Megaproyecto eólico de despojo y resistencia indígena en el istmo de Tehuantepec

(Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar y Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio).- El Istmo de Tehuantepec en el territorio mexicano rebasa los límites de los estados de Oaxaca y Veracruz con una longitud de 205 kilómetros que separan los Océanos Pacifico del Atlántico. En el estado de Oaxaca por su tamaño, es la segunda región en importancia, integrada por 41 municipios de una extensión territorial de 1.997.557 Km. con una población total de 531.758 habitantes (INEGI, 2000).

Manifiesta su especificidad regional, como un espacio en el que se asientan varias etnias que tuvieron su esplendor en la época precolombina. En su devenir estos grupos sociales se reprodujeron y transformaron el espacio geográfico hasta llegar a la actualidad, donde sus actividades principales aún se encuentran relacionadas con el aprovechamiento de sus recursos naturales y el comercio.

El Istmo se suma a un escenario complejizado que incluye luchas no solo por los derechos de tenencia de la tierra, actualmente también se está luchando por los derechos al hábitat, el derecho de no ser perjudicados por las compañías transnacionales o despojados por los especuladores de tierra, y el derecho a decidir la forma y los usos que deben tener sus recursos naturales y quiénes deben usufructuarlos.

El Megaproyecto eólico se está imponiendo en la región del Istmo de Tehuantepec incumpliendo Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas, violentando el “Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada”, la cual es requisito para que un proyecto que afecte territorio de pueblos indígenas.

Precisamente en esta orientación debe inscribirse la negativa de los pueblos del Istmo de Tehuantepec al usufructo de su territorio y sus recursos productivos por las compañías transnacionales que están impulsando el Plan Puebla Bogotá, que en el Istmo está tomando la forma del Corredor eólico, y la ejecución de infraestructura vial y de telecomunicaciones.

En 1986 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló estaciones anemométricas en el Istmo de Tehuantepec, a finales de 1993, licita la construcción de una Central Eoloeléctrica de 1,575 kw de capacidad para ser construida en terrenos del Ejido La Venta, Municipio de Juchitán, Oaxaca.

A partir de los excelente resultados obtenidos por la central y publicados por la CFE en 1996, donde se maneja que en La Venta I se puede tener un factor de planta de más del 50%, de los mejores del mundo, se inician también el interés de los inversionistas extranjeros en la región, principalmente en la actividad del arrendamiento de los terrenos comunales y ejidales, situación favorecida por las reformas al 27 constitucional realizadas en 1992, la cual faculta la compra de las tierras y /o su arrendamiento por empresarios nacionales o extranjeros) legalizando su despojo, permitiendo su acaparamiento.

En el año 2000, los gobiernos federal y estatal intensificaron la promoción del Proyecto Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, por medio de la organización de cuatro Coloquios Internacionales realizados en el destino turístico de Huatulco, en el estado de Oaxaca. En estos coloquios se convocó principalmente a funcionarios e investigadores de dependencias del sector público nacional relacionadas con la energía, así como inversionistas privados, representantes de instituciones financieras nacionales e internacionales, empresarios eoloeléctricos, fabricantes de aerogeneradores para ofertar las ventajas comparativas de la región en el tema del desarrollo eoloeléctrico.

A partir de estos planteamientos los gobiernos federal y estatal se dieron a la tarea de limpiar el terreno para los inversionistas; en torno al marco legal se propusieron avanzar sobre la elaboración de un anteproyecto de Decreto, que regularía el aprovechamiento y la administración de los recursos energéticos renovables del estado de Oaxaca.

En el ámbito de la producción de energía renovables, el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés) ha otorgado una ayuda económica a México de 25 millones de dólares para impulsar y acelerar el uso de las energías renovables, en este aspecto Gamesa eólica registró el proyecto Bii Nee Stipa de 200 MW que se encuentra en La Ventosa, Juchitán.

Este proyecto es el más grande de los registrados en la ONU y supondrá la reducción anual de aproximadamente 300.000 toneladas de CO2. Los ingresos provenientes de la venta de los certificados de CO2, que obtendrán las empresas por la producción de energía limpia incrementan la rentabilidad de estos beneficios adicionales al que se obtenga por la venta de energía.

En el caso de México, la producción de energía eólica, no es con el objetivo de disminuir el deterioro ambiental por la vía de la emisión de gases tóxicos provenientes de la combustión de energía fósil, sino que es producto de una nueva estrategia global de proyectos que se denominan de desarrollo sustentable, que conduce a la privatización y comercialización de procesos medio ambientales.

Hoy en el Istmo varias comunidades indígenas nos encontramos en resistencia frente a este proyecto; en San Dionisio del Mar, el pueblo y los comuneros tomaron el palacio municipal para exigir el respeto a su decisión de no permitir este proyecto en su territorio; en San Mateo del Mar, la Asamblea comunitaria tomo el acuerdo de rechazar el proyecto, sin embargo las empresas Mareña Renovables y Energía Alterna Istmeña, insisten en la ocupación de su territorio y han promovido conflictos intraétnicos.

En Unión Hidalgo Renovalia y Demex no quieren respetar la decisión de los propietarios de la tierra de rechazo al proyecto, al contrario han promovido demandas penales contra ellos además de provocar enfrentamientos entre miembros del pueblo; en Juchitán actualmente Unión Fenosa está intentando por medio de contratos apócrifos la ocupación de las tierras de uso común de Juchitán, a lo que los pescadores se están negando rotundamente.

El pueblo de San Dionisio del Mar es uno de los que conforman a la Nación Ikojts, compuesta por está y por las localidades de San Mateo del Mar, Santa María del Mar y San Francisco del Mar. Estos cuatro pueblos se cobijan en el resguardo del complejo Lagunar Huave. El cual constituye una de las lagunas costeras más extensas del pacífico sur mexicano, consideradas áreas de alta productividad biológica y con un potencial económico pesquero superior a la pesca de altura.

Millán considera que para los pescadores huaves la laguna no solo es un reservorio de camarón y pescado, si no también es el espacio en el que desarrollan diversos conocimientos sobre estos. Los mareños consideran a la Luna como una expresión de divinidad, pues es la que recoge las aguasy deja descubiertas las orillas, para después liberarlas, provocando la marea alta. Cada ciclo lunar determina tres momentos que los huaves reconocen como los más favorables para la pesca. Así, la pesca, no sólo constituye una de las principales actividades productivas, sino también es la base de una economía distintiva que hace de los huaves los “representantes de una original cultura lagunar” como la llama Signorini.

A continuación se presentan algunas declaraciones de pobladores de San Dionisio, donde hablan de la importancia cultural y económica que tiene el área lagunar para nuestra localidad.

Jesús García Sosa (Comunero). Entonces nosotros, lo único que pedimos es respeto a nuestro territorio, respeto a nuestro mar, ¿Por qué? Pues porque si el proyecto se instala, pues prácticamente San Dionisio, el pueblo huave y todos los pueblos, pues, ya estarían prácticamente muerto.

Tenemos manglares, tenemos la zona de manglares, ¿pero que dice la empresa? No pues que no, que es pura arena, que son puros matorrales, que no hay nada, que no tiene vida, que no tiene sentido que este el pueblo defendiendo, para nosotros, nuestro territorio nuestro mar, son sagrados.

Braulio Ramos (pescador). Pues nosotros no estamos de acuerdo porque de ahí vivimos, ahí sale de comer para nuestros hijos, ahí trabajamos desde un principio, desde que yo empecé a trabajar, ahí empecé a trabajar y crecí a mis hijos sobre de ese trabajo, el mar.

Ahora pues dicen que por ahí pues van a poner todos esos ventiladores, claro que no vamos a poder trabajar y ¿A dónde vamos a agarrar para comer pues?, eso es que pues no sabes que hacer ahorita, nosotros pues no estamos de acuerdo a que entren esas personas a trabajar.
Laura Celaya Altamirano. No queremos que entre, no queremos que entre el eólico vamos a defender nuestra tierra, vamos a defender nuestro mar. De todas maneras esta es la vida de un pobre, de pescador, ya va a pescar, va a vender, para un salario, en cambio dicen que cuando entra ese eólico ya no entra nada para la pesca ¿Y cómo vamos a vivir? Yo tengo más hijos, ¿Cómo vamos a mantener a mi hijo? El dinero no puede quedar para toda la vida, y ellos dicen que el dinero vale pues, porque ellos dicen que van a dar dinero, pero el dinero no, lo que sale el producto sale el camarón, sale elpescado, sale para comer, para vender y ya mantengas a tus hijos.

Por todas estas razones, exigimos respeto a la decisión de los pueblos que rechazamos el proyecto eólico trasnacional.

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COMUNICADO URGENTE

Da Mareña Renovables ultimátum a gobierno estatal para que garanticen el inicio de los trabajos de construcción del parque eólico en la Barra Santa Teresa. Exigen tomar medidas en contra de las comunidades en resistencia y preparan tentativa de asesinato contra compañero Rodrigo Flores.

El 30 de Enero alrededor de las 7 de la mañana en una camioneta blanca llegó una persona que dijo ser bióloga a la entrada de la Barra Santa Teresa desde Álvaro Obregón, con un escrito con el logotipo de Mareña renovables. Dicho paso, se encuentra resguardado desde el 29 de octubre por campesinos y pescadores zapotecas, quienes le dijeron al biólogo que se retirara porque existía un amparo judicial que prohibía la entrada a la Barra a la empresa.

Alrededor de las diez de la mañana llego un enviado de la secretaría de Gobierno del estado de Oaxaca (que responde al nombre de Donald), acompañado de 6 camionetas de la policía estatal. Se dirigió a quienes se encontraban resguardando la Barra, diciéndoles que el gobierno tenía la intención de platicar con ellos para negociar la entrada de la Mareña a la Barra. Además, les dijo que ellos no son nadie, pues el 60% de la población de Álvaro Obregón quiere la entrada de Mareña, pues habrá trabajo para ellos.

Cuando los compañeros le mostraron una copia del amparo que decretó la suspensión del proyecto, Donald contesto que ese amparo no valía para ellos, que era de San Dionisio, y que se les estaba engañando; asimismo dijo, no valía la minuta firmada el 8 de noviembre en la Colonia Álvaro Obregón entre el gobierno, la empresa y las comunidades, donde estas últimas manifestaron su inconformidad contra el parque eólico y la empresa y el gobierno aceptaron sus razones. Cuando el enviado de la SEGEGO vio la posición firme de los compañeros se retiro junto con la policía estatal, esto alrededor de las cuatro de la tarde.
Posteriormente, el día de hoy 31 de Enero a las diez de la mañana llegaron a la entrada de la Barra dos camionetas de la policía estatal, para pedirles a los compañeros que asistieran a una mesa de diálogo con el gobierno del Estado y la empresa Mareña renovables, a lo que nuevamente los compañeros se negaron. En ese momento una camioneta con dos personas quiso entrar a la barra rodeando la barricada, más los de la guardia los detuvieron. Este hecho fue tomado como un secuestro por el represéntate de gobierno Rodrigo Velásquez García, quien por radio dijo que la gente de Álvaro Obregón secuestro a dos personas, situación que fue desmentida por el propio agente de la policía estatal que se encontraba en el lugar.

Después de este incidente llegó el representante de la SEGEGO en el ISTMO (Donald) con otras dos camionetas de la policía estatal, exigiendo a los compañeros que debían abrir el paso a la barra para que la empresa empezara a trabajar porque se estaban desperdiciando empleos, además señalando que los de Álvaro Obregón no eran dueños de la Barra. Nuestros compañeros le dijeron que él como representante de un gobierno elegido por la mayoría del pueblo, debiera velar por esté y no por los interés de la empresa extranjera, y que si querían dialogo, que bajara Gabino Cue, o el titular de la SEGEGO para dialogar, que ya no aceptarían enviados, porque todo lo que se firmaba y dialogaba lo echaban por la basura.

Así mismo, este día “en el marco del Congreso Internacional de Energías Renovable que se celebra en esta ciudad, el Presidente del Consejo de Administración de la empresa Mareña Renovable, Jonathan Davis Arzac, lanzó la advertencia que el proyecto eólico de San Dionisio del Mar se irá a otro estado si no se les ofrecen las garantías para la inversión.” (NSS Oaxaca http://movil.nssoaxaca.com/regional/10-general/36564-marena-renovable-anuncia-posible-cancelacion-del-proyecto-eolico-en-san-dionisio-del-mar).

En estas declaraciones, Davis Arzac minimiza al movimiento de resistencia contra el proyecto eólico, ignorando la determinación de las comunidades de San Dionisio del Mar, Álvaro Obregón, San Francisco del Mar, San Mateo del Mar, de no permitir el saqueo y la destrucción del área de la Barra Santa Teresa. Sus declaraciones presentan un ultimátum al gobierno estatal para que permitan y garanticen el inicio de los trabajos de construcción y “tomen medidas para que se brinde la seguridad de su inversión”, de lo contrario “jámas ninguna empresa va querer aterrizar otra vez en Oaxaca”.

Estas declaraciones ponen en gran riesgo a los comuneros en resistencia, pues implica una amenaza clara contra el movimiento, la cual se ha declarado que probablemente será ejecutada el día de mañana. En la medida de que como ha estado ocurriendo estos últimos días, se teme que a partir de mañana y en los próximos días, el gobierno estatal y el gobierno federal intenten entrar a sangre y fuego a nuestro territorio, como lo han hecho en otras comunidades.

De igual forma, DENUNCIAMOS QUE hoy por la noche, las localidades de ÁLVARO OBREGÓN Y SAN DIONISIO DEL MAR se encuentran SITIADAS POR LA CIENTOS DE POLICÍAS ESTATALES Y JUDICIALES. Y que además, tenemos conocimiento de que por la tarde de hoy mismo, se realizo una reunión PGR del Ministerio Publico de Matías Romero, con la participación de representantes de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, de la Secretaría General de Gobierno y la Procuradoría del Estado de Oaxaca, en donde orquestaron estrategias para INTENTAR EL ASESINATO DEL COMPAÑERO RODRIGO FLORES PEÑALOZA, profesor de la sección XXII del Estado de Oaxaca y Defensor de Derechos Humanos.

DENUNCIAMOS TODOS ESTOS HECHOS DE AMENAZA, HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN Y TENTATIVAS DE ASESINATO POR PARTE DEL GOBIERNO DE GABINO CUE.

RESPONSABILIZAMOS A LA EMPRESA MAREÑA RENOVABLES Y AL GOBERNADOR GABINO CUE DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE TODOS LOS COMPAÑEROS EN RESISTENCIA Y ESPECÍFICAMENTE, DE LA DEL COMPAÑERO RODRIGO FLORES PEÑALOZA.

EXIGIMOS QUE SE RESPETE NUESTRO DERECHO COMO PUEBLOS A MANEJAR NUESTRO PATRIMONIO, ASÍ COMO TODOS NUESTROS DERECHOS COMO PUEBLOS INDÍGENAS.

POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO ¡NI UN PASO ATRÁS! ¡NO PASARÁN!
* Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar y Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Denuncian que el Gobierno entregó concesiones mineras a brasileños en una TCO

El presidente de la TCO (Tierras Comunitarias de Origen) Multiétnico II del departamento de Pando, Francisco Hilcha, denunció que el gobierno del presidente Evo Morales entregó concesiones mineras a empresas brasileras para explotar el oro de su territorio sin previa consulta.
   
“Las concesiones ya se entregaron hace cinco años. Trabajan sacando oro las empresas brasileñas y nacionales (…) entran las balsas por el río, afectando a las comunidades de los pueblos indígenas  Multiétnico dos”, señaló Hilcha a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

Explicó que al momento la actividad minera afecta a ocho comunidades de su organización, que están asentadas a orillas del río Madre de Dios porque las aguas de ese afluente ya están contaminadas por la actividad extractiva.

“Tenemos muchos compañeros que solamente beben agua del río natural del Madre de Dios, pero que ya están contaminadas por causa de los mineros, además los bosques y peces se mueren”, lamentó el indígena.

Concesiones

Francisco Hilcha recordó que este caso fue denunciado al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana cuando era director de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), pero según el dirigente éste aseguró que las concesiones dentro de la TCO indígena eran legales, pese a que no hubo consulta.

De acuerdo con las declaraciones del dirigente indígena fue el propio Quintana quien entregó las concesiones a súbditos brasileños. “Las concesiones las entregó el compañero Ramón de la Quintana hace cinco años para sacar el oro con el ingreso de las balsas por el río Madre de Dios que contaminan el agua”, puntualizó Hilcha.

La TCO Multiétnico II une a los departamentos de Pando y Beni, cuenta con 34 comunidades de los pueblos Tacana, Esejja y Cavineño. El dirigente explicó que se logró la titulación en los años 90’ para el benefició de 4 mil habitantes indígenas que viven en ese territorio por donde pasa el río Madre de Dios.
Erbol

Crisis judicial y vulneración de derechos indígenas en Bolivia

Se evidencian progresos en la situación de los derechos humanos en Bolivia, especialmente en la lucha contra el racismo y la pobreza; pero se agravó la crisis judicial y se estancó la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, concluye el Informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia.

La oficina en Bolivia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue establecida por un acuerdo firmado en febrero de 2007 entre la Alta Comisionada y el Gobierno de Bolivia, aprobado por el Congreso el 13 de julio de 2007. Sus principales actividades son brindar asistencia técnica a las instituciones públicas y sociedad civil, promover los derechos humanos, y monitorear y elaborar informes sobre la situación de los derechos humanos en el país.

En su informe anual de actividades de la gestión 2011, el Comisionado destaca que Bolivia continúa avanzando en el proceso de transición hacia la implementación de reformas proyectadas por la Constitución Política de 2009, y se aprecian progresos significativos en la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación.

El representante internacional valora sobre todo los resultados de las políticas estatales en materia de derechos económicos y sociales, como el derecho a la salud de las mujeres y el derecho a la educación, y la reducción de los índices de pobreza e indigencia. Sin embargo, expresa su preocupación por el agravamiento de la crisis de la administración de justicia; el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas; y la continua violación de los derechos humanos.

“Durante el periodo se incrementaron reclamos alegando violaciones al derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Varios proyectos han sido aprobados e implementados por el Estado, sin la consulta previa de conformidad al derecho internacional. La oficina en Bolivia constata que, no obstante, este derecho haya sido reconocido en la Constitución y en la ley que incorporó en el marco normativo nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Estado no cuenta aún con un marco legal especifico (salvo en materia de hidrocarburos) o con mecanismos institucionalizados que garanticen la observancia del derecho a la consulta”, subraya el Informe.

El año pasado, la oficina de la ONU en Bolivia recibió denuncias por falta de consulta o de consentimiento libre, previo e informado sobre exploración y explotación de recursos naturales en La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Santa Cruz, al igual que sobre el proceso de elaboración de nuevas normas.

El Comisionado advierte que en la gestión pasada se registraron diversas manifestaciones populares en las principales ciudades del país, algunas de las cuales fueron reprimidas con el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Ese fue el caso de la movilización de maestros rurales golpeados en La Apacheta de La Paz y de la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, reprimida en la localidad de Yucumo, Beni.

La represión policial a la marcha indígena desató “una seria crisis política y un intenso debate público, motivando la renuncia de dos ministros y otros altos funcionarios. El Presidente Evo Morales pidió públicamente disculpas repudiando los excesos y abusos de la Policía al señalar que no fueron ordenados por su gobierno y luego promovió la aprobación de la Ley N. 0180 para vetar el proyecto de carretera al interior del parque nacional”, rememora el Comisionado.

De ahí que “la realización de los derechos de los pueblos indígenas evidenció estancamiento, en particular respecto al derecho a la consulta sobre proyectos y medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles”. Además, “siguieron sin implementarse medidas efectivas para la protección de los pueblos indígenas altamente vulnerables”.

El Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina aún no ha presentado un proyecto de ley en materia de protección; y hasta la fecha las actividades realizadas por instituciones estatales y de derechos humanos no lograron un impacto efectivo en la disminución del grado de vulnerabilidad de estos pueblos, observa el Comisionado.

El representante internacional “está preocupado por el serio deterioro de las condiciones de algunos de estos pueblos, debido a la falta de medidas pertinentes para garantizar el derecho a la salud, a la educación y los derechos colectivos a sus territorios, entre otros”. Es el caso del pueblo yuqui, cuyos miembros continúan afectados por enfermedades prevenibles como la tuberculosis.

Por otro lado, “persiste la preocupación por la ausencia de programas gubernamentales de apoyo humanitario a las comunidades del pueblo guaraní sometidas a servidumbre”, pese a que se reportaron avances en el proceso de reversión de tierras en Alto Parapetí, aún cuando los terratenientes afectados lograron retrasar la titulación de tierras comunitarias.

Recomendaciones

Para enfrentar los retos en materia de derechos humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos recomienda al Poder Ejecutivo, al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “analizar detenidamente el reciente proceso de elección a los altos cargos judiciales a fin de revisar el procedimiento de preselección de los postulantes y el proceso de información para los votantes sobre las candidaturas”.

También sugiere a las nuevas autoridades judiciales elegidas que contribuyan a la “consolidación de la independencia judicial” y coadyuven a la implementación de las reformas urgentes y necesarias para superar la crisis estructural del sistema de administración de justicia.

De otra parte, el Alto Comisionado insta al gobierno de Evo Morales a “garantizar el respeto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, mediante normas y procedimientos apropiados, según lo establecido por la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas; y adoptar una legislación correspondiente”.

Asimismo, recomienda realizar una investigación imparcial de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la “operación policial de represión de los marchistas por el TIPNIS, respetando los derechos al debido proceso de los eventuales acusados”. Sugiere tomar en cuenta la investigación realizada por el Defensor del Pueblo, la cual identifica a varios altos jefes policiales y funcionarios del gobierno, incluyendo al ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, que participaron en la planificación y ejecución del operativo.

Por otro lado, el Comisionado alienta a la ALP a reformar la Ley 0174 de Deslinde Jurisdiccional, adecuándola a la Constitución, y sobre la base del resultado de la consulta del Anteproyecto de Ley que cuenta con el consentimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas originarios. Reitera además su anterior recomendación al gobierno y a la ALP de eliminar el delito de desacato de la legislación penal.
Fuente: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.21.Add.2_sp.pdf

Gobiernos del Abya Yala: Mismo modelo, mismo pensamiento, distinto discurso

Miguel Palacín Quispe *

En todo el Abya Yala los gobiernos, abiertamente neoliberales, de izquierda o “progresistas”, coinciden en una actitud: la satanización del movimiento indígena, al que categorizan en “indios buenos” e “indios malos” según el grado de aceptación o rechazo a sus políticas. Una maniobra más para intentar dividir y debilitar a los pueblos y las organizaciones que defienden sus derechos.Lo cierto es que estos gobiernos han optado por el modelo extractivista exportador primario y por eso siguen la misma práctica del colonialismo que estigmatizó a los pueblos del Abya Yala para despojarnos de nuestros territorios y los bienes naturales.

Lo cierto es también que no hay indios buenos e indios malos, hay cientos de pueblos indígenas oprimidos, excluidos, despojados, empobrecidos y perseguidos. Pueblos que defendemos nuestros derechos reconocidos por instrumentos internacionales suscritos por los propios Estados. Y gobiernos que imponen políticas neoliberales llamándose a sí mismos de izquierda, alternativos e incluso indígenas.Este es el núcleo del debate actual entre el pensamiento sustentado en la utopía del equilibrio entre los hombres y la Madre Tierra, frente al pensamiento programático, que niega su ideología profundamente liberal, racista, violenta, heredada de la Colonia y vestida de pos-modernidad.

Sucede en Ecuador, donde se acusa a las organizaciones indígenas de estar financiadas por la derecha y se enjuicia a los dirigentes; en Bolivia, donde se aprueba una Ley de Consulta que viola la Ley de Protección al TIPNIS y el Ministerio Público cita a 26 personas, entre ellos 20 líderes y dirigentes indígenas, acusándolos de los peores delitos, por participar en la marcha del año pasado, y lo hace precisamente cuando se anuncia el reinicio de esa marcha. También en el Perú, donde se promulga una Ley de Consulta basada en los intereses de los megaproyectos extractivos. Y en Colombia, donde las fuerzas regulares e irregulares siguen usando los territorios indígenas como campos de batalla e imponiendo en ellos proyectos extractivos que obligan a desplazamientos masivos.

Para dividir, satanizar y criminalizar a las organizaciones indígenas y sus líderes, los gobiernos utilizan todas las instituciones del Estado: leyes aprobadas en los parlamentos y decretos emitidos por los poderes ejecutivos; además, fiscales, jueces y policías judicializan a los defensores de las comunidades, todos utilizando los recursos públicos, que pertenecen a todos los contribuyentes, para atacar al movimiento indígena. Y llegar a extremos como el de la Masacre de Bagua en el Perú, las incursiones violentas a las comunidades mapuches en Chile, la represión violenta contra el Pueblo Ngäbe-Buglé en Panamá, el extermino de los pueblos indígenas en Colombia, etc.

El único “delito” del movimiento indígena es defender la vida, seguir protegiendo los hábitats indispensables para garantizar no solo nuestra supervivencia sino la supervivencia de toda la humanidad. Defendemos nuestros territorios, los parques nacionales, áreas protegidas y reservas naturales, las fuentes de agua, el uso racional de los recursos naturales. Y la defensa de los derechos como pueblos se ha convertido en un delito.

Sus propias reglas

Los gobiernos vulneran las normas que ellos mismos han construido y aprobado a nivel internacional, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Todos estos instrumentos internacionales son ignorados, incumplidos, vulnerados. Y hacen múltiples maniobras para no implementarlos, incluyendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.No solo los gobiernos de los países de la Región Andina, como hemos señalado, sino los gobiernos de izquierda y derecha en todo el Abya Yala. Para imponer la minería y los megaproyectos como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

Por eso la violenta represión contra el Pueblo Ngäbe-Buglé en Panamá, la persecución de indígenas en México y tantos otros casos.Estos gobiernos no solo incumplen las normas sino que descalifican a las instituciones, como en el caso de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las operaciones de la mina Marlin en Guatemala y acerca de la construcción de la represa de Bello Monte en el Brasil, donde el propio Secretario General de la OEA dijo que los derechos de los pueblos indígenas no son tan importantes como los derechos humanos (¿Cuál es la conclusión? ¿Los indígenas no somos seres humanos? ¿Volvemos al debate de la época de la Conquista?). Y lo hacen gobiernos que se llaman de izquierda pero siguen con las políticas y prácticas de la derecha, a favor del capitalismo, con financiamiento capitalista.

Del pueblo sometido al pueblo que acciona y propone

Lo que hace el movimiento indígena es exigir el respeto, el cumplimiento, la implementación de los tratados internacionales, incluida la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hacemos desde nuestros derechos territoriales y en legítimo ejercicio de nuestra libre determinación, para ser consultados y obtener nuestro consentimiento previo, libre e informado como requisito indispensable, sin el cual es ilegal e ilegítimo otorgar concesiones o emprender cualquier proyecto en nuestros territorios.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) expresa su solidaridad con las luchas de todos los pueblos indígenas y sus organizaciones del Abya Yala, rechaza la satanización y maniobras para debilitar y dividir al movimiento indígena, demanda el cese de la criminalización como práctica sistemática de los gobiernos y exige, en resumen, el respeto, cumplimiento e implementación de todos los tratados internacionales sobre derechos indígenas.

Llamamos a las embajadas y misiones de los Estados en el mundo, a los organismos de Derechos Humanos, a la OEA y a la ONU, a ejercer una real defensa de los derechos de los pueblos indígenas, a pronunciarse para que cese esta práctica por parte de los gobiernos. Y los convocamos a ellos y a los gobiernos a abrir un real debate sobre el modelo económico y a emprender la real práctica de nuestros pueblos de Estados Plurinacionales y Buen Vivir.

Lima, 28 de febrero del 2011.
* Coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

Conflicto TIPNIS: CIDOB y CONAMAQ se pronuncian sobre ley de consulta

CIDOB y CONAMAQ se pronuncian sobre ley de consulta

Conflicto Tipnis - Diputados Indígenas toman testera de para evitar trato de Ley de Consulta Posterior

Indígenas que defienden el TIPNIS toman testera de Diputados para evitar trato de Ley de consulta posterior

Un presidente sin ley ni palabra

Raúl Prada Alcoreza

El presidente no tiene ni palabra ni ley. La ley corta fue una conquista de las naciones y pueblos indígenas originarios y del pueblo boliviano que apoyo la marcha, es una conquista en defensa de la constitución y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la CONSTITUCIÓN. Es una conquista en defensa de los derechos de la madre tierra. Pretender desentenderse de la ley promulgada por el presidente y aprobada por la Asamblea Legislativa es la muestra más patética de la inmensa irresponsabilidad y desprecio del pueblo, la Constitución y las leyes en que se mueve el gobierno.

La marcha del CONISUR es un montaje espantoso del gobierno, la participación oficial y con recursos del Estado es evidente, mostrando mas desesperación que inteligencia, buscando revertir la derrota sufrida en el conflicto del TIPNIS, buscando indecorosamente servir a los intereses mezquinos de la empresa corrupta OAS, con la que el gobierno no solamente tiene compromisos sino relaciones de corrosión y corrupción, buscando también defender los intereses de cocaleros, avasalladores del territorio y parque Isiboro-Sécure, para plantar coca y expandir la economía política de la cocaína en la que están metidos. El pueblo, conocedor de estos hechos y estos comportamientos lamentables, que expresan asombrosamente las descarnadas sumisiones a las empresas trasnacionales, al Banco de desarrollo de Brasil y al gobierno brasilero, ha sido sabio e indiferente ante este bochornoso teatro político de la marcha oficial del CONISUR.

Al respecto de estos comportamientos sinuosos debemos decir que son los síntomas claros de la decadencia absoluta, comportamientos contradictorios y deslucidos que muestran nuevamente la tremenda improvisación en la que se mueve el gobierno, la perdida de toda orientación política, sustituida por el servicio a las estructuras y relaciones de poder, a los intereses establecidos, vigentes y dominantes, del orden mundial y del orden regional; sustituida también por la repetida emergencia del diagrama de la corrupción, que hace las veces de un gobierno paralelo perverso, relaciones perversas y opacas que incidente efectivamente en la toma de las decisiones y en la modulación de las conductas políticas. Esto es lo que llama la atención, la rápida llegada a este punto ya no sólo de desgaste sino de hundimiento.

Parece repetirse como condicionante histórica la trama de la revolución nacional de 1952; ésta ya había muerto en 1956, por la entrega de COMIBOL a la administración de ingenieros norteamericanos, por el plan triangular, plan económico monetarista, por la profusión desvergonzada de las contradicciones y también por la escandalosa expansión de la corrupción, convertida en costumbre. ¿No había recursos para resistir esta tendencia a la corrosión de los cuerpos y las instituciones? ¿Por qué se prefirió tan estrepitosamente el gusto y el deleite por los encantos ilusorios del poder? ¿Por qué se prefirió la riqueza fácil? ¿Por qué se prefirió sustituir el interés general del proceso por los intereses particulares, por el beneficio propio? ¿Es que no estaban preparados los gobernantes? Fueron imágenes colectivas que no correspondían a la realidad, que no correspondían a la constitución subjetiva esperada. Parece la elocuencia de la condición incompleta humana; hombres inmaduros que cuando llegan al poder lo toman como si fuera un juguete nuevo; engañados ellos mismos con sus imágenes falsas creyeron que podían controlar los grandes desafíos y las alternativas, controlar las condicionantes y las estructuras de poder. Se metieron a juegos muy grandes, donde los que controlan las reglas del juego son monstruos consagrados en el dominio del poder y de monopolios múltiples; por lo tanto hombres de gobierno convirtiéndose, sin darse cuenta, en engranajes de relaciones y estructuras de poder, de dominación y fuerzas al servicio de la acumulación ampliada de capital, permitiendo el despojamiento de los recursos naturales en su propio país.

Ahora se encuentran sorprendidos, pero persisten tercamente en la mantención de una imagen ya derrumbada, que pertenece a un inmediato pasado de entusiasmos. Ya no pueden sostener esas imágenes construidas por el imaginario colectivo, la brisa de los hechos ha barrido a los fantasmas, descubriendo los personajes de carne y hueso, vulnerables, débiles e inclinados al placer del poder y a la paranoia que éste produce como síndrome inocultable.

¿Qué se puede hacer ante este calamitoso derrumbe? No queda otra cosa que pedir lo imposible, al estilo de la rebelión del 68, ser realistas y pedir lo imposible, la reconducción del proceso, sabiendo que lo imposible, en el campo de posibilidades, es una probabilidad improbable, y también sabiendo que cuando la voluntad colectiva desborda y es creativa, de los recovecos de la realidad emerge el desenlace de una innovación y una ruptura. Eso fueron las revoluciones, eso puede volver a ocurrir en Bolivia, si volvemos a salir y movilizarnos como lo hicimos del 2000 al 2005. Hay una Constitución aprobada por el pueblo, donde el mandato es claro, abolir el Estado –nación y construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, efectuando transformaciones profundas estructurales e institucionales.

Como asumiendo penamente el guion de la comedia se retoma el chamuscado discurso del desarrollo, al estilo de los discurso gubernamentales que inauguraban escuelitas para lograr aplausos de poblaciones entumecidas y cansadas de la ceremonialidad del poder. ¿Lo que falta en el TIPNIS son escuelas, hospitales, los signos del progreso? Este se parece tanto a discursos disímiles pero que comparten el mismo prejuicio o la misma insólita burla; los discursos del cuerpo de paz, los discursos de las dictaduras militares, los discursos de los programas asistenciales, los discursos descoloridos de funcionarios desubicados en comunidades campesinas. No metemos en este bollo los discursos del nacionalismo revolucionario de los primeros años de la revolución, pues por lo menos este discurso, que apoyaba la reforma educativa de entonces, que lanza la escolarización por todos lados, formaba parte del proyecto de formación de la consciencia nacional y la construcción del Estado-nación, bajo los códigos de la mestización. Discurso que no comparto, pero que en aquél entonces formó parte de un proyecto constitutivo, que si bien terminó fracasando, por lo menos formó parte de un intento descomunal insurreccional nacional-popular y obrero. Ahora, lo que llama la atención, es que se retoma un discurso desgastado, poco creíble, después de que estos temas han sido superados por las concepciones de la Constitución y el vivir bien, que se abren a alternativas del desarrollo, de la modernidad y el capitalismo. Este retorno a un discurso asistencial es también síntoma de la decadencia. No se tiene a mano nada para justificar la descarnada sumisión a la empresa constructora OAS y al gobierno brasilero, que se recurre a un trasnochado discurso que tiene muy poco de argumentación. También podemos hablar de la muerte de la retórica, pues tampoco se tiene ganas de convencer, sino se trata de un ritual de protocolo.
Bolpress

Un grupo de indígenas abandonan la marcha del Conisur

Un grupo de aproximadamente 20 indígenas yuracarés de las comunidades Santo Domingo y Santa Anita del Territorio Indígena Parque Nacional Iisiboro Sécure (TIPNIS) dejaron la marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur), que demanda la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio del Parque, informó el presidente de la Subcentral Sécure, Emilio Nosa.

Impiden el ingreso de Fernando Vargas a la Asamblea Legislativa Plurinacional

El presidente de la subcentral TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), Fernando Vargas, fue impedido de ingresar la tarde de este viernes al Palacio Legislativo donde la subcomisión de asambleístas nacionales informaba sobre las demandas de los marchistas del Consejo Indígena del Sur (Conisur).
El personal de seguridad, que controlaba la puerta de acceso al inmueble, le cerró el paso bajo el argumento de que no contaba con un pase o autorización de ingreso. (Foto. Erbol)

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Conamaq deja el "pacto de unidad" y da la espalda a Evo Morales

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) determinó este miércoles alejarse del denominado "pacto de unidad", que reúne a las organizaciones que apoyan al gobierno de Evo Morales. La mayor organización de indígenas de tierras altas se suma a la decisión asumida por los indígenas de tierras bajas agrupados Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).

El representante del Conamaq, Rafael Quispe informó que en el marco del Séptimo Congreso Nacional denominado "jacha tantachawi" la mesa política ha determinado alejarse de las organizaciones de campesinos, colonizadores y el mismo gobierno porque ya no lideran el "verdadero proceso de cambio".

En torno al TIPNIS

Raúl Prada Alcoreza *

De acuerdo a fuentes de investigación científica sobre la biodiversidad (1), el TIPNIS es el corazón de la producción de agua de Bolivia (el 5to país con mayores reservas de agua dulce del planeta). La interpretación de esta situación y esta condición del TIPNIS, como ecosistema y como articulación de ecosistemas y circuitos climáticos, se la describe de la siguiente manera:

La peculiar configuración geográfica de la cordillera de los andes en nuestro país. En el llamado codo de los ANDES, la cordillera hace una inflexión y en lugar de ir de sur a norte va de oriente a occidente. Los contrafuertes andinos reciben los vientos que provienen de la Amazonia (barlovento) recogiendo la humedad de la evapotranspiración de la biomasa boscosa; estos vientos se elevan cambiando de curso, se enfrían, forman nubes (cúmulos cumnuloninmbus) que se precipitan en ese lugar en un circuito permanente de lluvia que es el factor más importante de generación de biodiversidad. También las masas de nubes pasan al otro lado de la cordillera hacia los valles secos de Cochabamba y mesotérmicos de Santa Cruz dando lugar a bofedales, lagunas y cursos de agua responsables de la relativa humedad de algunos de estos valles productivos. Estas lagunas además de proveer agua (ejemplo Misicuni) también proveen energía hidroeléctrica (ejemplo Corani). Las nubes que atraviesan la cordillera también son responsables de la biodiversidad de los bosques de altura (ejemplo La Siberia en al camino antiguo Santa Cruz-Cochabamba) que forman cursos de agua para los valles de Santa Cruz (ejemplo Comarapa).

Queda claro que existe un serio riesgo climático en estas dos regiones (cuenca del rio Mamoré) y valles de Cochabamba, si se da un proceso de deforestación en los bosques amazónicos del sub-andino. Dicho proceso de deforestación es, honestamente, imposible de ser evitado si se dan asientos de colonización en la carretera, ya que la cultura de la tala y quema seguramente podrá ser erradicada en un número de años no menor a los requeridos para deforestar el 80% del bosque tropical que está en la región que tratamos.

Otra conclusión que saca el análisis científico es ilustrativa:
Por otro lado, será importante saber que la cantidad de suelo anegadizo en la región del trazo que cruza el TIPNIS es tan grande que creo que hasta la mejor ingeniería va a tener serios problemas para su ejecución. Esta demás decir que el trazo por el lado oriente es sobre suelo mas fijo y de mejor transitabilidad.

¿Qué podemos decir al respecto? En relación a este análisis y descripción de las condiciones, pero también de las probables consecuencias si se produce el quiebre del Territorio y Parque Isiboro-Sécure, queda claro que la defensa del TIPNIS es no sólo responsabilidad de las comunidades de las naciones y pueblos indígenas originarios que lo habitan, sino también de todos los bolivianos y bolivianas conscientes del problema y la problemática, de todos los bolivianos y bolivianas que aprobamos la Constitución Política del Estado.

El TIPNIS es el corazón de la producción de agua de Bolivia, no hay dónde perderse, si se ejecuta el proyecto extractivista, el proyecto IIRSA, la vinculación transoceánica, conllevando el desplazamiento e invasión cocalera, no sólo se terminará desforestando, degradando y destruyendo uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta, sino que también se habrá quebrado el corazón de la producción de agua, se habrá cortado con la articulación de los ciclos del agua conectados a los ciclos climáticos, a los ciclos del suelo, a los ciclos de los bosques, a los ciclos de reproducción de la vida. Cochabamba disminuirá progresivamente su régimen hidrológico y con el pasar del tiempo quedará sin agua, cambiando los climas de los grandes entornos geográficos y regionales del TIPNIS.

Se entiende que a mentalidades desarrollistas, extractivistas, modernistas e industrialistas, estas consecuencias les preocupa poco, si no es que nada, pues ellos miden los costos y beneficios en términos monetarios, en términos de la brutal y reducida contabilidad capitalista. En sus imaginarios colonizados no entran para nada los costos ambientales, los costos ecológicos; ahora sabemos que no les interesa para nada los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. ¿Qué es el desarrollo para estas mentalidades? Podemos interpretar que se trata del goce inmediato compulsivo de la ilusión dineraria; estos tardíos burgueses internacionalizados no llegan a un diseño estratégico de dominación; al contrario, se supeditan a potencias, a las estrategias de potencias, creyendo que del rebalse de las ganancias de la acumulación ampliada de capital, a escala mundial, les va tocar una parte. No son solamente ilusos, sino que también expresan la consciencia desdichada de las burguesías tardías y periféricas. El desarrollo al que apuestan es el desarrollo capitalista, que se da en escala mundial, y este desarrollo produce “subdesarrollo” y dependencia en la periferia del sistema-mundo capitalista. Estos gobernantes al servicio de estrategias hegemónicas y de dominación, esta lumpenburguesía, como la llamaba André Gunder Frank, no son otra cosa que dispositivos y agenciamientos de los diagramas de poder, de los mapas de fuerza, de la dominación global del capitalismo contemporáneo.

El conflicto del TIPNIS ha puesto en evidencia los nuevos frentes políticos, sociales, económicos y culturales, frentes dibujados en la coyuntura crítica del proceso; por un lado están las naciones y pueblos indígenas originarios, sobre todo los movimientos y organizaciones propiamente indígenas, constatados en sus formas de organización, formas de representación, mandos rotativos, normas y procedimientos propios, instituciones ancestrales y cosmovisiones nativas, apoyados por nuevos movimientos juveniles y urbanos, también por históricos movimientos como los regantes (2), los guerreros del agua y los guerreros del gas; por otro lado, apoyando el trazo de la carretera por el TIPNIS, están las organizaciones campesinas, organizadas en sindicatos (CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB); todo el conglomerado campesino de alguna manera conducido por las federaciones cocaleras.

Todo este conjunto, mas o menos cohesionado, también diferenciado y plural, así mismo abigarrado, que fue parte del llamado “bloque popular”, y que ahora se encuentra llevando al ascenso desbocado a una nueva burguesía emergente, de nuevos ricos y nuevos intermediarios en los circuitos de capital, mercancías, transgénicos, contrabandos, tráficos, incluyendo los del narcotráfico, en desplazamiento constante hacia alianzas inesperadas con los agroindustriales de Santa Cruz, la burguesía intermediaria, la banca, las empresas trasnacionales de los hidrocarburos y la minería, la empresas constructoras brasileras y el gobierno brasilero.

En lo que decimos y afirmamos, vamos a respaldarnos en el análisis que hace Enrique Ormachea, Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), quien hace una ilustrativa descripción de la dinámica estructura de clases en la coyuntura, lo que nos permite elucidar el carácter de la lucha de clases y de la guerra descolonizadora en el momento de la crisis del proceso. Enrique Ormachea escribe: Una buena parte de los cocaleros son ya campesinos ricos o acomodados porque obtienen ganancias gracias a la apropiación de trabajo ajeno, pues producen normalmente con el concurso de peones asalariados. Por el contrario, los indígenas yuaracarés, moxeños y chimanes que habitan en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) –y la mayor parte de los indígenas de las tierras bajas– además de realizar actividades agrícolas en chacos que usufructúan individualmente y que combinan con otro tipo de actividades económicas vinculadas con el mercado (como la extracción de recursos forestales y la elaboración de artesanías), normalmente se ven obligados a vender temporalmente su fuerza de trabajo a ganaderos, madereros y a los propios cocaleros para asegurar su medios de subsistencia. En este sentido, mientras los primeros son pequeños y hasta pequeñísimos capitalistas, los segundos son mayoritariamente semiproletarios (3).

Esta descripción es importante pues nos ubica de lleno en la relación social, en la relación de dominación de un conglomerado social sobre otro, de una dinámica bullente de monocultivo, agrícola, comercial, encaminada a la expansión de la frontera agrícola y de la comunicación carretera y caminera, sobre otra dinámica, apegada al territorio, a las normas y procedimientos propios, a las instituciones ancestrales, a la búsqueda de un proyecto alternativo al desarrollo y a la modernidad, que actualice las comunidades ancestrales, sus manejos territoriales y de bosques, combinándolos con formas de organización emergentes y en la perspectiva establecida en la Constitución, perspectiva traducida como la del vivir bien. Lo que fue el “bloque popular”, que se coaligo y expulsó a la mega-coalición neoliberal, terminó de mostrar su composición diferencial y entrar en contradicciones rápidamente, justo en el momento de transición hacia el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta abertura y quiebre del “bloque popular” evidencia la existencia de proyectos distintos, dicotómicos y contradictorios; un proyecto capitalista, desarrollista, extractivista, dependiente, articulándose al reacomodo de las estructuras y formas de intercambio en la geopolíticas del sistema mundo capitalistas; otro proyecto emergente, nacido de las entrañas de las luchas sociales contra el neoliberalismo y de las entrañas de la guerra anticolonial y descolonizadora de las naciones y pueblos indígenas originarios, que ha expresado su horizonte civilizatorio en la Constitución, en tanto Estado plurinacional comunitario y autonómico, en tanto economía social y comunitaria, en tanto modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo.

Los dos proyectos no pueden coexistir en el proceso, son opuestos; uno se coloca en la continuidad de la misma civilización moderna, capitalista, desarrollista y extractivista, el otro apunta a abolir esta civilización, abriendo la posibilidad civilizatoria alternativa haciendo emerger configuraciones culturales inhibidas por los colonialismo y el capitalismos, actualizándolos y combinándolos con formas autogestionarias y solidarias contemporáneas. Este proyecto se opone abiertamente al desarrollismo y al extractivismo, se encamina más bien a restaurar las complementariedades dinámicas con los ecosistemas, seres, ciclos vitales interrelacionados e integrados en las formas complejas de reproducción de la vida. No debe sorprendernos entonces los conflictos que se dan entre el gobierno y las naciones y pueblos indígenas originarios, pues el gobierno se ha convertido en la expresión política e institucional del proyecto de continuidad capitalista, desarrollista, extractivista y de monocultivos. ¿Por qué ha sucedido esto?
La contradicción era latente, solo que no tuvo las condiciones de posibilidad para mostrarse; una cosa era luchar contra los gobiernos neoliberales y el proyecto neoliberal en curso y otra cosa es abolir el Estado-nación, construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en la perspectiva del modelo civilizatorio del Vivir Bien, que se basa en el respeto de los derechos de los seres, componentes y ciclos vitales de la Madre Tierra. En lo que fue el “bloque popular” hay clases sociales que no están dispuestas a abandonar las formas de monocultivo, menos la producción de coca, también de cocaína, no están dispuestas a renunciar a la expansión de la frontera agrícola a costa de los bosques y ecosistemas, no están dispuestas a renunciar a las ganancias y, sobre todo, a las ganancias fáciles, tampoco van a renunciar a una compulsión individual por la tenencia de la tierra, aunque esto implique violar la Constitución.

La CSUTCB ha desarrollado un anteproyecto de Ley que contempla la desaparición de las TCOs porque las considera latifundios, también contempla la redistribución de la tierra de forma individual, contraviniendo a la Constitución que establece la reversión de tierras a comunidades indígenas y campesinas de forma colectiva. Sorprende que en las argumentaciones justificadoras del anteproyecto se ventilen calificativos de “terratenientes” para los indígenas que habitan las TCOs, llama la atención que se olviden de los latifundistas y terratenientes históricos, contra los que se había tenido una larga lucha, precisamente por la reforma agraria. ¿Qué pasa? ¿Otros son los enemigos? Ahora son los indígenas, las naciones y pueblos indígenas, sus organizaciones, sus formas colectivas de propiedad, sus gestiones territoriales ancestrales. Ahora, en cambio, son aliados los latifundistas y terratenientes históricos, los agroindustriales, los soyeros, que emplean transgénicos, los empresarios, pues ellos, así como los campesinos, persiguen la continuidad del mismo modelo capitalista, desarrollista, extractivista. Ahora las alianzas son otras y los frentes de la lucha son otros.

El conflicto en torno al TIPNIOS es demostrativo por poner al descubierto de una manera descarnada estas contradicciones:
Acicateados entonces por sus crecientes motivaciones de acumulación, los cocaleros del trópico de Cochabamba se han visto en la necesidad de acrecentar sus propiedades, lo que implica expandir la frontera agrícola. Sin embargo, esta expansión sólo puede darse hacia dos zonas claramente definidas. Por un lado, hacia el TIPNIS y, por otro lado, hacia el departamento de Santa Cruz; esta última opción implicaría avanzar sobre tierras que ya están ocupadas tanto por otros colonizadores (buena parte de ellos también campesinos ricos) como por pequeñas, medianas y grandes empresas capitalistas agrícolas y ganaderas articuladas a la agroindustria (4).

Mayari Castillo y Anahí Durand, escriben en Identidades, etnicidad y racismo en América Latina, que: En primer lugar, la economía de la coca, aunque no reconocida oficialmente, genera una porción importante del PIB de Bolivia. Durante la peor crisis económica, la economía ilegal de la coca permitió sustentar la aplicación de los ajustes estructurales, siendo válvula de escape de la pobreza y un nuevo espacio laboral para los ex mineros de las recién cerradas minas de la COB (Lanza, 1999). De la misma manera, frente a una economía con crecimiento estancado o negativo y uno de los índices de pobreza más altos de América Latina, la cooperación internacional radicada en Bolivia constituía una importante fuente de ingreso. En los últimos doce años, Bolivia recibió por concepto de asistencia financiera oficial cerca del 11% del PIB. Sumado a los aportes de agencias privadas, ONG y otros, la cifra se eleva a un 15% (Grebe, 2002). También pudo reprogramar su deuda financiera gracias a los recursos donados por Europa y, hasta hace poco, recibía financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento, además de financiamiento de carácter bilateral desde Japón, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. La mayor parte de estos apoyos estaban condicionados al cumplimiento de metas sobre control del narcotráfico, incluyendo la erradicación del cultivo de la hoja de coca. Por ello, la resistencia cocalera al cumplimiento de metas otorgaba al conflicto una importancia nacional (5).

Los investigadores nos dejan en este dibujo panorámico y de evaluación del movimiento cocalero determinados perfiles de la problemática; primero se habla de una economía de la coca, una economía subterránea, que sostiene parte del funcionamiento de los circuitos económicos. Segundo, que con el propósito de erradicación y sustitución de los cultivos de coca, la cooperación internacional ha financiado programas de apoyo a la diversificación de la producción agrícola, así como programas de interdicción. Todo esto puede considerarse también como parte de las inyecciones monetarias al campo económico boliviano, incidiendo en la formación de su Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, la economía de la coca forma parte de la realidad, como uno de sus niveles, en la compleja sedimentación de sus ámbitos, mundos paralelos o colaterales. Esta economía de la coca es tan importante que no sólo dibuja circuitos, recorridos, articulaciones con otros niveles económicos, sino que también ha terminado constituyendo sujetos sociales, subjetividades e imaginarios, incluso instrumentos políticos y electorales, además de lograr catapultar a las Federaciones Cocaleras al gobierno.

Se sabe que por lo menos dos ámbitos territoriales campesinos están articulados a la economía de la coca, Los Yungas y El Chapare, además de otros territorios de expansión, comprendiendo otras zonas más circunscritas y dispersas, que fueron tradicionales en el cultivo de la hoja de coca, como el caso de Apolo e Inquisivi; también hay que considerar la irradiación espacial de la economía de la coca en relación a otros circuitos comerciales y flujos dinerarios, de mercancías y migraciones. También sabemos que la economía de la coca ha estado articulada a la historia económica de la Audiencia de Charcas y de los periodos republicanos; el ciclo de la economía de la plata, el ciclo de la economía del estaño y, también, aunque de un modo más indirecto y con muchas mediaciones, al actual ciclo de la economía de los hidrocarburos. La economía de la coca ha formado parte entonces de las estructuras económicas, de sus flujos, circuitos y recorridos.
Por otra parte, podemos abrirnos a la comprensión de las estrategias diferenciales, plurales, cíclicas y rítmicas de las economías campesinas, atravesadas por complementariedades, reciprocidades, también por transformaciones del ayni y la mink’a, como formas de relación por servicios y especies, por un lado, y por trabajos y dinero, por otro. Comprender también que las formas de organización son complejas, variadas, expansibles o contraíbles, dependiendo de la forma como se relacionan las unidades domesticas con las familias, con las estructuras familiares, comprendiendo edades, género y generaciones. Así mismo tener en cuenta las diferentes prácticas de los vecinos respecto a las prácticas combinadas de los pueblos y comunidades. Todo esto nos muestra una combinación rica de estrategias y de estructuras, de composiciones y de ritmos cíclicos, dependiendo del producto, de las interrelaciones entre productos, del lugar, del momento. Las economías campesinas son configuradas por racionalidades alternativas y colaterales a la racionalidad moderna y eficaz del cálculo del costo y beneficio. En otras palabras, es imposible comprender las estrategias campesinas a partir de la reducida contabilidad económica. Se trata de otras racionalidades, que funcionan flexiblemente, dúctilmente y en combinaciones abiertas (6).

Empero, algo que podemos compartir con cierta certeza es que, de todas maneras, se trata de economías articuladas al mercado y a los vaivenes del mercado, por lo tanto a los movimientos de los precios de los productos. Ahora bien, un cultivo y producto altamente rentable es la coca, incluso en momentos de bajos precios; esto debido a los rendimientos, sobre todo a las cosechas que se dan al año. Lo que decimos vale mucho más cuando los precios de la hoja de coca suben estrepitosamente, debido a factores externos de extrema imponderabilidad, como la debida al comercio del narcotráfico, sobre todo de la cocaína.

Bajo estas consideraciones es posible una hipótesis en relación a la expansión estrepitosa de los cultivos de la hoja de coca, incluyendo la invasión a los parques y territorios indígenas. Es tan gravitante el comercio de la cocaína, tal la incidencia de sus circuitos, de su capacidad de incidencia, de su fuerza financiera, de sus múltiples estratégicas de tráfico, que se ha convertido en el núcleo explicativo de la propia economía de la coca, por lo tanto no sólo de los circuitos y de la acumulación sino de la expansión compulsiva del monocultivo.

Independientemente de cualquier pretensión moral o de pose artificial sobre la problemática de la cocaína, pretensión y pose falsa de las potencias, de NNUU y de la cooperación internacional, lo que importan es comprender claramente el conflicto suscitado en torno al TIPNIS y sucesivamente conflictos anteriores y en perspectiva repetidos intermitentemente con las naciones y pueblos indígenas originarios, desde la aprobación de la Constitución, comprender el conflicto a partir de las fuerzas involucradas, de las tendencias, de los proyectos inherentes. La economía de la coca forma parte de la economía de la cocaína y la economía de la cocaína forma parte de las economías del sistema-mundo capitalista. Una apuesta por la expansión del monocultivo de la coca forma parte de la expansión compulsiva de la economía de la cocaína y obviamente de la acumulación ampliada de capital en la economía-mundo capitalista. Apostar por esta salida, se lo haga abiertamente en las decisiones prácticas que toman los cocaleros, veladamente, como si no viera nada, el gobierno, no importa, pero apostar por esta salida significa la continuidad del modelo capitalista, desarrollista extractivista y dependiente, ahora atravesado por la economía política del chantaje, es decir por la economía de la cocaína, como una de sus formas.

Este proyecto continuista se enfrenta abiertamente al otro proyecto, nacido de las entrañas de las luchas sociales y de la guerra anticolonial y descolonizadora, expresada plenamente en la Constitución. Este modelo es el del Vivir Bien, modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Este modelo se basa en la condición plurinacional, en la condición comunitaria, en la condición autonómica y en la condición intercultural, por lo tanto este modelo se basa en las cosmovisiones indígenas y en la reconstitución de los territorios ancestrales, actualmente habitados, como reza la Constitución. Este modelo supone un descentramiento radical del antropocentrismo, desplazándose al reconocimiento de su condición vital a los otros seres que componen la Madre Tierra, reconociendo su condición de sujetos y reconociendo sus derechos. Esta concepción está plasmada en el proyecto de Ley de la Madre Tierra. El conflicto del TIPNIS está expresando entonces la guerra de dos proyectos opuestos, antagónicos, de modelos encontrados, uno el capitalista y moderno, el otro alternativo al capitalismo y la modernidad. Hay una lucha de clases y una guerra anticolonial y descolonizadora en curso, con sus sujetos sociales, sus organizaciones, sus instituciones opuestas, incluso con sus diferentes formaciones discursivas en franco y abierto debate.

Volviendo al análisis de Enrique Ormachea, podemos dimensionar los alcances concretos del conflicto en torno al TIPNIS. Entonces el conflicto especifico, en el territorio, en los límites del parque y en el interior del parque, en el llamado bloque 7, que es la zona de avasallamiento del parque por los colonizadores, es entre comunidades indígenas y colonizadores, comunidades indígenas y cocaleros. En el documento citado se escribe: Si en algo hacen hincapié los indígenas cuando plantean la defensa del TIPNIS es en el tema de la expansión cocalera y sus efectos. No les faltan razones. En el Gobierno de Evo Morales se les ha recortado alrededor de 145 mil hectáreas que acabaron siendo dotadas a cocaleros que habían ocupado estas tierras de hecho, al aprobar un título final de propiedad colectiva de 1.091.656 hectáreas frente al título ejecutorial concedido en 1997 que ascendía a 1.236.296 hectáreas (7).

La legitimación del avasallamiento ya muestra el sentido del gobierno, de sus políticas en relación a la tierra y al territorio, en relación en lo que respecta a las áreas protegidas y territorios indígenas. El gobierno responde en primer lugar, en el plano afectivo y de los compromisos orgánicos, a las federaciones cocaleras, también a las organizaciones de colonizadores, llamados ahora interculturales, que ya cuenta con más de un millón de afiliados, así mismo responde a los compromisos sindicales con las organizaciones campesinas, organizadas en la CSUTCB y en la confederación de mujeres campesinas, las conocidas como “bartolinas”; en segundo lugar, ya en un plano político, responde a la continuidad del proyecto capitalista, desarrollista, extractivista, dependiente, otorgándole un carácter popular al proyecto.

En tercer lugar, ya en un plano estratégico o geopolítico, el gobierno está supeditado a la irradiación de la política expansionista y hegemónica del Estado brasilero; en cuarto lugar, ya en un plano de las complicaciones de las que no puede zafarse, atado a las herencias de las lógicas de poder persistente, responde a los condicionamientos de las empresas trasnacionales, tanto de los hidrocarburos como de la minería; en quinto lugar, ya en el plan de las nuevas alianzas, responde a los acuerdos económicos con la burguesía intermediaria boliviana, los agroindustriales, los soyeros y las mediaciones de los grandes monopolios de las empresas de transgénicos. La presión sobre la frontera agrícola cocalera y colonizadora se da no solo con la benevolencia del gobierno sino en alianza estratégica con los agroindustriales y soyeros, es decir, la burguesía intermediaria. Todos ellos forman parte de la composición social, económica, subjetiva e imaginaria del proyecto desarrollista-extractivista.

Esta situación es vivida, intuida, comprendida y elucidada por las organizaciones indígenas del CIDOB y CONAMAQ. Se comenta el testimonio de uno de los dirigentes del TIPNIS y ahora de la marcha indígena: En una entrevista reciente, el dirigente indígena Adolfo Moye ha señalado que, a raíz de la expansión de los cocaleros hacia las comunidades indígenas del TIPNIS, muchas terminaron rodeadas de colonos “…por ejemplo, la comunidad de Santísima Trinidad donde yo vivo junto a 140 familias indígenas mezcladas con algunos colonos, hemos quedado al centro de la zona colonizada y rodeada por cocaleros. En la comunidad Limo, los hermanos del pueblo moxeño yuracaré ahora tienen apenas una hectárea y trabajan como empleados de los colonos. Sus hijos han tenido que migrar a las ciudades capitales para buscar empleo queriendo adoptar otra forma de vida; en muchos pueblos solo quedan los viejitos. Algunas comunidades, como Puerto Patiño e Isiborito, se extinguieron y no sabemos a dónde se fueron esos hermanos…”. (Entrevista en el Foro Social de Asunción 9).

El testimonio de Adolfo Moye es elocuente; lo que describe es una relación de dominación de los cocaleros y de los colonizadores con los indígenas del TIPNIS. Los indígenas no solamente son discriminados y explotados, sino vistos como menos. No se los considera iguales, ni se establece con ellos relaciones de igualdad. Esto ocurre de manera dramática en los lugares de intersección entre comunidades indígenas y colonos; si bien no ocurre lo mismo cuando los dirigentes de las organizaciones indígenas y de las organizaciones campesinas entablas relaciones de organización, de discusión, cuando entablan acuerdos y pactan sobre temas de interés común, pues a este nivel se entiende que no considerarse como iguales sería una muestra insostenible de racismo. No ocurre porque a ese nivel se tiene otra concepción de lo que es ser indígena; somos todos indígenas, aymaras, quischwas, urus, chipayas, guaranís, moxeños, chácobos, chimánes, yuracarés. La diferencia está en que unos somos campesinos y otros conservan la propiedad comunitaria, el ayllu; unos estamos organizados en sindicatos y otros en las formas organizativas propias comunitarias.

Este discurso se mantuvo durante parte de la vida del Pacto de Unidad, sobre todo durante el proceso constituyente. Ahora parece desmoronarse este discurso ante la evidencia de las grandes diferencias, diferencias de concepciones, de intereses y de proyectos. Los dirigentes campesinos se acercan rápidamente a los prejuicios que tienen los campesinos y colonos que habitan los lugares limítrofes con territorios indígenas. Sobre todo ahora, cuando se da el conflicto del TIPNIS, los dirigentes campesinos se apegan más a defender el discurso gubernamental estridentemente descalificador del movimiento indígena en defensa de sus derechos, consagrados por la Constitución. El “bloque popular” se ha roto. Esta descripción me recuerda a lo que ocurría años atrás, cuando ere vigente, convocativo e irradiante el proletariado minero; a pesar de su consciencia de clase, de clase desclasada, de clase que debería abolir todas las clases, los mineros mantenían relaciones de dominación, subordinando a las comunidades indígenas y campesinas aledañas a los campamentos. ¿Por qué ocurre esto? Se notaba un aire de superioridad; una cosa implica estar ligado al campamento minero, a la explotación de las vetas mineras, a los ingenios, a la organización capitalista del trabajo, y otra cosa significa estar ligado a los ayllus, a las comunidades, donde preponderaban “modos” de producción pre-capitalistas. La diferencia estaba dada. Los mineros compartían una ilusión desarrollista y un imaginario modernista, en contraposición de los indígenas y campesinos, que más bien expresaban un apego a otros imaginarios, mas bien animistas. Una de las consecuencias de la modernidad fue esta descalificación de otras formas de vida, de otras formas de cohesión social y de relacionamiento, que no sean las propias de la modernidad.

Las investigaciones y los estudios sociológicos han descrito y han teorizado sobre la transición a la modernidad; el desencanto, la desacralización, la ruptura y quiebre de las comunidades, de las instituciones y estructuras tradicionales, forma parte de las hipótesis iniciales de estos estudios y estos análisis. El paso de la familia extendida y compuesta a la familia nuclear, las migraciones rural urbanas, la atomización y la individualización, la homogeneización de los comportamientos y las conductas, el disciplinamiento, forman parte de este proceso de modernización, entendida como una dinámica cultural y civilizatoria que pone en suspenso los valores y las instituciones tradicionales, la modernidad entendida como experiencia de la vertiginosidad, sensibilidad estética que expresa esta experiencia como cuando todo lo sólido se desvanece en el aire, frase de Shakespeare, recogida por Marx (10).

La historia de la representación de la modernidad es toda una arqueología, comienza con los poetas malditos, quienes le atribuyen características estéticas y lúdicas, haciendo hincapié sobre todo en la experiencia de la vertiginosidad y el suspenso. El concepto es retomado por la sociología y la economía empero de una manera más instrumental y descriptiva, perdiendo sus ribetes poéticos, empezando a adquirir perfiles organizacionales, estructurales, institucionales y de relaciones de mapas definidos de transvaloración y transición modernizadora. Marx y algunas corrientes marxistas retoman el concepto dándole un carácter dialéctico, retomando algunas ideas iniciales de la experiencia de la transformación desbocada. Ya en la etapa de balance habría que contar con el análisis desplegado por Marshall Berman, estudio que intitula precisamente Todo lo sólido se desvanece en el aire (11). En las corrientes marxistas teóricas contemporáneas un antecedente de la crítica de la modernidad es el libro de Adorno y Horkheimer titulado Dialéctica del iluminismo (12).

Quizás sea el análisis más penetrante de la modernidad, a la que caracterizan como iluminismo, que también puede ser retomada como crítica; de lo que se trata entonces es de desplegar una crítica de la crítica, un iluminismo del iluminismo. Ponen en cuestión los mitos de la modernidad, como la idea de progreso y el mito de la historia; también ponen en cuestión la pretensión moderna de dominación de la naturaleza. Queda claro en los autores, que hacen la crítica de la racionalidad instrumental, que no basta hacer una crítica de la economía política, sino que es necesaria y urgente hacer una crítica de la modernidad, matriz histórica y cultural, civilizatoria, en la que emerge y se recicla el capitalismo. Después de ellos, todas las escuelas, corrientes teóricas críticas de la modernidad, son deudoras de la apertura iniciada por la Escuela de Frankfurt. A nosotros nos interesa retomar las críticas de la modernidad en los contextos periféricos del sistema-mundo capitalista, pues nos interesa comprenderlos fenómenos complejos, abigarrados y heterogéneos que desata la modernización en nuestras regiones y países.

Marshall Berman escribe sobre el modernismo del subdesarrollo y toma en cuenta el caso de San Petersburgo, dice que se trata de modernidades impulsadas desde arriba, por el Estado, el poder; quizás también por algunas élites. Son construcciones titánicas que se enfrentan a los pantanos, es la voluntad de la geometría que termina imponiéndose a la adversidad, a pesar de las inundaciones centenarias. Se trata de espacios modernos pero sin contar con una vida moderna, espacios públicos que no llegan a tener vida pública. ¿Qué es la modernidad en estos lugares insondable? ¿Es una ilusión? ¿Un espejismo? ¿Un fabuloso monumento? Todo lo demás no llega a ser moderno, las instituciones, el manejo de las instituciones, el Estado, la administración del Estado; tampoco las subjetividades. Estamos ante transiciones problemáticas, cuando el pasado no termina de irse, mas bien se queda persistentemente, combinándose con esas proposiciones iluministas de futuro. Se producen composiciones intrincadas que contienen también subjetividades recargadas, que acompañan a comportamientos que moran mundos que cohabitan. René Zabaleta Mercado habla de formaciones abigarradas y Bolívar Echeverría de modernidades barrocas (13). ¿Qué es la modernidad en la periferia del centro del sistema mundo capitalista? Las corrientes hindúes que estudian la subalternidad conciben que mas bien hay que comprender modernidades heterogéneas o la modernidad en su condición heterogénea.

Ciertamente no se puede hablar del ámbito social del campesinado como si fuera homogéneo; esto desde ya está descartado. Estamos ante campo complejo y diferencial, cuyos ciclos y articulaciones con el mercado también son variados. En un tiempo se pensó que la campesinización y la re-campesinización formaban parte de procesos de resistencia a la diseminación capitalista. Se mostraban contradicciones con el mercado, con el capitalismo y con el capital a partir de la tesis de la subsunción formal del trabajo al capital (14). En Bolivia se realizaron estudios de la cuestión agraria, sobre todo de las economías campesinas, a partir de su irrupción misma, irrupción que se da desde la expansión de las formas de pequeña propiedad agraria a partir de la reforma agraria de 1953.

Se pueden hacer distintas clasificaciones de un abundante material, que llega hasta nuestros días, empero nos interesa, por los límites y las razones implícitas de este ensayo, dibujar grandes campos de análisis. Se puede apreciar que una de las áreas de preocupación, quizás las más economicista, está relacionada con las evaluaciones de la reforma agraria y la búsqueda por reencaminarla; otra área de preocupación es la que tiene que ver con los estudios de caso, con un enfoque sociológico; quizás los más interesantes son los estudios con un orientación antropológica, sobre todo por el aporte etnográfico en el análisis de las estructuras y las instituciones involucradas. No podemos dejar de considerar los estudios sobre la estructura agraria y de clases desde una perspectiva marxista, mas bien análisis macros que estudios locales o regionales. Por último, deberíamos considerar un área de trabajos de investigación antropológicas, sociológicas y económicas, de enfoque mas bien integral, que cuestiona las perspectivas anteriores, consideradas estáticas, que no consideran las dinámicas locales, diferenciales, cíclicas y de estructuras de cambiantes, vinculadas a las estrategias de adaptación a las circunstancias de las formas de organización campesinas. Quizás las más aportadoras a la elucidación y a la inteligibilidad de la problemática campesina sean estos estudios (15). En relación a toda esta arqueología del saber de la cuestión agraria, debemos apreciar sus mapas para poder atender a una mirada a los recientes desplazamientos de las economías campesinas.

Obviamente lo que se requiere para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre son investigaciones a profundidad y en los distintos espacios de desplazamiento de las formas de organización campesina; empero a falta de estas investigaciones, nos vemos obligados a lanzar algunas hipótesis interpretativas de lo ocurre en la coyuntura crítica del proceso con las economías y formas de organización campesina, sus estrategias y sus circuitos.

Hipótesis
Por más compleja que pueda ser la formación social, económica y cultural campesina, por más diversa y diferencial, por más barroca, combinada, compuesta y entrecruzada en que se encuentre, moviéndose contradictoriamente en transiciones cíclicas, definiendo a veces rutas en espiral y en algunos casos desplazamientos lineales, toda esta complejidad está atravesada por los circuitos del mercado, los circuitos dinerarios, incluso, en menor escala los circuitos financieros, como los relativos al microcrédito; aunque tengamos que aceptar, como lo hicimos en otro tiempo, la presencia alterativa de resistencias, de otras lógicas, otras estrategias y otras racionalidades, el mercado y el desarrollo capitalista juegan un papel gravitante, sobre todo en determinados momentos de alta demanda de monocultivos, y la evidencia de la atracción efectiva de subida de precios.

Esta atmósfera de muchos microclimas culturales, imaginarios y de comportamientos, recrea la ilusión de una modernidad barroca, heterogénea, del bienestar, del acceso y del consumo. En momentos de intervención de circuitos de alta rentabilidad y de predisposiciones políticas que los facilitan, los conglomerados sociales campesinos, sus tendencias económicas, tienden a volcarse plenamente a la ilusión del desarrollismo y sobre todo al espejismo de la riqueza fácil. Los núcleos de resistencias, alterativos, alternativos, las racionalidades y estrategias complementarias y cíclicas, tienden a ser inhibidas, ocultadas, desarticuladas, en beneficio de las opciones más comerciales, incluso más perversas de los circuitos dinerarios.

Las resistencias, las posibilidades alterativas y alternativas se encuentran en las comunidades indígenas-originarias
En momentos de crisis, de desplazamiento social compulsivo hacia las formas más veloces del comercio, incluso del comercio ilícito, del contrabando, de los tráficos perversos, de la economía política del chantaje, los núcleos de resistencias, las posibilidades alterativas y alternativas al curso de las cosas, al dominio del capitalismo, incluyendo sus formas salvajes, se encuentra en las comunidades indígenas, como los ayllus, en tierras altas, y las formas comunitarias en reconstitución, en tierras bajas. Las otras racionalidades, sobre todo complementarias, las otras estrategias, sobe todo rotativas, cíclicas y en reciprocidad, tejiendo equilibrios y armonizaciones territoriales, se encuentra en estas formas comunitarias, en sus formas de organización, de cohesión, de convocatoria y de correspondencia territorial, se encuentra en la actualización y reconstitución de sus instituciones ancestrales. Esta disposición a la resistencia, esta reterritorialización, se hace evidente en la coyuntura crítica del proceso, cuando el gobierno, las organizaciones campesinas, aliados a la burguesía intermediaria, a los agroindustriales, a los soyeros y las mediaciones que usan los transgénicos, añadiendo a los banqueros y los compromisos con el IIRSA y el proyecto hegemónico brasilero, se proponen ampliar estrepitosamente la frontera agrícola, atentando contra los bosques, los territorios indígenas, los parques, las áreas protegidas, a cualquier costo. La marcha indígena por la defensa del TIPNIS es una clara muestra de la voluntad política de las organizaciones indígenas, del CIDOB y del CONAMAQ por detener el avasallamiento, la compulsión desarrollista-extractivista apegada a la ilusión modernista de consumo y de riqueza.

Notas:

1. Unidad de investigación sobre biodiversidad de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
2. Los reales regantes, desplazados por la maniobra montada del MAS cuando se eligió a sus supuestos nuevos representantes, que no son otra cosa que loteadores. Esta suplantación aviesa fue avalada por el Vicepresidente. Los verdaderos regantes, los históricos regantes ligados a la Guerra del Agua, quedaron marginados. Hablamos entonces delos históricos regantes, los luchadores y defensores de las formas comunitarias de administración y gestión del agua.
3. Bolpress; 3 de septiembre 2011.
4. Bolpress.
5. Mayari Castillo y Anahí Durand: Movimiento cocalero, política y representación: los casos boliviano y peruano. Edición de Fernando García, FLACSO 2008, Quito.
6. Revisar el libro de Alison Spedding Kawsachun Coca.Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare. PIEB 204. La Paz.
7. Bolpress.
8. Bolpress.
9. Bolpress.
10. La frase aparece en la obra de Shakespeare La Tempestad, Marx, la retoma para caracterizar metafóricamente a la modernidad.
11. Marshall Berman: Todo lo sólido se desvanece en el aire. Siglo XXI 1994; México.
12. Adorno y Horkheimer: Dialéctica del iluminismo; Trota, Madrid.
13. Ver de Zavaleta Mercado, Lo nacional-popular en Bolivia; Amigos del Libro; La Paz. También de Bolívar Echeverría Crítica de la modernidad capitalista; Vicepresidencia del Estado Plurinacional 2011; La Paz.
14. Roger Bartra ha realizado estudios antropológicos sobre la identidad mexicana; en tanto que Armando Bartra ha realizado estudios sobre las problemáticas que envuelven al mundo campesino e indígena, en parte rescatando sus luchas por la reforma agraria, en parte recuperando la condición de comunidad, pero también mostrando las formas de subsunción formal del trabajo al capital en la que están involucrados sus circuitos.
15. Revisar de Alison Spedding Kawsachun coca. Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare. PIEB 2004; La paz.

* Miembro de Comuna. http://horizontesnomadas.blogspot.com/

Carretera por el Tipnis: El MAS pide que consulta incluya a cocaleros y colonizadores

Diputados del MAS piden que consulta incluya a originarios y a habitantes que no son del lugar como cocaleros y colonizadores, planteamiento que iría en contra la constitución y lo que formula el acuerdo de la OIT en el que se establece la consulta previa a los dueños de los territorios.

Vea también:
Evo desconoce Convenio 169 de la OIT, quiere consultar a no originarios del TIPNIS
Colonos de Yucumo cavan zanja para evitar paso de marcha indígena

"Es imposible construir el sumak kawsay en esas condiciones"

Alberto Acosta

El ex presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador envió a Evo Morales la carta que publicamos a continuación, solidarizándose con los indígenas del Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) y pidiéndole que respete la posición que el propio gobierno de Morales ha proclamado muchas veces, de defensa de los recursos naturales y en particular "las resoluciones de Tiquipaya donde abiertamente se consagran estos derechos y se exige defender a la Madre Tierra contra el capitalismo explotador, avasallador y extractivista". Acosta es uno de los políticos más lúcidos del Ecuador y su voz se suma a todos aquellos que han puesto en evidencia las contradicciones del gobierno de Evo Morales, y la distancia entre el discurso demagógico y la realidad de sus acciones.

Estimado señor presidente del fraterno pueblo de Bolivia Evo Morales Ayma: Como hermano latinoamericano me siento en la obligación de transmitirle mi preocupación por lo que está sucediendo en el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure (TIPNIS). La posibilidad de que una carretera atreviese este refugio de vida y más aun de que esta sea una ruta para la apertura de la exploración y explotación petrolera en el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure, teniendo al lado del parque las concesiones hidrocarburíferas de Chispani y Río Hondo a empresas trasnacionales, me mueve a escribirle.

Lo hago porque reconozco que Bolivia, Estado plurinacional, ha proclamado los derechos de las Naciones y de los Pueblos Indígenas, constitucionalizándolos. Lo hago porque usted ha difundido una política internacional de defensa de los derechos de la Naturaleza, firmando las resoluciones de Tiquipaya donde abiertamente se consagran estos derechos y se exige defender a la Madre Tierra contra el capitalismo explotador, avasallador y extractivista. Lo hago también porque su gobierno está jugando un papel central en el contexto internacional y por supuesto en su país en defensa de la Madre Tierra. Y también porque debemos ser profundamente solidarios con los caminos de transformación gestados en ese país hermano de Bolivia.

Me preocupa, señor presidente, las tensiones existentes en la Amazonia boliviana, por la creciente apertura a la actividad petrolera. Nosotros en Ecuador, por una dura experiencia de cuatro décadas, sabemos muy bien las amenazas y riesgos que esto implica. Nosotros conocemos los impactos y costos de esta actividad, expresados en distorsiones de carácter económico, en la destrucción de la Naturaleza y en la creación de condiciones deplorables de salud y seguridad para los pueblos que habitan nuestra Amazonia petrolerizada. Pueblos enteros, como los tetete y los sansahuari, desaparecieron por la actividad petrolera.

Señor presidente, es imposible construir el sumak kawsay en esas condiciones. Por eso mismo, desde la sociedad civil, en Ecuador se han desarrollado caminos de resistencia activa, como lo es el juicio en contra de la transnacional Chevron-Texaco, y caminos de construcción de alternativas, como es la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo demandando una contribución internacional, plasmada en la Iniciativa Yasní-ITT.
La actividad petrolera, que responde a un patrón hegemónico de dominación del capital transnacional, utiliza diferentes estrategias para mimetizarse bajo urgencias nacionales. Construye presiones diversas para postergar las agendas nacionales y finalmente conlleva a incorporar nuevos territorios para la extracción de recursos indispensables para sostener el capitalismo transnacional, mientras se pierden espacios para construir el sumak kawsay.

Es indispensable, señor presidente, que abramos las puertas a diálogos amplios y respetuosos que nos permitan la transición plural y democrática hacia un modelo post extractivista, centrado en la vida y no en las demandas del capital. Hoy más que nunca, presionados por los perniciosos y graves efectos locales nacionales y globales, tenemos que superar la dependenciade los combustibles fósiles, resguardar territorios libres de petróleo, como bases para construcción del Buen Vivir, porque como usted muy acertadamente afirma
“Vivir Bien es pensar no sólo en términos de ingreso per-cápita, sino de identidad cultural, de comunidad, de armonía entre nosotros y con nuestra Madre Tierra”.

En este contexto se inscribe la propuesta de las organizaciones bolivianas de allanar el camino para la no explotación de los recursos del subsuelo de la región de la Amazonia, particularmente en el Territorio y Parque Nacional Isibore Sécure (TIPNIS), territorio de los pueblos Chimán, Yuracaré y Moxeño.

Solidarizándome con el proceso de cambio del pueblo boliviano y, además, consecuente con esa solidaridad, no puedo sino saludar a las organizaciones que están llamando la atención sobre los riesgos de estos proyectos extractivistas. Con el respeto que usted se merece, le recomiendo y alerto para que no sacrifiquen lo andado, que busque otros caminos para construir democráticamente una sociedad más justa y equitativa, capaz de atender las demandas de toda la población boliviana.

Con un saludo fraterno,
Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

Evo Morales lamenta resistencia a carretera Villa Tunari - Moxos

El presidente Evo Morales lamentó que exista resistencia a carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, acusó a algunos dirigentes indígenas de “ser instrumentos de la derecha”.

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Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos será concluida en el año 2014

Central Isiboro A, BOLIVIA 31 jul (ABI).- La carretera que unirá a las poblaciones de Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) será concluida el año 2014 para ser puesta al servicio del desarrollo e integración nacional, señaló el domingo el presidente Evo Morales.

Ante una concentración de pobladores de esta población del trópico del departamento de Cochabamba, el Jefe de Estado subrayó que esa vía llevará desarrollo a toda la región y cumplirá uno de los anhelos del pueblo desde 1826 para que exista una carretera que una directamente a los departamentos del Beni y Cochabamba.

Dijo que los pobladores de El Chapare deben convencer a los pueblos indígenas del parque Isiboro Sécure sobre la importancia que tiene este camino para el desarrollo del país y la mejora de su calidad de vida.

"El Gobierno cumplirá con su obligación de consultar a los representantes de los pueblos indígenas para explicarles la importancia de esta vía", anotó.

Dijo que la construcción de la vía ya cuenta con el suficiente financiamiento para ponerse manos a la obra e iniciar su construcción.

El Mandatario resaltó que la obra forma plan de un importante y grande programa de construcción y mejoramiento de carretera a lo largo del país con importantes inversiones.

Lamentó que algunos grupos alentados por Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) sean los que se opongan a la construcción de esta vía sin medir la importancia que tiene para sus pobladores y toda la nación.

"Felizmente son solamente pocos frente a la gran mayoría de los bolivianos que apoyan la obra porque están conscientes de que las carreteras llevan desarrollo", agregó el Jefe de Estado.

La carretera tendrá una longitud de 306 kilómetros y su construcción demandará una inversión de 415 millones de dólares, de los que 332 millones provienen de un crédito blando otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.
ABI

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Cívicos de dos regiones plantean proyecto alternativo para no afectar el TIPNIS
Cochabamba, 2 Ago (Erbol).- Los comités cívicos del Beni y Cochabamba plantean cambiar el trazo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, para que no pase por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que une a ambas regiones.

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Según el Gobierno sectores oligárquicos se resisten a la carretera Villa Tunari - Moxos

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Varios intereses se cruzan detrás de la carretera a Beni

Posiciones atrincheradas e intereses particulares parecen alejar la posibilidad de dialogar y concertar una salida para la construcción de la carretera que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, advierten analistas e instituciones.

Para los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y sus organizaciones, además de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), intereses muy específicos como la explotación de recursos naturales, minerales preciosos, especies forestales e hidrocarburos, además de la expansión de cocales y colonizadores a áreas protegidas, están detrás de la decisión de construir un obra que atravesará por la reserva ecológica.

Dirigentes de esas organizaciones indican que el 13 de julio pasado, el ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, abrió la posibilidad de que YPFB realice trabajos de exploración petrolera en el Tipnis, donde se presume que existe un importante reservorio.

Sobre el tema, el exministro de Hidrocarburos Carlos Miranda señaló que en el Tipnis se detectó una de las más grandes estructuras de hidrocarburos en Bolivia, que no pudo ser cuantificada.

Por otra parte, el analista económico Gustavo Soto señala que existen capitalistas brasileños interesados en incorporar al corredor bioceánico el tramo San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (Bndes) que financia la obra.

También dice que cocaleros, colonizadores, soyeros y ganaderos, además de corporaciones multinacionales mineras, metalúrgicas, petroleras, agroindustriales, empresas constructoras y forestales quieren la ruta.

¿Regionalismo?

Para el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, “es seguro que hay intereses particulares detrás del rechazo de la dirigencia indígena a la carretera. Han de estar por ese lado los sectores más duros del regionalismo de derecha, los que tratarán de prolongar el monopolio de la relación económica y política con Beni”.

Aunque Delgadillo no nombró a grupos empresariales de Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García Linera acusó recientemente a los dueños de los frigoríficos de ese departamento oriental de financiar una campaña contra la construcción de la carretera para no perder el monopolio de la comercialización de carne de res.

La Federación de Entidades Empresariales de Santa Cruz rechazó las versiones gubernamentales en sentido de que privados de ese departamento quieran el fracaso del proyecto.

El Gobierno también ve en la ruta la oportunidad de internacionalizar Bolivia. El ministro de Obras Públicas dice que “la carretera servirá a los bolivianos, pero, nos interesa (y así está diseñado) que sea utilizada por los brasileños, por los peruanos, por los chilenos, por los latinoamericanos”.

Sobre las denuncias de los pueblos indígenas, que rechazan la construcción del tramo II y dicen que no fueron consultados, Delgadillo señala que “la carretera atravesará el Tipnis y, como lo hemos dicho regularmente, tomaremos todos los recaudos económicos, sociales y normativas medioambientales para que se establezcan seguridades para la permanencia comunal y medioambiental de la zona”.

Privados piden criterios técnicos y no políticos

La Federación de Entidades Empresariales de Santa Cruz solicitó al Gobierno que valgan más los criterios técnicos para construir la carretera a Beni y rechazó las versiones gubernamentales de que ganaderos y madereros de ese departamento estarían boicoteando el proyecto.


“Nosotros no vemos intereses particulares detrás del proyecto. Creemos que toda obra de infraestructura ayuda a crear competencias y eficiencia como empresarios. El hecho de integrar al país y unir diferentes regiones productivas lo vemos como algo positivo”, señaló el vicepresidente federación empresarial cruceña, Guillermo Schrupp.


El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Carlos Flores, señaló que la carretera permitirá expandir la capacidad productiva agropecuaria de Cochabamba e integrará dos realidades económicas, siempre y cuando el Gobierno respete los derechos de los pueblos del Tipnis, las normas medioambientales y la Constitución Política.


CALCULAN 2 MIL PERSONAS EN GRAN MARCHA

Todo esta previsto para que el 15 de agosto unos 2 mil indígenas marchen en defensa del Tipnis desde Trinidad a La Paz y otro número similar se pliegue en el trayecto “porque la problemática no incumbe sólo a los indígenas sino que afecta a todo el país”, afirmaron los máximos dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Adolfo Chávez y Pedro Vere.


Chávez indicó que participarán activamente en la VIII Marcha delegados de los 34 pueblos indígenas del oriente, chaco y la Amazonía con banderas, pancartas, instrumentos musicales, alimentos, utensilios, vituallas, frazadas y otras prendas necesarias para un mes de caminata.


Al respecto, el Comité Cívico Femenino de Beni, las damas voluntarias y Cáritas entregaron el pasado miércoles 6.432 bolivianos y vituallas (ropa abrigada, medicinas, alimentos y alimento seco) para los marchistas indígenas recolectados durante dos semanas de campaña de solidaridad.


A tiempo de recibir el donativo, el presidente del CPIB pidió al Gobierno no tergiversar el sentido de la marcha indígena.


OAS ESPERA EL ANTICIPO DEL 20 POR CIENTO DEL COSTO TOTAL

Aún no hay primer desembolso

A dos meses de haberse inaugurado oficialmente las obras de construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, la empresa OAS continúa esperando la orden formal de proceder y el desembolso del 20 por ciento del crédito brasileño que se encuentra en trámite administrativo, de acuerdo con fuentes cercanas al proyecto.


En tanto, un total de 250 obreros concluyen las obras de infraestructura básica y de servicios en las localidades de Isinuta y Eterazama donde la empresa brasileña levanta su principal campamento de operaciones y un complejo industrial, respectivamente, con una inversión aproximada de 7,5 millones de dólares y capacidad de cobijar hasta 750 personas.


Actualmente se vienen realizando trabajos de drenaje y topografía en las plataformas de los tramos I y III, indispensables para iniciar obras de construcción en plataforma.


La moderna carretera a construirse tiene las siguientes características: 306 kilómetros de longitud total, tratamiento superficial doble de asfalto, 7,30 metros de ancho de calzada y bermas de hasta dos metros a ambos lados de la carretera.


El tramo II pasará por el Tipnis, un área protegida y habitada por indígenas que temen la mayor catástrofe ambiental y aniquilación de animales, plantas y ríos en la historia de Bolivia si la proyectada carretera a Beni parte en dos su territorio, dijo Eddy Terrazas miembro de la organización ambientalista Focomade.


OPINIÓN


Gonzalo MaldonadoPast


Presidente de Asieme*

“Se debe buscar una salida política”

ABC y OAS definieron el año 2008 la ruta para el tramo II de la carretera por el Tipnis. No podemos cerrar los ojos a la realidad, la Administradora Boliviana de Carreteras ABC ha firmado el contrato con ese eje de carretera.


Esta sería la razón por la que el Gobierno no acepta las cuatro alternativas planteadas por instituciones como la Campaña en Defensa del Isiboro Sécure.


El Decreto Supremo 26996 del 17 de abril de 2003 establece que se debe realizar previamente los estudios de impacto ambiental para incorporar la carretera a Beni a la Red Vial Fundamental.


La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó la construcción de la carretera el año 2008 bajo modalidad llave en mano sin haber realizado proyecto a diseño final y ningún otro estudio de factibilidad que demuestre otras alternativas a la ruta definida por la entidad, es decir que fueron por la solución más fácil: no realizaron ningún estudio ni análisis de rutas alternativas que determinen la real dimensión del problema ambiental que causaba esa solución.


El impacto social y ambiental que puede sufrir la mayor reserva natural del país es grande y la capacidad de respuesta mediante un plan de mitigación es baja.


OAS tiene comprometido en su contrato 5,5 millones de dólares, el 1,3 por ciento del total, para mitigar sus efectos, cifra que no tiene relación con el gran problema que se producirá en esa reserva natural de agua, única en el continente sudamericano como ha definido la Oxfam.


Ante la inminente marcha de las comunidades indígenas en defensa de sus derechos, la Asieme plantea, primero, buscar una salida política a nivel de gobiernos de Brasil y Bolivia para evitar problemas, tanto a la empresa constructora que no podrá ingresar al tramo II como a las comunidades indígenas que se oponen a la construcción del tramo.


Segundo, establecer el estudio de alternativas alejando al máximo la ruta y evitar pasar por el corazón del Tipnis.


Tercero, encomendar a entidades internacionales realizar los estudios de impacto ambiental de las alternativas planteadas.

Finalmente, realizar una consulta pública a nivel nacional sobre la viabilidad del proyecto.

* Asieme (Asociación de Ingenieros Eméritos)
Los Tiempos