Según el Gobierno sectores oligárquicos se resisten a la carretera Villa Tunari - Moxos

Gobierno apunta a los ganaderos del Oriente

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Varios intereses se cruzan detrás de la carretera a Beni

Posiciones atrincheradas e intereses particulares parecen alejar la posibilidad de dialogar y concertar una salida para la construcción de la carretera que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, advierten analistas e instituciones.

Para los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y sus organizaciones, además de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), intereses muy específicos como la explotación de recursos naturales, minerales preciosos, especies forestales e hidrocarburos, además de la expansión de cocales y colonizadores a áreas protegidas, están detrás de la decisión de construir un obra que atravesará por la reserva ecológica.

Dirigentes de esas organizaciones indican que el 13 de julio pasado, el ministro de Hidrocarburos, José Luis Gutiérrez, abrió la posibilidad de que YPFB realice trabajos de exploración petrolera en el Tipnis, donde se presume que existe un importante reservorio.

Sobre el tema, el exministro de Hidrocarburos Carlos Miranda señaló que en el Tipnis se detectó una de las más grandes estructuras de hidrocarburos en Bolivia, que no pudo ser cuantificada.

Por otra parte, el analista económico Gustavo Soto señala que existen capitalistas brasileños interesados en incorporar al corredor bioceánico el tramo San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (Bndes) que financia la obra.

También dice que cocaleros, colonizadores, soyeros y ganaderos, además de corporaciones multinacionales mineras, metalúrgicas, petroleras, agroindustriales, empresas constructoras y forestales quieren la ruta.

¿Regionalismo?

Para el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, “es seguro que hay intereses particulares detrás del rechazo de la dirigencia indígena a la carretera. Han de estar por ese lado los sectores más duros del regionalismo de derecha, los que tratarán de prolongar el monopolio de la relación económica y política con Beni”.

Aunque Delgadillo no nombró a grupos empresariales de Santa Cruz, el vicepresidente Álvaro García Linera acusó recientemente a los dueños de los frigoríficos de ese departamento oriental de financiar una campaña contra la construcción de la carretera para no perder el monopolio de la comercialización de carne de res.

La Federación de Entidades Empresariales de Santa Cruz rechazó las versiones gubernamentales en sentido de que privados de ese departamento quieran el fracaso del proyecto.

El Gobierno también ve en la ruta la oportunidad de internacionalizar Bolivia. El ministro de Obras Públicas dice que “la carretera servirá a los bolivianos, pero, nos interesa (y así está diseñado) que sea utilizada por los brasileños, por los peruanos, por los chilenos, por los latinoamericanos”.

Sobre las denuncias de los pueblos indígenas, que rechazan la construcción del tramo II y dicen que no fueron consultados, Delgadillo señala que “la carretera atravesará el Tipnis y, como lo hemos dicho regularmente, tomaremos todos los recaudos económicos, sociales y normativas medioambientales para que se establezcan seguridades para la permanencia comunal y medioambiental de la zona”.

Privados piden criterios técnicos y no políticos

La Federación de Entidades Empresariales de Santa Cruz solicitó al Gobierno que valgan más los criterios técnicos para construir la carretera a Beni y rechazó las versiones gubernamentales de que ganaderos y madereros de ese departamento estarían boicoteando el proyecto.


“Nosotros no vemos intereses particulares detrás del proyecto. Creemos que toda obra de infraestructura ayuda a crear competencias y eficiencia como empresarios. El hecho de integrar al país y unir diferentes regiones productivas lo vemos como algo positivo”, señaló el vicepresidente federación empresarial cruceña, Guillermo Schrupp.


El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba, Carlos Flores, señaló que la carretera permitirá expandir la capacidad productiva agropecuaria de Cochabamba e integrará dos realidades económicas, siempre y cuando el Gobierno respete los derechos de los pueblos del Tipnis, las normas medioambientales y la Constitución Política.


CALCULAN 2 MIL PERSONAS EN GRAN MARCHA

Todo esta previsto para que el 15 de agosto unos 2 mil indígenas marchen en defensa del Tipnis desde Trinidad a La Paz y otro número similar se pliegue en el trayecto “porque la problemática no incumbe sólo a los indígenas sino que afecta a todo el país”, afirmaron los máximos dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Adolfo Chávez y Pedro Vere.


Chávez indicó que participarán activamente en la VIII Marcha delegados de los 34 pueblos indígenas del oriente, chaco y la Amazonía con banderas, pancartas, instrumentos musicales, alimentos, utensilios, vituallas, frazadas y otras prendas necesarias para un mes de caminata.


Al respecto, el Comité Cívico Femenino de Beni, las damas voluntarias y Cáritas entregaron el pasado miércoles 6.432 bolivianos y vituallas (ropa abrigada, medicinas, alimentos y alimento seco) para los marchistas indígenas recolectados durante dos semanas de campaña de solidaridad.


A tiempo de recibir el donativo, el presidente del CPIB pidió al Gobierno no tergiversar el sentido de la marcha indígena.


OAS ESPERA EL ANTICIPO DEL 20 POR CIENTO DEL COSTO TOTAL

Aún no hay primer desembolso

A dos meses de haberse inaugurado oficialmente las obras de construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, la empresa OAS continúa esperando la orden formal de proceder y el desembolso del 20 por ciento del crédito brasileño que se encuentra en trámite administrativo, de acuerdo con fuentes cercanas al proyecto.


En tanto, un total de 250 obreros concluyen las obras de infraestructura básica y de servicios en las localidades de Isinuta y Eterazama donde la empresa brasileña levanta su principal campamento de operaciones y un complejo industrial, respectivamente, con una inversión aproximada de 7,5 millones de dólares y capacidad de cobijar hasta 750 personas.


Actualmente se vienen realizando trabajos de drenaje y topografía en las plataformas de los tramos I y III, indispensables para iniciar obras de construcción en plataforma.


La moderna carretera a construirse tiene las siguientes características: 306 kilómetros de longitud total, tratamiento superficial doble de asfalto, 7,30 metros de ancho de calzada y bermas de hasta dos metros a ambos lados de la carretera.


El tramo II pasará por el Tipnis, un área protegida y habitada por indígenas que temen la mayor catástrofe ambiental y aniquilación de animales, plantas y ríos en la historia de Bolivia si la proyectada carretera a Beni parte en dos su territorio, dijo Eddy Terrazas miembro de la organización ambientalista Focomade.


OPINIÓN


Gonzalo MaldonadoPast


Presidente de Asieme*

“Se debe buscar una salida política”

ABC y OAS definieron el año 2008 la ruta para el tramo II de la carretera por el Tipnis. No podemos cerrar los ojos a la realidad, la Administradora Boliviana de Carreteras ABC ha firmado el contrato con ese eje de carretera.


Esta sería la razón por la que el Gobierno no acepta las cuatro alternativas planteadas por instituciones como la Campaña en Defensa del Isiboro Sécure.


El Decreto Supremo 26996 del 17 de abril de 2003 establece que se debe realizar previamente los estudios de impacto ambiental para incorporar la carretera a Beni a la Red Vial Fundamental.


La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó la construcción de la carretera el año 2008 bajo modalidad llave en mano sin haber realizado proyecto a diseño final y ningún otro estudio de factibilidad que demuestre otras alternativas a la ruta definida por la entidad, es decir que fueron por la solución más fácil: no realizaron ningún estudio ni análisis de rutas alternativas que determinen la real dimensión del problema ambiental que causaba esa solución.


El impacto social y ambiental que puede sufrir la mayor reserva natural del país es grande y la capacidad de respuesta mediante un plan de mitigación es baja.


OAS tiene comprometido en su contrato 5,5 millones de dólares, el 1,3 por ciento del total, para mitigar sus efectos, cifra que no tiene relación con el gran problema que se producirá en esa reserva natural de agua, única en el continente sudamericano como ha definido la Oxfam.


Ante la inminente marcha de las comunidades indígenas en defensa de sus derechos, la Asieme plantea, primero, buscar una salida política a nivel de gobiernos de Brasil y Bolivia para evitar problemas, tanto a la empresa constructora que no podrá ingresar al tramo II como a las comunidades indígenas que se oponen a la construcción del tramo.


Segundo, establecer el estudio de alternativas alejando al máximo la ruta y evitar pasar por el corazón del Tipnis.


Tercero, encomendar a entidades internacionales realizar los estudios de impacto ambiental de las alternativas planteadas.

Finalmente, realizar una consulta pública a nivel nacional sobre la viabilidad del proyecto.

* Asieme (Asociación de Ingenieros Eméritos)
Los Tiempos