Discapacitados radicalizan sus medidas de presión
El Gobierno ratifica su posición y no se avizora el diálogo. Los siete detenidos después de la represión policial a la caravana de discapacitados, ocurrida el jueves pasado en La Paz, continúan en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Su audiencia de medidas cautelares está prevista para hoy a las 10:00.
Contrariamente a la denuncia de los dirigentes del sector, el Gobierno insistió ayer en que no hay discapacitados entre los detenidos y que todos son “infiltrados”.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, mostró fotos de un “falso discapacitado”, también arrestado y que resultó ser hijo de uno de los discapacitados que intentaban entrar a la plaza.
Ayer, cuatro discapacitados se crucificaron en las rejas del templo de Santo Domingo, a una cuadra de la plaza Murillo. En tanto, dirigentes del sector mantienen una huelga de hambre.
Más de 300 personas, entre discapacitados, voluntarios y familiares, mantienen una vigilia a una cuadra de la plaza Murillo, que continúa resguardada por policías para evitar que ingresen los discapacitados. "Esta es la primera medida. Se verán más drásticas, no hay otro camino. Los compañeros han dicho que antes de morir en el abandono, preferimos morir luchando", dijo el diputado Jaime Estívariz, también discapacitado.
Los discapacitados exigen un bono de al menos 3.000 bolivianos anuales que esté incluido en la Ley General de Trato Preferencial, que ya fue remitida a la Cámara de Senadores para su tratamiento que, según fuentes de Gobierno, se hará en presencia de dirigentes del sector.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que los discapacitados “deben reflexionar” asumiendo los acuerdos que firmaron, pero no dio opción que pueda solucionar el conflicto. Justificó que el número de efectivos utilizado fue para resistir a la movilización, no para enfrentarla y que la instrucción fue no utilizar la fuerza ni químicos. La caravana fue reprimida con gas pimienta y toletes eléctricos.
El ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien asumió la defensa de los detenidos, informó que entre ellos hay tres familiares, dos voluntarios y dos personas con discapacidad.
Albarracín dijo que la actuación de la Fiscalía es “política” pues el informe muestra a los discapacitados como “agresores de los policías inofensivos”.
El fiscal de turno, Elías Bueno, indicó que pedirá al juez, Iván Córdova, medidas sustitutivas debido a que las siete personas están en celdas por agresiones leves. Los otros seis detenidos son Miguel Mendoza Figueredo, Rodrigo Rubén Poma Pinaya, Ruth Gutiérrez Mamani, Luis Alberto Araoz Suárez, Roger Luis Martín Vela y Orlando Castaño Torres.
El Ministerio Público inició la investigación de oficio debido a que el propio Gobierno solicitó la presencia de los fiscales para que sean “testigos” de la llegada de la caravana y el accionar de la Policía; pero también la institución Policial presentó una denuncia porque 20 efectivos habrían sido agredidos.
Acuerdos firmados
Romero reiteró que el Gobierno firmó cinco convenios y sostuvo más de 15 reuniones con los dirigentes de las personas con discapacidad, convenios que después fueron desconocidos por los discapacitados; pero que el Ejecutivo cumplió a cabalidad.
Indicó que en uno de los acuerdos se especifica que se utilizarán 20 millones de bolivianos de forma permanente para pagar la renta solidaria de 1.000 bolivianos a las personas con discapacidad grave y muy grave, aspecto que había sido acordado con los dirigentes y con el diputado Jaime Estivariz.
Ecuador criticó represión
El vicepresidente del Ecuador, Lenín Moreno, mediante una carta que envió ayer al presidente Evo Morales, hizo llegar su respaldo y solidaridad a las personas con discapacidad y se mostró extrañado por la “arremetida” de la policía contra el sector y pidió al Gobierno de Bolivia “que cuente con nuestra experiencia, si les parece útil o pertinente”.
“No puedo sino expresar mi extrañeza porque todavía existan fuerzas policiales que arremeten contra uno de los grupos más vulnerables de la sociedad”, afirmó Moreno quien también es una persona con discapacidad.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, no quiso utilizar los medios de comunicación para responder la carta que Moreno. Pero según Erbol, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, rechazó la ayuda de Ecuador para resolver el conflicto con las personas con discapacidad que reclaman un bono de más de 3.000 bolivianos. “Nosotros como país no requerimos ninguna mediación, es más, construimos institucionalmente nuestra relación de diálogo con diferentes sectores sociales”, sostuvo el funcionario en respuesta a Moreno.
Piden liberar a perro
Fernando Castaños, una persona con discapacidad que acompañaba a la caravana, exigió ayer a las autoridades policiales la devolución de su perro guía y rechazó las versiones de jefes policiales que señalan que el can es violento y ataca a las personas.
De acuerdo con Castaños, su perro de nombre "Tyson" está instruido para buscar socorro en caso de que su amo sufra alguna contingencia, pues padece de un tumor craneal, epilepsia y defectos en las piernas.
El perro, que según su dueño es de raza bulldog, fue "detenido" la tarde del jueves por efectivos policiales bajo el argumento que el animal habría mordido a los uniformados que resguardaban las calles aledañas a la plaza Murillo.
Los Tiempos
0 comentarios:
Publicar un comentario