Alejandro Almaraz, viceministro de tierras, muestra una carta de la familia Larsen en la que se abrogan la potestad de autorizar la prospección hidrocarburífera y de desalojar a aquel que no tenga su autoridad, incurriendo abiertamente en un sabotaje a la nacionalización de hidrocarburos.
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Los terratenientes de Caraparicito recibieron con los brazos abiertos a la transnacional Total en 2003, y la expulsaron después de la nacionalización
(Upic-Tierra).- El terrateniente Ronald Larsen recibió con los brazos abiertos a los técnicos de la transnacional francesa Total Fina ELF que llegaron a su hacienda Caraparicito en 2003 en busca de yacimientos de gas. En 2008, luego de la nacionalización de los hidrocarburos, el hijo de Larsen "conminó" a la empresa a "desalojar de forma inmediata" su propiedad privada.
La francesa Total Fina ELF, una de las seis transnacionales que arribaron a Bolivia en 1996 para capitalizar/privatizar los hidrocarburos, operó en el país a través de su subsidiaria Total Exploration & Production Bolivie (TEPB).
TEPB descubrió el campo gasista de Itaú en Tarija (41% de participación), fue accionista de los campos de San Alberto y San Antonio (15% de participación) y llegó a poseer casi el 20 por ciento de las reservas de gas del país.
TEPB tenía 80% de participación en el bloque Ipati, a 300 kilómetros al sur de la cuidad de Santa Cruz, y comenzó a explorar el yacimiento en sociedad con la argentina Tecpetrol en marzo de 2003.
En 2004, la transnacional instaló un campamento para 110 ingenieros y personal calificado, en su mayoría extranjeros de origen colombiano, venezolano y francés, en la hacienda Caraparicito ubicada en la provincia Cordillera de Santa Cruz. El 11 de noviembre de ese año, Total Fina ELF anunció que el pozo de exploración Incahuasi X1 produjo más de un millón de metros cúbicos de gas por día.
La empresa prohibió el ingreso a los periodistas del diario cruceño El Deber y a otros "extranjeros" que intentaron llegar hasta las instalaciones del pozo. Es irónico, los ciudadanos bolivianos eran considerados "extraños" y "foráneos" en el campamento de empleados extranjeros de TEPB ubicado dentro de la hacienda de un vaquero estadounidense.
Los Larsen echan a sus antiguos aliados
La oligarquía cruceña y las multinacionales petroleras consolidaron una alianza estratégica desde que la Gulf comenzó a repartir generosos royalties entre los latifundistas en la década de 1960 del siglo pasado.
La burguesía y el capital transnacional alcanzaron la unidad de clase y emprendieron lucrativos negocios conjuntos, como por ejemplo Branco Marinkovic que dirigió entre 2002 y 2003 la junta general ordinaria de accionistas de Transredes, administradora de seis mil kilómetros de tuberías de gas y petróleo.
La empresa TEPB dejó en Caraparicito un motor para generar energía eléctrica supuestamente en beneficio de las comunidades de la zona, pero Larsen se apropió del generador, asegura el ex trabajador de la hacienda Andrés Aguilar Miranda. Brigadistas del INRA evidenciaron que la maquinaria funciona sólo para alumbrar la hacienda, mientras que los peones guaraníes aún dependen de la luz de las velas.
La familia Larsen se portó bien con TEPB hasta que la empresa fue nacionalizada y dejó de reportarle beneficios. Por eso el 9 de septiembre de 2008, Duston Larsen Metembrink envió una carta al representante de Total ELF Bolivie Carlos Erns, conminándole a abandonar la "reserva privada Caraparicito".
En la carta notariada, el hijo de Ronald Larsen aclara que Total ELF Bolivie no está autorizada para continuar trabajos de exploración sismográfica en Caraparicito, "razón por la cual en nuestra condición de únicos y legítimos propietarios (...) conminamos a su empresa a desalojar de forma inmediata la totalidad del área ocupada (...) debiendo retirar de forma inmediata a todo su personal, equipos y demás logística desplegada" en la reserva.
Duston Larsen advierte a Erns que iniciará acciones legales contra Total si no sale de inmediato de su propiedad, "toda vez que la ocupación arbitraria de una propiedad privada y demás conductas antijurídicas en las cuales estarían incurriendo con su arbitrario accionar, en nuestra legislación se constituyen como delitos penales...".
Para los Larsen el medio ambiente era un tema secundario cuando la TEPB perforó el pozo Incahuasi X1 de 5.150 metros de profundidad en su hacienda, pero se volvieron ecologistas después de la nacionalización.
En la carta enviada a Erns, Larsen amenaza con desalojar a Total recurriendo a la fuerza pública con el objetivo de "preservar no solo nuestro patrimonio privado sino el patrimonio ecológico de nuestro país, amenazado por actividades de prospección hidrocarburíferas absolutamente irregulares por no contar con la debida autorización de los suscritos propietarios" y "con las agravantes de los daños ecológicos que se hubieran infringido dentro de una Reserva Ecológica...".
Fuente: Bolpress
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