Evo afirma que policías buscan dañar su imagen

El presidente Evo Morales sospecha que un grupo de policías opuestos al Gobierno buscó dañar su imagen con lo que pasó en la intervención a la marcha indígena. Cree que algunas de las imágenes sobre la violencia contra los indígenas no fueron capturadas por periodistas.

A ocho días de los hechos de violencia en Yucumo, donde los uniformados sometieron a golpes y maniataron y amordazaron con cinta adhesiva a marchistas, Morales denunció que “hay una mano negra” detrás de los hechos y acusó a “algunos policías”, sin mencionar grados ni nombres, de estar interesados en utilizar lo ocurrido ese día para “calumniar”.

Mencionó como ejemplo que, supuestamente, las imágenes de la intervención difundidas por algunos medios de comunicación no corresponden a las cámaras de periodistas. Añadió, apoyado en su experiencia sindical, que cuando ocurren acciones de esta naturaleza, no se recurre a activistas de derechos humanos, sino a la prensa, porque los policías, cuando ven a periodistas, no actúan con violencia.

Esto, explicó, no ocurrió. “Entonces es muy grave, quiero que se investigue... siento que hay algunos policías que no quieren al Presidente, que no quieren al Gobierno, y se aprovechan de este tipo de movilizaciones para calumniar”, sostuvo en una entrevista en la red televisiva ATB.

El vicepresidente Álvaro García indicó el jueves que no hubo instrucción política para el operativo policial y añadió que el Ejecutivo “conoce lo ocurrido”, pero evitó dar detalles debido a que una comisión de alto nivel estará encargada de establecer responsabilidades sobre lo sucedido.

Hasta el momento, el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, no se refirió a lo sucedido el domingo 25 en Yucumo. El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, en Unitel, señaló que se tiene que esclarecer la labor de la Policía en el operativo.

“Las acciones (del domingo 25 en Yucumo) están rodeadas de una serie de circunstancias oscuras que tienen que ser esclarecidas”, cuestionó.

Los indígenas, tras los hechos de violencia, se reagruparon en Quiquibey, entre Beni y La Paz, y retomaron su marcha contra el paso de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Voceros de los policías desplazados a Yucumo afirmaron que recibieron órdenes superiores. Morales reiteró la importancia del debate nacional que propuso para definir la construcción o no del tramo carretero, mientras tanto el ministro de Comunicación, Iván Canelas, informó que preparan el evento.

En el debate definirán si se opta por referéndum nacional, departamental o una consulta a los indígenas. El Legislativo aprobará una ley corta para dar curso al eventual acuerdo.

García afirmó que la consulta, que reivindican los marchistas, no se aplica para construir carreteras, por lo que plantean diseñar un mecanismo para alcanzar acuerdos. Morales dejó a la comisión de alto nivel investigar los hechos de violencia, y afirmó que si “Evo Morales es responsable, que lo juzgue”.

Comisión de alto nivel

Posición
El Gobierno espera que de la comisión de alto nivel formen parte las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA). La comisión investigadora de lo sucedido el domingo 25 aún no se forma.

Evo reitera que la vía debe pasar por el TIPNIS

El presidente Evo Morales afirmó que la única vía para construir la carretera entre Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Entonces, planteó que el debate sobre este tema se centre en la pobreza en la que viven los indígenas y cómo resolverla.

Insistió en la importancia de construir la obra caminera y consideró que, de no hacerlo, en el corto plazo los propios indígenas abrirán vías que terminarán cruzando el territorio en cuestión.

“Los ‘tipnólogos’ opinan que el problema de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos es para una discusión entre el desarrollismo y el ecologismo, pero creo que el verdadero debate es ver las condiciones de pobreza de los pobladores de esa zona y buscar la mejor forma de solucionarla”, reflexionó el Mandatario.

Consideró un error el no haber visitado antes las poblaciones asentadas en el parque. “Las visitas que he cumplido han reafirmado mi sentimiento sobre la necesidad de construir esa carretera, para que sus pobladores accedan a la plenitud de sus derechos constitucionales a la salud, educación y desarrollo", declaró.

Sostuvo que está dispuesto a reunirse con los dirigentes indígenas que se oponen a la carretera y que marchan hacia La Paz.

MSM dice que OAS no financia obra

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, denunció que la constructora OAS trasladó al Estado la contratación del financiamiento para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Afirmó que una instancia del Gobierno observó esta situación.

El exalcalde de La Paz denunció que la empresa OAS no ofreció financiamiento propio para adjudicarse la construcción de la carretera que atravesaría por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Explicó que uno de los requisitos principales de un contrato llave en mano, como el que se firmó con OAS, es la presentación de financiamiento de la obra. “El traslado de la obligación de financiamiento al Estado boliviano constituye una flagrante violación y atropello a la Constitución Política del Estado y a las leyes bolivianas”, denunció Del Granado.

El 3 de septiembre del 2008, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento envió al Ministerio de Hacienda un “informe negativo” donde observa, justamente, la ausencia de financiamiento por parte de OAS. “No existe una propuesta formal de las condiciones financieras con que se contratará este crédito”, señala parte del informe divulgado por Del Granado.

El 15 de febrero del 2011 se firmó el contrato de financiamiento entre el BNDES de Brasil y el Estado de Bolivia por 332 millones de dólares, que representa el 80% del costo de la carretera. También denunció la existencia de sobreprecios e improvisación en el contrato de construcción.
La Razón