Algunas comunidades guaraníes de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz viven en servidumbre por deudas, una condición indigna e injusta análoga a la esclavitud, porque no tienen tierra. Estos guaraníes víctimas de una extrema discriminación recuperarán el libre albedrío y el derecho a preservar su identidad cultural colectiva cuando recuperen su territorio histórico despojado.
Es necesario que el Estado restrinja la propiedad privada particular y revierta latifundios que no cumplen una función económica social (FES) para reconstituir el territorio guaraní.
La nueva Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la propiedad agraria empresarial siempre y cuando cumpla una FES, es decir que emplee la tierra de forma sustentable en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. (Artículo 397, inciso III)
No cumplen la FES los predios agrarios rurales que mantienen sistemas de peonazgo, trabajo forzoso, cautiverio, servidumbre o formas análogas contrarias al beneficio e interés colectivo (Decretos 29802 y 29215 Reglamentario de la Ley 3545).
Los predios agrarios que incumplen la FES y los latifundios que aplican un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral serán revertidos y pasarán a dominio y propiedad del pueblo boliviano (Artículos 398 y 401, I de la CPE).
La reversión de tierras es un procedimiento absolutamente legal, constitucional y legítimo, sobre todo en un país con alta concentración de la propiedad agraria como Bolivia.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA instó al Estado boliviano a "aumentar su presencia institucional" en el chaco cruceño a fin de ejecutar las leyes de reforma agraria y garantizar los derechos fundamentales de comunidades nativas.
El Relator Especial Rodolfo Stavenhagen exigió al gobierno priorizar el saneamiento de las TCO indígenas en cumplimiento de la Constitución y de las leyes bolivianas.
La Iglesia Católica recalcó que los gobernantes tienen la obligación de hacer cumplir la legislación de tierras con "humildad" pero con mayor claridad, decisión y firmeza", en pos del objetivo irrenunciable del bien común.
La Iglesia Católica reflexionó en varias oportunidades que la tierra es un bien universal cada vez más escaso que Dios concedió a todos sus hijos y no solo a los ricos.
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), es prioritario cambiar actitudes y costumbres injustas profundamente arraigadas en la sociedad, inclusive en las mentes de personalidades públicas que dicen defender la democracia y los derechos humanos.
Deben sentirse aludidos el prefecto Rubén Costas, el Comité Cívico y el empresariado de Santa Cruz que hablan de justicia, inclusión y mejores condiciones de vida para las mayorías empobrecidas, pero se niegan a corregir la desmedida concentración de tierras en su "departamento autónomo".
Esta gente promete repartir la tierra de Santa Cruz entre los cruceños, pero les niega una TCO a los guaraníes de Alto Parapetí, los primeros cruceños.
Con datos de Upic-Tierra.
Fuente: Bolbress
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