jueves, 9 de junio de 2011

Evo promulga la Ley que legaliza el contrabando de vehículos chutos

El presidente Evo Morales informó la mañana de este miércoles que promulgó, después de cuatro días de ser sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ley que nacionaliza el contrabando de vehículos indocumentados y recomendó a los propietarios de los mismos hacer su registro por internet en los próximos 15 días.

El mandatario, en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, reconoció que hubo problemas por eso es que se gestó la norma en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Tenemos un problema en la Asamblea hay que reconocer una vez promulgada (La Ley) tenemos que combatir la internación de autos indocumentados", apuntó el gobernante.

Aseguró que efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía y Aduana, deberán hacer el control respectivo para combatir el ingreso de estos motorizados ilegales.
Erbol


Evo promulga Ley de legalización de vehículos indocumentados


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Rige la ley de amnistía para los chutos; más de mil ya están en lista de espera
Tras promulgarse la ley que legaliza los vehículos chutos, la Aduana inició ayer el registro masivo de estos motorizados y estableció cuatro restricciones para acceder al beneficio. Al menos 1.380 unidades ya están en espera de su nacionalización.
La norma fue promulgada ayer por el presidente Evo Morales a pesar del rechazo de diversos sectores públicos y privados. Morales remarcó que con la sanción se “cumple” con una ley que fue elaborada “por iniciativa de la Asamblea” Legislativa. “La ley de carros indocumentados ya está promulgada y no hay nada que debatir”, sentenció.

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miércoles, 1 de junio de 2011

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miércoles, 18 de mayo de 2011

"Chutos": prevén recaudar $us 100 millones

El proyecto de ley que el MAS impulsa para la legalización de los vehículos “chutos”, que pretende recaudar unos 100 millones de dólares, provocó ayer críticas de los empresarios y del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que dijeron que la medida defrauda a los sectores que creyeron que en Bolivia se acabó el incentivo al delito.

Advirtieron que si la amnistía es aprobada, sólo habrá más contrabando y será una acción contradictoria con la misión fundamental de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, explicó que la determinación de la bancada del MAS en el Senado de promover el “perdonazo” tiene dos facetas, “una de cal y otra de arena”. “Habrá quienes se sientan satisfechos de haber sido premiados por delinquir, mientras que otros defraudados porque en un proceso de cambio se están haciendo lo que los gobiernos neoliberales hicieron en su momento”, apuntó.

Rodríguez agregó que “nacionalizar” más de 50 mil “chutos” diseminados en todo el territorio nacional, representa un premio a los contrabandistas; y sobre todo, un incentivo a continuar cometiendo el delito de contrabando porque el proyecto de ley establecería un tiempo de cinco meses para la regularización, periodo que sería aprovechado para internar al país más vehículos ilegales.

Para el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Carlos Flores, legalizar vehículos “chatarra” sería un grave atentado al medio ambiente y la seguridad ciudadana en carreteras, además de representar un incentivo a la informalidad y un castigo a las empresas importadoras legalmente establecidas.

Situación

Flores indicó que un gran porcentaje de los 50 mil vehículos estimados por el senador Isaac Ávalos, quien impulsa el proyecto de ley, circulan en el trópico de Cochabamba donde no existe control alguno de parte de la Aduana Nacional, el Control Operativo Aduanero (COA) o la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove).

Informó que la Registro Único de Administración Tributaria (RUAT) identificó cuatro zonas en Bolivia donde está la mayoría de los vehículos “chutos”: las provincias de Yungas de La Paz, el trópico cochabambino, poblaciones fronterizas en oriente y la frontera con Chile.

Rodríguez y Flores coincidieron en que detrás del proyecto de ley está la urgencia gubernamental de recaudar para tapar el “agujero” fiscal y recuperar la simpatía de algunos sectores sociales.

Se estima que con la amnistía el Estado podría captar unos 100 millones de dólares.

Recordaron que hace tres años, en noviembre de 2008, la decisión de restringir el ingreso de vehículos con antigüedad mayor a cinco años provocó enfrentamientos entre importadores de autos usados y trabajadores de las zonas francas con el Estado, con el saldo de un muerto.

Justifican la medida

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, que redactó el proyecto de ley para regularizar la situación legal de los vehículos “chutos” rechazó las críticas a la medida.


“Tienen que entender que se beneficiará a gente humilde de la provincias y lo más importante es que será por única vez”, indicó.


El asambleísta informó que ayer entregó el proyecto a la Comisión de Hacienda, Política Económica y Crediticia del Senado para su consideración en la perspectiva de que la próxima semana sea remitido al pleno camaral para su tratamiento. Anunció que se espera la promulgación para dentro de tres a cuatro semanas.


“Se trata de nacionalizar todos los vehículos que hayan en el territorio boliviano, excepto los robados y aquellos chocados que ya no sirven”, señaló Ávalos.


El borrador del proyecto consta de ocho artículos y prevé la “nacionalización” de todos los vehículos en el territorio nacional.

También incluye la participación de la Unidad Operativa de Tránsito, Diprove y la Aduana Nacional de Bolivia.


Los motorizados que sean a motor de gasolina tendrán una multa del 25 por ciento sobre el avalúo que se haga de parte de la Aduana. Mientras que los motores a diésel serán sancionados con un 50 por ciento del total del avalúo, señala el proyecto.
LosTiempos.com

viernes, 22 de abril de 2011

Ex viceministro Almaraz acusa al senador Ávalos de promover la mercantilización de la tierra

El ex viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, acusó al senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, y a círculos de la dirigencia campesina de promover la mercantilización de la tierra a través de la modificación de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria para convertirla en Ley de Reconducción Individual.

La ex autoridad, en declaraciones exclusivas a la Red Erbol, afirmó que el senador Ávalos, cuando era dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), hizo todos los esfuerzos por cambiar la Ley de Reconducción Comunitaria.

“Esa inquietud además está ligada a una serie de acciones e iniciativas oscuras, hasta delictivas, como el tráfico de tierras, la vinculación a personajes y circunstancias en las cuales ha habido una apropiación ilegal de tierras, este es un evidente peligro frente al cual se necesita una gestión pública fuerte, eficaz, y sobre todo, recta y transparente”, señaló.

Dijo que se debe preguntar al senador Ávalos sobre la cantidad de tierras que posee y el lugar donde están, para establecer si son pocas o muchas las hectáreas que posee.

Las declaraciones de Almaraz las hizo a 24 horas de la destitución de Juan Carlos Rojas, como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), siendo reemplazado por Julio Urapotina.

Según Almaraz, la gestión de Rojas se caracterizó por ser transparente y de efectiva lucha contra la corrupción y con resultados sobre superficies saneadas, y redistribuidas.

Explicó que en el caso de corrupción descubierto en Santa Cruz, se evidenció la existencia de INRA paralelo, en el cual se fraguaban documentos destinados a extorsionar a las personas y se cometían una serie de irregularidades. “Era parte de esta especie de mafia algunos de los funcionarios del INRA que han sido destituidos, como también fue destituido el director departamental de Santa Cruz”, sostuvo.

Al respecto el senador cruceño y jefe de la bancada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, rechazó esas acusaciones y afirmó que Alejandro Almaraz hace esas declaraciones porque fue echado del gobierno.

“Busca argumentos para poder acusar (…) El problema que tiene conmigo es porque no avanzaba el proceso de saneamiento en las comunidades campesinas en todo el país. Esa ha sido mi diferencia con él (Alejandro Almaraz), por eso decía que yo defendía a empresarios, yo nunca he defendido y nunca tengo porque defender. Cuando era dirigente de la CSUTCB le insistía en que el saneamiento debería ser para todos. Esa era mi diferencia, ahora desconozco y debe ser la bronca y rabia que tenía”, señaló a Erbol.
Erbol

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Rojas denuncia que llevaron documentos del INRA a la oficina de ministra Achacollo
La Paz, 21 Abr (Erbol).- El destituido director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, denunció este jueves que funcionarios de esa institución sustrajeron documentos de esa entidad para llevarlos al Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras, aunque no dijo con qué fines pero con una expresa preocupación porque éstos puedan ser alterados o modificados.

miércoles, 3 de febrero de 2010

El gobierno interrumpe la reforma agraria comunitaria y adopta una política de tierras privatizadora

El nuevo Viceministro Víctor Camacho quiere crear "Tierras comunitarias campesinas" autónomas, facultadas para regular el arrendamiento, la aparecería, la transferencia y la compra venta de predios agrarios

La ministra del sector Nemesia Achacollo posesionó como viceministro de Tierras a Víctor Camacho González, en reemplazo de Alejandro Almaraz, en un acto celebrado casi secreto y sin participación de la prensa a las 10 de la noche del martes en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Al movimiento campesino le falta tomar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para asumir el control pleno del sector y encaminar una nueva reforma agraria anti comunitaria y a favor de la privatización de la tierra.
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia manda reconstruir los territorios indígenas y campesinos mediante la dotación colectiva de tierras fiscales, con el objetivo de fortalecer la identidad, la propiedad y las formas económicas comunitarias.

La norma reguladora de la administración de tierras en el nuevo ciclo es la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, aprobada en la gestión del ex ministro Alejandro Almaraz. La norma dispone la dotación colectiva de tierras de manera exclusiva, previniendo la parcelación de los predios, tal y como ocurrió luego de la reforma agraria de 1953.

La Constitución protege el territorio indígena originario campesino como una forma de propiedad comunitaria indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible. En ese sentido, la tierra en propiedad colectiva y los territorios indígena originario campesino no son mercancías que se compran y se venden con fines de lucro individual.

Sin embargo, campesinos y cocaleros liderados por legisladores y ministros del MAS no aceptan estos principios constitucionales, rechazan abiertamente la propiedad comunitaria y están dispuestos a modificar las normas agrarias con el objetivo expreso de viabilizar la dotación individual y legalizar el libre mercado de propiedades agrarias.

En los últimos meses, colonizadores del trópico de Cochabamba y del norte de La Paz ejercieron fuerte presión sobre tierras comunitarias indígenas y exigieron al gobierno la titulación individual de propiedades susceptibles de hipotecar, vender y heredar.

Según los ex diputados del MAS Filemón Aruni y Humberto Iquiapaza, la forma de distribución actual acentúa las diferencias entre campesinos, indígenas y colonizadores y genera un tipo de "latifundismo indigenista".

En Cochabamba, el alcalde de Morochata Roman Choquevillca, el ex diputado de la Circunscripción 31 y presidente departamental del MAS-IPSP Feliciano Vegamonte y otros dirigentes oficialistas impidieron la titulación de de la TCO Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Ayopaya (CSUTCOA).

Los enemigos de la TCO argumentan que los campesinos de la provincia perderán el control de su territorio. En realidad, los caciques vinculados con conocidos loteadores temen no poder negociar con las tierras dotadas gratuitamente por el Estado.

Hasta fines del año pasado, las acciones campesinas contra la propiedad comunitaria de la tierra eran consideradas revueltas aisladas y sin apoyo del poder central. Se supo que en una oportunidad el propio Presidente Evo Morales reprendió en público a los masistas cochabambinos que quieren "vender" a la Madre Tierra.

Sin embargo, la posesión de Víctor Camacho como nuevo viceministro de Tierras demuestra que los planteamientos de los caciques campesinos dejaron de ser simples "propuestas" para convertirse en la política oficial del Estado Plurinacional.

Camacho es un antiguo funcionario del INRA y uno de los principales asesores de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Habría sido destituido como director del INRA Santa Cruz en 2007 por manejos irregulares, pero hoy vuelve como máximo ejecutivo del Viceministerio, con el apoyo pleno del influyente senador Isaac Ávalos.

Camacho llega al Viceministerio con un anteproyecto de ley de tierras bajo el brazo, el cual vulnera y contradice varios artículos y principios de la Constitución y de la Ley de Reconducción Comunitaria. Uno de sus principales planteamientos es la creación de "Tierras comunitarias campesinas (TTCs)", una forma de propiedad agraria de igual jerarquía que las TCOs indígenas.

El nuevo viceministro de Tierras quiere constituir TTCs tan autónomas como las republiquetas añoradas por la Nación Camba, respetando plenamente la propiedad privada y la libre oferta y demanda de tierras.

El artículo 74 del anteproyecto de marras señala que es competencia específica de los gobiernos autónomos indígenas campesinos "Regular los procedimientos sobre derecho, tenencia y propiedad de la tierra". Se refiere a la "titulación de sus comunidades y parcelas en coordinación en el nivel nacional, garantizar la sucesiones, las formas de conservación del derecho propietario, los factores de pérdida del derecho de propiedad en sus comunidades, el arrendamiento y aparecería, las transferencias y ventas, la titulación de los derechos comunes y derechos familiares y resolver conflictos en la tenencia de la tierra...".
Bolpress

Vea también:
Alejandro Almaraz sale del Viceministerio de Tierras

miércoles, 11 de noviembre de 2009

Elecciones 2009: Ex seleccionados apoyan candidatura de Evo Morales


Tres ex jugadores de la selección boliviana de fútbol apoyarán la candidatura de Evo Morales en las elecciones de diciembre.