Condenan a Santos Ramírez a 12 años de prisión en San Pedro
El 14 de julio de 2008, YPFB suscribió un contrato con la empresa Catler Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, provincia Cordillera de Santa Cruz, valuada en más de 86 millones de dólares. En septiembre de ese año, el ex presidente de YPFB Santos Ramírez, el gerente de Planificación Misael Gemio y la asesora legal Esther Carmona crearon la empresa YPFB-SIPSA (Servicios e Industrias Petroleras SA) para realizar contrataciones directas.
En enero de 2009, YPFB desembolsó la primera cuota de 4,5 millones de dólares a la contratista Catler Uniservice, e inmediatamente después el gerente de la empresa, el tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, apareció en La Paz con 450 mil dólares en efectivo, y el 27 de enero de 2009 fue interceptado, asaltado y asesinado por delincuentes en puertas del inmueble N. 601 de la avenida Tejada Sorzano, de propiedad de un cuñado de Santos Ramírez.
“Es la comprobación de un hecho de corrupción: Se firmó un contrato por 86,35 millones de dólares para una planta de gas licuado; se dio un adelanto de 4,5 millones de dólares y la gente de la empresa petrolera vino a dejar la coima (exactamente el 10%) a la casa del cuñado de Santos Ramírez, quien firma los contratos de YPFB”, denunció el ex senador de Podemos Walter Guiteras.
La Policía descubrió que el presunto autor intelectual del atraco fue Luis Fernando Córdova Santibáñez, hermano del entonces diputado de Podemos Marco Antonio Córdova Santivañez, y familiar de la diputada suplente del MAS y esposa de Santos Ramírez Giovana Navia Doria Medina.
El 13 de febrero de 2009 Ramírez fue recluido en el penal de San Pedro de La Paz, imputado por la presunta comisión de los delitos de Contratos Lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato, asociación delictuosa, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, cohecho activo y pasivo, todos ellos tipificados y sancionados por el Código Penal.
El caso Catler fue uno de los procesos priorizados por la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción (FEPDC), cuya Coordinación Nacional se encuentra regentada desde la Fiscalía General del Estado de la ciudad de Sucre. El Ministerio Público pudo recuperar 10 millones de los 16,6 millones de dólares que se desembolsaron para la puesta en marcha del contrato irregular, y pidió 15 años de prisión para el ex presidente de YPFB y otros implicados.
La Fiscalía de Distrito de La Paz probó su acusación por delitos de corrupción y el 27 de enero de 2012, exactamente tres años después del asesinato de O’Connor D’Arlach, Ramírez fue sentenciado como principal responsable del negociado por el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, presidida por el juez José Luis Rivera.
“Administrando justicia en primera instancia al mando del Estado y en virtud de la jurisdicción ordinaria que él ejerce, (el Tribunal) falla dictando sentencia condenatoria”, manifestó el presidente del Tribunal, y anunció que la lectura íntegra de la sentencia se realizará el 31 de enero.
El juez Rivera explicó que en el juicio oral se constataron pruebas suficientes de la responsabilidad penal del ex titular de YPFB y otros en la contratación ilegal de Catler Uniservice para la construcción de la refinería, por lo que Ramírez fue condenando a 12 años de presidio en el penal de San Pedro de La Paz, además de pagar por las costas y los daños ocasionados al Estado.
El Tribunal también dictó sentencia contra Luis Fernando Córdoba, condenado a seis años de presidio por los delitos de contratos lesivos al Estado, cohecho activo y asociación delictuosa; y contra la ex esposa de Ramírez Giovana Navia Doria Medina, sentenciada a nueve años de cárcel por los delitos de contratos lesivos al Estado en grado de complicidad, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa, aunque fue absuelta de culpa y pena por el delito de uso indebido de influencias.
Javier René Navia Doria Medina fue condenado a nueve años de prisión por la comisión de los delitos de asociación delictuosa, cohecho activo y suscripción de contratos lesivos al Estado; y Marco Antonio Vega del Carpio sentenciado a nueve años de presidio por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa, pero absuelto de culpa y pena por uso indebido de influencias.
Esther Rosario Carmona Nogales fue condenada a nueve años de cárcel por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa, pero fue absuelta del cargo de uso debido de influencias. También fueron sentenciados los prófugos Mauricio Ochoa Urioste a nueve años de presidio por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y asociación delictuosa; Agustín Tomás Melano a seis años por contratos lesivos al Estado, cohecho activo y asociación delictuosa, pero absuelto por incumplimiento de contrato; y Misael Gemio Jordán a tres años de cárcel por incumplimiento de deberes y asociación delictuosa.
Además fueron absueltos de culpa y pena de todos los delitos Miguel O’Connor D’Arlach, Julio Amagua Chumacero y José Daniel Álvarez Gantier.
El Tribunal Primero de Sentencia determinó que todos los varones cumplirán su pena en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz y las dos mujeres condenadas en el Centro deOrientaciónFemenina de Obrajes.
Ramírez apelará
“El Tribunal Primero de Sentencia no se enmarcó en las leyes ni en la Constitución, por lo que presentaré la apelación como corresponde, además de una querella contra los fiscales por el proceso abreviado contra dos imputados”, declaró Santos Ramírez después de escuchar la sentencia.
Según el ex titular de la estatal petrolera, el Tribunal no actúo en base a las pruebas y evidencias contundentes que se presentaron en el juicio. “Normalmente las pruebas que presenta YPFB y el Ministerio Público son para demostrar la culpabilidad del acusado, pero las 140 pruebas que presentaron los fiscales no fueron leídas, ni una sola durante el juicio en mi contra”, argumentó.
“Yo si las he leído, el 80%, y con esas mismas pruebas hemos asumido defensa, donde se demostró que ese contrato era legal y tenía garantías”, aseguró Ramírez y dijo que no se puede explicar que se resuelva una acusación de más de 200 hojas en una audiencia abreviada, en la que recibieron el perdón judicial dos imputados.
“Los abogados de YPFB Mario Cossío y Gonzalo Aramayo salieron libres con ese proceso abreviado, (pese a que) recibieron dineros y lo confesaron ellos mismos”, reclamó el ex titular de YPFB, y anunció que apelará el fallo y presentará una querella contra los fiscales que promovieron un proceso abreviado en favor de los dos implicados.
