La jueza Narda Vera ordenó el arresto domiciliario del gobernador del Beni, Ernesto Suárez, por un supuesto hecho de corrupción cometido cuando fue prefecto (2005-2009). El MAS en la Asamblea beniana espera un informe fiscal para asumir una posición sobre la suerte del acusado.
“¡No voy a huir!, ¡no voy a huir!, que se llenen las cárceles de autoridades electas presas”, afirmó Suárez al salir del juzgado en el que se realizó la audiencia de medidas cautelares por el proceso que se le inició por las supuestas irregularidades en la compra de un generador de energía eléctrica para San Borja, entre el 2005 y 2006.
También se le fijó una fianza de 50 mil bolivianos y el derecho a trabajar, es decir, podrá salir con escolta policial a desempeñar sus funciones entre las 8.00 y 12.00 y 14.00 y 18.00, reportó radio Patujú. En agosto del 2010, la justicia también dispuso su arraigo y el pago de una fianza de 250.000 bolivianos por destinar recursos prefecturales para la realización del referéndum autonómico del 2008.
Suárez es acusado de malversación y daños económicos al Estado por el caso del generador de energía eléctrica. Para estos delitos, la Ley de Lucha contra la Corrupción, vigente desde el 2010, prevé condenas que van de tres a ocho años de cárcel.
“Que se sepa a nivel mundial qué tipo de país y Gobierno tenemos, que no respeta el derecho y la democracia. No hay justicia en este país. No pueden quitarme a mí el derecho a ser Gobernador. A mí me dio ese derecho el pueblo y no va a ser un fiscal o una jueza quien me va a quitar ese derecho”, cuestionó.
El partido del gobernador, Primero el Beni, consiguió en las elecciones de abril del 2010 once de los 28 escaños de la Asamblea Legislativa Departamental. El Movimiento Al Socialismo (MAS) logró 10 curules, mientras que los restantes siete se distribuyeron entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (3) y los pueblos indígena originario campesinos (4).
Este año, la presidencia de la Asamblea recayó en el masista Álex Ferrier, quien evitó expresar una posición sobre lo sucedido con la autoridad departamental, bajo el argumento de que es una cuestión judicial. No obstante, señaló que, “cuando tome conocimiento (del caso) la Asamblea, veremos qué procede”.
La Ley de Autonomías establece que el Gobernador puede ser suspendido del cargo por la Asamblea Legislativo a solicitud del fiscal, previa imputación del Ministerio Público. Justamente, los legisladores de Suárez trataron de frenar la aplicación de esta disposición alentando una ley a través de la que se establecía que el Gobernador sólo debía ser suspendido previa sentencia ejecutoriada.
Tres personas fueron detenidas acusadas, precisamente, de intentar sobornar a dos asambleístas (uno indígena y otro campesino) para que no asistan a una sesión plenaria, de tal forma de garantizar a Primero el Beni la mayoría para aprobar la ley que impediría la suspensión a simple acusación fiscal.
Suárez aseguró que la composición de la Asamblea crea riesgos sobre su gestión. “Sabía que desde enero, con la composición de la nueva Asamblea (con mayoría masista), corría el riesgo de ser procesado”.
La senadora de la opositora Convergencia Nacional (CN), Jeanine Áñez, indicó que la decisión de la justicia será comunicada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque, dijo, se están vulnerando principios constitucionales. “Sólo nos queda acudir a la justicia internacional”.
El ex alcalde de San Borja (2005- 2006), Ronald Tobías, también debió ser sometido a la audiencia cautelar, pero no pudo ser notificado. Suárez dijo que la decisión judicial muestra “que existe persecución política y “un Gobierno dictador”.
Cívicos anuncian reuniones
Comité
Hoy el Comité Político de Primero el Beni se reúne para definir medidas.
Cívicos
El Comité Cívico del Beni se reunirá en horas de la tarde.
Jefe del MAS con arresto
El fallo emitido ayer por la jueza Narda Vega alcanzó también al actual jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Departamental del Beni, Carlos Navia Rivera, quien debe cumplir arresto domiciliario con derecho al trabajo. Además debe pagar una fianza de 50 mil bolivianos.
El presidente de la Asamblea beniana, Álex Ferrier, del MAS, declaró a La Razón que el fallo de la justicia demuestra que no existe un trasfondo ni una persecución política a la gestión del actual gobernador, Ernesto Suárez Sattori.
“Se trata del ex presidente de la Asamblea y actual jefe de bancada del MAS. Acá hay cosas que hay que afrontarlas. Nosotros hemos exigido que no se vulneren los derechos de nadie, ni de un masista ni de un verde, ni de ningún color”, indicó.
Navia ejerció el cargo de prefecto del Beni el 2005. En abril del 2010 fue elegido asambleísta departamental por el Beni. En mayo de ese mismo año fue designado presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, cargo que ejerció hasta diciembre del 2010.
La Fiscalía lo acusó, junto al gobernador Suárez, por los delitos de malversación y daños lesivos al Estado, al entregar recursos económicos para la reparación de un generador eléctrico para la población de San Borja entre 2005 y 2006.
“Los medios de comunicación muestran que la audiencia era sólo para el Gobernador (Ernesto Suárez). Navia estaba sentado al lado de Suárez en la misma audiencia por el mismo caso de motores de luz”, insistió el legislador Ferrer.
El daño económico ocasionado a la Prefectura del Beni y, por extensión, al Tesoro General de la Nación (TGN) alcanzaría a 840.883 bolivianos, según difundió la agencia gubernamental ABI.
La Razón
Trinidad, 16 May (Erbol).- La jueza Narda Vega ordenó este lunes la detención domiciliaria, el arraigo y una fianza de 50.000 bolivianos al gobernador del Beni, Ernesto Suárez Satori, investigado por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como prefecto del departamento.
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