Se rompe el Pacto de Unidad

Las dos organizaciones indígenas y los tres gremios campesinos más importantes de Bolivia no lograron conciliar sus intereses de clase antagónicos y dieron por terminada su histórica alianza. El famoso Pacto de Unidad fue herido de muerte en la batalla por una carretera, y será liquidado definitivamente en la próxima guerra por la tierra.

El Pacto de Unidad integrado por las cinco organizaciones sociales más importantes del país, después de la COB, es la principal fuerza social del gobierno de Evo Morales y el sostén del denominado “proceso de cambio”. Son miembros del Pacto la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias-Bartolina Sisa (CNMCIO-BS), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).

El Pacto comenzó a dividirse al comenzar el segundo mandato del Presidente Morales; las fisuras se ahondaron durante la VII Marcha Indígena en defensa de la autonomía y el territorio de 2010; y finalmente las rajaduras derivaron en fracturas luego de que la VIII Marcha en defensa del TIPNIS partió de Trinidad el 15 de agosto de 2011. La CSUTCB, la CNMCIO-BS y la CSCIB pasaron de las amenazas a las acciones de hecho: bloquearon a la VIII Marcha Indígena con el apoyo del gobierno y de la Policía. Los campesinos oficialistas fueron cómplices de la represión a la Marcha en Yucumo el 25 de septiembre, rompiendo unilateralmente el Pacto de Unidad, afirma Rafael Quispe del CONAMAQ.

Han desahuciado a la alianza hasta las organizaciones campesinas oficialistas. El Pacto de Unidad llamó a un Ampliado Nacional para los días 18 y 19 de noviembre en Sucre, a fin de evaluar la convocatoria del Presidente Morales a una cumbre nacional para consensuar un nuevo pacto social. Sólo tres organizaciones del Pacto han sido formalmente convocadas, la CSUTCB, CSCIB y las Bartolinas, mientras que el CONAMAQ y la CIDOB participarían en calidad de “invitados”. El dirigente de la CSUTCB Simeón Jaliri confirmó que “en el ampliado nacional con estas tres organizaciones (las oficialistas) se elaborará la nueva agenda orientada a la reconducción del proceso de cambio”.

La idílica alianza entre campesinos e indígenas languidecía por el embate de la lucha de clases, hasta que se rompió por culpa de una carretera que el Presidente Morales quiso construir a través del TIPNIS. Como era de esperarse, los colonizadores y campesinos se pusieron de lado del gobierno y del Presidente, se declararon en estado de emergencia en defensa de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y combatieron abiertamente a sus “hermanos” indígenas. El Presidente se rindió y renunció formalmente a su carretera el 21 de octubre y al día siguiente en Shinahota las seis federaciones de productores de coca y campesinos de Cochabamba amenazaron con iniciar una movilización si los indígenas del TIPNIS no firmaban un acuerdo con el gobierno en un plazo de 48 horas.

El 22 de octubre la mancomunidad de Municipios del trópico de Cochabamba se declaró en estado de emergencia “ante la arremetida política de la oposición escondida detrás de esa movilización y la intransigencia de algunos dirigentes indígenas. Frente a esta actitud de soberbia, las Federaciones del Chapare resuelven dar un plazo de 48 horas para que se encuentren soluciones”, advirtió el presidente de la mancomunidad Rimer Ágreda. Los cocaleros y otros fieles del MAS anunciaron que marcharía a la ciudad de La Paz para instalar una vigilia permanente en defensa del proceso de “cambio político”.

El 25 de octubre, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba se declaró “en emergencia y alerta permanente en defensa del proceso de cambio (y contra) demandas intransigentes que perjudican la integración y el desarrollo del país…”. La presidenta de la Coordinadora Departamental para el Cambio de Cochabamba (Codecam) Leonilda Zurita ratificó que las organizaciones sociales afines al MAS continuaban en estado de emergencia demandando la construcción de la ruta Cochabamba-Beni. “Cochabamba no renunciará a la demanda histórica de integración y vinculación directa con nuestros hermanos de Beni”, aseguró Zurita y convocó a otros sectores sociales a luchar por la carretera de la “integración”.

Ese día al menos 300 cocaleros instalaron una vigilia en la plaza 14 de septiembre de Cochabamba, pero declararon un cuarto intermedio el 26 de octubre. “Estamos también pensando en declarar un bloqueo”, dijo el cacique mayor del Consejo Indígena del Sur (Conisur) Gumercindo Pradel. Los campesinos de las 16 provincias de Cochabamba exigieron mantener el proyecto carretero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del TIPNIS. “Vamos a seguir en permanente emergencia, porque que sí o sí tiene que construirse la carretera por el Isiboro Sécure, porque estamos buscando nuestro desarrollo departamental”, expuso el secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Cochabamba Manuel Mamani. (ABI)

Confesó Mamani, los dirigentes de cada región de Cochabamba se arrepintieron de haber “abandonado” al Presidente Morales cuando era rodeado y presionado por los indígenas; y no descartó que en los próximos días reclamen la abrogación de la Ley 180 que declaró la intangibilidad del TIPNIS. Los cocaleros convocaron a un ampliado de emergencia el 28 de octubre en la localidad de Lauca Ñ para definir medidas en defensa de la carretera anulada. “Vamos a defender el desarrollo de nuestro departamento”, adelantó la presidenta de la Coordinadora de la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba Juanita Ancieta.

Por la Tierra

La carretera por el TIPNIS enemistó a indígenas y campesinos, y ahora muchos temen que la nueva ley de tierras propuesta por la CSUTCB, en reemplazo de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, precipite la confrontación. Con la venia del Presidente, los campesinos tramitan una nueva norma que legitima asentamientos ilegales no reconocidos por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en el TIPNIS y en otras áreas protegidas, y legaliza la titulación individual de tierras.

El secretario de la Comisión Política de la CSUTCB Simeón Jaliri denunció que los indígenas alquilan sus tierras a terceros y solicitó al gobierno que audite las TCO. El plan es recortar las TCO y redistribuir la tierra “excedente” entre campesinos y colonizadores. “Una vez que tengamos esa auditoría, la CSUTCB con sus ejecutivos departamentales y a nivel Pacto de Unidad entrarían a distribución de tierras de forma equitativa”, anunció Jaliri. (Erbol)

Evo respalda plenamente el plan de la CSUCTB: “Hermanas, hermanos, es importante cuidar nuestra tierra, pero tampoco exageradamente, (como) algunos sectores pueden acaparar miles o millones de hectáreas. En el Altiplano, en el Valle no solamente hay minifundio, hay surcofundio; y algunos hermanos (indígenas) ni están conformes con 70 y 80 hectáreas por persona, nos piden 500 hectáreas, nos piden que millones de hectáreas de tierras fiscales pasen a un grupo de compañeros, a una organización”, dijo el Presidente en una reunión con campesinos oficialistas.

“No, las tierras fiscales son de todo el pueblo boliviano, no podemos entregarlas a una sola organización… (Estoy) obligado a fomentar nuevos asentamientos para la producción; y si las tierras fiscales o baldíos han de ser de propiedad de una organización, ¿dónde vamos a llevar a nuestros hermanos? Ustedes saben, la llamada Confederación Sindical de Interculturales de Bolivia son todos nuestros hermanos, son de los ayllus, son los comunarios que viven en el oriente boliviano, Santa Cruz y así otros departamentos”, recalcó el Presidente.

Según Rafael Quispe, en la negociación por la carretera del TIPNIS el Presidente confirmó que se trabajará una nueva Ley de Tierras en consenso con la CSUTCB, Confederación de Mujeres Campesinas y Confederación de Comunidades Interculturales.
Bolpress