Gobierno identifica infiltrados en marcha de discapacitados

(ABI).- La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, identificó el viernes, con fotografías, a infiltrados en la marcha de las personas con discapacidades, que la víspera actuaban como grupo de choque para generar violencia e ingresar, a despecho de la Policía, a la Plaza Murillo, en La Paz.

"Estas personas que se han mimetizado en la marcha. Fueron producto de ‘milagros sin intermediaciones de Dios‘ porque las imágenes nos muestran a una persona que aparentemente es discapacitada y luego, por ese milagro e intención absolutamente política, deja las muletas y esta misma persona es la que se coloca la capucha y comienza a agredir a los policías que tenían la instrucción precisa de no responder a ningún acto de violencia y soportar cualquier agresión", denunció Dávila.

En conferencia de prensa dictada en Palacio de Gobierno, la Ministra mostró fotografías a los medios de comunicación de personas que fingieron ser discapacitados y que, cuando se trató de enfrentar a la Policía y de sembrar el desorden, dejaron sus supuestos impedimentos, se pusieron de pie y agredieron a los uniformados.

Al menos 20 efectivos policiales resultaron con heridas de diversa consideración.

Incluso uno de los manifestantes, no se conoce con precisión si discapacitado o no, que alcanzó a colocarse en la primera de línea de choque con la Policía, soltó un enorme y furioso Bulldog que atacó a los uniformados.
Un oficial y dos suboficiales resultaron con mordeduras en el rostro y las manos. El can fue retenido por la Policía y podría ser presentado como prueba en los estrados judiciales.

La Ministra de Comunicación indicó que producto de ese enfrentamiento se detuvo a tres personas que no son discapacitadas -y que actuaron con intenciones inconfesables- sino parte de ese grupo de choque mimetizado en esa "justa movilización".

"Hay tres personas detenidas y no son discapacitados sino forman parte de ese grupo grande que se infiltró en la marcha para provocar la violencia", remarcó Dávila.

La funcionaria justificó el resguardo policial a la Plaza Murillo instruido por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien el jueves había advertido de supuestos infiltrados en la marcha.

A su juicio, ese grupo de choque fue enviado por sectores políticos que tienen el propósito de provocar violencia.
La marcha de personas con discapacidad llegó el jueves a La Paz para demandar el pago de un bono de 3.000 bolivianos.
El gobierno de Evo Morales, que en 2008 dispuso un fondo anual de 40 millones de bolivianos (que antes barajaba el sistema electoral boliviano para costear las campañas proselitistas de los partidos) para asistir, desde el Estado, a personas con discapacidad física, comenzó a pagar desde media semana un bono de 1.000 bolivianos a discapacitados graves y muy graves.

En paralelo la Asamblea Legislativa Plurinacional debate una Ley de Trato Preferente, que institucionalizará el pago de bonificaciones estatales, anuales y vitalicias a los discapacitados y que tras ser aprobada en grande y detalle en Diputados, subió la víspera al Senado para su sanción.


El Alcalde de La Paz enjuicia al Contralor

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) inició este lunes un juicio contra el contralor general del Estado Gabriel Herbas por difamar al alcalde de La Paz Luis Revilla y violar elementales normas constitucionales.

Herbas acusó públicamente a Revilla de haber recibido 3.400 bolivianos mensuales de gastos de representación sin presentar los descargos correspondientes. El monto observado ascendería a los 156 mil bolivianos.

El director de Gobernabilidad Pedro Susz y el director Jurídico de la Comuna Fernando Velásquez explicaron que el contralor Herbas incumplió la Sentencia Constitucional 0021/2007 del 10 de mayo del 2007 que establece que en los procesos de auditoria la Contraloría no puede acudir directamente a la justicia ordinaria sin antes solicitar los descargos correspondientes y pedir que el administrado (en este caso el Alcalde Revilla) proceda a esclarecer los elementos de convicción correspondiente.

Según Velásquez, el trabajo realizado por la Contraloría en la Alcaldía paceña no era una auditoria, sino un relevamiento de información. Sin embargo, el 18 de junio el contralor comunicó que “se estaba desarrollando una auditoria correspondiente a los gastos de Concejo Municipal”.

“Esta es la primera mentira que dijo el Contralor, tratando de desorientar a la opinión pública y tratando de evadir sobre todo el ineludible cumplimiento que él tiene con la Sentencia Constitucional 21/2007”, recalcó Velásquez.

Precisó que la propia Contraloría del Estado emitió en 2008 el instructivo I/CI014 que establece que en presencia de una auditoria se debe seguir los procedimientos administrativos correspondientes sujetos a la Sentencia 21/2007.

Por esta razón, los abogados de la comuna paceña presentaron a la Fiscalía una solicitud de rechazo a la denuncia presentada por la Contraloría, porque existen precedentes judiciales en los cuales se ha advertido que ante el conocimiento y aplicación de la Sentencia Constitucional, el Ministerio público debe abstenerse de la investigación y el mismo debe volver a la Contraloría para proseguir los procedimientos administrativos de descargo.

“La conducta del Contralor y el Gerente Departamental supone resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, el incumplimiento de deberes, porque todos los funcionarios públicos estamos obligados al cumplimiento de las sentencias que son vinculantes al ordenamiento legal”, dijo Velásquez.

Velásquez explicó que también se denunció la falsedad ideológica y el uso de instrumento falsificado, porque en los informes que ha remitido la Contraloría se han insertado datos falsos, tal es el caso del informe legal LL/L017/S10 que establece contradicciones en cuanto a la elaboración del informe.

El alcalde de La Paz Luis Revilla Herrero presentó una denuncia formal contra el contralor del Estado Gabriel Herbas por difamación y por haber violado procedimientos legales. “Los abogados presentaron una denuncia contra el Contralor porque ha incumplido la Ley y ha violentado todos los procedimientos, y él, por más Contralor que sea, tiene que responder también por sus actos ante la justicia porque está actuando bajo instrucciones políticas y no institucionales”, aseguró Revilla.

“Los gastos de representación existen en todos los municipios y de acuerdo a la reglamentación específica del Concejo Municipal de La Paz, no merece descargos porque son recursos justamente para este tipo de casos, para comprar algún obsequio, para dar algún apoyo a alguna organización y todo ello lo estamos demostrando en todas las instancias que corresponden”, dijo el burgomaestre.

Revilla lamentó la actitud de las autoridades gubernamentales a las que calificó como afanes políticos para desestabilizar al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debido a la “derrota estrepitosa del MAS en las elecciones del pasado mes de abril”.

Piden informe oral al Ministro de Defensa

Por otro lado, el asambleísta por el Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabian Yaksic convocó al Ministro de Defensa Rubén Saavedra para que brinde informe oral a la Cámara de Diputados sobre los tres oficiales de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército que fueron detenidos con uniformes y distintivos de la Comuna paceña, en actos irregulares y portando documentos falsos en el pasaje Marina Nuñez del Prado el 7 de septiembre.

Según Yaksic, la máxima autoridad ejecutiva de este Ministerio deberá explicar por qué los agentes infiltrados portaban documentos de identidad falsificados y por qué la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército lleva adelante este tipo de simulacros.

La bancada del MSM también desea conocer qué tipo de medidas se adoptaron desde el Ministerio de Defensa para investigar y, si fuera el caso, sancionar a quienes falsificaron documentos de identidad, utilizaron sin autorización distintivos institucionales del Gobierno Autónomo Municipal e intentaron sobornar a los miembros de la Guardia Municipal al ser descubiertos.

El 7 de septiembre dos personas fueron sorprendidas tratando de extorsionar a un comerciante del pasaje Marina Núñez del Prado, y luego se sumó una tercera persona que trató de sobornar a los guardias.

Estas personas vestían un uniforme de la Guardia Municipal, un chaleco amarillo de la Alcaldía y una chamarra del Gobierno Municipal. Portaban un maletín con notificaciones, boletas de decomiso, stickers de infracción, además de cédulas de identidad falsas.

Efectivos de la Guardia Municipal trasladaron a los tres sospechosos a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde se sentó una denuncia por los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión.
Bolpress

Asambleísta del MSM pedirá informe al ministro de defensa por el caso de falsos guardias municipales

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