Comisión congresal alcanza acuerdo para viabilizar la aprobación de la Ley Electoral

La Paz, 13 Abr (Erbol).- Después de cinco días de intensas negociaciones, la Comisión de Concertación, integrada por representantes de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria, logró la tarde de este lunes un acuerdo para viabilizar la aprobación del proyecto de Ley de Régimen Electoral Transitoria.

La información la dio a conocer el ministro de Autonomías, Carlos Romero, quien dijo que se atendió el 100 por ciento de los puntos planteados en la Comisión de Concertación, quedando únicamente pendiente que cada uno de estos temas acordados sea refrendado por el pleno congresal.

Indicó que uno de los puntos centrales del acuerdo es la elaboración de un nuevo padrón electoral biométrico que será empleado en las elecciones generales y en el referendo autonómico del 6 de diciembre próximo, cuyo trabajo estará a cargo de la Corte Nacional Electoral.

También se garantiza el voto en el exterior, para ello el organismo electoral empadronará hasta un máximo del seis por ciento del Padrón Electoral Nacional. En ningún caso un solo país podrá concentrar más del 50% del registro, indica el segundo parágrafo del artículo 47 del proyecto de Ley Electoral consensuado por los congresistas.

El ministro Romero dijo que en el caso de los estatutos autonómicos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que fueron aprobados en referendos no reconocidos por el CNE, deben seguir dos pasos: primero ser adecuados a la nueva Constitución Política del Estado y; segundo, ser objeto de control de constitucionalidad.

“Los estatutos autonómicos de estas cuatro regiones entrarán en plena vigencia cuando cumplan esos pasos”, puntualizó el titular de la cartera de Autonomías.

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Ley anticorrupción "Marcelo Quiroga Santa Cruz" es boicoteada por senadores opositores

El abandono de los senadores de la oposición del hemiciclo congresal evitó la noche de este martes la sanción del proyecto de Ley de “Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz".

La medida legal anticorrupción se aprobó en grande en la sesión plenaria y cuando los parlamentarios se disponían a considerar en detalle un diputado del opositor Poder Democrático Social (Podemos) pidió la comprobación del quórum.

El presidente del Congreso, Álvaro García Linera, tras constatar la ausencia del quórum reglamentario, no tuvo otra opción que suspender la sesión al promediar las 22.30 y sin fecha, aunque anticipó que será después del 25 de enero, jornada de la realización del referendo constitucional.

Nota completa:
Senadores opositores boicotean sanción de la Ley Anticorrupción
El abandono de los senadores de la oposición del hemiciclo congresal evitó la noche de este martes la sanción del proyecto de Ley de “Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz".

ALCANCES DE LA LEY

El proyecto incluye nuevos delitos de corrupción pública no previstos en el Código Penal como el enriquecimiento ilícito, cohecho transnacional, el uso indebido de los bienes y servicios públicos, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, obstrucción de la justicia y el agravamiento de otros ya vigentes.

Además contiene normas de carácter procesal penal, como la imprescriptibilidad de las acciones de los delitos de corrupción pública; así como las medidas de carácter institucional, como la creación del Ministerio de Lucha contra la Corrupción.

Asimismo, plantea ampliar las competencias de la Unidad de Investigación Financieras (UIF) dándole poder que le permita alcanzar a casi todas las actividades económicas y financieras, que incluyen a las ONG, las cooperativas de ahorro y crédito cerradas.

Incluye también a los courriers y empresas de envío de dinero, de compra-venta de vehículos, comerciales de metales y piedras preciosas, inmobiliarias y otras.

Se podrá investigar y acumular pruebas de lavado de dinero y delitos de corrupción pública y una vez realizados estos, emitir antecedentes al Ministerio Público. Sus informes y actuaciones tendrán valor probatorio correspondiente, lo que no sucede hoy. No se aplicará el secreto bancario o de otro tipo a sus actividades.

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