Comisión de Diputados pide al Gobernador del penal de San Pedro no acatar fallo judicial

La Paz, 4 Nov (Erbol).- La Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados que investiga el asesinado de campesinos, estudiantes normalistas y de funcionarios de la prefectura de Pando, pidió al Gobernador de la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz no enviar a la ciudad de Sucre al ex prefecto Leopoldo Fernández, como lo ordena el fallo de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca.

La información la dio a conocer la abogada de los familiares de los tres estudiantes normalistas que fallecieron en los luctuosos hechos del 11 de septiembre en Porvenir, Mary Carrasco, quien dijo que mediante nota dirigida al gobernador, coronel Manuel Guzmán, la Comisión le recordó que esa instancia legislativa está constituida en cabeza del Ministerio Público y; en consecuencia, es la única que debe conocer el caso y no así el Fiscal General.

“La Comisión Multipartidaria le remitió al Gobernador una nota manifestándole que la única cabeza del Ministerio Pública son ellos y; por lo tanto, no puede trasladar a Leopoldo Fernández ante el Fiscal General”, indicó a la Red Erbol la abogada Carrasco.

Denunció que el objetivo de los abogados del ex Prefecto de Pando es someter a su defendido a un juicio de responsabilidad, como inicialmente lo planteó de oficio el fiscal general, Mario Uribe, y partir de este cometido plantear un incidente de actividad procesal defectuosa bajo el argumento de que la principal autoridad del Ministerio Público vulnero la Ley, lo que daría lugar, con el apoyo de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema, la anulación de obrados.

“El Fiscal General cuando de oficio inicia juicio de responsabilidades lo hace vulnerando el artículo tercero de la Ley 2445, donde implícitamente está prohibida la acción de oficio. Leopoldo Fernández está apuntando a irse al juicio de responsabilidades para luego, con la ayuda de la Sala Penal Segunda, va platear un incidente de actividad procesal defectuosa diciendo que el Fiscal General actuó ilegalmente de oficio y; por lo tanto, se anulen obrados hasta el momento en que el Fiscal General propuso ese requerimiento acusatorio”, afirmó.

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