El Gobierno no acatará fallo de Corte de Chuquisaca y anuncia juicio contra dos magistrados

La Paz, 27 Oct (Erbol).- El Gobierno resolvió la noche de este lunes no acatar el fallo de la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca que ordena la excarcelación del ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, del penal de San Pedro de la ciudad de La Paz y su inmediato traslado a Sucre para ser puesto a dispuesto del Fiscal General de la República, y anunció que iniciará un proceso por prevaricato en contra de los magistrados Elena Lowenthal y Oswaldo Fong.

El viceministro de Régimen Interior y Gobierno, Rubén Gamarra, en rueda de prensa, dijo que el Poder Ejecutivo no dará curso a la resolución judicial emitida hoy en la noche en la capital de la República argumentando que las autoridades recurridas, entre ellas los ministros de Defensa y de Gobierno, no fueron notificadas, y que por lo tanto no podía haberse instalado la audiencia de hábeas corpus.

“Cuando una orden judicial es legal, legítima y correcta debe cumplirse y acatarse, pero cuando una orden es una herejía jurídica, cuando una orden transgrede el ordenamiento jurídico, cuando se instala y se falla en una audiencia en la que no se ha citado a una autoridad recurrida, esa audiencia y esas decisiones son nulas de pleno derecho, no han nacido a la vida del derecho, no tienen efecto jurídico alguno, no existe obligación alguna de cumplírsela”, aseveró.

Gamarra declaró que existe una sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de diciembre de 2007 en un caso similar que sirve de jurisprudencia y que respalda la decisión asumida por el Poder Ejecutivo de no acatar la resolución emitida por la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito Judicial de Chuquisaca.

“… la citación es inexcusable y debe realizarse indefectiblemente por el juzgador o tribunal que le corresponda conocer y resolver la acción tutelar planteada, toda vez que al ser un trámite sumarísimo y oral, la citación y la asistencia de la parte recurrida es insoslayable para asumir criterio y resolver la tutela, salvo en los casos en que la parte recurrida renuncie a su derecho a asumir defensa, por cuanto de presentarse esa situación, el juzgador deberá resolver en base a las pruebas que aporte la parte recurrente, pero bajo ningún motivo se puede instalar audiencia, celebrarla y resolver cuando la parte recurrida desconoce la presentación de la acción tutelar en su contra.

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 18.III y 120.7ª de la CPE; arts. 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve ANULAR OBRADOS hasta el estado en que se realice la legal citación a la autoridad recurrida, con la demanda de hábeas corpus y el Auto de admisión, de conformidad con el art. 18.II de la CPE”, indica la sentencia constitucional 836/2007-R a la que hizo referencio y dio lectura el Viceministro de Régimen Interior y Gobierno.

Afirmó que esta sentencia dio lugar, en su consideración, a que la vocal Teresa Rosquellas Fernández emita su criterio por la improcedencia del recurso presentado por los abogados del ex Prefecto de Pando, determinación que fue saludada por el Gobierno.

La autoridad anunció que el Ejecutivo hará uso de todos los recursos legales necesarios que le franquea la ley para que la justicia en el país “por fin se imponga y sepa sancionar a estos magistrados que cometieron una herejía jurídica”.

“No existe obligación alguna de darle cumplimiento (a la resolución de la Sala Penal), se ejercitará todos los recursos legales necesario no sólo para dejar nulo lo que ya es nulo de pleno derecho, sino además para sancionar a estos magistrados que están atentado contra la administración de la buena justicia en el país, más bien tratando de generar grados de impunidad que no los vamos a tolerar”, enfatizó.

En cuanto a la situación jurídica del ex prefecto Leopoldo Fernández, el viceministro Gamarra manifestó que continuará detenido y confinado en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz, mientras el juez que ordenó su reclusión no disponga lo contrario.

“Leopoldo Fernández se encuentra detenido en el penal de San Pedro por disposición de juez competente al haber tramitado en una audiencia cautelar por delitos de orden común y, por tanto un juicio ordinario, cuya jurisdicción corresponde a la ciudad de La Paz; pero también se encuentra en condición de confinado por trasgredir el estado de sitio”, remarcó.

Mientras familiares de las víctimas de la masacre de Porvenir se apostaron, junto a representantes de las organizaciones sociales de La Paz y El Alto, en inmediaciones de la cárcel de San Pedro para hacer vigilia a fin de impedir un posible traslado de Fernández a la ciudad de Sucre.

En tanto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTSB), a través de su secretario ejecutivo, Isaac Avalos, anunció que en las próximas horas llegará un contingente de campesinos de las provincias de La Paz para no permitir la salida del ex Prefecto de Pando de la penitenciaria paceña.

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