El gobierno descartó este martes a la Organización de Naciones Unidas, Derechos Humanos y Defensor del Pueblo como mediadores para resolver el conflicto con los pobladores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, debido a que estas organizaciones se parcializaron con la marcha que cumplió 23 días de vigencia.
En conferencia de prensa, el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, lamentó que estas tres instituciones no hayan persuadido a los marchistas sobre el peligro de la caminata para sus hijos, debido a la muerte de dos niños hasta el momento. Señaló también que las Naciones Unidas ayuda apoya con alimentos y medicinas a los indígenas.
"No necesitamos mediación, hemos hablado con ellos (marchistas) y ustedes saben que hemos hablado con 300, 400, 500, 600 personas (...) No tenemos ningún problema, nosotros estaremos ahí discutiendo con toda la multitud, en un momento dijimos que no era conveniente, no era sano, que no íbamos a encontrar soluciones, pero ellos insistieron, bueno nos sometemos y seguimos hablando y seguiremos hablando. De manera que la mediación no es un problema, el problema es que hay un desencuentro entre esta propuesta social y el posible desenlace político", dijo.
Para Delgadillo, los representantes de los indígenas, respaldados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), buscan dilatar la apertura del diálogo porque tienen intereses políticos relacionados con el Fondo Verde, recursos económicos que otorgan países industrializados para la preservación de los bosques por la mitigación de gases de efecto invernadero, lo cual está en contra de la política del gobierno pues supone la enajenación de las áreas protegidas.
"Por eso el presidente (Evo Morales) dijo consulta a las 64 comunidades del TIPNIS, porque están marchando 20 según las informaciones y 44 están en el TIPNIS quienes deben opinar de la suerte del TIPNIS. Convocamos a las 64 además con intervención internacional con veedores internacionales (...) Lo más triste es que están forzando a sus bases, a su gente para seguir marchando, poniendo en riesgo la vida de niños y mujeres", sostuvo.
Ante este panorama, Delgadillo anunció el desplazamiento de equipos de salud y apoyo al lugar de la marcha, a considerar que es una obligación del Estado velar por la seguridad de la ciudadanía y los derechos humanos, por lo que criticó la labor que cumplen el Defensor del Pueblo, Rolando Villegas y las Naciones Unidas en el conflicto.
Señaló que el gobierno determinó insistir en la instalación del diálogo, al señalar que el tramo I de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos no tiene problemas porque se consultó a los sectores sociales involucrados, al igual que el tramo III, aunque hubo observaciones por parte de los dirigentes que están dispuestos a revisar.
"Lo que está en cuestión es el tramo dos. Que nos presenten las alternativas, el gobierno tiene sus alternativas, sus propuestas y entonces veamos las otras también. Tenemos absoluta apertura para hacerlo, quién debe hacer este estudio, yo digo, la cantidad de ONGs y apoyo internacional que tienen les puede ayudar, pero si hay necesidad nosotros también podemos ayudar (...) El gobierno seguirá insistiendo en el diálogo, pero esperamos que finalmente esta suerte de combinación entre lo social y lo político no les permita llegar más lejos para no sacrificar a su gente", sostuvo.
ANF
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