Indígenas anuncian que harán respetar la CPE por encima de la intangibilidad

El tratamiento del reglamento de la Ley Corta, que declara intangible al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), comienza el lunes de la próxima semana, informó este sábado una fuente indígena.

El presidente de la subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que el lunes se reunirán los equipos de trabajo del gobierno nacional, de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del sector indígena para tratar el tema, principalmente lo referido a la intangibilidad incluida en la Ley promulgada en los últimos días.

El dirigente indígena anunció que su sector hará respetar la Constitución Política del Estado por encima del término intangibilidad, que a criterio del gobierno implica que los pobladores del TIPNIS no podrán aprovechar los recursos naturales allí existentes.

“A nosotros como pueblos indígenas nos preocupa la posición del gobierno, el proceso constitucional está por encima de cualquier ley, tenemos el derecho de hacer uso de los recursos naturales (tal como manda la Constitución en su artículo 30, inciso 17)”, sostuvo.

Vargas señaló que la reacción de algunas autoridades nacionales, como es el caso del vicepresidente Álvaro García Linera, de pretender quitarles a los pueblos indígenas del TIPNIS el derecho a aprovechar los recursos naturales del Isiboro Sécure, se debe a una actitud de revanchismo.

“Ellos (los del gobierno) están dolidos porque la carretera (Villa Tunari – San Ignacio de Moxos) no pasará por el TIPNIS y (a raíz de esta situación) no están cumpliendo su compromiso con los cocaleros. Que el Vicepresidente sea franco y diga nos han arruinado (los indígenas) el compromiso político (con los cocaleros)”, aseveró.
Erbol

Intangibilidad del Tipnis: Indígenas le piden al gobierno respetar la CPE; mientras los cocaleros declaran personas no gratas a dirigentes indígenas que encabezaron la marcha en defensa del Tipnis.

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MSM: Contrato con OAS vulnera CPE y está supeditado a leyes brasileñas

El contrato con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), al someter esa obra a leyes y tribunales brasileños, denunció, este miércoles, la jefe Nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, por lo cual iniciaron una querella penal contra funcionarios de gobierno y ABC.

Del Granado dijo que los funcionarios de gobierno habrían incurrido en los delitos de contratos lesivos al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución, pues el contrato con la brasileña OAS transgredió el 320 de la Ley Fundamental, el cual establece en su parágrafo I:

"La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. Parágrafo II: toda inversión extranjera será sometida a la jurisdicción, a las leyes y las autoridades bolivianas y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas, para obtener un tratamiento más favorable".

La construcción de la carretera es cuestionada por un sobre precio de hasta 800 mil dólares por kilómetro lineal. "Pues haciendo una comparación con la construcción de otras siete carreteras el precio referencial no supera los 500 mil dólares", señala la querella interpuesta al Ministerio Público el martes pasado.

Además de ello se cuestiona el precio final de la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, el cual tendría un costo de 415 millones de dólares y el financiamiento para la obra sólo seria de un 80 por ciento, con un costo adicional del 20 por ciento para el Estado.

Otras de las irregularidades que el MSM evidenció en el contrato carretero, es la liberación a la empresa OAS para la provisión de asfalto y que no tendría obligación en el mantenimiento de la obra en cinco años.

Además que existirán ítems inexistentes en el tramo Castillo - Isinuta que ya está empedrado, además que el tramo Isinuta - Ichoa ya tiene diseño final y sin embargo habría que pagar a la empresa OAS por algo que no realizará, pues ya fue ejecutado, dijo el Del

Granado, otrora aliado del gobierno de Evo Morales y actual crítico del proceso de cambio.

Las autoridades denunciadas son: Patricia Ballivián, ex presidenta de la ABC; José Luis Zúñiga Tarifa, gerente administrativo de ABC; Carlos Méndez Cárdenas, gerente de construcción de ABC; Andrés Castro Kukoc consultor de ABC y Gerardo Pereira responsable de la brasileña OAS, quienes están acusados de los delitos contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la constitución e incumplimiento de deberes.
ANF

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La Administradora Boliviana de Caminos (ABC), a través de sus gerencias de Planificación y de Construcción, estimó el monto de 620.000 dólares por kilómetro para la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos y un total de 189.720.000 de dólares por la obra total de 306 kilómetros. Sin embargo, según los documentos a los cuales tuvo acceso Erbol, la obra subió, en un primer momento a 1.425.587 dólares por kilómetro y posteriormente se quedó en 1.347.400.

Ávalos: la Constitución es lo de menos, aumentamos una coma y habilitamos a Evo

El jefe de bancada de senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, afirmo este miércoles que la Constitución Política del Estado (CPE) es lo de menos, ya que sólo basta modificarle un punto y una coma para llevar al presidente Evo Morales a la reelección en 2014.

“Si el presidente sigue trabajando como lo está haciendo, por qué no vamos a apoyarlo, el tema de la Constitución es lo de menos, leí un artículo que dice después de cinco años una reelección nomás, pero se puede modificar una coma o un inciso y con eso es suficiente para poderlo llevar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, eso no es ningún problema”, declaró enfático el político de oficialismo a radio Alternativa de la Red Erbol.

De esta forma, el asambleísta simplificó el escollo constitucional para viabilizar la reelección de Morales, quien por voluntad propia acortó su mandato en su primera gestión presidencial para dar paso a nuevas elecciones generales con la nueva Carta Magna, a la que ahora el senador Ávalos plantea introducirle unas cuantas correcciones gramaticales y signos de puntuación para cristalizar las aspiraciones del Jefe de Estado exteriorizadas en una entrevista concedida a la cadena de noticias CNN.

Además, el senador por departamento de Santa Cruz precisó que por más que hablen los abogados con argumentos técnicos, el presidente Morales, a su juicio, va ser nuevamente reelegido por el voto popular y no “a dedo” como piensan opositores políticos.

Por su lado, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, recordó que a Morales le recortaron su mandato y que por ello está legalmente habilitado para una posible reelección.

“Al presidente le interrumpieron el mandato, le recortaron el mandato de cinco a cuatro años, no cumplió el tiempo, por lo tanto, no se le aplica la disposición transitoria, por lo que puede optar por la reelección el 2015”, precisó el vicepresidente al explicar los alcances del artículo 168 de la CPE.

Sobre los acuerdos políticos que su autoridad encabezó con la oposición en 2008 con el fin de viabilizar las elecciones en el nuevo Estado Plurinacional, mencionó que efectivamente hubo acuerdos que estaban escritos, pero que los opositores no entendieron la intensión de estos “ese es problema de ellos, lo fundamental es la democracia de un pueblo, que pueda reelegir a un Presidente”.
Erbol

El presidente Evo Morales dice que la constitución le permite presentarse a una nueva reelección, el MAS afirma que se puede modificar algunos artículos.

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Autorizan la construcción de dos tramos de carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos

El ex viceministro de Medio Ambiente Juan Pablo Ramos pasó malos ratos en la cumbre climática de Cochabamba sin poder justificar las políticas “extractivistas y desarrollistas” del gobierno indígena del MAS. Hizo todo lo que pudo para ocultar o minimizar las contradicciones del Presidente defensor mundial de la Madre Tierra, pero prefirió renunciar antes que aprobar un proyecto carretero que parte en dos una frágil reserva natural. Lo primero que hizo su sucesora fue firmar la licencia ambiental que viabiliza la construcción de dos de los tres tramos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

El 22 de agosto de 2009, los presidentes Evo Morales y Luiz Inácio Lula da Silva firmaron el protocolo de financiamiento de la ruta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, uno de los proyectos carreteros de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Morales promulgó la Ley Nº 005 que aprueba la contratación de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para la construcción de la carretera planificada hace varios años por organismos internacionales para facilitar la explotación y exportación de recursos naturales.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó la obra a la empresa OAS Ltda y la contratista presentó los diseños geométrico, de suelos, geológico, geotécnico y la ingeniería hidráulica de los tramos uno y tres. Aún no comenzó el estudio técnico, social y económico en el tramo dos de la carretera, donde se ubica el parque Isiboro Sécure. No se sabe si OAS entregó el diseño final de los trabajos que se ejecutarán.

La ABC dijo que no transgredirálos procedimientos establecidos para la consolidación de todos sus proyectos carreteros, y prometió que las obras de la ruta Villa Tunari – San Ignacio de Moxos no comenzarán mientras no se apruebe la licencia ambiental. El proceso de consulta a las poblaciones indígenas debía comenzar en la segunda semana de mayo y la segunda etapa estaba prevista entre la segunda quincena de junio y la primera quincena de julio. La tercera etapa de las consultas estaba programada para la última semana de octubre.

El XXIX Encuentro Extraordinario de Corregidores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure Autónomo de los Pueblos Indígenas Moxeño, Yuracaré y Chimán realizado el 18 de mayo de 2010 denunció que el proyecto carretero infringe procedimientos técnicos y legales, carece de estudio de impacto ambiental previo y no respetar el derecho a consulta de los pueblos indígenas del TIPNIS, vulnerando los artículos 30 y 343 de la Constitución Política del Estado

El encuentro indígena rechazó de manera “contundente e innegociable” la construcción de la carretera o todo trazo vial que afecte su territorio. En su criterio, la infraestructura vial planificada destruirá irremediablemente un ecosistema de alta biodiversidad y afectará a poblaciones yuracarés, moxeñas y chimanes. La vía supuestamente de interés nacional y en beneficio del desarrollo local, en realidad beneficia directamente a potencias extranjeras, a comerciantes, madereros, pirateros, colonizadores y depredadores.

En 1990 el gobierno reconoció al Parque Nacional Isiboro Sécure como Territorio Indígena de los pueblos Chiman, Mojeño y Yuracaré mediante Decreto supremo 22610 y luego el TIPNIS se convirtió en un área protegida por ley de la República. Ahora el gobierno quiere partir por la mitad esta “zona estricta de alta protección” con una carretera que facilita el ingreso de colonizadores, empresas petroleras, madereras y narcotraficantes, vulnerando el Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica.

El ex viceministro Juan Pablo Ramos y su director de medio ambiente Luis Beltrán prefirieron renunciar a sus cargos antes que firmar la licencia ambiental de la ruta. Ramos fue reemplazado por la biología Cynthia Silva Maturana ex directora adjunta de la ABC.

La flamante viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, de Gestión y Desarrollo Forestal se comprometió a cumplir una "gestión transparente y altamente participativa", consciente de la “enorme responsabilidad” que implica dirigir el Viceministerio de Medio Ambiente del Estado Plurinacional de Bolivia presidido por Evo Morales, que “posicionó los derechos de la Madre Tierra a nivel mundial”.

Lo primero que hizo la viceministra diplomada en gestión de áreas protegidas, administración de empresas y desarrollo local fue firmar la licencia ambiental y viabilizar la construcción de dos de los tres tramos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Bolpress

Unir: Ley Electoral limita la libertad de expresión y viola derecho a la información

La Fundación Unir advirtió hoy que la Ley del Régimen Electoral, en materia de información y comunicación, no sólo resulta internamente contradictoria respecto a las previsiones de la Constitución Política del Estado (CPE), sino que contiene limitaciones evidentes cuya puesta en práctica llevará a la vulneración del derecho a la información y la comunicación.

A través de un comunicado de prensa, Unir sostiene que tales aspectos desvirtúan los avances democráticos que tanto esa ley como la CPE incorporan en otros planos y distorsionan lo que debiera ser un proceso abierto y transparente de elección de las autoridades de la justicia. “Por lo dicho, se observa que la Ley del Régimen Electoral alienta una lamentable forma de centralización estatal de la información y genera una situación potencial de votación sin suficiente información que puede afectar la eficacia y la confiabilidad del voto como institución”, se lee en el comunicado.

“En el marco del régimen especial de propaganda para los procesos de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional” (Art. 82), prohíbe de manera general la difusión de mensajes en los que se solicite el voto ciudadano para cualquiera de los postulantes a cargos de esos ámbitos en concordancia con el parágrafo III del Art. 182 de la CPE.

Sin embargo, las prohibiciones van más allá de evitar la propaganda e implican, en su aplicación, un mecanismo de censura previa: los postulantes no podrán manifestarse libremente y los medios no podrán informar sino aquello que les indique el Tribunal Supremo Electoral. Por tanto, los electores sólo podrán acceder a información previamente procesada por el Estado.

Esas disposiciones restrictivas incluyen equívocamente a la información y la opinión dentro del “régimen especial de propaganda” y conducen, en última instancia, a que las libertades de pensamiento, expresión y publicación encuentren impedimentos para su ejercicio.

El Capítulo VII de la CPE referido a la “Comunicación social” garantiza tanto “el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa” (Art. 106, parágrafo II) como “el derecho a la comunicación y a la información” (Art. 106, parágrafo III). Además, la Constitución también establece los derechos a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones y a acceder a información así como a interpretarla, analizarla y comunicarla libremente (Cap. III, Art. 21, incisos 5 y 6).

La propia Ley del Régimen Electoral establece que la “Publicidad y Transparencia” es uno de los principios de la democracia intercultural (Art. 2, inciso l) y como parte de los derechos políticos “El ejercicio del derecho a la comunicación y el derecho a la información completa, veraz, adecuada y oportuna, principios que se ejercerán mediante normas de ética y de autoregulación (sic), según lo establecido en los artículos 21 y 107 de la Constitución Política del Estado” (Título I, Cap. II, Art. 4, inciso g).

Por eso llama la atención que en el capítulo referido a la “Elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional” (Título III, Cap. V, Arts. 80 a 84) la indicada ley contenga disposiciones que contravienen los principios y los derechos ya mencionados y que, por un lado, van en detrimento de la libertad de expresión de los postulantes a los cargos del ámbito judicial y de los medios periodísticos, así como, por otro, restringe el derecho a la información de los medios, los periodistas y la ciudadanía.

Si una norma introduce elementos que desnaturalizan un derecho no sólo daña la universalidad del mismo, sino que abre márgenes para que ese mismo criterio sea aplicado en otros casos con efectos negativos para el Estado de Derecho, afirma Unir.
Erbol

Alejandro Almaraz: Gobierno viola los derechos constitucionales indígenas (Audio)

Parte I.


Parte II.

Entrevista al ex Viceministro de tierras Alejandro Almaraz

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El gobierno viola los derechos constitucionales indígenas

Alejandro Almaraz *

En el propósito de deslegitimar la marcha indígena de CIDOB, los personeros de gobierno han afirmado que sus demandas serían contrarias a la CPE. Siendo esto muy dudoso y discutible, es en cambio claro e incontrovertible que es el propio gobierno quién está incurriendo en la flagrante violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Esto se revela, por lo menos, en los dos casos siguientes.
Ex Viceministro de Evo acusa al Gobierno de mentiroso y de violar derechos indígenas
La Paz, 30 Jun (Erbol).- Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras, llamó este miércoles calumniador al gobierno de Evo Morales y lo acusó de violar la Constitución Política del Estado (CPE) con el fin de arremeter contra los pueblos indígenas de tierras bajas que marchan con destino a la ciudad de La Paz para hacer escuchar sus demandas.

¿Por qué son legales y constitucionales todas las demandas indígenas?
Más de 20 artículos de la Constitución legitiman la movilización de pueblos originarios
La autodeterminación territorial en TCOs, la elección de representantes por usos y costumbres, una mayor representación política en el Congreso y varios otros derechos que reivindican los pueblos indígenas de Bolivia no son "inconstitucionales”, ni mucho menos “irracionales”, como afirman el Presidente Evo Morales, el ministro de Autonomías Carlos Romero y otros jerarcas del gobierno. Al contrario, todas las exigencias indígenas se sustentan en al menos 20 artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y en tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano.

El gobierno de Evo Morales coarta el derecho indígena a la consulta previa

Grupos reducidos pelean golpe a golpe el voto por el Sí y el No a la nueva Constitución

La Paz, 16 Ene (Erbol).- La violencia se intensificó este viernes entre los oficialistas y opositores que emprenden campañas cada vez más agresivas con miras al referendo sobre el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado (NCPE).

A sólo 9 días de la consulta popular, los enfrentamientos entre grupos que hacen campaña por opciones distintas se intensificaron en las calles y plazas tarijeñas, informó el responsable de Repac en Tarija, Darío Gareca, quien denunció agresiones a un grupo de oficialistas.

“En la madrigada de hoy, gente de la comitiva de la prefectura de Tarija agredieron físicamente y destruyeron las movilidades en las que circulaban las personas que pegaban afiches (por el Sí), que es normal en esta época electoral”, afirmó.

En Sucre, a una cuadra de la plaza principal 25 de Mayo, un grupo de personas que hacían campaña a favor del proyecto de la nueva carta constitucional también fue agredido por presuntos funcionarios de la prefectura que promueven el voto por el No.

La plaza 14 de Septiembre de la capital cochabambina fue otro escenario de amagos de enfrentamientos entre gente que respalda la aprobación de la NCPE y aquellos que están en contra del proyecto constitucional.

Todo comenzó cuando el grupo denominado “Juventud Cochala” instaló un puesto de campaña por el No a la NCPE en la plaza principal de Cochabamba, lo que provocó la reacción de las personas que hacen campaña por a favor de la propuesta que será sometida a referendo.

Unos gritaban “vota No” y al frente otro grupo manifestaba “vota Sí”, cuando estaban a punto enfrascarse a golpes llegó un contingente policial que evitó una batalla campal en pleno corazón cochabambino.

En la sede de Gobierno, los grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) no permiten realizar campañas por el No a la nueva Constitución con todas las libertades necesarias, debido a que casi siempre arremeten contra quienes intentan influir en la decisión de los pobladores que asistirán a las urnas a votar el domingo 25 de enero.

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Evo confía en los movimientos sociales y en el aparato estatal para ser reelecto el 2009

(Erbol).- El presidente Evo Morales afirmó este miércoles que a diferencia de hace tres años hoy cuenta con el respaldo de los movimientos sociales y tiene en su poder el aparato estatal para buscar su reelección en las elecciones generales de diciembre de 2009.

El mandatario, en conferencia de prensa en el Palacio Quemado, manifestó que su plan, al igual que del Movimiento Al Socialismo (MAS), es preparase a nivel político para llegar con más fuerza a los comicios electorales del año próximo.

“Vamos a prepararnos, nuestro plan es llegar a diciembre de 2009 con más fuerza, no como ahora estamos”, sostuvo Morales al recordar que en la campaña electoral de 2005 sólo contaba con el apoyo de los movimientos campesinos y alcaldes del Chapare cochabambino y con un solo vehículo para trasladarse de una región a otra.

“Ahora tenemos un aparato de los movimientos sociales, tenemos ministros, tenemos un gabinete, tenemos parlamentarios, no todos siempre pueden movilizarse en una campaña. Antes hacíamos campaña marchando, ahora marchando pero también trabajando”, precisó.

El Primer Mandatario de la Nación declaró que con miras a la campaña electoral para su reelección se seguirá mejorando la gestión gubernamental, principalmente en los temas económicos, aunque advirtió que habrá algunos problemas financieros.

Morales afirmó que es en vano lo que piensan algunos opositores sobre su persona en sentido de que llegará a las elecciones nacionales de diciembre de 2009 destrozado política, económica y financieramente.

“En vano algunos opositores están pensando que en diciembre del 2009 Evo va llegar destrozado políticamente, económicamente, financieramente, en vano están pensando eso”, remarcó el gobernante.

Evo Morales clausura del seminario de socialización de la nueva cpe organizado por la Conalcam en Oruro

I.


II.

Oruro 4 de octubre de 2008 - Durante la Clausura del seminario de socialización de la Nueva Constitución Política del Estado organizado por el Conalcam, el Presidente Evo Morales anunció este sábado que su Gobierno llamará a elecciones generales en julio del próximo año si se aprueba antes la nueva Constitución Política del Estado a través del referéndum dirimitorio.

El Mandatario reveló que la idea de llamar a elecciones el próximo año fue discutida con dirigentes de diferentes sectores sociales y lo anunció hoy en el Palacio del Deporte de la ciudad de Oruro, donde se realizó el evento de socialización de la ley fundamental, organizado por la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam).

Ante la posibilidad de que los comicios generales se realicen en 2009, Morales pidió a sus colaboradores en la administración del Estado no cometer errores para lograr amplia mayoría en el nuevo Parlamento y así fortalecer las transformaciones estructurales que se iniciaron en esta gestión.

El Dignatario aprovechó la oportunidad para fustigar a algunas autoridades regionales que, desde su punto de vista, organizaron un golpe cívico prefectural que no tuvo éxito y que ahora debe sostener conversaciones con ellos, para sacar de la crisis política al país.

En el evento, los sectores sociales de la Conalcam también ratificaron la marcha que comenzará el próximo 13 de octubre desde la población de Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz para exigir al Congreso Nacional la convocatoria al Referéndum Constitucional.

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Evo Morales reitera su voluntad de diálogo con prefectos opositores y rechaza las medidas violentas contra el pueblo de Bolivia

Vídeo gracias a: http://www.youtube.com/ContraBalboa


Evo Morales reitera predisposición al diálogo con prefectos

En declaraciones a la prensa el Presidente Evo Morales reiteró su disposición a debatir las autonomías y otros temas que están observados en el proyecto de la nueva Constitución Política del Estado a través de un diálogo nacional que garantice la unidad del país.

Morales dijo que el tema central de la discusión actualmente son las competencias y atribuciones de las autonomías que deben ser tratadas y compatibilizadas en el marco de un diálogo político nacional que plantea el gobierno.

“Esas diferencias sobre temas observados y especialmente el tema de la autonomía estamos dispuestos debatir, porque esa es la compatibilización, dijimos muy claro cómo juntar estatutos autonómicos con la nueva Constitución concerniente al tema de las autonomías”, afirmó.

Reiteró que la nueva CPE garantiza las autonomías, no solo departamentales, sino regionales e indígenas respetando los gobiernos municipales y el manejo actual de las universidades, que son autónomos.

“Pero los estatutos autonómicos como de Santa Cruz no respetan la autonomía universitaria, por ello los primeros en movilizarse contra el estatuto de Santa Cruz (debieran ser) los universitarios de la Gabriel René Moreno, pero como se trata de una cuestión política y no de reivindicación, no dicen nada”, manifestó.

El Jefe de Estado aseguró que también está dispuesto a debatir con los estudiantes de universidad estatal de Santa Cruz para demostrarles que el estatuto autonómico cruceño no respeta la autonomía universitaria.

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García Linera garantiza una ley para que CNE organice referendo por nueva CPE

Abi.- El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, garantizó este martes la aprobación de una ley para que se realice el referendo por la nueva Constitución Política del Estado, como lo solicitó el lunes la Corte Nacional Electoral (CNE), instó al pueblo a movilizarse para defender su derecho democrático de acudir a las urnas, y reivindicó la legalidad del decreto que fijó al 7 de diciembre como fecha de la consulta.

García Linera, durante un acto político en esta ciudad, donde socializó el contenido de la nueva Carta Magna con miras al referendo del 7 de diciembre donde será considerado, dijo que la derecha conservadora, al igual que antes, hoy pone obstáculos para impedir los cambios democráticos.

“Ahora el obstáculo que se ha planteado es que la Corte Nacional Electoral dice que no puede aplicar (el decreto que fija al 7 de diciembre como fecha del referendo), que hay que hacer una ley, vamos a hacer ley, ningún problema”, aseveró el Mandatario en ejercicio.

El 28 de agosto, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo Nro. 29691 que fija el 7 de diciembre para realizar el referendo dirimitorio y aprobatorio de la nueva Constitución, basado en la Ley 3836 de 28 de febrero de 2008.

El último lunes, a través de una nota oficial dirigida al presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, la CNE señala, por una parte, que no dirigirá ese proceso por existir “impedimentos legales” y sostiene, por otra, que la consulta no fue llamada mediante una ley expresa.

Por disposición de la Ley Marco del Referendo, promulgada el 16 de junio de 2004, compete al Congreso la aprobación por dos tercios de votos de sus miembros presentes la iniciativa institucional para la convocatoria a una consulta popular, requisito que fue cumplido por el Parlamento al aprobar la ley 3836.

García Linera aseveró hoy que “con decreto o con ley vamos a convocar a aprobar la nueva Constitución Política del Estado, no nos van a detener”.

“Esto es irreversible, no hay marcha atrás…Hagan lo que hagan, nos insulten, peguen a los ancianos, peguen a los niños hagan terrorismo, quemen casas”, afirmó el también Vicepresidente y presidente nato del Congreso Nacional.

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El Gobierno aprobó la noche de este jueves el Decreto Supremo Nro. 29691 que fija para el 7 de diciembre próximo la realización del referendo dirimitorio y constitucional sobre la nueva Constitución Política del Estado; la selección de los prefectos de La Paz y Cochabamba; la elección de subprefectos y consejeros departamentales para los nueve departamentos del país.

El contenido de ese decreto supremo fue leído en el hall de Palacio Quemado por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, abarrotado de decenas de dirigentes sociales, alto mando militar y policial, ministros de Estado, legisladores y decenas de periodistas.

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Luego de los acontecimientos referendo y cabildos el Gobierno de Bolivia insiste en diálogo y anticipa realización de referendo constitucional

El Poder Ejecutivo aseguró que el camino más prudente, después de la consulta ilegal del 4 de mayo, es el inicio del diálogo con los prefectos de oposición, porque está claro que por mandato popular el 2008 debe realizarse los referéndums dirimidor y el de ratificación de la nueva Constitución Política del Estado.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reiteró la disposición del Gobierno para instaurar el diálogo con agenda abierta y sin condiciones para compatibilizar el texto de la nueva Carta Magna con los estatutos autonómicos.

A eso apunta, dijo, la posición del presidente Evo Morales Ayma con su conducta franca y sin ocultar su decisión de resolver los problemas de la forma más rápida "porque sabe que el país no espera y que los tiempos políticos tiene una deuda con el pasado".

El programa televisivo Cabildeo, fue el escenario, donde el Ministro de la Presidencia mencionó que si los prefectos de oposición se resisten al diálogo, el Gobierno no tendrá otra alternativa que buscar a otros sectores para promover e impulsar los referéndums dirimidor y constitucional.

"Los tiempos políticos se están cumpliendo, hay tiempos políticos que son fatales, y no podríamos pasar el 2008 sin convocar al referéndum dirimidor, eso está muy claro. Y tendremos que convocar a otros sectores para promover e impulsar ese referéndum por la nueva Constitución Política del Estado", aseguró la autoridad de Gobierno.

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Presidente Morales pide frenar conspiración en Bolivia y defender la unidad del País

El presidente, Evo Morales Ayma, convocó este jueves al pueblo boliviano y las Fuerzas Armadas (FFAA) a defender la unidad nacional, frente intentos separatistas de pequeños sectores que se resisten a perder sus privilegios.

El Primer Mandatario, en oportunidad de participar del 45 aniversario de la Escuela Naval, aseguró que por encima de cualquier reivindicación sectorial, regional o personal primero está la unidad nacional y la integridad del territorio boliviano.

"Hago un llamado a todo el pueblo boliviano incluido las Fuerzas Armadas a defender la unidad del país", manifestó el Primer Mandatario.

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