Evo Morales anuncia la incautación de propiedades de empresarios implicados terrorismo - Bolivia apelará a tribunal de La Haya para que Perú revierta asilo de ex ministros de Sanchez de Lozada.
El presidente Evo Morales anunció el martes la incautación de las propiedades de los empresarios implicados en afanes separatistas, durante un acto de entrega de una red de gasoductos en el centro de Bolivia.
Confiscarán bienes a empresarios bolivianos vinculados a terrorismo
El gobierno boliviano podría confiscar todos los bienes de empresarios vinculados a una banda terrorista neutralizada en abril último en la región de Santa Cruz, anunció Palacio Quemado. De acuerdo con el propio presidente Evo Morales, la decisión será valorada este miércoles en las habituales reuniones de gabinete.
La víspera en Cochabamba, el mandatario señaló que el decreto está avanzado y busca sancionar a los hombres de negocios o medios de comunicación que aportaban recursos financieros para los extremistas con planes de magnicidio.
Morales argumentó que hay que defender la Patria en alusión a las acciones del grupo encabezado por el boliviano-croata Eduardo Rozsa Flores, dirigidas a dividir a la nación andina.
"No podemos permitir, nunca más, que algunas personas, algunos empresarios, puedan estar aportando para que venga gente del exterior a dividir Bolivia", remarcó el dignatario.
El pasado 16 de abril, en la ciudad de Santa Cruz, la Policía desarticuló un grupo terrorista.
En el operativo fueron abatidos Rózsa Flores (boliviano con ciudadanía húngara y croata), Arpad Magyarosi (rumano de origen húngaro) y Michel Martin Dwyer (irlandés), mientras que otros dos fueron detenidos y actualmente están recluidos en el penal de San Pedro de La Paz.
En una entrevista realizada en 2008 y que presentó la fiscalía, Rosza anunció que viajaría a Bolivia para ayudar en la autodefensa de Santa Cruz, incluso, en la proclama de la independencia del oriental departamento.
Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, a base de los testimonios recogidos de los implicados, este grupo fue articulado y era financiado por algunos empresarios, cívicos y políticos, entre los que se encontrarían el prefecto, Rubén Costas y el ex presidente del Comité pro Santa Cruz Branko Marinkovic.
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