puerto San Borja, donde se encuentran ya dos días los hermanos indígenas, para comenzar el diálogo”, sostuvo Canelas en conferencia de prensa.

Contradictoriamente, Canelas dijo que la delegación de ministros conversará con cualquier dirigente que se encuentre en la marcha, sin hacer ninguna distinción entre los indígenas descalificados por las denuncias hechas por el gobierno, porque “esa posibilidad siempre está abierta y además que el presidente pueda reunirse con ellos”.

“Vamos a ir a charlar allá, con cualquier dirigente que esté, al margen de cualquier situación, porque lo que nos interesa a nosotros, como lo hemos demostrado antes de que comience la marcha, es que los dirigentes puedan iniciar este dialogo”, señaló.

Canelas precisó que la comisión sólo negociará la construcción del segundo tramo carretero y no así el pliego petitorio de los 16 puntos que la dirigencia de los indígena hizo llegar en días anteriores.

El domingo pasado el presidente Evo Morales, en la televisora estatal, presentó listas de extractos de llamadas telefónicas que supuestamente comprometen a dirigentes indígenas de la marcha del Tipnis con la embajada de Estados Unidos.

El lunes, el ministro de gobierno Sacha Llorenti continuó la campaña explicando los procedimientos utilizados para legitimizar el acceso a los registros de llamadas.

Carlos Romero, ministro de la Presidencia, denunció el martes que algunos dirigentes indígenas del Tipnis están involucrados con tráfico de tierras y madera.

Este miércoles, el director de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y Fronteras (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, denunció que la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) recibe un millonario financiamiento de USAID bajo el supuesto de implementar políticas medioambientales pero que en el fondo buscan allanar el camino para el ingreso de empresas transnacionales y saquear los recursos naturales.
Erbol

Gobierno acusa a dirigentes indígenas de recibir millonario financiamiento de USAID

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Avanza la VIII Marcha Indígena y Evo criminaliza la protesta
La Paz y Beni, (SENA-Fobomade y Bolpress).- La VIII Marcha Indígena iniciada el 15 de agosto en Trinidad ya avanzó más de 110 kilómetros y se acerca a San Borja. Ni el frío, el hambre, el matonaje mediático, ni la represión política del gobierno o las amenazas de sus huestes campesinas han podido frenar esta movilización de los pueblos originarios en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Juan Ramón Quintana propone expulsar a USAID
La Paz y Santa Cruz (ABI).- El director de la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) Juan Ramón Quintana denunció que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) "invirtió 100 millones de dólares para corromper a dirigentes indígenas a través de un ejército de ONGs", y propuso expulsarla del país. "La expulsión de USAID debiera ser no solamente un acto patriótico y de soberanía del Estado Plurinacional, sino una defensa de este proceso de transformación y de cambio", dijo.

Perfilan gabinete de Evo Morales entre enroques, "históricos" y "repatriados"

Potosí radicaliza protesta popular sin precedentes contra el gobierno del MAS

El departamento de Potosí cumple un paro general indefinido con bloqueo de caminos desde hace ocho días. El martes más de 100 mil personas en una concentración sin precedentes decidieron radicalizar la lucha. Todos los sectores se plegaron a la movilización, incluidos senadores y diputados del MAS y el gobernador oficialista de Potosí Félix González. “Potosí federal, Potosí federal…” es la consigna del momento.

La movilización estalló hace más de una semana por un centenario conflicto de límites entre los ayllus indígenas de Coroma en Potosí y Quillacas en Oruro, que se disputan un rico yacimiento de piedra caliza, materia prima para la fabricación de cemento.

El paro cívico y el bloqueo de caminos se radicalizía cada día, viajeros varados en una ruta de Tarija denunciaron que dos menores fallecieron por culpa del bloqueo; los habitantes de la ciudad de Potosí sufren por el desabastecimiento de alimentos.

El obispo de Potosí monseñor Ricardo Centellas pidió vehemente al gobierno que atienda las demandas del pueblo potosino: “Hacemos un llamado urgente a un diálogo respetuoso y sincero con la verdad de los hechos, sin ningún tipo de prejuicios ni pretextos; no podemos seguir observando el sufrimiento de nuestros hermanos que bloquean los caminos y otros que no pueden llegar a su destino soportando situaciones infrahumanas”.

El presidente del ComitéCívico de Potosí (Comcipo) Celestino Condori, uno de los líderes de la movilización regional, culpa al gobierno de la crisis política y social, sobre todo al ministro de Autonomías Carlos Romero por su “excesiva parcialización con Oruro".

Los potosinos están indignados por las maniobras de Carlos Romero, del ministro de Gobierno Sacha Llorenti y del viceministro César Navarro, que desde un principio intentaron minimizar el conflicto. Los operadores políticos del gobierno denunciaron que un pequeño grupo de personas impulsa la movilización por intereses políticos personales, entre ellos el alcalde de Potosí René Joaquino. Son dignatarios ineficientes, no merecen el cargo y deberían renunciar, sentenció Condori.

Varias provincias del norte potosino se pliegan progresivamente a la protesta y los comerciantes de las provincias del sur no descartan cerrar la frontera con Argentina. Al mismo tiempo, legisladores potosinos del MAS instalaron un piquete de huelga en La Paz y el gobernador potosino Félix González, también masista, se se incorporó a las movilizaciones de Potosí.

El senador Eduardo Maldonado, el diputado Juan Carlos Sejas (MAS) y el diputado David Cortes de Alianza Social ayudan desde hace tres días en la Cámara de Diputados exigiendo al gobierno que envíe a Potosí una comisión de ministros para iniciar el diálogo. “Lamentamos que no se le dé la importancia que por justicia le corresponde a nuestro departamento”, se quejó Sejas.

El gobernador masista González abandona su responsabilidad de tender puentes con el gobierno y establecer el diálogo, “es una posición que respetamos, pero que no la comprendemos”, manifestó Romero, mientras que el Vicepresidente Álvaro García Linera lamentó “la huelga innecesaria e injustificada del senador Maldonado que no contribuye en nada”.

El gobierno convocó al diálogo en dos territorios “neutrales”, primero en Cochabamba y después en Sucre, pero los dirigentes cívicos y las autoridades indígenas de Potosí no asistieron. “El ComitéCívico siempre ha asistido a escenarios neutrales y todas las reuniones de conciliación siempre se han efectuado en la ciudad de La Paz; ahora el pueblo potosino exige que de una vez los ministros den la cara aquí en Potosí”, explicó Condori.

Los potosinos están resentidos

El 57,8 por ciento de los potosinos votó por el MAS en las elecciones generales de 2005; cuatro años después 243.855 habitantes de la Villa Imperial reeligieron a Evo Morales. En toda la historia republicana, nunca antes un Presidente ganó una elección con una votación récord de 78,3%.

Los potosinos ratificaron su apoyo al Presidente en las elecciones regionales del 4 de abril de 2010; el MAS ganó en 34 de los 40 municipios de Potosí, es decir en el 85% de las comunas del departamento.

Los potosinos demostraron que son el pueblo más fiel al gobierno, pero Potosí sigue siendo el departamento más deprimido y postergado del país, y también el más maltratado por Estado indígena.

“Es injusto que algunos sectores piensen que el Presidente se olvidó de Potosí, que está permanentemente en su corazón”, el gobierno aprobó una gigantesca inversión de entre 560 y 570 millones de dólares en carreteras para fomentar el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los potosinos, recuerda García Linera.

En 2006 el gobierno entregó ingenios y equipos a las cooperativas mineras; este año comenzó la construcción de un aeropuerto internacional en Uyuni; la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) reactivará la fundición de Karachipampa, y se tramita un financiamiento de 200 millones de dólares para construir una planta de cemento.

Dice el Vicepresidente que el conflicto de límites es un problema “más viejo que la propia historia de Bolivia porque deviene de hace 200 años, y no se solucionará en días o semanas”; se necesita unos 180 días para aprobar una Ley que defina los límites. La primera división de ayllus que motivó el conflicto limítrofe entre Coroma y Quillacas data de 1820, precisa el ministro Romero.

El Vicepresidente imploró al pueblo potosino que declare pausa en las medidas de presión por 24 horas este 6 de Agosto día de la Patria, “para que todos los bolivianos independientemente del tema que nos diferencia rindan su honor a la Patria que está por encima de todo”.

El pueblo potosino reunido en asamblea general el miércoles descartó declarar cuarto intermedio y ratificó que continuará movilizado hasta que las una comisión gubernamental a la cabeza del Presidente Evo Morales arriben a la región para negociar cada uno de los seis puntos del pliego.

El ministro Romero descartó de plano la posibilidad de iniciar el diálogo en Potosí. “Si nosotros vamos a Potosí, así existan todas las garantías para dialogar, inmediatamente se va a provocar el levantamiento de Oruro y tendremos dos departamentos movilizados y más polarización del conflicto limítrofe”, argumentó.

Hoy viernes 6 de agosto día de la Patria los potosinos no desfilarán; marcharán y masificarán la huelga de hambre. Condori anunció en Radio Panamericana: “Esta semana estaríamos concluyendo con una paralización total a nivel departamental con el bloqueo de la carretera Avaroa sin dejar sacar ni un solo gramo de mineral de empresa San Cristóbal”.
Bolpress


[Archivo: 03 agosto 2010] Gran marcha de la potosinidad exigen presencia del Presidente

CEJIS acusa de discriminador e inconsecuente a ministro Romero

El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Leonardo Tamburini, acusó este viernes de discriminador al ministro de Autonomías, Carlos Romero.

“El ministro de Autonomías es un hombre inconsecuente que discrimina a los pueblos indígenas a quienes asesoraba cuando era titular de esta ONG”, manifestó Tamburini, según el reporte de la radio Santa Cruz de la Red Erbol.

La molestia de los funcionarios del CEJIS, según Tamburini, surge por las falsas acusaciones de Romero, que días atrás, señaló a esta instancia no gubernamental como si fuera financiada por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) y como si estuviera asesorando de manera “dirigida” a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en contra del gobierno.

En este sentido declaró “nos parece un acto de discriminación racial entender que el movimiento indígena decide y lleva a cabo una movilización sólo porque el CEJIS o una institución o una agencia de cooperación cualquiera se lo ordena”, añadió, al mencionar que esta es una forma de subestimar el raciocinio de los indígenas del oriente del país.

“Creo que eso es faltarle al respeto a 25 años de historia del movimiento indígena de las tierras bajas, quienes han posicionado varias demandas y reivindicaciones que son una realidad en la democracia boliviana actual”, aseveró.

Agregó que el ministro Romero con sus declaraciones viola el derecho que tiene cualquier autoridad o persona de proveerse de un asesoramiento legal por parte de profesionales que cuentan con el conocimiento especializado sobre alguna materia, “como por ejemplo el derecho”.

“En tercer lugar lo que denunciamos es la violación a nuestros derechos, que somos los defensores de los derechos humanos, porque tal cual lo señalan varias resoluciones de las Naciones Unidas, las acusaciones del gobierno buscan claramente descalificar y estigmatizar nuestro trabajo”, apuntó.

Anunció, asimismo, que en los próximos días CEJIS pedirá al gobierno una certificación que compruebe el supuesto financiamiento que recibiría por parte de USAID.

“Yo no voy a decir nada, esperaré que el Estado se pronuncie porque supuestamente es quien nos conoce más y sabe de dónde viene nuestro financiamiento, es él quien nos va a certificar si somos financiados y por quién, porque yo quiero que eso esté por escrito y ahí hablaremos sobre documentos”, puntualizó.
Erbol

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Indígenas marchan por autonomías, gobierno acusa a USAID de impulsar movilizaciones

Bolivia pone en marcha Autonomía Indígena

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II.

III.

IV.


El 2 de agosto de 2009. El Presidente Evo Morales y el ministro de Autonomía Carlos Romero presentaron el anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) que faculta a los municipios a consultar a su población si está de acuerdo con su conversión en Autonomías Indígena Originarias en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.

La Ley de Régimen Electoral Transitorio establece que los pueblos y naciones indígena originario campesinas que deseen convertir un municipio en autonomía indígena podrán elaborar su estatuto y realizar su referéndum autonómico en las elecciones del 6 de diciembre de 2009.

"La autonomía indígena es la inclusión de los pueblos indígena originario campesinos y sus estructuras colectivistas y comunitarias al Estado. El Estado les transfiere competencias y sus organizaciones se convierten desde hoy en instituciones organizativas del propio Estado Bolivia, en eso consiste el Estado plurinacional y la autonomía indígena", explicó el ministro Romero.

Anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización

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Presentación del libro "Autonomías Indígenas en la realidad boliviana y su nueva Constitución"