Los campesinos del MAS rechazan la propiedad colectiva de la tierra

El "Proceso de Cambio" saboteado y la Madre Tierra mancillada por sus propios hijos
La Tierra no es una mercancía cualquiera que se compra y vende para acumular capital porque es la Madre sagrada que nos da la vida, afirma el Presidente Evo Morales. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional establece que el suelo es un recurso natural de propiedad social y dispone la reconstitución de territorios indígenas y campesinos mediante la dotación colectiva de tierras fiscales con el objetivo de fortalecer las formas de propiedad comunitarias. Sin embargo, campesinos, cocaleros y algunos diputados del MAS desobedecen a su máximo líder, quebrantan la Carta Magna y rechazan la propiedad comunitaria o colectiva del territorio, uno de los fundamentos del denominado "Proceso de Cambio" en Bolivia.

La Constitución determina que los recursos naturales pueden "usarse" y "aprovecharse", pero no poseerse porque son bienes comunes; reconoce la propiedad individual de la tierra siempre y cuando cumpla una función económica social (FES), y protege el territorio indígena originario campesino como una forma de propiedad comunitaria indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable, irreversible y exenta del pago de impuestos a la propiedad agraria.

La reconducción comunitaria de la reforma agraria intenta corregir los errores históricos de la reforma agraria de 1953, que fragmentó enormes haciendas feudales para repartir parcelas individuales a pequeños propietarios, que con el correr de los años se vieron obligados a dividir aún más sus predios entre sus descendientes hasta llegar al surcofundio actual.

La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) es una modalidad de propiedad agraria reconocida por la Constitución de 1994, donde pueblos campesinos y comunidades indígenas desarrollan sistemas de organización económica, social y cultural comunitarios.

La Carta Magna de 2009 reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables; y la facultad de aplicar sus normas propias, sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo con sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza.

La TCO puede ser titulada reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales y respetando la unidad territorial con identidad. La distribución y redistribución de tierras para el uso y aprovechamiento familiar dentro de la TCO se rige por las reglas de la comunidad, de acuerdo a sus usos y costumbres. El territorio indígena originario campesino reconoce y garantiza los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares, y también respeta la sucesión hereditaria según los usos y costumbres de la comunidad.

Campesinos del MAS contra los territorios comunitarios

Las tierras comunitarias rodeadas por propiedades agrarias grandes, medianas y pequeñas son fuertemente presionadas por el capitalismo, especialmente en áreas de colonización del trópico de Cochabamba y del norte de La Paz, donde los campesinos exigen la titulación individual de tierras que se puedan hipotecar y heredar.

Los campesinos de la provincia Franz Tamayo del departamento de La Paz denuncian que más de 859 mil hectáreas (casi el 80 por ciento del millón de hectáreas de Apolo) pertenecen a la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de los pueblos indígenas Leco y Tacana, mientras que sólo 210 mil hectáreas están en manos de propietarios individuales.

"El conflicto es que la mayor parte de la tierra están en manos del 7% de la población, mientras que el resto de campesinos y colonizadores, que somos el 90%, sólo abarcamos un 20%; no es justo y queremos buscar soluciones sin llegar a enfrentamientos", explicó el diputado del MAS Filemón Aruni.

Aruni y el diputado Humberto Iquiapaza también del MAS anunciaron que conformarán una Comisión Especial para verificar la distribución equitativa de tierras en el norte de La Paz. "Hoy por hoy la distribución está ocasionado diferencias entre campesinos, indígenas, colonizadores y los que viven en las ciudades, pues del latifundismo k'ara (blanco) se está llegando al latifundismo indigenista", observó Aruni.

La semana pasada, un cabildo de organizaciones sociales de Apolo pidió la anulación de la TCO indígena, exigió al gobierno que titule la tierra individualmente, amenazó con desalojar por la fuerza a los indígenas y propuso desconocer a la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla).

En junio de este año, el Presidente Morales entregó a los indígenas mojeños, yuracarés y chimanes el título colectivo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) de 1.091.656 hectáreas en la provincia Moxos del departamento de Beni, uno de los territorios indígenas más avasallados por cocaleros desde principios de los años 90.

A pesar de ello, los cocaleros invasores se negaron a abandonar el territorio indígena legalmente constituido y el 26 de septiembre defendieron a balazos sus asentamientos ilegales en el TIPNIS con el argumento de que "están en el gobierno" y que cuentan con el respaldo del Presidente. En el choque murió un colonizador y otras tres personas resultaron heridas por armas de fuego.

"Evo Morales sabe dónde está su gente; será grave si no defiende los derechos de los pueblos indígenas", declaró a Erbol la secretaria de Educación de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia Teresa Limpias, candidata a diputada suplente por la circunscripción 62 de Beni por el MAS.

En un operativo que comenzó la tarde del 28 y que se prolongó hasta la mañana del 29 de septiembre, los intrusos fueron desalojados por las fuerzas del orden. Era la tercera vez que el gobierno echaba a cocaleros del TIPNIS.

La TCO del pueblo Leco y el TIPNIS no son únicos territorios indígenas amenazados. La movilización campesina contra la TCO Ayopaya del departamento de Cochabamba es tal vez la más emblemática.

Los comunarios de la provincia Ayopaya agrupados en la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos Originarios de Ayopaya (CSUTCOA) solicitaron al INRA la titulación colectiva de una TCO que abarca a toda la provincia, decisión que fue ratificada orgánicamente en al menos tres congresos provinciales celebrados en los últimos cinco años.

El INRA comenzó a sanear la TCO CSUTCOA de 836.285 hectáreas en 2003 y concluyó el saneamiento de una superficie parcial de 536.377 hectáreas en beneficio de las Centrales Colorados, Choro, Altamachi e Icari. Falta concluir el saneamiento de los territorios de las Centrales Regionales de Cocapata y Calientes; Morochata, Vilayaque, Yayani y Chinchiri; y de las Centrales Independencia, Charawaytu y Calchani.

El INRA debía entregar el título ejecutorial parcial de la TCO en agosto, pero acto fue suspendido sorpresivamente debido a la férrea oposición del alcalde de Morochata Roman Choquevillca y del diputado de la Circunscripción 31 y actual presidente departamental del MAS-IPSP de Cochabamba Feliciano Vegamonte.

Los munícipes de Morochata y otros dirigentes del MAS despliegan una intensa campaña de desinformación en comunidades, centrales y subcentrales de la provincia Ayopaya, propagando medias verdades con el propósito de anular el saneamiento de la TCO CSUTCOA. Denuncian que la provincia perderá gran parte de su territorio que supuestamente será revertido al Estado.

El 31 de agosto, cientos de comunarios de Ayopaya encabezados por autoridades municipales de Morochata y por el subprefecto de la provincia Basilio Álvarez se movilizaron en puertas de la Prefectura de Cochabamba y del INRA departamental exigiendo la anulación de la TCO, y el INRA nacional se vio obligado a paralizar el trámite.

Los campesinos de base que respaldan la titulación colectiva del territorio ayopayeño denunciaron ser víctimas de una "cacería de bujas" desatada por el alcalde Morochata y su hermano Simón Choquevillca, por Feliciano Vegamonte, Tomas Romero, Ricardo Fernández y Berta Carrasco, entre otros "ex miristas y ex adenistas que nunca lucharon por la tierra y el territorio y que apoyan la mercantilización de la tierra (para) seguir permitiendo el saqueo de los recursos naturales del territorio de Ayopaya por las empresas transnacionales". (constituyentesoberana.org)

El "proceso de cambio" saboteado

El proceso de cambio impulsado por el gobierno del Presidente Morales fomenta la economía comunitaria como una alternativa a la economía privada, y en ese marco intenta consolidar el territorio comunitario de los ayopayeños. Sin embargo, intereses personales de militantes del propio MAS bloquean el saneamiento de la TCO Ayopaya, en perjuicio de la mayoría de las comunidades.

El hecho es que la propiedad privada de la tierra continúa frenando el desarrollo material de la sociedad, como ya se manifiesta en los programas de asentamientos humanos en Pando. Los campesinos del Chapare, acostumbrados a la propiedad individual de la tierra, no parecen dispuestos a permanecer en la selva si no hay garantía de titulación individual y por eso las deserciones ponen en riesgo la sostenibilidad de los nuevos asentamientos.

La presión del capitalismo sobre las formas de propiedad comunitaria de la tierra que penosamente sobreviven aisladas en los territorios más improductivos (zonas frías y sin agua) progresivamente va destruyendo formas de producción comunitarias como el ayni, el chok´o, la minck´a, entre otras.

La realidad del agro boliviano es que no puede prosperar la propiedad comunitaria de la tierra como una isla rodeada de propiedad privada; la convivencia armónica y complementaria en un ambiente de solidaridad y tolerancia es un sueño. En la práctica, las propiedades privada y colectiva son antagónicas, se niegan y confrontan. Esa es la lucha de clases en el sistema capitalista.
Bolpress

Por qué es legal, constitucional y legítimo revertir latifundios en Alto Parapetí

Algunas comunidades guaraníes de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz viven en servidumbre por deudas, una condición indigna e injusta análoga a la esclavitud, porque no tienen tierra. Estos guaraníes víctimas de una extrema discriminación recuperarán el libre albedrío y el derecho a preservar su identidad cultural colectiva cuando recuperen su territorio histórico despojado.

Es necesario que el Estado restrinja la propiedad privada particular y revierta latifundios que no cumplen una función económica social (FES) para reconstituir el territorio guaraní.

La nueva Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la propiedad agraria empresarial siempre y cuando cumpla una FES, es decir que emplee la tierra de forma sustentable en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. (Artículo 397, inciso III)

No cumplen la FES los predios agrarios rurales que mantienen sistemas de peonazgo, trabajo forzoso, cautiverio, servidumbre o formas análogas contrarias al beneficio e interés colectivo (Decretos 29802 y 29215 Reglamentario de la Ley 3545).

Los predios agrarios que incumplen la FES y los latifundios que aplican un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral serán revertidos y pasarán a dominio y propiedad del pueblo boliviano (Artículos 398 y 401, I de la CPE).

La reversión de tierras es un procedimiento absolutamente legal, constitucional y legítimo, sobre todo en un país con alta concentración de la propiedad agraria como Bolivia.

La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA instó al Estado boliviano a "aumentar su presencia institucional" en el chaco cruceño a fin de ejecutar las leyes de reforma agraria y garantizar los derechos fundamentales de comunidades nativas.

El Relator Especial Rodolfo Stavenhagen exigió al gobierno priorizar el saneamiento de las TCO indígenas en cumplimiento de la Constitución y de las leyes bolivianas.

La Iglesia Católica recalcó que los gobernantes tienen la obligación de hacer cumplir la legislación de tierras con "humildad" pero con mayor claridad, decisión y firmeza", en pos del objetivo irrenunciable del bien común.

La Iglesia Católica reflexionó en varias oportunidades que la tierra es un bien universal cada vez más escaso que Dios concedió a todos sus hijos y no solo a los ricos.

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), es prioritario cambiar actitudes y costumbres injustas profundamente arraigadas en la sociedad, inclusive en las mentes de personalidades públicas que dicen defender la democracia y los derechos humanos.

Deben sentirse aludidos el prefecto Rubén Costas, el Comité Cívico y el empresariado de Santa Cruz que hablan de justicia, inclusión y mejores condiciones de vida para las mayorías empobrecidas, pero se niegan a corregir la desmedida concentración de tierras en su "departamento autónomo".

Esta gente promete repartir la tierra de Santa Cruz entre los cruceños, pero les niega una TCO a los guaraníes de Alto Parapetí, los primeros cruceños.

Con datos de Upic-Tierra.

Fuente: Bolbress

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Presidente Evo Morales entregó ambulancias y títulos agrarios en el departamento de Chuquisaca, Bolivia

El día de ayer domingo el gobierno del Presidente Evo Morales entregó 56 ambulancias para 28 municipios, y 2.244 títulos agrarios para 4.005 familias del departamento de Chuquisaca.
Por intermedio del embajador de España en Bolivia, Francisco Montalbán, el presidente Morales agradeció a su homólogo José Luis Zapatero por la cooperación incondicional y por hacer realidad la entrega de ambulancias para fortalecer la atención de la salud en las zonas rurales más alejadas del departamento.

Al finalizar el acto el jefe de Estado entregó también 2.224 títulos ejecutoriales de propiedad agraria que consolida el derecho propietario sobre una superficie de 124.527 hectáreas, beneficiando a más de 4.000 familias, como resultado del proceso de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Con la entrega oficial de los títulos agrarios, el Estado reconoce el derecho de propiedad agraria de la población beneficiaria que vive y trabaja en parcelas pequeñas y medianas de diversos municipios de Chuquisaca.

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