Activistas dicen que para el extracto de llamadas se necesita orden judicial

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, y el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, coincidieron por separado que para requerir el extracto de llamadas telefónicas, de personas particulares, se debe tener una orden judicial y no una simple solicitud fiscal.

El pasado domingo, el presidente Evo Morales confesó que tuvo acceso al extracto de llamadas telefónicas realizadas entre Rafael Quispe, dirigente del Consejo Nacional de Ayllus Markas del Qullasuyu (Conamaq), y un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, además de la esposa de Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y el diputado Pedro Nuni, con un requerimiento fiscal emitido por Félix Peralta.

“Tiene que haber un debido proceso, las personas que vamos a ser o son investigadas requieren tener la igualdad de defensa. No se puede intervenir en la vida privada o la intimidad de nadie si es que esa persona no ha sido consignada con algún tipo de delito; de lo contrario se estaría vulnerando sus derechos constitucionalizados”, dijo Herrera.

Albarracín agregó que “una autoridad judicial competente podría ordenar (el acceso al extracto de las llamadas) cuando una persona esté siendo objeto de una investigación penal, supongamos un tema de narcotráfico o terrorismo”; por tanto, el presidente Evo Morales, no tiene la potestad constitucional por ser jefe de Estado de interferir o involucrase en comunicaciones privadas.

Orden judicial

La Constitución Política del Estado, en el artículo 25, señala que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial.

En el parágrafo III, del mismo artículo, dice que ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrá interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice.

Petición de informe

Herrera sostuvo que la entidad defensora de los derechos humanos en el país, en las próximas horas pedirá un informe pormenorizado de las acciones del Ministerio de Gobierno en la obtención de los extractos de las llamadas telefónicas, en vigilancia de los derechos políticos y civiles de las personas.

“Vamos a hacer una petición de informe (sobre el caso) al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para saber por qué se estaría actuando de esta manera en esta situación. A partir del informe, nosotros vamos a actuar como corresponde para velar que los derechos humanos no sean conculcados”, dijo la activista.
Erbol

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